Brasil: la justicia de los encorbatados
El juicio al expresidente Jaír Messias Bolsonaro y a su círculo más próximo en la preparación de un golpe de Estado que desconociera el resultado de las elecciones de 2022 fue acompañado en Brasil como quien asiste a un campeonato de fútbol. Es decir, los espectadores siguen el enredo con emoción, pero sin participación directa. Así como en el fútbol, los protagonistas del juicio, aquellos que hacen avanzar la trama, son un pequeño grupo. Y, como en los partidos de fútbol, los espectadores solemos identificarnos afectivamente con uno u otro equipo. Y así se monta el espectáculo.
É só caô caô pra cima do povo
Promessa de um Brasil novo
E uma política moderna
Mas só quando o morcego doar sangue
E o saci cruzar as pernas
Bezerra da Silva
Justiça maior é de meu pai Xangô
Justiça verdadeiraO seu brado é tão altoEcoa na pedreira
Ponto de Xangô
Volvamos un poquito atrás
El gobierno de Bolsonaro fue útil para acelerar el avance de las cadenas extractivas sobre el territorio brasileño. Pasó por arriba de los marcos regulatorios ambiental, laboral, indígena, ante la dificultad de conseguir mayoría parlamentaria para cambiarlos. Ya cuando asumió el gobierno, Bolsonaro dijo claramente que su papel sería el de demolición y no el de construcción de un nuevo proyecto de país[1].
Para poder apartar los obstáculos que impedirían a Bolsonaro ir al gobierno, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fue preso, con el voto de el Supremo Tribunal de Justicia (STF)[2], el mismo que hoy condena a Bolsonaro y los suyos. Contó también con la decepción de grande parte del electorado con la promesa petista del ascenso social por el camino del acceso al consumo. La propuesta alcanzó su techo de vidrio con los apretados márgenes del consenso neoliberal.
Sin embargo, y contrariamente a su expectativa, el núcleo de ultraderecha que llegó al poder ejecutivo tuvo que, como se dice, remar en dulce de leche, para imponer sus medidas. No tenía fuerza para, simplemente, prescindir del Congreso, y tuvo que ceder a la mayoría parlamentaria conocida como el “Centrão”, formada por políticos que se venden al mejor postor. Por ese motivo, lejos de impulsar reformas constitucionales, se dedicó a repartir recursos en cambio de apoyo parlamentario para, simplemente, poder gobernar. Tampoco encontraba apoyo incondicional de la derecha tradicional enquistada en el poder judicial. El sueño de gobernar sin precisar de apoyo de los otros poderes permanecía en el estímulo a una intervención militar, para la que encontró una base a la que movilizaba frecuentemente.
El golpe
Ante el fracaso electoral en 2022, con Lula ya libre y 700 mil muertos durante la pandemia, deflagró una operación que contó con prolongados campamentos de militantes bolsonaristas de base, patrocinados por empresarios de esos que encienden velas a varios santos, por las dudas. Y que demandaban intervención militar. La última cartada para convencer a los militares fue el asalto masivo de esos militantes a la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, una semana después de la asunción de Lula al ejecutivo. A pesar de la coreografía bien preparada, faltó el bailarín principal: las fuerzas armadas.
La pregunta es: ¿si no querían el golpe, por qué las fuerzas armadas permitieron los campamentos frente a los cuarteles y el asalto a la Plaza de los Tres poderes? Probablemente, se trató de un “mensaje mafioso”[3]. Permitiendo que las cosas llegasen tan lejos, las fuerzas armadas le ponían los puntos al nuevo gobierno de coalición (con representación en el ministerio del agronegocio, la minería y figuras de la derecha tradicional[4] -como la del vicepresidente Gerardo Alckmin), advirtiéndole que la carta del golpe permanecía guardada en la manga.
Los juicios a los golpistas
De los actores materiales del ataque a los edificios de los tres poderes el 8 de enero de 2023, el STF responsabilizó a 898 personas, y hasta ahora condenó a 371 a diversas penas. El juicio más esperado fue, sin embargo, el que culminó la semana pasada, a los actores intelectuales de la operación, después que una investigación reveló no sólo lo que ocurrió, sino las pretensiones que no llegaron a materializarse. Se trata del propio expresidente Bolsonaro, exministros (ambos militares) y una serie de oficiales de las diferentes fuerzas de seguridad, con penas que van de 16 a 27 años de pena en régimen cerrado, con la excepción del ayudante de órdenes, que sólo fue condenado a 2 años de prisión en régimen abierto, debido a su delación premiada.
La profusión de pruebas contra todos los condenados, lo que incluye el plan de asesinar presidente, vicepresidente y ministros del STF, ampliamente divulgadas a lo largo de los últimos dos años, no permiten dudas a propósito de sus intenciones. Las movilizaciones impulsadas por la ultraderecha durante estos años indican, sin embargo, que el apoyo al expresidente permanece. Se calcula en 50% el apoyo a la condena contra un 43% de opiniones contrarias[5]; 54% están contra la amnistía y 39% a favor[6].
El actual presidente Lula se ha manifestado durante todo este tiempo confiante en el protagonismo del poder judicial, en clara actitud de fortalecer las instituciones. En el STF predominó por 4 votos contra 1 la condenación[7]. Curiosamente, en el momento de la cuantificación de las penas, el relator del juicio, Alexandre de Moraes, quien era uno de los amenazados de muerte en el plan golpista, argumentó a favor de una pena más blanda al general Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional y excomandante militar de la Amazonía. Al hacerlo, destacó su papel como comandante de la misión brasileña en la ocupación de Haití, conocida como MINUSTAH. Ese detalle nos muestra la posición político-ideológica del relator.
Durante el proceso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó la imposición de 50% de aranceles a los productos brasileños con el juicio a Bolsonaro. Esto dio pie para que Lula se promoviese como paladín de la soberanía nacional y el orden republicano, que supondría la independencia del poder judicial.
La dinámica expoliadora del capital y el orden republicano
Aunque estos agentes de la ultraderecha hayan sido condenados, las consecuencias de su acción para acelerar el avance de la expoliación de los territorios no retrocedieron. Así como la acción de las dictaduras del Cono Sur, condenadas o no, permanece en el patrón de dominación que ellas instauraron.
Estos personajes son descartados, pero la derecha continúa presente en los tres poderes, responsabilizando a la ultraderecha de todos los males y sin mover un dedo para deshacer los efectos de su paso por el gobierno. Su condena provoca una catarsis, el alivio de la venganza personal. La derecha tradicional sale de este juicio con el baño de prestigio de haber librado al país de esta “excrecencia”. Mientras tanto, la minería y el agronegocio avanzan sobre los territorios sin pausa en su labor destructora, figuras menores del bolsonarismo se mantienen dentro de las instituciones y en las formaciones semiestatales de brutalidad contra los pueblos.
Es a esos pueblos que cabe el protagonismo en la defensa de los territorios.
[2] Ver: https://exame.com/brasil/como-votou-cada-ministro-do-stf-em-julgamento-que-definiu-prisao-de-lula/
[3] Ver: https://huelladelsur.ar/2023/01/13/brasil-mensaje-mafioso-o-una-mano-de-truco/
[4] Ver: https://quilomboinvisivel.com/2023/05/29/feito-acucar-na-chuva/
[7] Ver: https://g1.globo.com/politica/bolsonaro-condenado/
*Nota originalmente publicada en desinformemonos.org
