¿Cómo se mide el valor de un río, un arroyo o una laguna? ¿Cómo valoramos un ecosistema vivo? ¿Cómo estimamos las contribuciones de la naturaleza? Estas son algunas de las preguntas que surgen ante la difusión del derrame de soda cáustica en la planta de UPM en Pueblo Centenario (departamento de Durazno) que causó la extinción de la vida en el arroyo Sauce.

Hace casi tres décadas Silvio Funtowicks y Jerome Ravetz escribían un texto hoy clásico para la economía ecológica: “El valor de un ruiseñor: la economía ecológica como ciencia posnormal”[1].  En ese texto discutían las aproximaciones tradicionales de la economía a la cuestión del valor de los bienes de la naturaleza reclamando la incorporación de la incertidumbre y la complejidad de las diferentes valoraciones éticas de la vida humana y no humana. Proponiendo una mirada posnormal de la ciencia, se preguntaban “¿Cuánto vale un Ruiseñor?”

Hoy nos preguntamos cuánto vale un arroyo, al tomar conocimiento, gracias la investigación de Victor Bacchetta para Sudestada[2], del crimen ambiental cometido por la empresa transnacional de origen finlandés, UPM, que ha provocado la muerte del arroyo Sauce en el departamento de Durazno, afluente del río Negro.

Los hechos, comunicados por la propia empresa, estuvieron originados en el derrame de 1 millón de litros de soda cáustica de una pileta de almacenamiento instalada en la flamante Planta de Celulosa de UPM en Pueblo Centenario, conocida como UPM 2, que tiene 4 meses de funcionamiento.

El derrame cuyas causas no están establecidas aún, ha provocado la extinción de la vida acuática del arroyo, según concluye el informe de la DINACEA (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental) del Ministerio de Ambiente. Al constatar el derrame el Ministerio de Ambiente aplicó una multa de 1000 Unidades Reajustables (unos 40 mil dólares). Según la investigación de Daniel Pena y Soledad Recoba[3], en 2019 la planta de celulosa UPM 1, ubicada en Fray Bentos, generaba 1 millón de dólares de ganancia por día. UPM 2 duplica en capacidad productiva a su antecesora por lo que es posible estimar que esa ganancia podría llegar a triplicarse.

Todos estos elementos deberían llevarnos a discutir diferentes vías de respuesta a la pregunta inicial. ¿Cómo hacemos para valorar un arroyo? ¿Le ponemos un precio de mercado? ¿Quién define el precio? ¿Cuánto representa ese precio para la operativa de una empresa que tiene las dos mayores plantas de celulosa del mundo instaladas en nuestro país?

El foco debería ser otro, deberíamos resguardar la vida en todas sus formas y evitar que se muera un arroyo, un río o una laguna. El estado de salud de nuestros ambientes habla también del estado de salud de nuestra sociedad, de nuestro vínculo con la naturaleza y de nuestras prioridades.

Subsidios criminales

La lógica del sistema de control ambiental, “el que contamina paga” y el control hecho al término de los procesos terminan siendo incentivos a la contaminación. Para muchas industrias es más rentable incluir en sus contabilidades las eventuales multas que podrían recibir antes que invertir en sistemas de tratamiento de efluentes, seguridad ambiental o filtrado de emisiones. El problema radica en las señales que como sociedad (y no sólo desde el estado) le damos a estos actores empresariales.

La condena social y la indignación para con este tipo de prácticas debería formar parte de nuestro vocabulario público, mediático y político. Hasta ahora las condenas y señalamientos a UPM (tanto por este caso como por otra serie de denuncias ambientales que ha recibido en los últimos años) han pasado desapercibidos.

A esto debemos sumarle que además de los eventos puntuales de contaminación, toda la sociedad uruguaya viene realizando una serie de subsidios (económicos, sociales y ambientales) a las empresas de la cadena forestal desde hace casi 4 décadas. Toda la fase de cultivos forestales ha contado con exoneraciones impositivas que ningún otro sector económico ha recibido y las últimas dos fábricas (Montes del Plata y UPM 2) se han instalado a partir de la firma de contratos directos entre las empresas y el estado uruguayo, asegurando una serie de garantías de orden neocolonial.

En términos ambientales, hemos establecido en otro lugar[4] que el principal subsidio a la producción de celulosa en Uruguay radica en el agua. Considerando sólo el año 2019, donde había en funcionamiento solamente 2 fábricas de celulosa[5], su consumo de agua multiplicaba por 10 el agua que producía OSE para abastecer el consumo humano de toda la población del país.

En ese año, el complejo celulósico había consumido 3445 millones de metros cúbicos de agua frente a 356 millones de metros cúbicos de agua potabilizados por OSE. El mismo trabajo consideraba una escala temporal de 7 años, desde 2012 a 2019, evidenciando un aumento sostenido de consumo de agua por parte del sector celulósico, iniciando con un consumo de 1529 millones de metros cúbicos en 2012 al inicio del período estudiado.

A ese dato es necesario agregar la información de los costos: mientras que los usuarios del sistema de agua potable pagan por el agua que consumen, el sector celulósico (al igual que todos los demás sistemas productivos del país) utilizan el agua gratis, ya que no existe ningún tipo de cobro por el agua. Pensando desde la economía ecológica podríamos decir que más importante aún que fijar un canon monetario por el uso de agua sería establecer un sistema que desincentive el uso de agua dulce por parte de los sistemas productivos y que tienda al cumplimiento efectivo del precepto constitucional escrito por mandato popular en el artículo 47: anteponer “las razones de orden social a las de orden económico”.

Notas:

[1]Funtowicz, S.O., Ravetz, J.R., 1994. “The worth of a songbird: ecological economics as a post-normal science”. Ecological Economics 10, 197–207. Traducido al español en el libro Funtowicz, S.O., Ravetz, J.R. Ciencia posnormal. Ciencia con la gente. Icaria. Barcelona. 2000

[2]Nuevo crimen ambiental de UPM

[3]Pena, Daniel y Recoba, Soledad (2019) Impactos sociales y culturales de las plantas de celulosa en Fray Bentos y Conchillas. Casa Bertolt Brecht. Montevideo. 

[4]Santos, C., González, M. y Sanguinetti, M. (2021) “El agua como subsidio ambiental del agronegocio en Uruguay”. En Azamar Alonso, Silva Macher y Zuberman (organizadores) Economía ecológica latinoamericana. Siglo XXI-CLACSO. México.

[5]La planta UPM 2 está en funcionamiento desde el mes de junio de 2023 y su capacidad de producción de pasta de celulosa duplica la ya instalada en el país con UPM 1 (Fray Bentos) y Montes del Plata (Conchillas).