El contenido de los documentos y su relación con los archivos Berrutti y Castiglioni; por qué difundirlos sin mediación en Brecha y las respuestas a quienes lo critican por ello; las ausencias y el carácter depurado de los mismos; sus diferencias con el historiador Rico; las trabas políticas a la justicia y su poca confianza en que el Estado encare las investigaciones necesarias. Estos y otros temas en la conversación de Zur con Samuel Blixen.

Unas semanas atrás el diario El País daba cuenta de un infiltrado de la inteligencia militar en la Federación de la Bebida y el Partido Socialista, la crónica retomaba así un nota de Blixen de diciembre pasado. En aquel momento la senadora Xavier descartó la denuncia porque -según declaró- su autor odia al Partido Socialista. Hace unos días Brecha disponibilizó la totalidad de los archivos en propiedad de Blixen que confirmar la existencia de espionaje militar en democracia. Ello, fue motivo suficiente para visitar a Samuel en la Facultad de Comunicación.

Con la pasión periodística y política de Blixen frente a nosotros, lo escuchamos durante una larga entrevista que compartimos casi sin edición, en el entendido que su valor documental y la fluida narración de Samuel lo ameritan.

Nos contó de los archivos, de su procesamiento y con quiénes los compartió, y de su relación con los denominados archivos Berrutti y Castiglioni. Responde a las críticas recibidas luego de su difusión. Habla sobre la veracidad de los mismos y el uso que los militares hacían de la información para chantajear a los espiados. Se explayó sobre las diferencias éticas con el trabajo del historiador Álvaro Rico, quien para Blixen “da una historia de la represión al PCU falsa” y flecha la cancha con un tratamiento diferencial al resto de las organizaciones políticas, como por ejemplo el MLN y GAU.

A su vez afirma que, de los archivos que encontró le queda claro que en aquella época la inteligencia militar estaba más preocupada por los sindicatos en UTE y ANCAP que de los partidos políticos, aunque también es clara la obsesión de infiltrar al comité central del PCU. Sostiene que la información existente permite identificar a los espiadores y prefiere que sean las personas espiadas quienes lo hagan, por ello entregó material en mano a varias organizaciones y políticos.

Sobre la ausencia de archivos entre 1993 y 1997 afirma que simplemente no hay, lo que evidencia que fueron depurados. No hay nada sobre el Filtro, la coordinadora de estudiantes ni el asesinato de Berríos. Tampoco es posible encontrar el uso que se hizo de la información recabada, pese a pistas puntuales.

Afirma con contundencia que el Estado no ha querido averiguar, y que ello corre por igual para los gobiernos colorados, blanco y frenteamplistas, sólo exime a la ex ministra Azucena Berrutti. Da como ejemplo la incomprensible decisión de la comisión investigadora de no citar a Becerra a preguntarle cómo lo reclutaron y quiénes. Pese a que es el Estado el único que podría procesar los archivos eficientemente, destinando fondos y equipos para ello, no ve para nada probable que esto suceda.

Finalmente se detiene en las voluntades políticas que impiden llegar a la verdad y juzgar crímenes terribles, cree que parte de las organizaciones de izquierda –en cuestión- están sobreponiendo sus temores a que se conozcan acciones censurables. Frente a ello sostiene que es necesario afrontarlas, y si las acciones fueron equivocadas reconocerlas y punto.