¿Qué beneficios y perjuicios traería para Uruguay una tercera planta de celulosa? Zur recogió las opiniones de colectivos sociales y de investigadores especializados en un reportaje especial. Las respuestas ahondan en la incertidumbre de lo bueno y la certeza de los perjuicios. Mientras el gobierno dice que la negociación avanza, la empresa emitió un comunicado en el que ubica la concreción de esta inversión como una posibilidad a considerar en 2019.

En las últimas horas ha circulado un comunicado oficial de la empresa finlandesa UPM en el que sostiene que la eventual construcción de una planta de celulosa (la segunda) en Uruguay es una posibilidad que se considerará en 2019 luego de cumplirse una serie de factores, entre los cuales se encuentra el desarrollo de importantes obras de infraestructura vial y portuaria. Por su parte el gobierno uruguayo continúa difundiendo la tesis de la inminente firma del acuerdo de inversión con la empresa, que se encuentra definido en un “99,9%” en palabras del propio presidente Tabaré Vázquez días atrás.

Zur realizó un reportaje especial para reunir elementos acerca de los eventuales impactos -positivos y negativos- de la instalación de UPM así como del proceso de negociación con el estado. Para ello consultamos a dos colectivos sociales nacionales y a dos especialistas extranjeros. Compartiremos a continuación las opiniones de la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales y de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, por un lado, y de los  investigadores Daniel Renfrew (Estados Unidos) y Pierre Gautreau (Francia).

La Asamblea Nacional Permanente (ANP) en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales es el colectivo que nucleó la resistencia al megaemprendimiento minero de Aratirí y que ha realizado 9 marchas nacionales sobre Montevideo instalando el rechazo a los emprendimientos extractivos en la agenda pública.

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) es el colectivo que llevó adelante el plebiscito del año 2004 que consagró el derecho humano al agua en la Constitución del país. Está integrada por diferentes organizaciones, entre ellas la Federación de Funcionarios de OSE.

Daniel Renfrew es antropólogo y trabaja en la Universidad de West Virginia en Estados Unidos. Ha investigado sobre procesos de injusticias ambientales en Uruguay, como la contaminación por plomo en La Teja, y los recientes procesos de resistencia a las actividades extractivas.

Pierre Gautreau es geógrafo y trabaja en la Universidad París 1 (Panteón Sorbonne). Ha investigado sobre el monte nativo y sobre las políticas de promoción de la forestación en los países del Cono Sur. En 2014 publicó en Montevideo, con la editorial Trilce, el libro Forestación, territorio y ambiente. 25 años de silvicultura transnacional en Uurguay, Brasil y Argentina.

Desde su área de saberes ¿cuáles son los beneficios y los perjuicios de este emprendimiento para Uruguay?

CNDAV: Todas las cuestiones que generalmente son señaladas como beneficios de una nueva planta de celulosa tienen que ser enmarcadas en un contexto: el de un modelo forestal celulósico impulsado por este gobierno que es semejante a los modelos extractivistas de toda América Latina. O sea, “ventajas” estratégicas para el país no existen. Lo que se maneja en relación a las fuentes de trabajo que generará la construcción de la planta es lo que habitualmente se dice “pan para hoy y hambre para mañana”, aunque lamentablemente es uno de los puntos que más atrae a las poblaciones del interior por la ausencia de alternativas de empleo. Con el aumento del PBI sucede lo mismo: no dicen que de ese aumento no queda nada en el país.  Todo lo que trae es desventajas, es un proyecto nefasto para el país desde el punto de vista estratégico.

Uno de los principales elementos a señalar como desventajas es la profundización del acaparamiento de tierras en manos de empresas transnacionales. El nivel de extranjerización y concentración de la tierra ha llegado a niveles increíbles. Eso implica una pérdida de soberanía sin precedentes. Para un gobierno que se plantee una reforma agraria -por ejemplo- es una contradicción. Entre forestación y soja estamos cerca de las 3 millones de hectáreas. O sea, perjuicio económico, pérdida de soberanía, efectos sobre el medioambiente,  pero al mismo tiempo una profundización de la dependencia de nuestro país.

Daniel Renfrew: Con cualquier proyecto de desarrollo, y más aun con los proyectos a gran escala, considerar los beneficios y los perjuicios que genera depende del punto de vista o la perspectiva de arranque con que uno lo mira.  Preguntar si sirve ‘para Uruguay’ en mi juicio presume una homogeneidad falsa.  Los grandes proyectos de desarrollo tienen posibles impactos positivos y negativos en los rubros de economía, ambiente, comunidad, sociedad, política, lo jurídico, etc.  Lo que pueda traer supongamos de beneficio en cuanto a generación de renta, impuestos, empleos, o aumento del PBI, por ejemplo, trae también perjuicios si a la misma vez contamina al medioambiente, o desplaza a poblaciones, o las enferma, o fragmenta al territorio, o transfiere el poder y la soberanía a terceras partes, o perjudica el trabajo de otros, etc.  Lo más grande que es un proyecto de desarrollo, más tendencia tiene de crear o amplificar tanto los beneficios como los perjuicios.  Entonces ahí se convierte en un tema netamente político: ¿Quién tiene el poder de decidir si un proyecto avanza, sabiendo los posibles daños que causará? ¿Quién decide cuáles serán sus zonas de sacrificio? En otras palabras, hay que evitar homogeneizar el análisis y siempre preguntar, ¿un desarrollo para quién?

Se complica también cuando se utiliza por ejemplo la estadística para determinar los beneficios y perjuicios (ej. Este proyecto creará X puestos de trabajo).  Aunque tiene gran poder analítico, se tiende a fetichizar la estadística (darle un sentido mágico o todopoderoso) reduciendo fenómenos que son sumamente complejos a números simples y manipulables que terminan en un juego de suma cero. 

Pierre Gautreau: Basándonos en las experiencias previas de plantaciones de árboles y construcción de plantas de celulosa en Uruguay, podemos decir que participaron del aumento del PIB agropecuario durante la década del 2000, y que generaron una relativa diversificación de la matriz productiva agropecuaria, lo que habría contribuido a cierta estabilización del nivel de empleo agropecuario. Los  «beneficios» de este tipo de emprendimiento se pueden por ende medir, más que nada, en términos macroeconómicos para el país. Dicho esto, no conozco investigación seria (o sea independiente de los partidos políticos y de las corporaciones afines que defienden a la silvicultura y la producción de celulosa) que demuestre que la implantación del modelo uruguayo de «forestación» haya redundado en claros beneficios respecto a escenarios alternativos como, por ejemplo, la modernización de la ganadería. Mucho más evidentes y comprobadas son las consecuencias negativas de dichos emprendimientos para el país. La principal es para mí la conformación de inmensos latifundios en manos de pocas empresas, que logran con esto un poder político al tener influencia directa sobre el precio de la tierra, que pueden negociar la construcción de infraestructuras de transporte con fondos del Estado, que impactan sobre el ordenamiento territorial del país de forma oculta y poco democrática. Luego tenemos la participación de la silvicultura al vaciamiento del campo uruguayo. Aunque el sector no sea el único responsable de la reciente desaparición de los pobladores rurales, tuvo un claro impacto en el aumento del precio de la tierra y en la fragilización de los productores familiares en el país (tanto arrendatarios como propietarios). En particular, la silvicultura entro en clara competencia con la ganadería ovina y bovina familiar, en espacios donde aún existía una red social rural relativamente densa. Este tipo de emprendimiento contribuye para mí a fortalecer un modelo de país donde el campo es un mero productor de divisas, y no un espacio de vida para su gente. El campo uruguayo pasa a ser un eslabón en una división internacional del espacio, con un vaciamiento de sus funciones sociales y culturales a favor de una especialización productiva destinada al exterior del país. Todo ello cobra particular relevancia cuando sabemos que las plantas de celulosa, que legitiman el modelo silvícola uruguayo, operan en régimen de zona franca: de esta forma, el país renuncio hasta a la idea de compensar con impuestos (si es que estos efectos son «compensables») las múltiples externalidades negativas que le trae la silvicultura al país.

¿Cuál es su opinión sobre las condiciones en que se ha desarrollado la negociación entre el Estado uruguayo y UPM?


ANP: Este nuevo proyecto de UPM lleva un proceso de negociación que se mantiene en absoluto secretismo. Luego de reiteradas señales de desesperado imploro del gobierno por la llegada de la inversión, que parece ser la única carta en la planificación económica y que en estos días provocó una renuncia de un jerarca del Ministerio de Economía y Finanzas, ha traído un “acuerdo marco”, cuyas resoluciones más concretas son el otorgamiento de otra zona franca para el proyecto y limitaciones a la adopción de medidas gremiales de los trabajadores en caso de conflicto en la fase de construcción de la planta. Todo esto, entre demás exoneraciones y prebendas que la empresa tramita, se suma la depredación ambiental, a cambio de: puestos de trabajo pasajeros -propios de la fase de construcción de la planta- oportunos, sí, ante la necesidad real de trabajo y la proximidad a tiempos electorales, pretendiendo revitalizar un crecimiento económico que incremente el PIB para sostener el “grado inversor” otorgado a nuestra economía por las calificadoras de riesgo, para seguir incrementando nuestra deuda externa.

CNDAV: Algo que llama poderosamente la atención es que el propio Presidente de la República haya salido a decir públicamente que no puede hablar de la negociación porque los términos son secretos.  ¿Cómo puede discutirse en secreto algo que va a involucrar a todo un país, a toda una región por varias generaciones?  ¿Cómo puede ser secreto? Es un síntoma de estos tiempos que el presidente salga a hacer ese tipo de declaraciones y que a nadie le llame la atención o le haga salir a reclamar por el carácter secreto de las negociaciones. Es algo que hacer aumentar aún más la sospecha de que no es algo que le sirva a la gente sino que le sirve solo a la empresa. La información que se ha filtrado siempre es en condicional, parece que en el contrato dice tal cosa…
El grado de ocultamiento también es una evidencia del grado de debilidad del gobierno, ya que para el éxito de su política económica ante los organismos internacionales depende de la concreción de esta inversión. Por ello está en una situación de dependencia con respecto a la empresa.

Daniel Renfrew: El antropólogo James Ferguson, quien ha investigado críticamente por muchos años el desarrollo en la África oriental, ha diferenciado entre lo que llama el desarrollo ‘socialmente grueso’ (socially thick) y el desarrollo ‘socialmente delgado’ (socially thin).  El primero es parecido a lo que Uruguay experimentó durante las décadas medias del siglo pasado a través de la política de sustitución de importaciones.  Es un desarrollo con valor agregado, que genera fuentes de trabajo robustos y buen pagos, que aporta renta al estado a través de los impuestos, que se reinvierte las ganancias en el contexto donde se generan.  Estos proyectos, hay que señalar, también trajeron consigo varios efectos negativos, incluidos procesos muy dañinos para la salud y el medio ambiente.  Ahí vuelve la pregunta política sobre quien maneja ese desarrollo y al beneficio de quienes.  Sin embargo, Ferguson señala claros beneficios del desarrollo grueso al compararlo con el desarrollo delgado, donde utiliza el ejemplo de la economía de enclave tanto colonial como la neocolonial bajo la globalización, donde grandes empresas multinacionales instalan proyectos asegurando paraísos fiscales y la exoneración de impuestos y que por lo general solo utilizan una reducida mano de obra local.  Los beneficios del desarrollo delgado se incrementan para la empresa y se disminuyan para otros sectores.  El modelo agroforestal de extensas plantaciones con mega-fábricas de celulosa dedicadas a la exportación al que el gobierno uruguayo ha venido apostando, me parece encajar claramente en el modelo de ‘desarrollo delgado’ formulado por Ferguson. Si el gobierno negocia con empresas multinacionales para establecer las condiciones que generan un desarrollo delgado, es poco probable que generará grandes beneficios para amplios sectores del país. 

¿Cuáles son los impactos de este tipo de emprendimiento para la vida humana y no humana en el país?


ANP:  Los vertidos de esa nueva planta terminarían de eliminar todo vestigio de vida en zonas de las cuencas del Rio Negro y del Rio Uruguay que ya se hallan en estado de altísima contaminación. Para abastecer esta nueva planta se afectarán nuevas tierras al monocultivo de eucaliptos, con la consiguiente depredación. Con prescindencia de toda opinión de la ciudadanía se hacen pactos secretos que adjudican a explotaciones depredadoras nuestras aguas, tierra y demás bienes naturales. La caminería, las vías férreas y los puertos se planifican al servicio de las actividades y proyectos extractivistas y saqueadores, a costo de los bolsillos de los trabajadores y el pueblo, ensanchando las ‘venas abiertas’.

CNDAV: Los impactos ambientales requieren ser evaluados, pero los estudios preliminares a los que hemos accedido, de gente de Facultad de Ciencias indican que el Río Negro está muy deteriorado y la instalación de una planta allí empeoraría las cosas aún más.

Daniel Renfrew: Los impactos para la vida humana y no humana son potencialmente muy grandes dado la escala del emprendimiento y las condiciones en que operará, además en este caso del contexto adonde se llevará a cabo la industrialización de una zona rural sobre la cuenca de un rio con caudal menor a las zonas donde se instalaron los previos proyectos celulósicos de UPM y Montes del Plata.  Agregando a lo dicho sobre la estadística, en este caso los debates sobre posibles daños o perjuicios al medioambiente se manejarán a través de la ciencia ‘pura’ y la ciencia aplicada.  Hay que ser cautelosos y críticos cuando se manejan números y datos científicos para ver cuáles son las normativas aplicadas, cuáles son los métodos de análisis y las tecnologías utilizadas, y si ellos encajan con los estándares más estrictos de uso mundial, o al contrario correspondan a una versión ‘tercermundista’ de la ciencia y de las normativas de control y monitoreo ambiental.  Otro punto fundamental es que se analicen los impactos de esta fábrica de manera sinérgica con toda la producción y los vertidos simultáneos que estén afectando al rio y al ecosistema.  No se puede analizar o conocer los verdaderos impactos y efectos de una industria si se trata como si operara de manera aislada de otros procesos industriales y agroindustriales.  Sobre todo hay que presionar desde lo social y desde lo político para que la producción científica y la diseminación de la información sea transparente y democrática, y no aceptar que las autoridades simplemente nos aseguren que los efluentes están a ‘niveles aceptables’ o que ‘se encuentran dentro de la normativa establecida’, como se han pronunciado en tantas ocasiones.

Pierre Gautreau: Los impactos de la plantas de celulosa no deben medirse en base al único sitio de producción, sino en base al conjunto del espacio afectado por el sistema productivo, que incluye por supuesto a las plantaciones de árboles. A pesar de los discursos que plantean que el modelo silvicultural tiene un impacto neutro sobre medio ambiente y sociedad rural, me parecen difíciles de cuestionar las múltiples evidencias que se colectaron desde los 80 y en todo el mundo en cuanto a efectos sobre perdidas de biodiversidad, degradación de calidad de agua y vaciamiento del campo. Tal como expuse en el libro Forestación, territorio y ambiente, hasta las consultoras que trabajan para el sector reconocen estos impactos. Como lo acabo de mencionar, este tipo de emprendimiento genera un campo despoblado y degradado ambientalmente, que se adecua a los requisitos de un sistema globalizado de explotación de países como el Uruguay. Estamos muy lejos de generar con estas plantas de celulosa y lo que las rodea un espacio rural ambientalmente sano y controlado democráticamente por los uruguayos.

Ficha de producción:
Los textos aquí reproducidos fueron obtenidos de entrevistas a Daniel Renfrew y Pierre Gautreau. En el caso de la CNDAV se realizó una entrevista colectiva con Nancy Espasandín, Carmen Sosa, Nicolás Ferreira y Carlos Sosa. En el caso de la ANP los conceptos aquí reproducidos surgen de la proclama leída al cierre de la IX Marcha en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales realizada el pasado viernes 20 de octubre en Montevideo.