El retorno del progresismo al gobierno en Uruguay está asociado a una serie de desafíos ambientales que tienen que ver con el cumplimiento del marco jurídico existente, el reconocimiento de diferentes lenguajes de valoración y la efectivización de la participación social en las políticas ambientales.

El primer ciclo de gobiernos progresistas de Uruguay tuvo como contexto internacional lo que Maristella Svampa denominó como el “consenso de las commodities”. Esta idea implicaba una nueva articulación regional económico productiva, que trascendía el denominado consenso de Washington, que caracterizó la adopción de políticas macroeconómicas a partir del influjo de las instituciones financieras como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, conocidas por sus impactos en términos de ajuste de los estados, privatizaciones de los servicios públicos y mercantilización de la vida.

A diferencia del consenso de Washington, que implicaba alineamientos ideológicos además de macroeconómicos, el consenso de las commodities reunía un mismo tipo de políticas de fomentos de actividades extractivas, primarización de las economías y dependencia de los mercados internacionales tanto a países conservadores como progresistas.

Luego Svampa junto a Slipak (2015) proponen considerar una transición de ese consenso de las commodities a un consenso de Beijing, destacando el rol central de China no sólo como mercado destino de las exportaciones de los países exportadores de materias primas, sino por su papel cada vez mayor en las Inversión Extranjera Directa de estos mismos países.

Más recientemente Bringel y Svampa (2023) han llamado la atención sobre un nuevo consenso: el de la descarbonización (que tiene que ver con todo el contexto de las nuevas tecnologías de producción de energía en el contexto global de la discusión sobre el cambio de la matriz energética para la disminución de las emisiones que agravan el cambio climático (o sea, la reducción de los combustibles fósiles y la utilización de las llamadas energías renovables).

A mi entender estos consensos se superponen sino que funcionan como diferentes capaz de profundidad y complejidad, partiendo incluso del original consenso de Washington. Pensemos en Uruguay: la centralidad del sector financiero, la desregulación y privatización (tercerización) del Estado es efecto de este primer consenso, la dependencia productiva que el país tiene con el agronegocio forestal o el agrícola son efectos del consenso de las commodities. Iniciativas como la construcción de un puerto aeroespacial (lanzamiento de cohetes) en la costa oceánica de Rocha por parte de capitales chinos es un efecto del consenso de Beijing y un ejemplo claro de los efectos del consenso de la descarbonización son las iniciativas de producción del llamado hidrógeno verde y sus derivados.

En un contexto internacional marcado fuertemente por estos consensos el nuevo gobierno de Uruguay enfrenta una serie de desafíos en lo que tiene que ver con la cuestión ambiental.

Lenguajes de valoración

Cuando se dan controversias o conflictos ambientales en general aparecen confrontadas diferentes cosmovisiones sobre la cuestión ambiental, que en general se corresponden con diferentes proyecciones políticas, sociales, éticas y económicas. A estas diferentes cosmovisiones y sus expresiones Joan Martínez Alier (2006) ha propuesto comprenderlas bajo la idea de lenguajes de valoración.

En los últimos años desde el Estado en sus diferentes niveles han predominado los lenguajes de valoración centrados en una visión económica reducida, centrada en lo monetario, en lo crematístico. Urge complejizar esa visión con una mirada que, aún siendo económica, de cuenta del valor que tienen determinados procesos ecosistémicos (la depuración de agua o la regulación climática de los humedales por ejemplo), bienes (el agua) o valores (otras formación de relación con la naturaleza más allá de su consideración como un recurso).

La decisiones que comprometan el futuro del país, la sustentabilidad en un sentido amplio, deberían dar la posibilidad a la expresión de los diferentes lenguajes de valoración y tender a establecer procesos de diálogo que permitan “hacer bien las cuentas” y no partir solamente de un aspecto visible del valor.

Derechos

Otro grupo de desafíos tiene que ver con la adecuación del marco normativo en temática ambiental a la normativa de derechos humanos. Este desafío debe incluir la posibilidad de considerar otro tipo de derechos que van más allá de los centrados en la persona humana. Existen avances en nuestro continente sobre los derechos de la naturaleza, como las normas incluidas en las constituciones de Bolivia y Ecuador a principios de siglo o el más reciente reconocimiento del Río Atrato, en Colombia, como un sujeto de derechos.

Pero más allá de esto y de la necesidad de actualizar el marco normativo que tenemos en el país en materia ambiental, el desafío más urgente es el cumplimiento de la normativa. Que se hagan efectivos los controles y fiscalizaciones previstas en las normativas, que las regulaciones existentes se apliquen.

Vinculado con los lenguajes de valoración, estos desafíos vinculados a los derechos permiten acordar y establecer jerarquías necesarias para avanzar en las políticas: los derechos humanos y los intereses colectivos deberían ser indiscutiblemente prioritarios frente a los derechos particulares y los intereses privados.

Participación social

En relación directa con el cumplimiento efectivo de ese marco normativo el otro gran desafío es la participación social. Desde la Constitución hasta las diferentes leyes y planes ambientales, pasando por un amplio cuerpo de normativas que se desprenden de los acuerdos internacionales ratificados por el Estado uruguayo, la participación social está prevista y consagrada no sólo con fines procedimentales.

Esto quiere decir que la participación social no puede ser una instancia formal para legitimar decisiones ya tomadas sino que debe ser parte sustancial de los procesos de toma de decisiones que afecten a las poblaciones en sus diferentes escalas, comunitarias, departamentales o nacionales.

Como establece la Ley Nacional de Aguas (18.610) la participación social debe ser “real y efectiva”, y esto debería tener valor no sólo para cuestiones relativas al agua sino también para iniciativas como la promoción de la agroecología, la energía, el hábitat y el ordenamiento territorial o la habilitación de emprendimientos extractivos.

Más allá de todos estos niveles, está claro que el rezago de la cuestión ambiental en la promoción de políticas productivas (por ejemplo, pensando en las competencias de los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca o de Industria) o infraestructurales (Transporte y Obras Públicas) requerirán de una transversalización de información, competencias y decisiones que el Estado no ha conseguido establecer pero que sin embargo si pueden encontrarse a nivel social, donde existen entramados colectivos que han aprendido a buscar información, compartirla y generar estrategias de acciones comunes.

Más que una amenaza, desde el Estado debería comprenderse que tener colectivos y organizaciones nucleadas en torno a temáticas y conflictos es uno de los grandes potenciales del país para hacer frente a estos desafíos.

Referencias

Brigel, Breno y Svampa, Maristella (2023) Del «Consenso de los Commodities» al «Consenso de la Descarbonización». Nueva Sociedad. Nro. 306. Acceso: https://www.nuso.org/

Martínez Alier, Joan (2006) Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad. POLIS Revista Latinoamericana. Universidad Bolivariana de Chile. Santiago de Chile.

Svampa, Maristella (2013) El consenso de las commodities. Nueva Sociedad. Nro. 244. https://www.nuso.org/

Svampa, Marsitella y Slipak, Ariel (2015) China en América Latina: Del Consenso de los Commodities al Consenso de Beijing. Revista Ensambles. Acceso: https://revistas.ungs.edu.ar/index.php/ensambles