Durante el año 2017 se registraron declaraciones públicas de militares, en actividad o retirados, que vuelven a poner en escena un discurso que alude a la historia reciente para minimizar, justificar o reivindicar las acciones represivas, en general con el objetivo de cuestionar las investigaciones judiciales que se han llevado a cabo por delitos de lesa humanidad, pero también para fortalecer posiciones corporativas.

En orden cronológico, la primera manifestación importante corresponde al discurso que el presidente del Círculo Militar, el general retirado Raúl Mermot, dio en el acto del 14 de abril. Según las reseñas de prensa, el principal foco de sus ataques fue el Poder Judicial, aludiendo a que los procesamientos de ex militares por violaciones de derechos humanos se deberían a “algo que no sé si llamarle venganza o qu黹, y que serían institgados por quien “tiró el primer disparo”. Agregó que “»fue una guerra sucia con muertos de un lado y otro, y debió terminar así». Finalmente, declaró que hubo “excesos”, pero afirmó que se debía diferenciar la tortura del “apremio físico”, y que “torturas no hay»^2.

A raíz de estas últimas frases el diputado Luis Puig y Sandro Soba (hijo del desaparecido Adalberto Soba) presentaron una denuncia penal  debido a la reivindicación de los tratos inhumanos contenida en las declaraciones. El fiscal pidió el procesamiento por “apología de hechos pasados”, pero el militar retirado fue finalmente absuelto en primera instancia, que luego se confirmó en el Tribunal de Apelaciones. A pesar de la absolución, la sentencia en segunda instancia reafirmó que lo que describió Mermot como “apremio” entra perfectamente en las definiciones legales de tortura (y al haberse sugerido que los “excesos” incluían “apremios, se terminaría, sin quererlo, reconociendo la tortura). De hecho, la absolución se basa en la opinión doctrinaria dominante, acerca de que la apología del delito, en tanto arriesga la libertad de expresión, debe aplicarse de forma muy restringida, es decir, cuando no hay duda razonable de que se intentó promover el delito. El TAP entendió que puestas en su contexto, las afirmaciones eran más bien críticas a los jueces, como suelen hacerlas periódicamente los retirados militares.  “El acusado reclamó corporativamente -explica la sentencia- contra una supuesta conspiración judicial, como se hace año a año, en esa fecha…»^3.

En junio de este año, el General, también retirado, José Bonilla, que fuera comandante del Estado Mayor de la Defensa, declaró que “no puede haber verdad y justicia”, en el sentido de que la búsqueda de la justicia obstaculizaba el saber la verdad. La razón, según sus argumentos, es que los responsables de desapariciones y asesinatos no revelarían datos que los comprometieran, mientras hubiera posibilidades de que pudieran ser sometidos a juicio. Por eso, la ley que en 2011 había declarado imprescriptibles esos delitos constituiría un obstáculo para llegar a la verdad^4.

Otras declaraciones alusivas a la revisión del pasado reciente fueron realizadas en distintas ocasiones por el comandante en jefe del ejército, el General Manini Ríos. En declaraciones a un medio de prensa con ocasión de cumplirse 44 años del golpe de Estado, afirmó: “a la gente de Bella Unión, de Salto, de Paysandú, en estos días, les importa un comino lo que pasó hace 44 años, les importa lo que  están viviendo hoy (en referencia a los desastres naturales que experimentaron esas ciudades), las necesidades que tienen hoy». En la misma entrevista, agregó que no había problema en pedir perdón si con eso “damos vuelta la página»⁵. Meses antes, durante la conmemoración oficial del día del Ejército, la referencia a los inundados había servido para lo que puede entenderse como una defensa corporativa contra la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas  (la Caja Militar) -según el Observador, desacatando órdenes del Presidente de la República^6.

De hecho, tanto en este discurso como en otras declaraciones se intentó sostener la utilidad del ejército como “pilar básico” del Sistema Nacional de Emergencias, se intentó exponer los aportes que realizaba en el exterior como fuerza de paz, o se subrayó la necesidad que el país tenía de las fuerzas armadas para enfrentar potenciales amenazas terroristas. También en su momento el General Bonilla había hecho referencia a la reforma de la Caja Militar, cuestionando al ministro de Defensa por no haber defendido a los militares, y acusando al gobierno del Frente Amplio de avanzar en la idea de eliminar a las fuerzas armadas^7.

Aunque el tenor de los ataques al Poder Judicial, los intentos de naturalizar las torturas y la insistencia en deslegitimar la revisión del pasado son reiteradas, el contexto del año 2017 muestra algunas novedades, ya que desde el año pasado han aparecido elementos que invitan a leer esas declaraciones desde otros ángulos. Entre otros, estos elementos son las amenazas del llamado “Comando Barneix”, el allanamiento de la sede del Grupo de Investigaciones de Arqueología Forense de la UdelaR, la revelación del espionaje militar en democracia, y la iniciativa para reformar la Caja Militar. Aunque no existe relación causal directa entre estos temas, todos parecen manifestar la existencia de un entramado de intereses y representaciones que alimentan lo que se ha dado en llamar como “cultura de la impunidad”. Esa expresión remite a la presencia de prácticas convergentes de múltiples actores en distintos espacios institucionales, que no necesariamente están deliberadamente coordinadas (aunque ocasionalmente si lo están) y sin embargo logran como efecto común el obstaculizar la búsqueda de la verdad, la concreción de la justicia y la construcción de la memoria. Se trata de actores que pueden no tener relación entre sí, pero tienen esquemas de interpretación, intereses materiales y formas de actuar que resultan congruentes en sus consecuencias.

La información sobre estos temas es particularmente escasa, pero es posible intentar una reconstrucción de este entramado del que las declaraciones de militares y retirados son una manifestación.

El elemento más obvio es la defensa corporativa. El proyecto de reforma de la caja militar ha venido finalmente a socavar la persistencia de privilegios difícilmente justificables, más cuando están destinados a miembros de una organización cuya funcionalidad está severamente cuestionada. De hecho, los argumentos esgrimidos por el propio Manini Ríos -la utilidad del ejército frente a eventos tales como desastres naturales, el riesgo de sufrir un atentado terrorista- parecen reforzar la idea de que al menos el ejército es una institución obsoleta, sin misión clara en las condiciones del Uruguay del presente. Cierto que la posibilidad de una reducción drástica de la organización militar es poco real, pero su amenaza es suficiente para poner a la defensiva a sus miembros y coaligarlos en la defensa corporativa, como por otra parte es esperable que ocurra con cualquier organización en las mismas circunstancias.

Al mismo tiempo, las acciones de espionaje -que recién comienzan ser investigadas- dan la pauta de la persistencia de  estructuras paralelas que los gobiernos democráticos mostraron poco interés en desmontar. Es difícil explicar esa actitud -no es creíble que hayan sido prácticas enteramente desconocidas- pero quizás pueda atribuirse, paradójicamente, a la misma escasa funcionalidad de las fuerzas armadas. Al menos durante los años noventa, para los gobiernos debió ser más aceptable tolerar la supervivencia de esas organizaciones que entrar en un conflicto frontal con ellas. Lo que puede haber garantizado la protección de los militares -más incluso que las connivencias y respaldos  explícitos que existieron y existen- era su irrelevancia. La aparición reciente de grupos terroristas, quizás vinculados con aquellas estructuras clandestinas, continúa las acciones amenazantes, los atentados y otras ilegalidades que fueron frecuentes en los años siguientes a la dictadura, incluyendo el asesinato de Eugenio Berríos. Parecen la última expresión del pacto de no agresión que las elites políticas realizaron, por vía de los hechos, con los grupos más reaccionarios de las fuerzas armadas.

Seguramente, las fuerzas armadas actuales son más heterogéneas de lo que aparentan en público, pero su propia crisis refuerza los lazos de solidaridad internos, incluyendo la solidaridad intergeneracional con quienes fueron operadores de la dictadura. Y que también refuerza los mecanismos ideológicos autojusificatorios, desde el discurso de defensa de la patria hasta la percepción de ser víctimas de una conspiración perversa. Tal vez eso explique el retroceso que se puede percibir entre las declaraciones de Pedro Aguerre, entonces comandante del ejército, en 2011, cuando se descubrieron los restos del maestro Julio Castro, y las actuales de Manini. En aquél momento, Aguerre enfatizó que el Ejército no encubriría homicidas, y pidió la revocación inmediata de cualquier pacto de silencio⁸. Esto pareció abrir la posibilidad de que la institución hiciera una revisión profunda, pero en todo caso esa apariencia se disipó pronto.

Así, la impunidad parece el resultado de la articulación de intereses corporativos militares que no imaginan otra salida que la defensa cerrada de sus posiciones, y de la desidia de la mayoría del sistema político que no encuentra sentido en presionar para obtener avances en las investigaciones. Ha sido la necesidad de reducir el déficit fiscal lo que finalmente impulsó al gobierno a atravesar la frontera e iniciar un tímido avance sobre los privilegios militares, pero nada indica que el impulso continuará para lograr las metas de verdad y justicia que, ahora como antes, seguirán dependiendo casi por entero del esfuerzo de la sociedad civil.

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1. El País, 15 de abril, 2017
2. Montevideo Portal, 17 de abril, 2017; La Diaria, 17 de abril, 2017
3. Tribunal de Apelaciones de Primer Turno, Sentencia Nº 183, 26 de junio, 2017
4. La Diaria, 20 de junio, 2017
5. El País, 30 de junio, 2017
6. El Observador, 19 de mayo, 2017
7. Montevideo Portal,14 de junio, 2017
8. La Diaria,6 de diciembre, 2011