El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) autorizó 117 veces que productores “agrícolas” o “frutícolas” fumiguen con agrotóxicos a menos de 300 metros de 59 centros educativos de todo el país entre 2011 y 2024 mediante una “autorización específica”. ¿Cuántos otros centros educativos pueden estar sufriendo los efectos de las fumigaciones? ¿Cuántas empresas pueden estar incumpliendo la normativa (que ya de por sí es insuficiente para garantizar un ambiente sano)? Un análisis preliminar de la situación muestra que para 2020-2021, 644 Escuelas Rurales tuvieron a menos de 300 metros plantaciones que en algún momento de su ciclo productivo aplican plaguicidas.

De normas y excepciones

Desde el año 2011, Uruguay cuenta con una normativa (Resolución N° 188/011 del MGAP) que define una distancia mínima de aplicación de plaguicidas a las Escuelas Rurales y Centros Poblados: de 500 metros para las fumigaciones aéreas (con avionetas), y de 300 metros para las fumigaciones terrestres mecanizadas (con “mosquito” o tractor con pulverizador)(1). Esta normativa tiene al menos dos grandes deficiencias: no define una distancia mínima para las fumigaciones de agrotóxicos con mochila (terrestre no mecanizada), y habilita una “autorización específica” o “exención”(2) para fumigar a menos de 300 metros, previa “evaluación técnica”.

¿Qué significa esta “exención” con previa “evaluación técnica”? Básicamente que la empresa que pretenda incumplir la distancia estipulada debe enviar una declaración jurada de unx agrónomx, con algunos datos sobre los químicos a utilizar, la ubicación y su “compromiso” de cumplir con ciertas conductas como aplicar el fin de semana, evitar los plaguicidas de máxima toxicidad (nivel I, Ib y II), avisar al centro educativo un día antes, colocar cartelería informativa precautoria y algunas características del viento.

Más objeciones a esta normativa se acumulan: la fumigación no es efectivamente controlada por ningún funcionario del MGAP (se confía en la declaración jurada); se permite fumigar a cualquier distancia del centro educativo desconociendo la permanencia de los agrotóxicos en el suelo y agua que pueden afectar varios días después de la aplicación a niñas/os y maestras/os; se habilita el uso de plaguicidas con abundante evidencia científica sobre su daño a la salud como el Glifosato (nivel III) y agroquímicos prohibidos en Europa (por la evidencia de daños ambientales y a la salud) pero habilitados en Uruguay como el Acetoclor (nivel III) y el Fipronil (granulado) (nivel IV), ambos utilizados en forestación por ejemplo.

La “exención” del MGAP cumple la función de mitigar o aplacar el (posible) conflicto a favor de una empresa cuando esta se encuentra con el descontento local o vecinal-escolar, legitimando con un cierto aire de “tecnicismo” y burocracia fumigaciones a distancias inseguras de espacios educativos o centros poblados. En los hechos, funciona como una excepción para incumplir la normativa de forma “legítima”.

De números y mapas

Son en total 59 los centros educativos que entre 2011 y 2024 han estado asociados a una “autorización específica”, varios de ellos en repetidas ocasiones. En detalle: hay 2 centros educativos para los que el MGAP ha autorizado 7 fumigaciones a menos de 300 metros, 3 centros con 6 fumigaciones, 3 centros con 4 fumigaciones, 6 centros con 3 fumigaciones, 10 centros con 2 fumigaciones y 35 centros con una fumigación. En el siguiente mapa se puede ver la distribución geográfica de estos centros educativos(3). 

Mapa 1. Localización de centros educativos con exenciones y cantidad de exenciones (2011-2024).

En primer lugar, es evidente que la mayoría de las “exenciones” son en el litoral sojero, la cuenca arrocera de la Laguna Merín, y la zona de frutales que bordea el área metropolitana; todos modelos productivos con uso intensivo de agrotóxicos. Destaca también, en el centro del país algunos otros casos de sojeros argentinos, como el megatambo Estancias del Lago en Durazno, o Modiluz en Tacuarembó. 

En segundo lugar, llama la atención que no haya ni un solo pedido de “autorización específica” de empresas forestales, siendo que utilizan importantes volúmenes de plaguicidas durante el primer año y medio de plantación (herbicidas y hormiguicidas principalmente), que en muchas ocasiones son aplicados con mosquito o tractor, y que muchas escuelas se encuentran a menos de 300 metros de sus monocultivos. Además, llama la atención la relativa baja cantidad de “exenciones” (117 en 14 años) en relación a los saberes de las personas en el territorio y a la cantidad de casos que fueron foco de la prensa.

Para aproximarnos a esta realidad realizamos un análisis espacial indagatorio(4) de cuántas Escuelas Rurales del país tienen plantaciones (que usan agrotóxicos en algún momento de su ciclo productivo) a menos de 300 metros. En el siguiente mapa se pueden ver las 644 Escuelas Rurales que tienen forestación(5), agricultura extensiva(6), hortifruticultura(7) y/o arroz(8) a menos de 300 metros para el año 2020-2021.

Mapa 2. Localización de Escuelas Rurales con plantaciones a menos de 300 metros y tipo de plantación (2020-2021).

Del total de 1029 Escuelas Rurales activas del país, 427 tienen forestación a menos de 300 metros, 262 tienen agricultura extensiva, 53 tienen hortifruticultura y 20 tienen arroz, como se puede ver en el mapa, varias de ellas con más de una de estas actividades. En otras palabras, el 62,6% de las Escuelas Rurales posiblemente están siendo fumigadas o lo fueron en el momento de la plantación, incumpliendo la normativa.

Rompe los ojos la diferencia entre la cantidad de Escuelas Rurales con plantaciones a menos de 300 metros en un solo año (644 escuelas en 2020-2021), y la cantidad de Escuelas Rurales asociadas a “exenciones” a lo largo de 14 años (51 escuelas). Es decir, teniendo en cuenta estos casos, y haciendo cálculos poco precisos pero que aproximan una idea: solo un 5,9% de las Escuelas Rurales con cultivos a menos 300 metros han sido tenidas en cuenta por una “autorización específica” para fumigar en sus alrededores(9).

Las formas y niveles de exposición a los agrotóxicos son diferentes en todos estos casos, pero todas estas Escuelas Rurales se encuentran posiblemente expuestas a ser afectadas por el uso de plaguicidas a distancias definidas por el MGAP como insuficientes para la “prevención de potenciales riesgos a la salud en poblaciones más vulnerables” (Res. 188/011).

Se deduce de este análisis y del relevamiento de otros casos en prensa, que muy probablemente la Resolución Ministerial se está incumpliendo sistemáticamente, sea a través de la excepción autorizada por el MGAP o, en la mayoría de los casos, por la no declaración de las empresas. Por otra parte, queda bastante claro que esto no parece ser de relevancia para técnicos del gobierno y políticos, ya que con estos simples análisis geográficos y en base a imágenes satelitales se podría generar un sistema de alertas y controles públicos, de bajo costo y rápidos; si hubiese interés.  

Fumigación de Escuelas Rurales que llegaron a la prensa

A continuación dejamos una muy breve síntesis de casos que llegaron a la prensa en orden cronológico, para que se pueda dimensionar el problema desde la realidad concreta de maestras/os y niños/as. Cabe aclarar que la inmensa mayoría de los casos que suceden en los rincones del país no llegan a la prensa por los lazos de dependencia, la persecusión local, y las múltiples barreras institucionales para denunciar. Esto se encuentra detallado y documentado en las investigaciones de: V. Evia; N. Rodríguez, J Heinzen; M. Chiappe; I. Cárcamo y A. Rieiro et al.   

Vayamos caso por caso:

2012, en Rolón, cerca de Grecco (Rio Negro), dos fumigaciones con mosquito en un campo sojero a 35 pasos de la escuela dejaron a la maestra y niños con irritación en los ojos y garganta, y alergia en la piel. La maestra intentó frenar el mosquito pero el operario continuó fumigando incluso encima de ella. La noticia escaló porque el Intendente Lafluf llamó al ministro Tabaré Aguerre de aquel entonces. Más adelante la maestra le hizo una demanda a Agronegocios del Plata por daños a la salud, y ganó el juicio en 2013, sentando un precedente sobre la responsabilidad de las empresas en el daño a la salud con agrotóxicos.

2012, en Esteros de Pelotas, cerca de Cebollatí (Rocha), la Asociación Magisterial Rochense denunció que una avioneta fumigadora de campos arroceros ha estado fumigando sobre la escuela. 

2013, en paraje  “El Tala” (Soriano), un mosquito fumigó un campo sojero a 10 metros de la escuela. Mueren varios gatos y mulitas. Lo mismo había sucedido allí en 2010. También en 2013 la escuela de Merinos, Molles Grandes, Paraje Guayabos y Parada 444, todas de Paysandú, fueron fumigadas a pocos metros y desembocaron en denuncias de las directoras. 

2013, en Colonia Victoria (Soriano), niños/as y la maestra fueron afectados por una fumigación en campo lindero, incluso un productor perdió toda su producción por este mismo suceso. 

2013-2014, Paso Picón (Canelones), pobladores de Paso Picón denunciaron las continuas fumigación sobre las casas y la escuela, llevando la denuncia a la Institución Nacional de Derechos Humanos quien constató “La sintomatología reportada por los vecinos afectados (cefalea, ardor ocular, dolor y ardor orofaríngeo, ardor nasal, dificultad respiratoria, broncoespasmo, irritación cutánea y diarrea) se corresponde con el cuadro clínico descrito en intoxicaciones agudas y reiteradas de plaguicidas”. El conflicto con el médico sojero continuó por años, incluyendo agresiones y amenazas de muerte por parte del sojero, y también una demanda en 2019 por daños causados por las fumigaciones del empresario, y por omisión del MGAP.

2016, en Muelle de la Concordia (Soriano), una maestra y 6 niños/as fueron afectados por la fumigación de una avioneta sobre su escuela, provocando vómitos, dolor de cabeza, diarrea, broncoespasmo y alergia en la piel. El sojero argentino ya tenía conflicto con vecinos a los que les mató frutales y cultivos de tomate.

2016, del otro lado del Río Uruguay, en Gualeguaychú (Argentina), con un modelo productivo casi idéntico y una población similar, una maestra logró demostrar que tiene el insecticida clorpirifós etil y el herbicida glifosato en sangre, tras ser fumigada en su escuela reiteradas veces. 

2021, en  Riachuelo (Colonia) una avioneta fumigó sobre las casas en el centro poblado, “Riachuelo Natural” salió a la prensa a exigir respuestas institucionales, incluso proponiendo mecanismos de control, multas y normativas. 

2022, Paso Centurión (Cerro Largo), apicultores que iban a trabajar cercanos a la escuela rural de la zona denunciaron ante el MGAP la fumigación de campos cercanos a la escuela. El Ministerio corroboró el incumplimiento de la distancia mínima.  

Nuestras prioridades

Este breve análisis de las Escuelas Rurales fumigadas (o con formas de producción que usan agrotóxicos cerca) nos espeja la áspera realidad sobre nuestras prioridades como sociedad: producir más y más commodities (materias primas industriales) y alimentos de exportación, usando inmensos volúmenes de químicos tóxicos y generando una intensa acumulación de capital de empresas trasnacionales, aunque esto pueda afectar a niños/as y maestras/os. 

Quienes debieran ser doblemente protegidos, por ser niños/as y por vivir en zonas rurales cada vez más despobladas (pero fuente de la principal riqueza de nuestro país, y cuidadores de los ecosistemas base que nos mantienen vivos), tienen que soportar el continuo ataque químico de una sociedad hiper-urbanizada (casi el 96% según los datos preliminares del último censo) que les da la espalda con tal de subir el PBI y mantener la ficción de su modo de vida depredador. Parece que el “desarrollo” de unos, es la imposibilidad de vivir e ir a la escuela sin ser afectado por los tóxicos para muchos otros. Las famosas consecuencias no dichas o “daños colaterales” del progreso. 

Para peor, la respuesta de los sucesivos gobiernos parece ser pura demagogia: desde la normativa ministerial de 2011 en la que se define la distancia de fumigaciones a 300 metros y 500 metros de las Escuelas Rurales, se respondió con un simple acto de pronunciamiento sin efecto real. Primero porque la norma contiene dentro su propia excepción, que se canaliza como una declaración jurada en los casos que hubo conflicto local, legitimando la fumigación. Segundo porque tiene nulo control de su cumplimiento en el territorio, ya que con un simple análisis espacial se puede evidenciar la dramática cantidad de casos de Escuelas Rurales con usos del suelo que aplican agrotóxicos a menos de 300 metros. Tercero porque no define una distancia de fumigaciones terrestres no mecanizadas (con mochila) lo que da vía libre a su uso a cualquier distancia, ocultando los daños por deriva, escorrentía y permanencia en el suelo que incluso suceden con ese mecanismo. 

¿Hasta cuándo vamos a permitir esto y darlo por natural y obvio? ¿Deben niños/as, maestras/as y auxiliares pagar con su salud las consecuencias de la acumulación del agronegocio? ¿No es esto una forma extrema de violencia química sobre niños y niñas y quienes están a su cuidado? 

Alternativas hay, aunque difícilmente los gobiernos las promuevan porque contradicen la acumulación del agronegocio que opera como pieza central de la ficción de estabilidad económica, “desarrollo” y financiación de sus campañas. La agroecología existe en nuestro país, y cada vez tiene más personas que producen, comercializan y consumen sus productos. Está en nosotros boicotear desde el consumo a las grandes empresas del agronegocio, presionar para que dejen de tener facilidades, exoneraciones fiscales y consenso social, así como para que existan controles cada vez más exigentes y limitaciones crecientes al uso de plaguicidas. También está en nuestras manos organizarnos para desconcentrar y comunalizar la tierra y el agua, producir para subsistir y compartir, y no para acumular y someter. En otras palabras, caminar hacia la soberanía alimentaria sin niños/as y maestras/os fumigados. 

No es una utopía de idealistas, lo fue así por cientos de años y lo es en muchos sitios de nuestra América Latina de base indígena, comunitaria o campesina. Vivir, producir y educarse en lugares con cero veneno no es solo posible, es urgente y necesario.

En este hipervínculo se puede leer el documento al que se accedió a través de un pedido de Acceso a la Información Pública, que incluye el listado de los centros educativos, centros poblados y las empresas o agrónomxs referentes que han solicitado la exención, y los archivos (shapes) para visualizar o  trabajar con los datos en un sistema de información geográfica.

Notas:

1. La fumigación con mochila mantiene de todos modos la exposición y el riesgo a la salud frente a los químicos, así como su permanencia en el suelo, escorrentía a aguas superficiales e infiltración a subterráneas. 

2. Resulta irrisorio para la ciudadanía que se utilice el término “exención” para hablar de una excepción, es decir, un incumplimiento de la norma autorizado caso a caso. 

3. El mapa incluye 8 centros educativos que presentan la misma situación pero que no son Escuelas Rurales: 5 son Escuelas Urbanas y 3 son Centros de Educación Media.

4. Este análisis tiene algunas limitaciones y debe ser profundizado para poder mejorar el diagnóstico. En particular se identifican los siguientes problemas: 1) la capa de usos del suelo del MGAP no diferencia plantaciones forestales de pequeñas plantaciones como “montes de abrigo”, por lo que sería necesario revisar caso a caso si corresponde; 2) los cultivos de arroz se fumigan principalmente con avioneta, por lo que se tomó un criterio menos exigente de lo que debería ser (pasando de 300 metros a 500 metros); 3) no se incluyeron en el análisis los centros educativos urbanos que están a los márgenes de centros poblados, expuestos a fumigaciones (como el caso de los centros educativos cercanos a Bodega Juanicó, que acumula varias “exenciones”).

5.  En la categoría “Forestación” agrupamos los usos de suelo de la capa del MGAP “Bosque Plantado año 2021” y “Bosque plantado nuevo, rebrote, tala”.

6. En la categoría “Agricultura extensiva” agrupamos los usos de suelo de la capa del MGAP “Agricultura de secano, verano”, “Caña de Azúcar”, “Rastrojos de cultivos cereal.invierno” y “Pivotes”. 

7. En la categoría “Hortifruticultura” agrupamos los usos de suelo de la capa del MGAP “Citrus”, “Olivares”, “Zona Hortifrutiviticola” y “Otros frutales”.

8. En la categoría “Arroz” agrupamos los usos de suelo de la capa del MGAP “Arroz” y “Rastrojos de Arroz”.

9. Aunque hay 51 Escuelas Rurales con exenciones entre 2011 y 2024, sólo 38 exenciones corresponden a Escuelas Rurales con plantaciones a menos 300 metros de la capa de usos de suelo analizada del año 2020-21.