Si bien los temas desarrollados en el artículo afectan a todas las Empresas Públicas (EEPP), el foco principal se encontrará en el impacto que generará en UTE y el servicio público de energía eléctrica. Muchos de los planteos surgen de la elaboración programática realizada desde AUTE, y de su grupo de estudio en conjunto con Cooperativa Comuna.

En el contexto político actual, con el inicio de un nuevo período de gobierno, la discusión sobre el rol de las EEPP vuelve a ponerse sobre la mesa. La ley de urgente consideración (LUC) cumple la función de dar el marco legal que permitiría consolidar una modificación definitiva del funcionamiento y actividades que las EEPP realizan. Esto implica entre otras cosas su mercantilización, desmantelamiento, privatización, burocratización y desprofesionalización. Poniendo en riesgo la calidad y continuidad de los servicios públicos, limitando acceso de la población a los mismos de forma digna, segura y confiable, y contribuyendo así a alimentar el discurso privatizador.

Contexto debate EEPP

Si bien gracias a las luchas de los años 90 (sumado a los resultados negativos de los países que lograron imponer la agenda privatizadora –como Argentina–) la privatización total de las EEPP ha quedado casi descartada, los intentos del sector privado de avanzar sobre los servicios públicos no han cesado. En este contexto se pueden distinguir dos enfoques, que se encuentran en permanente tensión, sobre el rol que deben ocupar las EEPP.

Están quienes sostienen que las mismas son herramientas fundamentales, para brindar y garantizar insumos esenciales para la vida o que cumplen funciones de carácter estratégico para el país y la población. Estos, defienden su capacidad de elaborar políticas y contribuir con el desarrollo de las mismas, cumpliendo un fin superior, razón por la cual no se las puede evaluar bajo la misma lógica que las empresas privadas. Visión que está en consonancia con la génesis de las EEPP y que ha sido predominante en nuestra historia.

Por otra parte, están quienes sostienen que compete a otros sectores y organismos estatales la elaboración de políticas y líneas estratégicas de acción, y que las EEPP deben restringirse a ser ejecutoras de políticas. Basando su gestión fundamentalmente en el criterio de maximizar su rentabilidad y lucro, actuando de forma similar a una empresa privada. Además, quienes defienden esta postura suelen afirmar que las EEPP son ineficientes, y que hacerlas competir (siempre y cuando sea posible) contribuirá para que mejoren su gestión.

La orientación de las políticas del Gobierno para las EEPP es claramente coincidente con la segunda visión. El contenido de la LUC, como es de esperar recoge varias iniciativas en este sentido, y a su vez se complementa con el Decreto del 11 de Marzo aprobado por el Ejecutivo (que aplica importantes recortes a organismos públicos, con fuerte impacto en las políticas públicas), y con las pautas para la elaboración presupuestal de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que aplica a las EEPP y sobre los que se profundizará más adelante.

Situación actual EEPP

Actualmente, a causa de la política de recortes aplicada en el gobierno anterior, las EEPP se encuentran en una situación de debilidad. Dichos recortes se sustentaban en la necesidad de aumentar el aporte a Rentas Generales, con el objetivo de contener el déficit fiscal, cuyos ejes principales eran los siguientes: eliminación de vacantes (inicialmente se proponía la eliminación del 25% que luego se incrementó a 33%), restricción y reducción presupuestal en los rubros de: inversiones y funcionamiento.

Estos lineamientos se pautaron de forma transversal para las EEPP, impactando directamente en los propios planes de las mismas y en algunos casos violando la negociación colectiva. Tal es el caso de UTE, donde existían acuerdos de ingreso de personal (producto de la Estructura Organizacional aprobada en 2014 luego de un proceso de muchos años de análisis y discusión) que permitirían llevar la plantilla de UTE a 8300 trabajadores, y así revertir considerablemente la tercerización de personal (que además de implicar fuertes problemas de precarización laboral, no es ni más eficiente ni menos costosa). 

Debido a esta situación AUTE desarrolló un conflicto, producto del cual UTE fue la única EEPP que pudo sortear parte de los lineamientos: no se concretó la reducción de plantilla (cuenta aproximadamente con la misma cantidad de trabajadores que en 2015, unos 6400), y se conquistó un incremento presupuestal, por sobre lo establecido en la pauta, de US$120 millones en el rubro inversiones, evitando así la privatización mediante el mecanismo de PPP de instalaciones de Transmisión, de importancia estratégica para el sistema eléctrico (Línea Tacuarembó – Melo)                

A pesar de lo mencionado, las restricciones presupuestales tuvieron gran impacto en la UTE y en el sistema eléctrico. Llevando a tomar decisiones tales como cambiar los criterios para la renovación y ampliación de la red eléctrica (necesaria para acompasar el crecimiento de la demanda) y la realización de inversiones por mecanismos mercantilizadores, como leasing y fideicomisos, que terminan siendo más costosos e ineficientes que la inversión pública tradicional. Decisiones con impacto directo en la calidad de servicio (tiempo y frecuencia de cortes), y en la situación presupuestal de UTE, afectando también las tarifas.

La LUC y su complementariedad con los recortes actuales

Desde antes de la asunción del nuevo Gobierno se había anunciado la aplicación de un fuerte ajuste, con una meta de ahorro de US$ 900 millones. El sector público en general y las EEPP en particular son una de las principales variables del ajuste, sobre todo teniendo en cuenta que la aplicación de varios artículos de la LUC impactará negativamente en la recaudación del Estado: se establecen diversas exoneraciones fiscales al capital y modificaciones a la legislación que brindarían mayores facilidades para la evasión fiscal y la informalidad laboral.

Respondiendo a este ajuste, la OPP definió las nuevas pautas para la elaboración presupuestal, que aplica a las EEPP. En las mismas se imponen recortes aún más profundos que los aplicados en el quinquenio anterior: eliminación del 67% de las vacantes generadas a partir del 2020 y del 100% de las generadas al 31/12/2019, y reducción de 15% de los presupuestos, con respecto a lo ejecutado en el último quinquenio, de inversión y funcionamiento.

La aplicación de estas pautas no solo agravará la situación de la calidad de los servicios públicos, sino que necesariamente implicará una reconfiguración de todo el funcionamiento de las EEPP: es imposible que sigan desarrollando todas las actividades que realizan y al mismo tiempo cumplir con los recortes. Esto está previsto en los instructivos, ya que se establece que las EEPP se restrinjan a realizar actividades relacionadas exclusivamente con su cometido, y que se eliminarán unidades y entidades con tareas superpuestas con otros organismos. La LUC, crea nuevos organismos y les da mayor jerarquía a otros existentes, con el objetivo de hacer migrar funciones que actualmente están en la órbita de las EEPP o de establecer pautas para incidir en su gestión, quitándoles autonomía para la toma de decisiones, y justificando así parte de los recortes aplicados.

Los organismos reguladores (URSEA y URSEC) pasarían de ser órganos desconcentrados a Servicios Descentralizados aumentando su jerarquía, además amplían su marco de acción,  fines y cometidos. Destacándose entre estos la elaboración de la propuesta tarifaria, la cual se informará preceptivamente al Poder Ejecutivo. 

En cuanto a los organismos que tendrán mayor injerencia en las políticas adoptadas por las EEPP, se jerarquiza la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Tribunal de cuentas. Además, se crean la Agencia Reguladora de Compras Estatales y la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas. Esto, además de burocratizar y entorpecer el funcionamiento de las EEPP, desvaloriza el conocimiento que allí se ha desarrollado y acumulado históricamente, corriendo el riesgo de que sea drenado fuera de ellas, debilitándolas. Diversas unidades se verán en tela de juicio, en el caso concreto de UTE pueden mencionarse las unidades vinculadas a la planificación estratégica, la elaboración tarifaria, la Inclusión Social, el Laboratorio de UTE (con un rol estratégico y de desarrollo de conocimientos específicos de la actividad), entre otras. Proceso que significará una desprofesionalización.

El artículo 342 de la LUC modifica el ingreso a la función pública, eliminando un apartado específico que permitía a las EEPP incorporar personal de acuerdo a sus estructuras organizativas aprobadas, brindando las condiciones para aplicar las eliminaciones de vacantes planteadas por los nuevos instructivos de la OPP. Sobre el punto, cabe destacar que aproximadamente el 33% del personal de UTE tiene más de 55 años (y un 10% más de 60 años), por lo que la aplicación de las pautas agravará el déficit de personal. Situación que atenta contra las posibilidades de UTE de realizar diversas tareas necesarias para el sistema eléctrico, y que por lo tanto corren riesgo de pasar a ser realizadas por privados, con impacto negativo en las tarifas y calidad de servicio

Los nuevos planes además establecen una mercantilización de los servicios públicos, modificando drásticamente la relación de los usuarios con las EEPP. En el caso concreto de la tarifa se establece que la misma debe reflejar los costos como prioridad, en desmedro del  rol social. En cuanto a las tarifas sociales, se explicita que los subsidios brindados no deberían estar en el presupuesto de la EEPP sino en el organismo público competente, por ejemplo: el MIDES. Sin embargo, el presupuesto del MIDES estará condicionado y limitado por la nueva Regla Fiscal creada por la LUC.

Similar es la situación para inversiones que realizan las EEPP que no se explican por el criterio de rentabilidad, sino por las necesidades del servicio público: tal es el caso de las obras para ampliación y universalización del acceso a los servicios, como puede ser la expansión de las redes de saneamiento o la electrificación rural. En ese caso se establece que los subsidios para realizar esas actividades deben salir del organismo estatal competente que también estará limitado por la regla fiscal.

Entre otras señales de mercantilización, la LUC habilita la apertura de una parte minoritaria del capital accionario de las S.A en órbita de las EEPP. Además, para sortear las restricciones y cumplir con sus obligaciones, mayor cantidad de inversiones pasarán a realizarse mediante mecanismos mercantilizadores como leasing, fideicomisos y Proyectos de Participación Público Privada (PPP). Sobre estos últimos, en la LUC se define un Plan Estratégico de Fortalecimiento de Infraestructura, que busca fomentar la aplicación del mecanismo PPP para inversiones, además de dar mayores facilidades y acortar plazos para su implementación.

Los contenidos de la LUC y de los Instructivos Presupuestales constituyen un marco normativo acorde al enfoque privatizador de las EEPP. Los cambios y recortes planteados, por su profundidad, dejarían escasas posibilidades de revertir la situación en el futuro. Además, el impacto negativo que tendrán sobre la calidad del servicio y las tarifas contribuirá a alimentar el discurso privatizador.  

Es necesario el compromiso de todas y todos los usuarios de los servicios públicos para poder contar con EEPP al servicio del pueblo, y no del lucro y el capital. La LUC modificará drásticamente multiplicidad de aspectos de la vida del país, luchar contra ella será definitorio también para el futuro de las EEPP. Resulta además inminente luchar contra los instructivos presupuestales y así evitar su desmantelamiento, mercantilización y privatización