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Debates en torno a la nueva Ley de Solidaridad Social en Argentina

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“Para mi pueblo Argentino, salúd,
la libertad y el trabajo.
La dignidad de los libres del sur,
que tantas veces cantamos.
La dignidad de los libres del sur
que tantos han traicionado.”
“Olor a goma quemada”, Rafael Amor

“Te han sitiado corazón y esperan tu renuncia,
los únicos vencidos corazón, son los que no luchan.
No los dejes corazón que maten la alegría,
remienda con un sueño corazón, tus alas malheridas.”
“Corazón libre”, Rafael Amor
 

Comenzó un nuevo ciclo de gobierno. Con la asunción de Alberto Fernández comienza la fase final de la crisis transicional en Argentina. O eso esperan los sectores dominantes. Luego del ajuste brutal de los últimos años, desde el Estado apuestan a ‘prender’ la economía. Los sectores populares cansados de esperar discuten estrategias para el tiempo por venir.

I
 

El gobierno de Alberto Fernández (AF) inicia con una premisa básica: relegitimar el proyecto de desarrollo capitalista dependiente en Argentina. El neodesarrollo como estrategia viable fue puesto en cuestión primero por la crisis transicional de larga data (al menos, desde el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, CFK) y, segundo, por la opción neoliberal de solución de esa crisis (gobierno de Cambiemos). La desarticulación de la estrategia del macrismo para superar la crisis transicional, sirve en bandeja al espacio desarrollista/nacional&popular de AF, la posibilidad de recrear el mito del desarrollo capitalista con inclusión.
 

“Prender la economía” es la síntesis de las expectativas puestas en juego; recuperar el crecimiento económico a toda costa sería el remedio a todos los males que nos aquejan. Luego de diez años de estancamiento con alta inflación, y dos años de brutal caída en los ingresos populares y del empleo formal, cabe preguntarse si el nuevo gobierno podrá tocar los botones adecuados para reiniciar un ciclo de acumulación de capital.
 

II
 

La estrategia de cortísimo plazo tiene dos componentes centrales sintetizados en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva recientemente aprobada. Primero, renegociar la deuda pública, en especial, la externa y en particular aquella en manos del capital financiero internacional privado. Segundo, apuntalar una política de expansión del mercado interno a partir de la expansión del gasto público y una cierta recuperación de los ingresos populares.
 

Menuda tarea a encarar en un contexto en que el Estado tiene cerradas las fuentes de financiamiento internacional (no tiene crédito) y en que el propio ministro de economía (Martín Guzmán) pone el superávit fiscal y el superávit externo como objetivos irrenunciables. Crecer rápidamente sin política fiscal expansiva (más déficit fiscal) y sin reducir el superávit externo será muy dificultoso; en un contexto de precios internacionales relativamente bajos y comercio mundial con poco crecimiento, será casi un milagro.
 

Postergar el pago de una parte de la deuda externa está en la caja de herramientas del nuevo ministro. Ya ha sido por demás explicitado por él mismo y por AF. Ahora deberán testear su capacidad de imponer condiciones de renegociación a los acreedores.
Dejar de pagar (o reducir sustancialmente los pagos de) la deuda externa por un tiempo -dos o tres años- con el capital privado financiero internacional liberaría recursos fiscales, pero si el objetivo es sólo su renegociación para el futuro, esa solución sólo posterga los problemas (nuevamente). La mera “sustentabilidad” de la deuda como objetivo se queda corto: sólo puede reconfigurar un sistema organizado para el endeudamiento permanente y para la colocación de deuda a escala ampliada.

Sin el repudio de la deuda por su carácter ilegal e ilegítimo, la misma continuará siendo el principal mecanismo de extorsión del capital transnacional sobre la soberanía política argentina. Esta es la base de la calificación de nuestra deuda externa pública como ‘odiosa’: fue contraída a espaldas del Pueblo (por parte de gobiernos electos o no), con la complicidad de los acreedores (que sabían de su carácter ilegítimo y aun ilegal) y utilizada con fines espurios que nunca atendieron las necesidades populares.

III
 

Postergar los pagos de la deuda no reiniciará, por sí mismo, el ciclo ascendente de la economía. Para ello, el gobierno del Frente de Todxs buscará “poner plata en el bolsillo” de les argentinxs a través de (a) un aumento de emergencia en salarios para trabajadores del sector privado formal (de monto fijo y en cuotas), en las jubilaciones más bajas (10000 pesos en dos cuotas) y en la asignación universal por hije (AUH) (4000 pesos en dos cuotas), (b) la creación de un nuevo programa ALIMENTAR (un versión recargada del Plan Alimentario Nacional de los años 80, pero en versión 2.0) con tarjeta bancaria para comprar alimentos destinados a niñes pequeñxs, (c) un programa de microcrédito barato para pequeños emprendimientos, (d) un plan de pequeñas obras públicas (pintar escuelas, reparar veredas, etc.), (e) una moratoria para el pago de impuestos atrasados de PYMES, y (f) un programa de remedios gratuitos para jubilades de ingreso mínimo, entre las principales medidas anunciadas en y más allá de la Ley aprobada.

Estos programas se financiarán fundamentalmente de dos maneras. Primero, con la reorientación de recursos ya disponibles, fundamentalmente en partidas sub-ejecutadas en el presupuesto 2019; al respecto, el  Ministro de Desarrollo Social (Daniel Arroyo) informó que el programa ALIMENTAR se sostendrá con 60 mil millones de pesos que el ministerio tiene ya disponibles.  Segundo, el aumento en la carga de impuestos en sectores con capacidad contributiva. Ya se ha confirmado el reajuste en las retenciones (impuesto) a las exportaciones, un impuesto a gastos “en el exterior” (que incluye desde turismo internacional a servicios como Netflix o Glovo), aumentos en impuesto a bienes personales (“a la riqueza”), en particular sobre activos en el exterior del país; se llegó a hablar de un posible impuesto a la herencia con poco impacto recaudatorio pero fuerte efecto simbólico (esto quedó en la nada por ahora). En paralelo, se estableció un rebaja en el impuesto a las exportaciones mineras y petroleras (en relación al criterio general), y se eliminó lo que quedaba del impuesto a la renta financiera (aprobado con bombos y platillos en 2018). Bancos, mineras y petroleras son los grandes sectores privilegiados en este nuevo esquema. Trabajadorxs estatales y jubiladxs con ingresos por encima de 19 mil pesos, seguirán esperando.

En simultáneo, la Ley aprobada suspende el sistema de movilidad de jubilaciones, pensiones y beneficios (incluida la AUH) por 6 meses; se faculta al poder ejecutivo a decretar aumentos trimestrales pero sin ninguna pauta determinada. El sistema se desindexa: los beneficios del ANSES ya no se ajustarán automáticamente por la inflación pasada (70%) y el aumento de los salarios (30%).

Si bien finalmente se hicieron algunas excepciones (docentes e investigadorxs, entre otres, que tienen regímenes particulares de aporte al sistema previsional), el objetivo implícito es claro: contener (reducir) el gasto previsional. Desde el gobierno de AF afirman que los beneficios previsionales no perderán contra la inflación. Eso está por verse, pero además, nada asegura que el aumento que se otorgue unilateralmente en marzo y junio equipare o supere al aumento ya previsto por la ley de movilidad previsional vigente (aquella aprobada en 2017). En los próximos 6 meses se abrirá el debate sobre el futuro de la seguridad social en Argentina (ver además el Consenso Fiscal firmado entre el Poder Ejecutivo y las provincias).

El resultado neto del conjunto de medidas es impreciso, pero el objetivo de mantener la tendencia hacia el déficit primario superavitario le pone un límite a la potencia expansiva. El famoso ‘efecto multiplicador’ arrancará pero con el freno de mano puesto. El impacto neto del paquete se estima en casi 2% del PBI de aumento en el superávit fiscal; una fracción importante del mismo provendrá del ajuste previsional.

En síntesis, no parece ser más que el plan que el FMI hubiera deseado que Macri implementara de manera consistente: un programa fiscalista, con más aumento de impuestos y cierto recorte de gastos, con una política social consistente con la gobernabilidad. Guzmán no es heterodoxo: hijo dilecto de Stiglitz (ex economista en Jefe del Banco Mundial), el ministro cree que al mercado hay que ayudarlo (ese es el rol del Estado), y a los acreedores hay que pagarles y que tranquilizarlos es prioritario. Algunos grandes actores del capital financiero internacional están expuestos por demás a la deuda argentina (en default virtual, dijo el nuevo presidente) así que estos negocian desde cierta debilidad. Sin embargo, sin cesar los pagos inmediatamente para investigar las evidentes ilegalidades de la deuda -y su ilegitimidad sustantiva-, el gobierno pierde fuerza. Por otro lado, siguiendo la receta del FMI (la nueva Ley fue aplaudida por su nueva gerenta general, Kristalina Gueorguieva), la posición negociadora se debilita: mostrarse dispuestos a ampliar el superávit fiscal antes de negociar, muestra un exceso de predisposición a acordar. Ya no hay ‘negociación dura’, como AF expresaba en campaña.

La sostenibilidad propiciada por el gobierno de AF se contrapone con la insustentabilidad de la reproducción social y la naturaleza. La defensa que el gobierno hace de un nuevo avance en el saqueo de los bienes comunes es la contracara de la sustentabilidad del régimen de endeudamiento perpetuo. La primacía del superávit fiscal pone en cuestión nuevas prioridades institucionalizadas, como la política de género (¿qué recursos se dispondrán para avanzar con las políticas de cuidados, contra la violencia machista, por la igualdad de género?).

Por otra parte, nadie va a negar que en el contexto de crisis profunda en que se encuentra la vida cotidiana del Pueblo, la transferencia de recursos a los sectores más empobrecidos será una ayuda. Sin embargo, este consenso no puede llevarnos a negar el carácter de clase de la estrategia gubernamental: sin tocar los intereses sustantivos de las clases dominantes, lo que hace este proyecto es crear (o ampliar) una brecha simbólica (donde hay una unidad material) entre fracciones de las clases populares y trabajadoras. Se exige solidaridad distributiva (mediada por el Estado) a familias trabajadoras con ingresos por debajo de la canasta familiar (el 50% de los hogares tienen ingresos inferiores a la canasta de pobreza), mientras sectores capitalistas históricamente privilegiados siguen siendo protegidos. La Ley de Solidaridad Social tiene un claro sesgo de clase: pretende enfrentar a sectores de las clases populares (¿dividiendo para reinar¿) sin tocar en lo más mínimo el poder estructural de las clases dominantes. Es, por ello también, poco honesto “disfrazar” de Papá Noel a una ley dirigida fundamentalmente a construir condiciones para garantizar una renegociación exitosa de la odiosa deuda externa. El ministro confía en que esa renegociación abrirá el espacio para una verdadera ‘lluvia de inversiones’, parafraseando a un ex-presidente.

IV

La pregunta es si todo esto es suficiente para reimpulsar un mercado interno diezmado por un brutal recorte en el gasto público de los últimos dos años, la estrepitosa caída salarial y de ingresos populares, el avance de una nueva inserción global dependiente y una economía global en crisis.

En una economía brutalmente concentrada, ¿alcanzará una redistribución marginal de los ingresos hacia los sectores populares para reiniciar el ciclo de crecimiento? A priori, el impulso al mercado interno parece muy limitado. Detallemos: el 40% más pobre de la población recibe sólo un 14% del ingreso total de la economía (PBI) y controla muchísimo menos de la riqueza social total. La transferencia marginal de ingresos que se propone ronda el equivalente a menos de 0,5% de ese ingreso total. Es decir, el impacto macroeconómico inmediato del mismo apenas impulsará el mercado interno.

Por lo demás, ¿cuáles serán los mecanismos para proteger el mercado interno de la irrupción de las manufacturas chinas? ¿La renegociación de la deuda y el control de cambios habilitarán una caída sustancial en las tasas de interés internas que permita impulsar el financiamiento barato? ¿Será posible que -a corto plazo- la soja, la minería y vaca muerta garanticen las divisas necesarias para el desarrollo capitalista dependiente? Demasiadas preguntas sin respuestas claras.
En el interín, el gobierno apuesta por un pacto social que alinee las intenciones y expectativas de los diferentes actores de clase. Idealmente, ese pacto debería permitir que salarios en el sector privado (y el resto de los ingresos populares) se recuperen parcialmente, y que la recuperación del mercado interno permita hacer mejor uso de la capacidad instalada, bajando los costos unitarios de producción y reduciendo la presión inflacionaria. El gobierno espera que el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la desindexación de salarios y de los beneficios de seguridad social contribuyan a este proceso.

La clave del éxito del programa está en quién controlará a las grandes corporaciones transnacionales. En definitiva, son ellas las formadoras de precios y quienes toman las principales decisiones de inversión. Son ellas quienes llevaron a la economía al colapso actual decidiendo una “huelga de inversiones” en 2018 y son ellas quienes podrían (en el plan del gobierno) reimpulsar el crecimiento.

Seamos claros: la concentración económica en Argentina es tan grande, que miles de PYMES y emprendimientos en la economía popular no podrían mover el barómetro de la economía si no entran al juego los grandes capitales (quienes ‘cortan el Bacalao’). ¿Podrá el gobierno de Alberto Fernández alinear a esos grandes jugadores, sin desarmar sus posiciones de fortaleza estructural?

¿Quién le dirá a Arcor y Danone que frenen la escalada de precios? ¿Será suficiente con el aumento en las retenciones a productos alimenticios? ¿Quién impondrá a las automotrices a dejar de suspender empleados? ¿Alcanzará con la ‘doble indemnización’? ¿Quién le pondrá un límite al negocio especulativo de los grandes bancos que sólo prestan al sector público?

Esta es la paradoja del desarrollismo. El mercado interno al que aluden está dominado por un millar de grandes capitales, los más grandes de ellos con tendencia transnacional, financierizada y extractivista. Son ellos quienes -si no hay mediaciones- deciden cuánto, dónde y en qué invertir. El mercado interno lo construyen esas empresas.

Del otro lado de la mesa, sindicatos y movimientos sociales están demandando el final del ajuste perpetuo. Las organizaciones mayoritarias han decretado una tregua, por ahora. Se barajan muchas opciones para los próximos meses de las contradicciones irresueltas. ¿De qué magnitud será el aumento unilateral de salarios (habilitados en la Ley)? ¿Habrá postergación de paritarias para asalariadxs? ¿Qué impacto organizativo tendrán la incorporación de sus referentes al Estado, la sindicalización y las políticas de microcréditos para los sectores más excluidos, en la economía popular? ¿Cómo operarán en la producción de alimentos las retenciones diferenciadas (compensación para pequeños productores), los microcréditos y ley Monsanto de semillas (en proceso de debate parlamentario) para la agricultura familiar?

V

Hace tiempo se viene hablando de que el gobierno de AF es un gobierno de transición. Su objetivo es, precisamente, cerrar la crisis transicional del capitalismo argentino. Empieza a configurarse la segunda era neodesarrollista que consolida un patrón de precarización de la vida como modelo societal, que pone como prioridades de la sostenibilidad fiscal y de la deuda (y por lo tanto, el extractivismo y el saqueo) por sobre la sostenibilidad de la vida.

Sectores que participaron de la rebelión popular a comienzos de los 2000 se incorporan (¿definitivamente?) al espacio político de los partidos del orden. Sus nuevxs diputadxs, funcionarixs y muchxs de sus referentes, apoyaron acríticamente el proyecto de Ley aprobado. Por ahora, parece cerrarse la grieta abierta en 2001.

Para los movimientos populares con proyección radicalmente transformadora es un momento de quiebre. Es un momento de imaginar nuevas estrategias, nuevas formas organizativas. Es un momento de luchar, repensar nuestras prácticas y nuestros proyectos colectivos.

Abya Yala está en ebullición por lo bajo, con mayor o menor nivel de intensidad y visibilidad. El mundo en que vivimos es un mundo injusto pero sobre todo invivible. La vida cotidiana nos violenta, nos maltrata, nos enferma, nos asesina. No hay más tiempo. Debemos cambiarlo todo.

* La redacción de esta nota fue iniciada el 17 de Diciembre y concluida el 27 de Diciembre de 2019. Agradezco la lectura atenta de Melina Deledicque.