Jujeñazo, un pájaro en pleno vuelo
Hablar del levantamiento de los territorios de Jujuy, provincia del norte de Argentina, es sacar una foto de un pájaro en pleno vuelo. El jujeñazo continúa en movimiento. Aquello que inicialmente ocupó la agenda pública como un reclamo salarial docente se entrelazó con el rechazo a la reforma de la constitución provincial y a la defensa de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas de la Puna, amenazados aun más por el extractivismo con la nueva constitución.
Las consignas de las calles dan cuenta de esa dinámica: “arriba los salarios,/ abajo la reforma”, “arriba la wipala,/ abajo la reforma”. Esa rebelión provincial va al encuentro, por un lado, de una situación nacional en que, con 7% de inflación mensual y el “consenso extractivista” entre gobierno y oposición, el descontento no encuentra formas de expresión masiva. Por otro lado, la provincia de Jujuy está en la “mancha” de expansión de la explotación del litio, disputado por cadenas de extracción/producción de diferentes procedencias (en especial, estadounidenses y chinas). Esa mancha” abarca áreas de Bolivia, Chile y Argentina.
En la conferencia de prensa de las comunidades indígenas en la provincia de Jujuy, naciones del llamado “Tercer Malón de la Paz”[1], que componen los pueblos Guarani, Oclova, Tilian, Tilcara, Humahuaca, Atacama, Koya, Quichua y Chica, realizada en el contexto de elevada movilización social el 22 de junio[2], ratifican su rechazo a la reforma [in]constitucional del despojo y reducción de derechos de las gentes de Jujuy. Solicitan su anulación urgente, denunciando la represión, persecución, en fin, la cacería que está realizando el aparato estatal contra los líderes de las comunidades y la población en general. Las 400 comunidades de la provincia, que consideran el acceso al agua un derecho fundamental y defienden el territorio, están siendo intimidadas por el gobierno provincial de Gerardo Morales, quien pretende tratar con los pueblos por separado, dividiéndolos, silenciando unos e ignorando otros.
La pregunta, para quien miraba de lejos, era cómo un país que llegó a una inflación de 7% mensual no tenía una rebelión. La respuesta, tal vez, tenga que ver con la minuciosa geometría construida por Néstor Kirchner y Cristina Fernández desde 2003, con movimientos territoriales urbanos y periurbanos, que vienen operando como mediadores de políticas públicas elaboradas a partir de demandas por renta, para compensar la flexibilización de las relaciones de trabajo que comprime los ingresos de un número cada vez mayor de trabajadores. Eso no impidió, sin embargo, las rebeliones contra el extractivismo del petróleo en Vaca Muerta, provincia de Neuquén; en defensa del agua en la provincia de Mendoza, en 2019; y en la provincia de Chubut, en 2021. En Jujuy, con la prisión, impulsada por el hasta hoy gobernador Gerardo Morales, en 2016, de Milagro Sala, líder (kirchnerista) del Movimiento Tupac Amaru[3], hay en la provincia una desarticulación de esa geometría construida por el peronismo con movimientos urbanos que sirven de “colchón” para descomprimir conflictos. La prisión de Milagro Sala ocurrió durante la presidencia de Mauricio Macri, pero el peronista Alberto Fernández no quiso hacer uso del indulto presidencial para liberarla. Con la pérdida del vínculo orgánico del peronismo con los movimientos urbanos en la provincia y la política del gobernador derechista Gerardo Morales, que no sabe hacer otra cosa con los conflictos, a no ser reprimirlos, lo que favoreció el crecimiento de la izquierda trotskista del frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). El FIT alcanzó, en las últimas elecciones, el 21% de los votos, consiguiendo 6 diputados provinciales y un diputado nacional. Los sindicatos de trabajadores estatales, los más fuertes en la mayoría de las provincias, y, en particular, los de docentes, ganaron direcciones independientes y combativas. Partidos y sindicatos frecuentemente aliados a las luchas de las asambleas territoriales y a las comunidades indígenas que enfrentan a las mineras.
Por otro lado, el territorio de la provincia se encuentra en el así llamado “triángulo del litio”[4]. La abundancia de ese mineral, insumo para la industria de baterías, despierta la codicia de diferentes fondos de inversión. La general Laura Richardson, responsable por el Comando Sur de los Estados Unidos, se pronunció recientemente sobre la intención de su país de resguardar para sí las riquezas minerales del continente frente a las iniciativas de acuerdos de los países americanos con China[5]. Y mencionó especialmente el “triángulo del litio”. Ya hay acuerdos entre el gobierno boliviano y un consorcio chino para la extracción y producción de baterías de litio. La codicia por las divisas que traen la exportación del litio afecta a gobernantes de todos los colores. Los progresistas proponen la explotación por el Estado o mixta, de acuerdo a una minería “nacional y popular” [dizque]sustentable, con los argumentos de la transición para supuestas “energías limpias”. El consenso extractivista abarca inclusive no pocos militantes de la izquierda desarrollista.
Sin embargo, el desarrollo de la industria nacional, así como el sector de ciencia y tecnología, no precisan de tales niveles de extracción de litio. Resulta, entonces, sospechoso el entusiasmo discursivo sobre las posibilidades de avance de Argentina en la cadena del litio, porque los insumos requeridos para la actividad deben ser importados y el acceso a ellos, de la misma manera que el acceso a las salinas para la fiscalización, deben ser tramitados con las corporaciones. Las provincias y sus altos funcionarios, respondiendo a diferentes intereses privados, parecen competir entre sí para ofrecer mejores servicios y condiciones para que las empresas desenvuelvan allí sus negocios. El litio viene siendo concesionado, aun cuando está dentro de áreas protegidas por normativas internacionales. Horacio Machado Aráoz[6] dice que la lógica de la colonialidad activa en las élites locales la fantasía de que sería posible dar el salto para la industrialización, cuando Argentina continúa ocupando el lugar de exportador de materias primas en un mercado oligopólico. Se verifica, así, el reverdecimiento del modo imperial de vida[7]. Aunque el incremento de la explotación del litio se haga con la justificativa de la transición energética y, principalmente, de la “movilidad sustentable”. Las transnacionales automotrices se aseguran el aprovisionamiento del recurso para poder producir y vender vehículos eléctricos. Tanto el litio como insumo de baterías, como los propios vehículos eléctricos son producidos en los mismos términos, con energía obtenida de combustibles fósiles. Y toda la infraestructura es generada con patrones de los combustibles fósiles. Así, las estimaciones de consumo de combustible fósil no disminuyen. Al contrario, se incrementan con el consumo de energías renovables, porque aumenta la actividad industrial, como está ocurriendo en países asiáticos que funcionan como laboratorio de la transición energética.
La minería de litio es caracterizada como una minería del agua y de los salares. Sus exigencias ecosistémicas implican el uso hídrico intensivo, la construcción de mega-infraestructuras y manejo de grandes volúmenes de insumos con potencial contaminante. Los territorios en los cuales se promueve la minería del litio tienen una configuración socio-productiva ancestral de actividades agrícolas artesanales y pastoriles vinculadas al uso del suelo y del agua para la producción de alimentos de consumo local y reproducción de la vida. “No comemos baterías” es el lema de las comunidades que resisten a la minería del lito en gran escala en sus territorios. La apropiación ocurre en términos semejantes a los demás proyectos extractivos en gran escala en el Sur Global. Las comunidades son consideradas periféricas, no se valora su cosmovisión ni sus formas de reproducción de la vida. La utilización intensiva de los acuíferos pone en riesgo la existencia y se constata la vulneración de derechos humanos. A la sombra de la minería del litio se naturaliza que algunas vidas valgan más que otras. Contra la idea de que el modo de vida de quien maneja coches eléctricos vale más que la forma de vida de todos los pueblos y seres que habitan el “triángulo del litio”, las comunidades sostienen que “el agua vale más que el litio”.
En Argentina, todos los salares están a disposición de proyectos de extracción de litio. Son 38 proyectos activos en diferentes etapas[8], de los cuales 8 están en la provincia de Jujuy[9] y 2 de ellos ya en etapa de explotación: el proyecto Cauchari Olaroz, operado por la Exar, propiedad de la Lithium Américas Corp. (de Canadá) y Ganfeng Lithium (de China); y el proyecto Sales de Olaroz, operado por Sales de Jujuy S.A., propiedad de Alkem (de Australia), de la cual participa la empresa privada-estatal de la provincia de Jujuy JEMSE con 8,5% de las acciones.
La investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) Patricia Marconi[10], integrante de la Fundación YUCHAN, que conforma la red de especialistas en flamencos y áreas protegidas de Argentina, Chile, Bolivia y Perú, explica que, en la actualidad, todos los humedales del Altiplano son potencialmente áreas de explotación de litio. Y destaca la particularidad de Argentina: todas las empresas son extranjeras y las autoridades tienden a decir que eso es lo único que puede hacerse en esos territorios para generar trabajo digno y mejores condiciones de vida. Para la autora, el problema es que el litio es considerado una mercancía y no un servicio ecosistémico. Además, la información de diferentes especialistas al respecto no es integrada y ni siquiera evidenciada en los estudios de impacto. Y las declaraciones de impacto ambiental son aprobadas por un procedimiento segmentado en etapas, subestimando la valoración global de los impactos de esos proyectos. En particular, para el caso de la minería del litio, las empresas invierten gran cantidad de recursos previamente al inicio de la explotación propiamente dicha, y sólo al iniciarla deben presentar todos los estudios de impacto ambiental y social, incluyendo el mecanismo de consulta pública no vinculante. La investigadora analiza que esto supone una serie de etapas que llevan años e inversiones, con el proyecto minero instalado, lo que torna difícil dar marcha atrás. No hay una perspectiva de divulgación de los aspectos técnicos. La participación social es escasa y no hay lectura de los impactos acumulados y sinérgicos, a lo que se suma que las aguas subterráneas no están inventariadas.
Los humedales altoandinos son ecosistemas que almacenan, retienen y proporcionan agua para la reproducción de la vida. Axel Anlauf[11] dice qye es necesario llevar en consideración que los territorios son zonas áridas, con insuficiencia de recarga de los acuíferos (en casos no renovables) y los estudios de impacto ambiental (EIA) no suelen dar debida cuenta de ello. Las poblaciones de las zonas próximas no tienen acceso a la información, porque las instituciones correspondientes no visibilizan los datos o no los poseen. En el EIA de Olaroz, de la empresa Orocobre (ahora Alkem), ni siquiera están mencionadas las aguas fósiles. Y, para el proyecto Cauchari-Olaroz, de Lithium Américas (y Ganfeng), el EIA considera “impactos de carácter severo”. El autor menciona la conclusión del estudio sobre el impacto hidrológico: “los efectos de extracción del agua y de la salmuera originan la depresión de los niveles estáticos, representando un riesgo tanto para la calidad del agua como para la disponibilidad del recurso”[12]. Es mencionado el principio de precaución frente a la afectación del ecosistema, a la moratoria y al decrecimiento. Por lo tanto, argumenta a favor de detener la explotación y que el sistema de producción en el territorio no sea el de la minería en gran escala, con el objetivo de frenar la apropiación de bienes comunes, para no afectar de tal manera el ecosistema. Impera el desconocimiento, por no haber estudios integrales, ni actuales, ni a largo plazo, ni que contemplen la sobrecarga resultante de la explotación simultánea de tantos proyectos. Frente a eso, la única certidumbre son los riesgos para la biodiversidad y la subsistencia de las poblaciones humanas y no humanas que habitan el entorno.
En ese contexto de alta conflictividad social, Gerardo Morales mantiene la precandidatura para representar a la oposición en las próximas elecciones presidenciales del 22 de octubre de este año. La reforma constitucional y la “mano dura” con la represión a las manifestaciones son parte de la campaña en el interior de la derecha. La constitución reformada permite disponer de tierras fiscales en abundancia (artículo 74), “recursos naturales” en general (artículo 68) y del agua en particular (artículo 75).
La denuncia reiterada de las comunidades es que, durante los últimos años, el Estado provincial ha incrementado incesantemente el avance sobre las tierras comunitarias. Al mismo tiempo, resulta por lo menos sospechosa la demora para que las comunidades obtengan los títulos reconocidos, aunque los trámites administrativos para ello hayan sido iniciados hace mucho tiempo. Las comunidades denuncian que la “constitución inconstitucional” aprobada forma parte de la estrategia saqueo neolcolonial. Situación que se replica en los barrios populares con el avance de los emprendimientos inmobiliarios de lujo.
En conferencia de prensa, el lunes 19 de junio, el gobernador Gerardo Morales[13] confirmó que al día siguiente sería sancionada la nueva constitución. Respondió a reclamo por ejecutar de manera tan rápida una decisión tan fundamental para la vida de los habitantes del territorio diciendo que sus funcionarios venían consultando a las comunidades desde setiembre de 2022.
Pero la tomada antidemocrática de decisiones tiene una larga historia en la memoria de los pueblos del territorio, donde las comunicaciones ocurren después que las decisiones ya fueron tomadas. La mesa de 33 comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc[14] viene denunciando durante 15 años al gobierno provincial por graves impactos socioambientales y la autorización de explotaciones mineras sin consulta. En 2012, las comunidades llevaron esa denuncia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, gestionaron la visita del relator de las Naciones Unidas sobre derechos indígenas y se presentaron frente a la Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones. Este mismo año, una vez más, intimaron a los gobiernos provinciales de Salta y Jujuy y al gobierno nacional a que informen sobre el curso de la explotación de litio y borato[15]. En 2015, redactaron “Kachi Hupi – Huellas de Sal”, que es el Protocolo de Consulta de Consentimiento Previo, Libre e Informado, de acuerdo a lo que exige el marco jurídico vigente en Argentina, el del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, según la Ley nº 24071 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. Con el objetivo de viabilizar el camino recorrido desde la irrupción de la minería transnacional del litio, desarrollan los patrones y mecanismos para la protección de sus derechos, herramientas a disposición de los pueblos frente a la implementación de proyectos y políticas públicas en los territorios. A pesar de todo eso, el supuesto diálogo social del cual Morales se vanagloria cierra los oídos al proceso abierto por los habitantes de los territorios por décadas.
Las luchas en defensa de los territorios tensionan lo ya instituido con lo instituyente. Nuevos significados cuestionan el status quo, y reconstruyen y componen el imaginario. Desde movimientos, comunidades indígenas y comunidades repolitizadas se instituyen nuevos lenguajes de valoración sobre las condiciones que hacen posible la vida. La síntesis son los dichos “el agua vale más que el litio/oro” y “nuestra vida vale más que sus ganancias”. El agua, la montaña, los modos de vida campesina e indígena recobran valor que desmonta la preeminencia de lo monetario y el intento de mercantilizar la vida. Es posible identificar disputas de sentido. Tomemos, por ejemplo, el caso del empleo. Jujuy es espejo del saqueo extractivista que afecta los cuerpos-territorio de los pueblos del sur, fórmula sustentada con salarios de hambre, condiciones pauperizadas de trabajo, vulneración de los derechos humanos, pactos colonialistas de la casta política y crecientes dificultades para los buenos vivires. A pesar de la bonanza prometida, los movimientos territoriales denuncian las falsas promesas del desarrollo como remedios a corto plazo y de alto impacto. Alienantes de la tierra, de las aguas, del aire y de los seres que en ella habitan. Vemos el fondo del interrogante sobre los modos de vida que permiten a los seres reproducir sus condiciones de existencia.
La acción colectiva es socialmente valorizada en su multiplicidad (docentes, indígenas, campesinos, vecinos, estudiantes y disidencias, trabajadores de las minas, entre otros) consolidan su identidad como sujetos de transformación. Es la reapropiación de la concepción que considera efectiva la recreación de formas de organización social como motor de transformación de la realidad. Entendiendo que no existe posibilidad de “tomar el poder”, que está diseminado en las trincheras, y no concentrado, se avanza en la hegemonía de los de abajo[16]. Las luchas sociales y ambientales, en Argentina, se enraízan en una trama asamblearia de los territorios. Las tensiones son múltiples y las ONGs, como tercera vía en la ruta del “dialogismo” y el consenso con el Estado siempre olió mal. También los financiamientos satélites y el “ecologismo” que le da un lavado de cara a empresas y Estados. Hay propuestas que vienen de afuera y no reverberan en el cotidiano de quien habita el terricidio[17]. Justamente por eso, levantamos las antorchas[18] encendidas junto con las 400 comunidades que están bloqueando las rutas, exigiendo la renuncia del gobernador Gerardo Morales y la caída de la constitución entreguista del mal gobierno.
24/06/2023
Gian Ferrari Slukich: Instituto Regional de Estudios Socioculturales- CCT NOA SUR Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina/Universidad Nacional de Catamarca.
Silvia Adoue: Profesora de la Escola Nacional Florestan Fernandes, de Brasil, y de la Universidade Estadual Paulista y el Programa TerritoriAL.
Fotografías: Susi Maresca @susi.maresca
Notas
[1] Se llamó “Malón de la Paz” a una gran marcha organizada por los pueblos indígenas que se dirigieron a Buenos Aires en 1946 exigiendo que el entonces flamante presidente Juan Domingo Perón reconociese sus territorios. Perón ignoró el pedido, frente al peso de la oligarquía propietarias de tierras. En 2006, 120 comunidades indígenas de Jujuy realizaron un “Segundo Malón de la Paz”, bloqueando rutas en demanda para ser atendidas por el gobernador de entonces.
[2] Conferencia de prensa de las Comunidades indígenas de la provincia de Jujuy (22/06/2023): https://www.facebook.com/balcarce162/videos/1222969608220174
[3] Movimiento de la periferia urbana de la provincia de Jujuy.
[4] Área rica en litio al norte de Chile, sudoeste de Bolivia y noroeste de Argentina. Ver: https://www.la-razon.com/nacional/2023/03/13/triangulo-del-litio-el-asunto-de-seguridad-nacional-de-eeuu-sobre-su-patio-trasero/
[5] Ver: https://www.bbc.com/mundo/noticias-65183614 y
https://www.youtube.com/watch?v=5G4xh0t5SD8
[6] Ver Aráoz, Horacio Machado (2021). Presentación del Informe Litio en Lagunas Altoandinas de Be.Pe. Apresentação do Relatório Lítio em Lagunas Altoandinas de Be.Pe. https://www.facebook.com/watch/live/?v=2588733768092256&ref=watch_permalink
[7] Ver Brand, Ulrich y Wissen, Markus (2013) Crisis socioecológica y modo de vida imperial: Crisis y continuidad de las relaciones sociedad-Naturaleza en el capitalismo.
[8] Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina.
[9] Según datos de de JEMSE. https://jemse.gob.ar/mineria/
[10] Marconi, P. (2021, dezembro 1). La red de Humedales de Importancia para la Conservación de Flamencos Altoandinos y el Triángulo del Litio. Jornada: Ambiente y territorio. 1er Encuentro Nacional sobre Litio 1er Encuentro Nacional sobre Litio: Hacia una política para el desarrollo integral. https://www.youtube.com/watch?v=ooOoomoO9FA
[11] Anlauf, A. (2015). ¿Secar la tierra para sacar litio? En Abc del litio sudamericano. Ediciones del CCC Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini; Universidad Nacional de Quilmes.
[12] Ausenco Vector, 2011, p. 26 em Anlauf, 2015, p.177.
[13] Ver: https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2023-6-19-20-15-0-gerardo-morales-no-se-tocara-nada-de-las-comunidades-indigenas
[14] Organización territorial de las 33 comunidades que habitan la cuenca, de las cuales 8 corresponden a la provincia de Salta y el resto a la provincia de Jujuy. https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/nombres/view/2251
[15] Ver más em: https://agenciatierraviva.com.ar/fallos-de-la-corte-suprema-luz-amarilla-para-el-litio-y-suspension-a-la-entrega-de-tierras-al-pueblo-mapuche/
https://darioaranda.com.ar/2012/04/lecciones-de-derecho-de-pueblos-indigenas-a-la-corte-suprema/
https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/942
[16] Gramsci, A. (1973). Notas sobre Maquiavelo, sobre la Política y sobre el Estado
Moderno. Buenos Aires: Nueva Visión. Portantiero, J. C. (1983). Los usos de Gramsci. Buenos Aires: Folios.
[17] Expresión del Movimiento de Mujeres y Disidencias Indígenas por el Buen Vivir, síntesis de genocidio, epistemicidio, ecocidio, feminicidio, transfeminicidio, travesticidio. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=xQLP9REYdT4&t=1911s
[18] Las comunidades hacen marchas nocturnas iluminadas por antorchas.
