En la madrugada del 24 de marzo del año 1976, los militares argentinos desataron el enésimo golpe de Estado. No era un golpe más, no era obra de una facción militar, sino del conjunto de las  instituciones castrenses con sus mandos a la cabeza, con el respaldo del capital nacional e internacional, de la totalidad de la burguesía nacional junto a sectores de las clases medias, de la mayoría de los políticos y de la iglesia. De la brutal y sistemática represión que se desplegó durante siete largos años de oscuridad y silencio, dan testimonio los 30.000 desaparecidos, los  presos y torturados, los niños robados, los centenares de miles de exiliados y la práctica desaparición de toda una generación de luchadores.

Esta locura homicida ejercida sistemáticamente desde el poder del Estado sobresale cualitativamente todostoda la historia del país. Reflejaba la profunda crisis sistémica que obliga al Estado a violar sus propias y severísimas leyes represivas y a tornar institucionalmente, patrocinador, organizador y monopolizador de la violencia de forma brutal e ilegítima.

Hoy todavía perduran las huellas del golpe, por las dificultades para articular la resistencia al neoliberalismo y superar el temor que subsiste en amplias capas de la población. Los retrocesos en el nivel de vida, educación, salud y cultura que se iniciaron en aquellos años han continuado bajos los diversos gobiernos que se sucedieron. Demandar a la memoria de aquellos días, tratando de explicar lo ocurrido, es una vía necesaria para ubicarse de cara al difícil presente.

Desde la formación del Estado argentino y su fortalecimiento en los años 80 del siglo XIX, este refleja una clara definición de clases; que manifiesta  visiblemente  para la propia sociedad la centralidad del enfrentamiento entre capital y los sectores populares.  El ejército argentino cumplió una función decisiva en los orígenes de la acumulación originaria y en la consolidación y preservación de las relaciones de dominación y acumulación capitalistas, garantizando la continuidad de la relación de dominación. Tuvo un papel determinante con la conquista del desierto, que constituyo una guerra de exterminio contra las poblaciones originarias  de la pampa y el apoderamiento de sus tierras, fuente de una de las más fabulosas rentas agrarias en beneficio de  los miembros de la clase dominante.

El Ejército argentino tiene una larga tradición de servicio a las clases dominantes. Autor de las matanzas de la Semana Trágica de Buenos Aires en 1919 y de la Patagonia en la década del 20, donde varios miles de obreros rurales en huelga fueron fusilados. Estas Fuerzas Armadas formadas en la escuela prusiana, con fuertes simpatías fascistas y con un profundo desprecio por los sectores populares, la cultura, las artes. Siempre aliadas y al servicio de las clases dominantes, en particular de la oligarquía terrateniente, su rol desde su fundación  ha sido el de gran represor de los explotados y oprimidos, ya desde el siglo diecinueve con el exterminio de los pueblo originarios para facilitar el desarrollo de los inmensos latifundios pampeanos

Pero el ciclo histórico de los golpes de Estado, poniendo en evidencia el creciente intervencionismo de los militares en la vida pública arranca en 1930. Ya durante dicha intervención  se dio la creación a la Sección Especial de la Policía Federal, especializada en combatir al comunismo y dirigida por Leopoldo Lugones (hijo), conocido por innovar con el uso de la picana eléctrica durante los interrogatorios a prisioneros políticos.  De allí en más la tortura se convirtió en una modalidad sistemática.

El golpe de 1943 tiene lugar en circunstancias atípicas. En medio de la Segunda Guerra Mundial,  debilitados los lazos con Gran Bretaña, y en crisis la principal fuente de ingresos externos del agro, con un fuerte desarrollo de la industria sustitutiva de las importaciones inexistentes y en crisis el sistema partidario por las divisiones respecto de la guerra y el modelo de país a desarrollar, el ejército asume un rol bonapartista de arbitraje y control de la sociedad en beneficio de los sectores dominantes.

En ese periodo los militares vislumbran el peligro de una explosión social incontrolable en el marco de una postguerra particularmente crítica, con una clase obrera en rápida expansión e inician una experiencia inédita en Argentina: un ejército y gobierno  aplicando al mismo tiempo medidas de ayuda social, legislación laboral avanzada y sindicalismo estatizado. El entonces coronel Perón dirigió esa política que culminó en 1946 con su elección como presidente. Estos hechos serán decisivos para la formación de una memoria histórica que básicamente aún hoy perdura asociando peronismo y bienestar social. Se consolida en estos años la unidad entre Perón, con el  movimiento obrero gracias a las notables mejoras obtenidas. El resultado fue una paz social de varios años, altamente apreciada por la patronal y todos los sectores dominantes, incluido el ejército y la iglesia.

Esta situación comienza a cambiar en 1953, cuando ya reconstituidas las redes del comercio internacional y ejerciendo Estados Unidos su rol dominante en América Latina, presionar a la Argentina. En el frente interno, la alianza de los partidos políticos opositores, la iglesia y sectores de las fuerzas armadas con los representantes norteamericanos contribuye a deteriorar la situación ya difícil por la crisis económica y la presencia de una incipiente protesta de sectores sindicales.

En junio de 1955 la Marina lanza un golpe, una demostración que, la práctica represiva no fue privativa de instituciones de encierro, como las cárceles, sino que tuvo diversas manifestaciones en el espacio público, el bombardeo protagonizado por 29 aviones de la Marina a una concentración de civiles en Plaza de Mayo, a la Casa de Gobierno y a residencia presidencial dejó un saldo de más de 300 personas muertas y cientos de heridos, en el intento frustrado de clausurar el capítulo peronista de la historia argentina.

El golpe de 1955 triunfa en su segundo intento en septiembre de ese año y se caracteriza por lo cruento de su accionar, al atacar brutalmente barrios obreros de Rosario y Avellaneda, fusilar a militares y civiles peronistas, intervenir sindicatos y prohibir de hecho la actividad sindical. Este hecho inició una proscripción de 18 años del partido político que representaba a la mayoría popular. A la proscripción política le siguió el secuestro del cadáver de Eva Perón, la represión a los cuadros del movimiento y el esfuerzo por «desperonizar a la sociedad» por la fuerza, llegando incluso a prohibir el nombre propio del líder y las alusiones al «peronismo», que fueron vedados por decreto.

Con este golpe se retoma el rol histórico de las fuerzas armadas al servicio directo de las clases dominantes y de sus planes económicos y se establece una fuerte ligazón con los militares de Estados Unidos que ya no se abandonará. Las Fuerzas Armadas introducen así la violencia institucional contra las masas desarmadas, que dará lugar luego a sucesivas respuestas populares. El peronismo se derrumba sin oponer resistencia ante el golpe. Entonces comenzó su proscripción como movimiento y el exilio de Perón que duró hasta 1973, lo que consolidó su carácter de líder de los humildes.

Es a comienzos de 1956 cuando surge la resistencia, consistente en una reorganización del movimiento sindical y en la colocación masiva de bombas fabricadas artesanalmente, con escaso poder destructor y prácticamente sin causar víctimas. En su inmensa mayoría los participantes de la reorganización sindical eran peronistas, aunque también participaron diversos sectores de izquierda (trotskistas de Palabra Obrera y otros). El peronismo institucional, los ex altos cargos del Gobierno y el sindicalismo, salvo contadas excepciones, brilló por su ausencia en este proceso.

El uso de la fuerza corporativa convivió con el recurso a la violencia como alternativa natural. La resolución sangrienta de la sublevación civil y militar de junio de 1956 marca otro hito en esta dinámica social. La rebelión peronista, protagonizada fundamentalmente por suboficiales del ejército con apoyo y participación civil se inscribía en el contexto de una resistencia obrera suficientemente organizada como para poner en práctica todo un dispositivo de protesta: huelgas, sabotajes a la producción y acciones armadas. Las alianzas tejidas entre sindicalistas y militares tuvieron una respuesta implacable por parte del gobierno militar en ejercicio, que decretó la ley marcial, aplicó un procedimiento sumario y condenó a fusilamiento a los líderes y sospechosos de rebeldía.

El resultado fueron 27 fusilamientos, un escándalo, que pasaría a la historia con el nombre de «operación masacre», acuñado por el periodista Rodolfo Walsh, quien denunció la ejecución del general Juan José Valle, quien asumió públicamente la responsabilidad del levantamiento y fue fusilado por fuera del plazo de vigencia de la ley marcial; el fusilamiento del teniente Alberto Abadie, arrancado del hospital donde se encontraba recuperándose y el secuestro de una decena de obreros peronistas sacados de su domicilio, llevados a los basurales de José León Suárez y masacrados.

A pesar del estado público de tales sucesos, se puso en marcha un proceso de sofisticación burocrática del aparato represivo que de aquí en más creció, independientemente de si se trataba de gobiernos militares o civiles. Los gobiernos electos de Frondizi (1958-1962) e Illia (1963-1966), que surgieron de este proceso, debieron convivir con el corset de una libertad vigilada, tensionada por la sucesión de planteos militares que, finalmente, se concretaron en golpes de Estado que dieron por término sendos períodos.

Así, un sinnúmero de militantes peronistas fueron detenidos bajo las disposiciones de seguridad puestas en vigencia durante el gobierno de Frondizi. La medida más relevante fue la aplicación en 1960 del Plan CONINTES (Conmoción Interna de Estado) que habilitaba amplias atribuciones a las fuerzas armadas para combatir a los «elementos» que crearan «disturbios internos».

Solidariamente, a tono con el clima de Guerra Fría imperante, se inaugura en Buenos Aires, en 1961, ante la presencia del presidente Frondizi, un curso interamericano de guerra contrarrevolucionara en la Escuela Superior de Guerra, con la participación de instructores franceses, experimentados en los conflictos de Vietnam, Indochina y Argelia. Las relaciones entre militares argentinos e instructores franceses se nutrieron tanto de este espacio institucional de intercambio abierto en la sede del ejército como de las relaciones informales entabladas con los oficiales franceses que, contemporáneamente, ingresaron al país de manera clandestina, huyendo de sus condenas a muerte en Francia por su participación en la Organización de la Armada Secreta (OAS).

En paralelo se profundizan las relaciones entre los militares argentinos y norteamericanos. Obedeciendo a la presión del ejército, el presidente Illia firmó en 1964 un tratado de asistencia militar con Estados Unidos por medio del cual el país recibirá materiales por la suma de 18 millones de dólares entre 1964 y 1965. Este tratado se sumaba a las relaciones de intercambio doctrinario entablado en torno a los cursos impartidos desde la Escuela de las Américas, abierta en 1946. Ambas escuelas, la francesa y la norteamericana, fueron decisivas en la consolidación de una competencia profesional en técnicas de guerra contrarrevolucionaria.

El general Onganía toma el poder con el apoyo mayoritario de la burocracia sindical y la crisis interna del movimiento peronista se agudiza. La represión se desata brutalmente sobre el movimiento estudiantil y contra los movimientos de huelgas obreras. A partir del golpe de Onganía una serie de acontecimientos jalona el camino de un ascenso de las luchas populares que se sucederían hasta 1975 con algunos altibajos y que básicamente rechazan la intervención militar y defienden las conquistas de los trabajadores.

El golpe de Estado de 1966-1973 inaugura la modalidad represiva de desaparición de personas, aunque practicada de manera esporádica y sin llegar a cristalizar un modus operandi . Entre 1970 y 1972 se produjo alrededor de una docena de desapariciones. El régimen inicia, también, un nuevo formato de intervención, que deja de ser transitorio entre un poder civil y otro, para estar fundado en un proyecto refundacional de la política y la sociedad, con metas sin plazos, orientado a institucionalizar la función tutelar de la corporación militar en el Estado.

Al mismo tiempo, en el clima triunfante de la revolución cubana, la lucha por  la vía insurreccional se instala socialmente como una alternativa plausible y legítima para oponerse a la represión militar e instrumentar el cambio social. Las organizaciones armadas ensayan sus primeras acciones entre 1968 y 1970.

En paralelo, entre 1969 y 1971 tiene lugar un ciclo de luchas obrero-estudiantiles; especialmente en Córdoba, Tucumán, Rosario y Mendoza; que señalaron «el principio del fin» del gobierno del gral. Juan Carlos Onganía, finalmente la repercusión social del asesinato del general retirado Pedro Eugenio Aramburu, en junio de 1970, logró ponerle definitivamente término. La renovación de la figura presidencial, ahora ocupada por el gral. Roberto Levingston, fue seguida de un cambio de políticas a partir de la adopción de medidas de apertura y liberalización del régimen.

Sin embargo, la búsqueda de una solución política no impidió nuevos episodios de violencia represiva. En agosto de 1972 se produjo el intento de fuga de prisioneros políticos de Montoneros, del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAR), reclusos en la prisión de Rawson, resultó en buena parte fallido y desencadenó la llamada «masacre de Trelew». 16 de los 25 que habían planeado la huída no consiguieron alcanzar el avión que los esperaba en el aeropuerto de Trelew, fueron obligados a rendirse, llevados a la base Almirante Zar y fusilados clandestinamente. Estas ejecuciones ilegales fueron acompañadas de asesinatos (alrededor de 100), detenciones y torturas (500 aproximadamente), perpetradas durante todo el período 1966-1973. La represión ilegal convivió con una estrategia de creación de dispositivos legales orientados a darle legitimidad juridica. En mayo de 1971, por medio de la ley 19.053, el presidente militar Alejandro Agustín Lanusse dio creación a la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, con competencia en todo el territorio nacional para juzgar en única instancia a delitos que atentaran contra el «sistema institucional argentino y que afectan de manera directa los más altos intereses nacionales».

Luego de la victoria electoral del peronismo en 1973 y su retorno al poder, se produce La «masacre de Ezeiza», con ocasión de la ansiada vuelta de Perón, después de 18 años de exilio, se convirtió en un escenario para atacar a los sectores «revolucionarios» del peronismopor parte de las expresiones más «ortodoxas» ligadas a la «burocracia sindical» y la derecha fascistoide. Rápidamente, el líder en ejercicio de gobierno inclinó la balanza en favor de los segundos. La medida emblemática fue la reforma del Código Penal que introdujo, para las acciones guerrilleras, penas más severas que las vigentes bajo el régimen militar anterior y habilitó, a su vez, la represión de las huelgas consideradas ilegales; paralelamente comienza a actuar la organización paramiliar de extrema derecha.

La extrema derecha del peronismo que controlaba el aparato del Estado, unida con sectores de la burocracia sindical y política, así como policías y militares adictos al régimen, desataron la guerra sucia contra la oposición sindical y política, con el conocimiento y beneplácito del ejército y del Gobierno. A lo largo de tres años, comenzando en 1973, primero en forma anónima y luego bajo la sigla de las AAA (Alianza Anticomunista Argentina) asesinaron a mas de 2.000 dirigentes y activistas y realizaron numerosos atentados contra locales sindicales y políticos progresistas. La jefatura de esta siniestra organización era detentada por López Rega, ministro de Bienestar Social y hombre de confianza de Perón y por José Rucci, secretario general de la CGT. La dirección operativa fue confiada al comisario Villar, jefe de la Policía Federal, quien aportó los recursos de esta poderosa institución. Las listas públicas de condenados por las AAA fueron la causa de numerosos exilios desde ese año, así como de abandono de domicilios y puestos de trabajo, contribuyendo grandemente a desorganizar el movimiento popular. En las postrimerías de esta etapa, en 1975, el Ejército de la guarnición de Córdoba puso en marcha el Comando Libertadores de América, versión castrense de las AAA que operó esencialmente en esa provincia y con directa participación de personal militar.

Hacia finales de 1974, es asesinado uno de los mandos del aparato represivo, el jefe de la Policía Federal, Alberto Villar, tuvo como resultado político la declaración de Estado de Sitio, a la par que se multiplicaron las detenciones de personas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) llegando a alcanzar la cifra de 5.182 casos al momento del golpe de Estado de 1976. La declaración, en 1975, del decreto-presidencial Nº 261 (05/02/1975), refrendado por el Congreso, ordenando el «aniquilamiento del accionar subversivo». Medidas, de este tipo, tomadas bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón, permitirían la incorporación de las bandas -antes paramilitares- a las filas de una burocracia represiva especializada. El llamado Operativo Independencia, implementado en Tucumán, ensayaría en una pequeña escala procedimientos de represión clandestina que serían amplificados y perfeccionados durante la última dictadura militar.

Demás está decir que esta guerra sucia fue acompañada por una espiral de represión abierta contra las luchas populares, en un accionar combinado de la burocracia y la policía. La situación era contradictoria: por un lado todas las organizaciones populares jaqueadas por la represión y debilitadas por los asesinatos, despidos y medidas obligadas de seguridad que conllevaban pérdida de puestos de trabajo y de protagonismo sindical o político. Por otra parte, un movimiento sindical antiburocrático y clasista en ascenso, con organismos alternativos en proceso de crecimiento pero sin una dirección centralizada y fuertemente hostigados por la guerra sucia.

De todas formas,  la mayor de sus preocupaciones y desde luego de la patronal y los políticos del sistema, era la radicalización de los trabajadores y amplias capas populares. Fallecido Perón, desprestigiados al máximo sus sucesores políticos, en retroceso la burocracia sindical, había un campo despejado para que la vanguardia sindical y política jugara un rol protagónico en las luchas sociales que sin duda se avecinaban. Los ejemplos de El Cordobazo y de las grandes huelgas generales, el surgimiento de las coordinadoras en pleno Buenos Aires, la presencia del sindicalismo clasista, la radicalización de amplios sectores medios, todo ello posiblemente unido en el futuro a nuevos brotes de luchas populares, era lo que más los impulsaba a buscar una solución definitiva.

Simultáneamente los grandes patrones del agro, la industria y la banca reclamaban insistentemente paz y orden, y la aplicación sin trabas de un plan económico que el ministro peronista Rodrigo había intentado imponer sin éxito, jaqueado por las luchas del 75. La crisis de credibilidad del corrupto e incapaz Gobierno de Isabel y el debilitado accionar de la guerrilla fueron excusas válidas, ensalzadas por los medios de comunicación, para desencadenar el golpe. Las características de éste dan cuenta de la gravedad que los mandos atribuían a la situación. Por ello el golpe no fue de un sector de las fuerzas armadas, sino de Ejército, Marina y Aeronáutica unidas, con todos sus efectivos y bajo el mando de sus cúpulas y sus comandantes en jefe, con el apoyo de todos los sectores del poder económico y del imperialismo.

El aparato represivo que actuó durante la última dictadura militar comenzó a ser montado durante los años previos al golpe de Estado de 1976. Durante el tercer gobierno peronista, en un marco de creciente conflictividad social, crisis económica y política, se puso en marcha un dispositivo represivo. En este contexto desde el aparato estatal se impulsó una serie de medidas de corte represivo que incluyó no sólo el accionar de grupos paraestatales sino también una serie de reformas legales que sancionaban tanto a las actividades guerrilleras como a las acciones impulsadas por las bases obreras. Por otra parte sectores partidarios y gremiales se hicieron eco de la lucha contra la “subversión”.

Durante este periodo se produjeron transformaciones operadas  dentro de las FFAA observamos que en un escenario mundial de guerra fría, y en un contexto nacional marcado por la agudización de la lucha de clases, permitieron organizar lo que luego sería el aparato burocratico y la maquinaria represiva  así como formar parte activa, durante los últimos meses de gobierno peronista, de la represión al  denominado “enemigo interno”.

Es importante destacar el papel de la propaganda previa instalado por,  los medios masivos de comunicación,   los distintos  pronunciamientos públicos realizados por miembros de las FFAA,   y  por personalidades del campo de la política, caracterizando  a los luchadores populares como el enemigo interno, como cáncer, flagelo, delincuente, subversivo, infiltrado, etc., que  apuntaba a la deshumanización del adversario. Así a partir de esta trama que incluyó  al aparato estatal, los partidos políticos, el ejército y la burocracia sindical, se fue preparando el campo para el momento en el que las fuerzas de seguridad en su conjunto, debieran ejecutar la orden de exterminio.

Cabe formular una pregunta inicial, ¿qué necesidad tenían las fuerzas armadas de producir una ruptura del orden constitucional y un genocidio de las dimensiones conocidas, asumiendo los militares la responsabilidad directa del gobierno?. El por qué del golpe. La respuesta es compleja y el camino elegido surgió de todas las anteriores experiencias de los militares. Tanto en el golpe de 1955 como en el de 1966, las luchas populares y nuevas formas de organización surgieron a poco de haberse impuesto el golpe, pese a la represión inicial. La violencia institucional represiva fue respondida de forma creciente por una violencia popular más y más desarrollada. Por otra parte el entorno latinoamericano intranquilizaba a los altos mandos castrenses. La presencia cubana y las numerosas guerrillas que en los 60 y 70, la frustrada presencia guerrillera del Che en Bolivia, a las puertas mismas de Argentina, les hacían temer el peligro de un contagio incontrolable de rebelión popular.

Los planes operativos se prepararon meses antes, con asignación de zonas y tareas para cada cuerpo y oficial de mando. Se desató una operación de guerra psicológica a través de todos los medios que logró que una parte de la población viera con simpatía, o al menos con alivio, la intervención militar. Y en el plano económico se designó como responsable máximo a José Martínez de Hoz, un típico representante de las clases dominantes argentinas, que unía en su persona las características de gran terrateniente de familia tradicional y empresario, además de ser partidario de la aplicación de un plan neoliberal.

La represión se planificó teniendo como principal objetivo sembrar el terror en la población, al tiempo que desarticular las organizaciones populares, en primer lugar las sindicales combativas. Además de la ocupación permanente del territorio por las fuerzas represivas, se instauró un sistema operativo consistente en el allanamiento y detención de personas totalmente clandestino, con agentes no identificados ni uniformados, con extrema violencia, seguido del secuestro, tortura y muerte del detenido y finalizando con el secreto sobre su destino. Numerosos campos de detención y tortura se instalaron en dependencias militares y policiales, desde los cuales se disponía el destino final de los secuestrados.

Los fusilamientos y enterramientos clandestinos, los vuelos arrojando a personas vivas al mar, la quema de cadáveres de muertos en la tortura, el simulacro de muerte en enfrentamiento, son varias de las formas elegidas para mantener el secreto sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Incluso con los presos políticos legales procedentes del período anterior al golpe se siguió una política de durísimo hostigamiento, que en algunos casos terminó en suicidio o en asesinato directo, previo traslado fuera de la cárcel, disfrazado de intento de fuga u otro pretexto. El cierre casi perfecto de este plan estaba dado por el pacto de sangre de toda la oficialidad, que rotativamente participó en las torturas y crímenes cometidos, y ante los cuales daban el ejemplo los máximos jefes visitando las salas de tortura y los campos de detención ilegal, e incluso participando en las ejecuciones sumarias.

No faltó en este operativo siniestro el apoyo espiritual de la Iglesia católica, que a través de sus capellanes confortaba a los que regresaban de sus misiones asesinas, y que desde su cúpula de cardenales y obispos protegió y ocultó los crímenes que se cometían, rechazando los pedidos de ayuda que formulaban los familiares de los desaparecidos. La patronal por su parte contribuyó entregando listas de activistas e incluso de trabajadores rebeldes o de los que sustituían como delegados a los caídos. Muchos fueron detenidos directamente en las oficinas de personal donde habían sido citados por los directivos de la empresa. En cuanto a los partidos políticos, además del apoyo implícito o explícito que brindaron a la dictadura, fueron muchos los conservadores,  radicales y justicialistas, que participaron directamente en puestos de gobierno.

El ejército ejerciendo las funciones de administrador y garante del Estado no es la culminación de la fuerza  de las armas,  sino que   es parte fundamental del poder organizado y concreto de la clase dominante,  que actuaba  ante las periódicas crisis de dominación. La crisis central del Estado se ubica, en la relación  de  explotación y no como una competencia entre las distintas facciones burguesas. La historia Argentina desde la Libertadora hasta la Dictadura genocida osciló  permanentemente entre una crisis de acumulación y una crisis de dominación, que culminó con  la combinación de ambas., llevando  a la crisis del Estado, y al choque frontal entre el movimiento obrero, junto con otros sectores populares que  se niegan a subordinarse al orden  burgués. Profundizando  la  crisis al sistema de dominación y al Estado.

Serán las Fuerzas Armadas  durante el  Proceso de Reorganización Nacional que tratará de resolver la crisis del Estado argentino, de todo el modo de dominación y de los fundamentos de las relaciones de dominación entre las clases populares con respectos a las distintas facciones de la clase dominante en el seno  de la sociedad; utilizará para ello una represión que  sobrepasara  los términos de la razón humana. En definitiva la dictadura genocida será la  reacción de la totalidad de la clase dominante que veía amenazado su poder.

Los planes económicas del superministro de la dictadura, José Martínez de Hoz, fueron un intento  coherente, desde el punto de los intereses de la alianza entre la burguesía agraria, la gran burguesía, las multinacionales y el capital financiero nacional e internacional, de dar una solución permanente a la crisis de acumulación y a la necesidad de una nueva inserción del capitalismo argentino en el mercado mundial. Recordemos que el accionar represivo de las Fuerzas Armadas tuvieron como objetivo central a la clase obrera, la mitad de los desaparecidos son trabajadores industriales. Este accionar  homicida centrado en los obreros  industriales fuè la personificación material del despotismo del capital.

Junto con el objetivo de implantar un terror permanente, las fuerzas armadas pretendían hacer desaparecer el recuerdo de los activistas y sus luchas. Contribuyó a sus propósitos un numeroso sector de la población que no quería enterarse de lo que ocurría y prefería la comodidad de preservar su situación personal antes que comprometerse en la lucha contra la injusticia, siquiera fuera a nivel de los más elementales derechos humanos. Durante años el recuerdo de lo ocurrido y la reivindicación de los caídos corrió por cuenta de un número reducido de personas muy valientes, que asumieron el hecho de que no tenían nada que perder: las Madres de Plaza de Mayo. Algunas de ellas perdieron lo único que les quedaba, la vida, ya que fueron también secuestradas y asesinadas. No obstante persistieron en su denuncia, y con su presencia cada jueves en la Plaza lograron mantener viva la memoria.

Cada 24 de marzo, la memoria de la generación desaparecida renace con fuerza. Hoy, el Gobierno de Macri, aplica la línea económica neoliberal, como pretendió hacer Rodrigo, el ministro de Isabel. La misma política económica y social que aplicó Martínez de Hoz bajo la dictadura y que  los gobiernos posteriores contribuyeron de diversa forma a mantener. El resultado es; la baja brutal del nivel de vida para la mayoría y un enriquecimiento enorme de una ínfima minoría, el gran capital y sus personeros del Gobierno. La educación, la sanidad, la cultura, la vivienda han pasado a ser privilegios de minorías. Para garantizar ese orden, se refuerza el aparato represivo que  se enfrenta a las luchas populares.

Existe un hilo conductor del pasado y el presente que se encuentra en la lucha por la dignidad y la justicia, por  la necesidad de rediscutir  y rehacer  aquellos sueños de revolución. Una huella que se expresa en la resistencia y las luchas populares;  salvada del olvido y la represión en la ronda de los jueves, abonada en cada lucha por salario, techo, salud, educación, justicia, que se libra por más que las fuerzas sean desiguales, ensanchada por generaciones de jóvenes que quieren cambiar esta realidad. El compromiso antes, durante 43 años, después y para el futuro, es enorgullecemos de nuestro pasado-presente de lucha, denunciar a los asesinos y sus cómplices donde se encuentren, a la vuelta de la esquina o en la casa de Gobierno, sabernos parte de una historia de luchas que llegará a su madurez si no abandonamos esta huella.