Con menos intensidad de la que pensaba y deseaba, luego que el parlamento aprobó la Ley de Urgente Consideración, comenzó a debatirse la posibilidad de impulsar una consulta que derogue el extenso articulado, erigido en programa de gobierno de la coalición de derechas.

La LUC se aprobó en medio del tiempo excepcional abierto por la pandemia de Covid-19, cuyas consecuencias sociales y económicas no fueron motivo suficiente para detener su tratamiento. A ello debe sumarse un conjunto de mediadas regresivas que van desde el aumento del dólar y las tarifas públicas, hasta los recortes de entre el 15 y el 20% en la mayoría de los ministerios y servicios públicos, acompañado por la ya anunciada intención de reducir el presupuesto quinquenal en un porcentaje similar para reducir el déficit fiscal. Habría que tomar nota de que, en medio de este panorama, se espera que el PBI uruguayo caiga un 5% en 2021, lo que va a significar menos recaudación y por ende más déficit. Si la obsesión gubernamental con el déficit se mantiene los recortes serán aún más profundos, en un espiral infinito.

La situación requiere que comprendamos todo el paquete como un gran ajuste. Las medidas parecen muchas, fragmentadas, aisladas. Pero realicemos solo un ejercicio: hagamos coincidir las medidas para limitar el derecho a huelga y la prohibición de realizar piquetes o cortes de calle con las protestas que el ajuste y la crisis avecinan. O la duplicación de las penas a menores con los recortes en las políticas de protección social y la pérdida de trabajos en los sectores informales.

En cuatro meses y con una pandemia sobre la mesa, la coalición de las derechas no resignó ninguno de sus deseos: impulsa un ajuste y las transformaciones legales que permiten y facilitan su ejecución.

Pese a este escenario, en los debates de la militancia social gana lugar planteos que sostienen que no sería un buen negocio emprender una consulta popular (referendum) para derogar la LUC. Me permitiré discrepar.

Este pensamiento se asienta en una forma de pensar la lucha social tan añeja como impotente. La estrategia que le da sustento puede sintetizarse en la idea de que la lucha social contra un gobierno de derecha debe desgastarlo para sustituirlo en el próximo periodo electoral. En tal sentido, impulsar la consulta y no tener éxito implicaría fortalecerlo. Y este sería el fundamento principal para entender que no están dadas las condiciones para embarcarse en este largo proceso en medio de lucha presupuestal y elecciones departamentales. Por consiguiente, el camino sería debilitarlo lo más posible con otras estrategias y esperar a las próximas elecciones.

Desde la recuperación democrática, este ha sido el razonamiento hegemónico de la izquierda social y política uruguaya para sacar del gobierno a la derecha. Pero pensar la lucha social de esta manera tiene debilidades importantes. A continuación señalaré solo algunas.

En primer lugar, la lucha social se piensa como un cálculo aritmético cuyo resultado es posible conocer de antemano. Dirán que no hacerlo es embarcarse en aventuras que solo debilitan al movimiento popular, como si la capacidad de lucha fuera un bien escaso necesario de administración conservadora. Todos quienes hemos participado de alguna lucha sabemos que, cuando los procesos colectivos son potentes, crean condiciones que hasta entonces nadie podía vaticinar. La lucha crea condiciones para dar luchas más profundas, no a la inversa. Claro que si las experiencias no son potentes, si se las embreta en chalecos de fuerza, su fuerza no se puede desplegar. Pero miremos las luchas potentes, miremos las luchas feministas o el Chile que nos inspira estar a la talla.

En segundo lugar, la lucha es comprendida como guerra. Como en una batalla, en ella se entra y se sale rápido, victoriosos o derrotados. Hay un punto en común entre esta forma de pensar la lucha y las subjetividades dominantes, ambas se asientan en posturas productivistas -en este caso de la lucha-, y en una razón victoricista. El centro es el resultado; el proceso, lo que en él se produce, pasa a tener un rol secundario. Más de una vez he visto que se subestima la fuerza y potencia de experiencias donde la gente recupera capacidad de decisión sobre su vida, aunque sea de manera parcial. Este es el humus de la transformación y cualquier resultado es siempre parcial.

Entonces, ¿cuáles son las preguntas que debemos hacernos? ¿Es justa la lucha que nos planteamos? ¿Tenemos las condiciones mínimas para comenzarla? ¿Cómo componemos un espacio lo suficientemente plural para que todos quienes quieran emprenderla puedan hacerlo? ¿Cómo multiplicamos la potencia sin estrangularla en chalecos de fuerza organizativos y de sentido?

Esta forma política que me propongo interrogar también subordina y supedita la acción de las organizaciones sociales a una estrategia que se resuelve en otro lado, en el espacio de las organizaciones político-partidarias. Espacios con sus propias dinámicas y donde no tenemos incidencia. La diversidad de las expresiones sociales que pueden desplegar la lucha contra la LUC no puede ser contenida en ninguna de las opciones electorales por sí sola. Es entendible el deseo frenteamplista de canalizar electoralmente esta fuerza de descontento. Pero eso no es otra cosa que el ejercicio reiterado de querer poner un “elefante en una caja de fósforos”, como decía Héctor Rodríguez en otros tiempos frente a estrategias similares.

La política del desgaste provoca un clima de polarización sin antagonismos. Las diferencias se expresan en una crispación meramente retórica, discursiva, mediática. Ejemplo de esto podrían ser todas las declaraciones y amagues de los dirigentes del Frente Amplio sobre el posible referéndum, en medio de los cuales votaron la mitad del articulado de la LUC. Pero esto no debería desalentarnos ni sorprendernos, si miramos las experiencias anteriores de consulta popular, hay una dinámica común: las organizaciones sociales recolectan las firmas y, cuando es inminente que se llegue al objetivo planteado, el Frente Amplio se suma. Cabe la anécdota del plebiscito del agua de 2004. ¿Saben cuándo firmó el candidato a presidente Tabaré Vázquez? El último día, a horas de vencerse el plazo legal.

Finalmente, quiero destacar un elemento problemático más. La política del mero desgaste se asienta en luchas demostrativas. Se trata de demostrar una capacidad potencial de lucha que nunca se realiza. Pero esta forma tiene una debilidad enorme, ampliamente debatida en la izquierda desde Rosa Luxemburgo hasta acá. La gente no se embarca en luchas demostrativas, o se embarca parcialmente. Si la lucha simula que lucha, la gente también simula. El flujo de la rebeldía es administrado nuevamente de manera conservadora, arreglado a otros fines: producir el desenlace en el siguiente periodo electoral. Los dirigentes mueven otras perillas, su excusa predilecta es la falta de condiciones para la lucha. La política se vuelve simulación y mero cálculo, desaparecen las apuestas y la potencia creadora queda apretada en bretes y nuevos chalecos de fuerza.

Sin embargo, las luchas sociales en Uruguay están llenas de otra tradición. Tenemos una larga memoria de luchas concretas y decisivas a partir de especificar claramente qué queremos impugnar o lograr. Luchas que producen mandatos, que organizan su máximo potencial para obligar a obedecer a gobiernos y patrones o para producir cambios de sentido general en la sociedad. En este caso, hasta hay una herramienta legal para la impugnación, ¿por qué desaprovecharla?

Todo indica que estamos en las puertas de una de las crisis económica más grandes de la historia, una crisis que seguramente será prolongada y paulatina. Quizás las próximas elecciones sean demasiado tarde para evitar las consecuencias sociales que se producirán si las derechas logran ajustar, aún más, la precaria vida de cientos de miles de personas. Es tiempo de poner límites.

Hay quienes aspiran, legítimamente, a un gobierno popular. En mi caso, tengo una aspiración más concreta: cuando el pueblo manda el gobierno obedece, gobiernen los compañeros o los patrones.