En este marco, recopilamos algunos de los argumentos que representantes a favor y en contra de la Reforma Constitucional en materia de seguridad pública propuesta por el senador nacionalista Jorge Larrañaga, dieron en el debate que tuvo lugar en le Escuela Universitaria de Música (EUM). Conocer las posturas y los puntos que conforman la reforma es indispensable para que la ciudadanía decida concienzudamente sobre las políticas de seguridad en octubre. 

El evento, organizado por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), contó con la presencia del abogado y dirigente de Alianza Nacional, Luis Calabria, para defender la reforma. Por la posición contraria, se encontraba el sociólogo Rafael Paternain; el abogado Daniel Díaz, y dos representantes de la contracampaña a «Vivir sin miedo».

Aquellos irrecuperables

El abogado Luis Calabria contó que la propuesta de la reforma constitucional surge a partir de una «clara crisis de conviviencia que está reflejada en cifras». Ante esta situación «se requieren nuevos instrumentos», expresó.

«Nosotros planteamos quitar el cerrojo que existe (en la Constitución) para habilitar los allanamientos nocturnos», explicó haciendo referencia al Artículo 1 de la reforma, que no habilita directamente los allanamientos, sino que elimina la prohibición constitucional. El abogado explicó que para que estos puedan realizarse se requiere de la posterior creación de leyes, por lo cual es un punto que para aplicarse, deberá pasar necesariamente por el Poder Legislativo.

En referencia al Artículo 2, puntualizó que «modifica el Artículo 27 y establece el cumplimiento efectivo de las penas». Esto significa que el recluso que cumple cierto tipo de pena no recibe ninguna libertad anticipada. La reforma «establece la ampliación de los delitos que quedan dentro de esta modalidad», ya que esta ya está en aplicación en algunos casos actualmente. «Si las penas no se cumplen, la sociedad tiene un sentimiento de impunidad que es lo que está dominando hoy», argumentó. 

En este artículo está comprendida también la prisión perpetua revisable, «para quien viola y mata a un menor, para el homicida múltiple, para el sicariato», enumeró Calabria, y dijo que se trata de «un mecanismo que existe en toda Europa y en algunos países de América».

El abogado expresó que no entiende «la alternativa que se plantea cuando se dice que como las cárceles están mal no podemos mandar a los delincuentes a las cárceles», y enfatizó que «se necesita el cumplimiento de las penas, y penas más duras en algunos casos». Agregó que «hay sujetos que científicamente está probado que no son recuperables», y cuestionó: «¿Qué se hace con esos sujetos?».

Se refirió luego a la creación de la Guardia Nacional, que aparece en el Artículo 3. «Lo que nosotros proponemos es crear una segunda fuerza con efectivos militares que ayuden a la Policía, como existe en Europa, como existe en Chile, y no hay ningún peligro», aseguró. Opinó que hay «quienes creen que hay riesgos para la democracia» si se aplica esta medida, pero que esto se debe a que existe un «prejuicio hacia las FFAA; ni siquiera es contra el militar cumpliendo funciones de policía sino contra el militar en sí».

Para cerrar su oratoria, aclaró que desde su sector no se niega «que el problema es multicausal» pero que «seguir como estamos, sin hacer nada, sin ninguna alternativa ni ningún cambio planteado por el gobierno» no es la manera de enfrentar el problema. «La gente quiere que la cuiden, y este gobierno no la cuida», aseguró. 

Dijo estar de acuerdo con «todo lo que se puede hacer en otras facetas tan necesarias como la educación, las políticas sociales, la vivienda, las cárceles», pero que el gobierno tuvo 15 años y no lo hizo. 

Inaplicabilidad

Por su parte, el profesor Rafael Paternain enumeró las contingencias y deficiencias que presenta la estructura de la reforma. Por un lado, «la creación de la Guardia Nacional, tal cual la definición legal que tiene, sería absolutamente inaplicable en la medida de que no habría marco orgánico, porque nadie crea una policía de la nada que pueda dar algún resultado más o menos esperable, en este caso con la policía militar». La creación de este cuerpo, y «una regulación orgánica de eso, más allá de los debates de fondo para mí es inaplicable», manifestó.

Otro tema que puso en cuestionamiento fue el de la cadena perpetua revisable, y subrayó que se trata de una medida innecesaria en un país que «sobre todo para delitos de modalidad de homicidios muy especialmente agravados» tiene «una condena máxima de 45 años».

El sociólogo se refirió también al cumplimiento efectivo de las penas, que implica que para ciertos delitos la persona privada de libertad no pueda solicitar ningún tipo de libertad anticipada, como la reducción de su pena o las salidas transitorias. Esto es algo «que ya se aprobó el año pasado, no estrictamente igual pero más o menos, con las modificaciones al nuevo Código del Proceso Penal», que limita para la gran mayoría de los delitos la posibilidad «para reiterantes y reincidentes acceder a los beneficios de las libertades anticipadas».

Haciendo referencia a estos tres ejes, los representantes de la contracampaña expresaron que la reforma trae consigo propuestas que son «más de lo mismo», pero que no por esto es menos «peligrosa».

Inconstitucionalidad

Paternain argumentó también que «la idea de las condenas de larga duración, de cadenas perpetuas revisables y del cumplimiento efectivo de penas desde una lógica de política criminal son instituto absolutamente contrarios a cualquier modelo de progresividad de rehabilitación», y expresó que la reforma rompe con la idea «de utilización de las cárceles como un instrumento de protección de los derechos humanos».

«Eso es lo que consagra específicamente la Constitución de la República, que las cárceles no servirán para mortificar», enfatizó. «Cuando hablo de inconstitucionalidad no lo hablo en términos de tecnicismos constitucionalistas», explicó, y dijo que se refiere al retroceso que la reforma propone, en contraposición al «modelo de progresividad que la Constitución plantea».

El abogado Daniel Díaz, al respecto, hizo hincapié en que no debe olvidarse «cuál es la finalidad que cumple la pena», y que ésta no puede reducirse a la lógica del castigo.

Demagogia

Esta reforma «nace en un momento difícil, que obviamente refleja un síntoma», señaló Paternain, y reconoció que efectivamente hay un problema de seguridad y que «no hay que desconocer» ni tampoco «menospreciar ni ningunear» a las personas que firmaron a favor de la campaña. El asunto es que la propuesta «no va al centro de los problemas que tenemos» y señaló que «ya se reforzó la policía militarizada», y que esto no hizo descender las cifras de los crímenes. 

La pregunta que se hizo sobre la Guardia Nacional es «cómo, cuándo, y de qué manera las tasas de homicidio se van a reducir, o qué clase de patrullaje puede hacer esa policía para abatir las causas de rapiña cuando se sabe que el delito contra la propiedad no es sustancialmente sensible a las lógicas de patrullamiento». 

En este sentido, Díaz añadió que suele hacerse una «relación ingenua entre número de presos y seguridad». Un aumento de presidiarios sin «condiciones (propicias) de reclusión, programas de egreso, presupuesto para sistema penal» no puede sino empeorar la situación, e hizo énfasis en que son ese tipo de políticas las que deben revisarse y ponerse en discusión, ya que son las que «hacen a la seguridad ciudadana». 

Ante la inviavilidad de la propuesta, Paternain sostuvo que hay que revisar «cómo se discute a nivel político», porque esta, a su entender, se está dando a través de una «demagogia punitiva, un populismo punitivo» que se puede observar cuando se lee la fundamentación, las medidas y cualquier contexto de discusión.

Se plantea la propuesta desde «el Estado soberano que viene a defender a las pobres víctimas, y el que lo resiste siempre queda como el que defiende a los delincuentes», explicó, y dijo que plantear el asunto en estos términos puede tener consecuencias «profundamente negativas».

Al respecto, Díaz agregó que la reforma ignora la «responsabilidad del Estado y de la sociedad» del «contexto de la situación de ese delito». 

Movimientos sociales organizados

La contracampaña a «Vivir sin miedo» es una articulación nacional libre e independiente, que como lo aclararon sus representantes, no responde a ningún partido político. Comenzó a formarse en noviembre de 2018, y trabajan en grupos fomentando el debate de la seguridad y cuestionando la reforma constitucional que se plantea.

Sus miembros informaron que a estos espacios se han acercado distintos grupos de diferentes partidos políticos, y que esto aporta «al debate, a la construcción y a la convivencia» e invitaron a quien lo desee a sumarse a la organización.

*Publicado en La Baraja