El jueves 24 de junio la Corte Suprema tomó la decisión de levantar la restricción para el uso de armas en espacios públicos y un día después la de derogar Roe v. Wade, eliminando el derecho a abortar a nivel federal. La secuencia dejaba un mensaje claro: la derecha ultraconservadora está dispuesta a usar la mayoría que cuenta en la Corte Suprema como legado de Trump (su “promesa cumplida” como ha dicho al comentar la decisión del viernes).

En dos días, sus prioridades políticas quedaron claras: promover las armas y cercar cada vez más la vida de las mujeres. Desde ese momento, el aborto quedó prohibido en los Estados que lo restringían o limitaban y se prevé que la mitad de los estados del país seguirán imponiendo formas de penalización y restricción. En los Estados menos conservadores, se están generando acuerdos locales y regionales para poder proteger el derecho a abortar, incluyendo a quienes vengan de los Estados que ya lo han penalizado. Se hace necesario hurgar, aunque sea de modo panorámico, en los diferentes elementos de este proceso que explotaron desde una Corte totalmente separada de las discusiones que vienen aconteciendo en las últimas semanas. Esto nos exige también visualizar caminos para las luchas en sentidos que vayan más allá de su instrumentalización inmediata por parte del oficialismo demócrata.

La eliminación de la restricción de armas en espacios públicos y la penalización del aborto a nivel federal cristaliza una intensa secuencia de muerte con su imaginario de masculinidad exacerbada junto al cercamiento cada vez mayor a la posibilidad de vivir y sostener la vida para las mujeres más afectadas por las políticas económicas del neoliberalismo. La avanzada del imaginario de supremacía blanca va tomando una fuerza contra-revolucionaria tras casi una década de protestas desde el inicio del movimiento múltiple que abrió #BlackLivesMatter en 2013 y que tan solo dos junios atrás, rompió a fuerza popular el cerco del encierro pandémico para salir a las calles tras los asesinatos George Floyd y Breonna Taylor a manos de la policía y gritar #DefundThePolice. El llamado venía del hartazgo frente al protagonismo que viene teniendo en este país la militarización de la policía, la ampliación galopante de mecanismos cada vez más sutiles de vigilancia policial y la imposibilidad para comunidades enteras de poder vivir una vida sin tener la cárcel y el asedio policial como parte de un destino casi previsible.

En este contexto, hay dos capas de hojaldre que se abren: una es la discusión que venía aconteciendo tras las investigaciones luego de la masacre en la escuela en Uvalde, Texas que dejó al descubierto la total inutilidad para desescalar la violencia por parte de la fuerza policial en un sitio en el que el 40 % del presupuesto local iba a la policía. El día de la masacre en Robb Elementary School, los policías y las fuerzas de la patrulla fronteriza (Border Patrol) esperaron afuera de una escuela mayoritariamente latinx sin intervenir, mientras un pistolero mataba a 19 niñes y 2 maestras. Dos años después del comienzo de las movilizaciones masivas exigiendo #DefundThePolice, los eventos en Uvalde dejaron claro, una vez más, las geografías de vidas “defendibles” desde un sistema cada vez más militarizado y violento hacia las personas de color, migrantes y disidentes. Esto está siendo un tema crucial porque desde el llamado #DefundThePolice, se va poniendo en evidencia la función letal selectiva de una fuerza que tiene sus orígenes en el sistema de la esclavización de personas en el país.

Con presupuestos gigantes dentro de las lógicas de seguridad, frente a la des-inversión en lo que se considera un “gasto” social (la salud, la educación, la vivienda y alimentación dignas), las semanas anteriores al jueves y viernes pasado, venían abriendo un debate crucial sobre la necesidad de legislar de una vez contra la portación de armas y de cuestionar la gran inversión policial. Frente a esto, una Corte que representa la avanzada ultraconservadora, tomó dos decisiones totalmente auto-referenciales sellando la política frontal de muerte y violencia. Un cruce parecido se había prefigurado ya en la legislación antiaborto de setiembre del 2021 en Texas, donde se escenificaba un escenario que iba más allá de la mera penalización del aborto porque abre también una cultura de la sospecha y la denuncia de todas las personas potencialmente cómplices y, por tanto, criminalizables.

La otra capa del hojaldre que mencionaba viene de una acentuada vigilancia y un proceso legislativo a nivel estatal que fue selectivamente controlando y criminalizando el mundo de la reproducción de mujeres pobres y de color en el país. Haciendo frente a esta línea, desde los años noventa, figuras claves del feminismo Negro empezaron a hablar de justicia reproductiva en lugar de solamente hablar de “derechos” reproductivos para abrir un marco de lucha implicando una cantidad de puntas que la limitación de la discusión sobre el aborto como “elección” dejaba fuera. Se incluía así no solo la defensa de la capacidad de abortar como derecho sino también las trabas enfrentadas cada vez más intensamente por mujeres pobres y racializadas para poder maternar y sostener una vida digna dentro de comunidades sostenibles –Ver la explicación que llevan a cabo desde SisterSong: “Reproductive Justice,”.

Una figura histórica desde los años setenta, Loretta Ross, explica que traer la palabra justicia reproductiva abre un marco más amplio “que subraya que para las mujeres indígenas y de color es igualmente importante luchar por (1) el derecho de tener hijes; (2) el derecho de no tenerlos; (3) el derecho a poder maternar así como también controlar las opciones para parir, como las parteras, por ejemplo.” Al vincular las discusiones sobre derechos reproductivos y justicia social, la lucha por la justicia reproductiva abría el espacio para un movimiento que hacía hincapié en al menos dos cosas: La primera, que para muchas mujeres, las políticas económicas del capitalismo racial fueron limitando la posibilidad de maternar, generándose incluso todo un mundo legislativo que diferencialmente fue vigilando y criminalizando la vida reproductiva, incluida la pérdida de embarazos. Las diferentes leyes sobre “feticidio” que empezaron a procesarse en diferentes estados conservadores fueron generando un asedio sistemático en la vida de miles de mujeres que, si perdían el embarazo, podrían recibir sentencias para pasar décadas en prisión. En un libro magistral, Policing the womb, Michelle Goodwin desarrolla un análisis situado en una serie de casos y luchas específicas, explicando el mundo casi de ciencia ficción del control minucioso de embarazos y la criminalización de su pérdida. Sobre este tema que es crucial poner en relación a la decisión del viernes pasado, ver la investigación e intervención de Lynn Paltrow a partir de National Advocates for Pregnant Women. Desde la Colectiva de investigación feminista/ Feminist research on Violencia, escribimos un panfleto analizando este proceso: Criminalization of pregnancy: a war on reproduction Es importante traer esto porque nos muestra un infatigable trabajo legal que viene sosteniéndose para encarcelar a mujeres pobres por perder el embarazo, incluyendo la moralización de sus conductas. Como argumentó Lynn Paltrow, al revocar Roe v Wade, estas políticas de persecución de embarazos que no llegaron a término podrán ahora intensificarse.

En segundo lugar, el debate reciente sobre las implicaciones de revocar “Roe” trajo al mapa algo de lo que no se habla casi y que tiene que ver con el “Hyde Amendment Act,” pasado en 1976 y ratificado por la Corte Suprema en 1980, donde a pocos años de legalizarse el aborto a nivel federal, se eliminaban los fondos para abortar de los presupuestos federales destinados al seguro médico público para personas de bajos ingresos. Eso permaneció vigente hasta el año pasado, cuando tras múltiples presiones por el carácter racista y clasista de esa medida, el gobierno de Joe Biden había creado un presupuesto que omitía la restricción de fondos.

Con variaciones respecto a si permitía o no el uso de fondos para casos de violación, incesto o condiciones serias de salud que peligraban la vida de la madre, el Hyden Amendment Act había convertido la posibilidad de tener acceso a un aborto seguro en un tema de clase social. Por cuatro décadas y media, quedaron sin cobertura para abortar en forma segura una cantidad de mujeres, las mismas que tendrían posteriormente recortados los fondos de asignaciones familiares para sostener a sus familias (elegidas o no elegidas).

La modificación de las asignaciones familiares aconteció en el momento en el que se pasó también el “Crime Bill” diseñado por Biden y establecido durante el gobierno de Clinton, aumentando el presupuesto para la “guerra contra las drogas” que, en un contexto de precarización de la vida, resultó en un aumento de encarcelamiento de mujeres a nivel nacional e internacional nunca antes visto en la historia. Al compás de esto, Estados Unidos tiene una de las tasas de mortalidad materna más alta de los países más ricos, refiriendo con esto la mortalidad de mujeres racializadas y pobres. Existe un cercamiento de las vidas y cuerpos de las mujeres que esta nueva decisión de la Corte viene a reforzar, pero cuya historia viene de más lejos. Volver a traer estos hilos al centro de la lucha por la justicia reproductiva es importante para fortalecer movimientos feministas y de mujeres capaces de dimensionar el derecho al aborto dentro de un mapa más grande de justicia social y sostenimiento de la vida de comunidades cada vez más criminalizadas.

Precarizar y criminalizar

Hay una imagen que menciona Amy Littlefield en su investigación sobre el grupo que ha ido sedimentando el sendero a la penalización del aborto, que se denominó por el fundador Alan Sears “ejército legal.” Se trata de la Alianza en Defensa de la Libertad (Alliance Defending Freedom) que ha ido generando los marcos legislativos para avanzar la agenda de la ultraderecha cristiana.

Con un presupuesto anual de 50 millones de dólares, el grupo legal transforma el campo legislativo en un territorio bélico en el que se establecen las medidas que van a afectar a los cuerpos que el sistema asedia, criminaliza, niega o “corrige” –como viene pasando con las legislaciones anti- trans en las políticas de conversión/corrección en las escuelas: en 2021, se avanzaron 100 proyectos legales anti trans en al país.

En un texto publicado el 30 de noviembre de 2021 en The Nation, Littlefield investigaba cómo en enero 2018, al delinear lo que sería Dobbs v. Jackson’s Women’s Health Organization, donde se prohibía abortar pasadas las 15 semanas de embarazo, se abría el mapa de la decisión tomada por la Corte el viernes pasado. Esa noción de un ejército legal condensa el tipo de intervención e imaginario legal que viene poniéndose en práctica desde las políticas económicas neoliberales, donde legislar se ha ido convirtiendo en un proceso simultáneo de, por un lado, recortar y precarizar las condiciones necesarias para la reproducción cotidiana de la vida, y, por otro, penalizar y criminalizar las vidas y comunidades asediadas política y económicamente por la ideología de supremacía blanca.

Si bien el mapa de una Corte cuya mayoría viene de una desconexión fuerte con la vida de comunidades y mundos ajenos a la visión del ideal de una nación blanca cristiana heteropatriarcal, los diferentes pliegues que pone en el tapete la decisión doble de la Corte dentro del mapa político muestran claves importantes para los movimientos feministas y antirracistas dentro de un horizonte de lucha por la justicia social.

La posibilidad de revertir la decisión de la Corte Suprema y de hacer frente a lo que sigue, que, según muchos analistas, serán los derechos de las personas queer y trans, necesitamos poder conectar las luchas, fortalecerlas desde horizontes más amplios. Frente a la precarización cada vez más intensa de las posibilidades de vida, los feminismos del sur hablan de una puesta de la reproducción social en el centro y esta es una fuerza inspiradora que tiene que llegar al norte como parte de la lucha por nuestros derechos reproductivos en un marco amplio de justicia social. Habitamos un momento crítico pero las crisis son también momentos en los que se abren muchas posibilidades para luchar. Es desde las luchas populares que los horizontes legislativos van a poder adquirir otros sentidos. 

Publicada originalmente en Página 12