El 16 de febrero el poder ejecutivo dio a conocer la decisión de exigir cobertura de salud a las personas extranjeras que ingresan al territorio nacional, independientemente de los motivos por los que ingresen. Al decir de las autoridades; la medida busca que la permanencia de “turistas” transcurra sin inconvenientes para ellos, y sin erogaciones para el país en caso de algún inconveniente de salud. Hasta acá parece ser una cuestión inocua, pero…

¿Son “turistas” todas las personas que ingresan al país? ¿Todas vienen de un lugar cómodo y llegan para pasar sus vacaciones? ¿Qué sucede con las personas migrantes y refugiadas o que buscan la reunificación familiar? ¿Están todos los extranjeros en condiciones de pagar un seguro médico? ¿Es correcto exigirlo sin distinguir entre esta diversidad de situaciones? Y sobre todo ¿Es efectivamente la atención de las personas extranjeras un problema para la sostenibilidad de nuestro sistema de salud? ¿Por qué se busca resolver un problema que ni siquiera sabemos si tenemos? ¿En qué diagnóstico, evaluación o prospectiva se basa esta medida?

Estas preguntas reflejan la preocupación que diversas organizaciones de la sociedad civil han transmitido al gobierno y la opinión pública. Algunos avances ya se han realizado, y comunicaciones informales afirman que se hará una excepción para las solicitudes de refugio. Exigirlo, por otro lado, significa una contravención de las leyes vigentes en el país y de varios principios del sistema internacional de derechos. Sin embargo, se trata de una solución parcial que tendrá como consecuencia una sobrecarga al ya colapsado sistema de solicitudes de refugio.

En un decreto que tiene la extensión de un párrafo, parecería haber pocas posibilidades de hacerlo mal, sin embargo….

Con la forma de pensar lo social desde la perspectiva de los sectores más privilegiados, a la que nos tiene acostumbrados el gobierno, se generan medidas sin pensar sus ámbitos de aplicación ni sus consecuencias. Cobrando al grito, el decreto viene a resolver un problema que no tenemos, y las soluciones a los problemas que genera, generarán más problemas.

Pero busquémosle otra vuelta.

Desde que se levantó la emergencia sanitaria las medidas del gobierno han tendido a facilitar el ingreso del turismo al país, en tanto se trata de una actividad central en nuestra economía. Cuarentenas, PCRs, seguros, poco a poco fueron quedando sin efecto y la circulación se hizo más fluida. Contrariamente, con el actual gobierno se han sucedido una serie de medidas regresivas en relación con el derecho a migrar. Vinculadas a la situación de emergencia sanitaria o no, estas medidas – inconsultas, violentando la institucionalidad, sin una evaluación de efectos y de los recursos económicos y técnicos para implementarlas – han ido en la misma línea: restringir el ingreso y la posibilidad de regularizar la situación migratoria, accediendo a la documentación. Como resultado; es cada vez más difícil, caro, lento y peligroso migrar a y en Uruguay.

Este decreto, que no se piensa vinculado a la política migratoria, y que se redactó sin consulta con las instituciones correspondientes en la materia, es un grano de arena al conjunto de medidas que integran un “régimen de hostilidad” hacia la movilidad humana. Habla de salud, pero afecta a la migración. Se presenta al boleo, pero responde a una lógica regresiva. Parece distraído o a las apuradas, al revés; pero es el derecho de algo que no se dice. Poco les cambia a los turistas y mucho afecta a migrantes y personas que buscan refugio en nuestro país. Mientras tanto, en nuestras casas, amparados en la comodidad que nos genera pensar desde el lugar de privilegio, convencidos de que el gobierno nos está cuidando el bolsillo, nos pasan gato por liebre.