La empresa Google (a través de su subsidiaria en Uruguay llamada Eleanor Applications SRL) se encontró con un fuerte rechazo ciudadano a su mega-proyecto de Datacenter en la Zona Franca Parque de las Ciencias en Canelones. Muy sintéticamente, el Datacenter ocuparía 30 hectáreas cercanas a Colonia Nicolich, con galpones repletos de servidores (computadoras) funcionando las 24 horas, almacenando información del mundo. 

Google ocultó la información de uso proyectado de agua, energía y condiciones de las aguas residuales en su proyecto inicial, bajo un acuerdo de confidencialidad con el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, a través de un juicio administrativo amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública y el Acuerdo de Escazú se obligó al Estado a hacer pública la información sobre el uso de agua para refrigeración de los servidores, cuando se estimó que podían llegar a usar 7.6 millones de litros de agua potable de OSE diarios. Este dato despertó la indignación ciudadana y de los movimientos ambientales, en el año con la peor sequía registrada en 70 años, y con el área metropolitana sin acceso al agua potable durante tres meses. Los señalamientos a la empresa en prensa nacional e internacional, videos viralizados, movilizaciones y presión ciudadana obligaron a la empresa a reformular su proyecto, en lo que supone una primera victoria ciudadana. 

El nuevo proyecto es tres veces menor, y cambia el uso de agua para refrigeración por un circuito cerrado de agua enfriada con aire. Sin embargo, el pretendido Datacenter tiene varios puntos problemáticos que despertaron la preocupación del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) y  Amnistía Internacional, quienes están impulsando desde el 25 de marzo una Campaña Ciudadana Digital.  

La campaña se centra en exigirle al Ministerio de Ambiente más estudios públicos sobre varios puntos:

En primer lugar, según el Informe Ambiental Resumen (IAR) el Datacenter solamente generará 50 empleos de mantenimiento y seguridad, y estará funcionando en Zona Franca, es decir, libre de todo impuesto. Por lo tanto, no queda claro cuál es el aporte a nuestro país de este negocio de gran tamaño y potencia para su corporación mundial, pero que no genera empleo significativo ni ingresos a la población uruguaya. 

En segundo lugar, al cambiar el sistema de refrigeración por uno sin uso de agua, se utilizará muchísima energía eléctrica de UTE, el equivalente a 200.000 hogares (560 GW/h año). Aunque la UTE asegura que esto no desestabiliza la red nacional, omiten evaluar las emisiones de CO2 que este aumento de la demanda de energía implicaría. Según Uruguay XXI entre el 6% y el 9% de la energía eléctrica del país se produce quemando combustible fósil en las centrales térmicas del país (Central Batlle, Punta del Tigre, La Tablada y Felipe Cardozo), lo que emite carbono a la atmósfera, agravando el calentamiento global. La inestabilidad de las fuentes eólicas y fotovoltaica, así como la dependencia de la lluvia en las hidroeléctricas implica que se tenga como respaldo “seguro” la quema de petróleo para abastecer el país. Aumentar la demanda de energía aumentará las emisiones, afectando el ambiente, pero además, comprometiendo al país en los préstamos internacionales y bonos basados en los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos. 

Tercero, el proyecto producirá 170 toneladas anuales de residuos sólidos, y en el proyecto previo se aclaraba que 90 de estas toneladas eran residuos tóxicos crónicos de elementos tecnológicos. Sin embargo, no se aclara cuál es el tiempo ni costo de degradación, así como tampoco existe un plan de clausura del Datacenter tras 20 o 30 años de funcionamiento, lo que deja abierta la incertidumbre sobre el pasivo ambiental que implicarán los galpones llenos de basura electrónica en el futuro.

Cuarto, para producir los servidores que se utilizarán en el Datacenter se requiere de una minería de litio, cobalto y “tierras raras” altamente contaminante y denunciada por trabajo infantil, esclavitud y desaolojo forzoso de comunidades en África, Asia y América Latina. La minería de “tierras raras”, por su parte, es altamente contaminante (ver también Pitron, Klinger, Stein) y ha dado lugar al aumento de enfermedades por la exposición a los intensos químicos en las distintas poblaciones locales, como es el caso de Bayan Obo, en China. Este tipo de minería está suscitando fuertes conflictos en todo el mundo: Penco, en Chile; Catalao, Ouvridor y Araxá, en Brasil; Kerala, en India; o Ampasidava, Toliara y Taolagnaro, en Madagascar. En cuanto al litio, Chile, Argentina y Bolivia ven crecer los conflictos con las comunidades indígenas y campesinas tras el avance de grandes corporaciones que las dejan sin agua, y contaminan sus suelos y ríos. La minería de cobalto en el Congo acumula denuncias contra los gigantes tecnológicos como Google y Apple por condiciones de escalvitud, trabajo infantil y graves situaciones de violencia. En 2023 Amnistía Internacional denunció a las multinacionales por desalojo forzoso de la población local en las minas del país. Pese a las contradicciones del uso de estos materiales, el proyecto de Datacenter presentado por Google no menciona en ningún momento nada relativo a la seguridad en la trazabilidad de los minerales utilizados. Se invisibiliza la realidad, de esta forma, y nos convierte en parte necesaria del entramado para que estas violaciones de derechos humanos se sigan cometiendo.

Por último, en el IAR se aclara que en períodos de operación del Datacenter, se incumplirán las normas ambientales de calidad del aire para los parámetros PM10 (material particulado) y NO2 (óxido nitroso), ambos dañinos para la salud según el propio informe. Esto afectará a la población cercana, básicamente de Colonia Nicolich, agregando un daño a la salud a una población ya afectada por condiciones socio-económicas de precariedad.

Conflictos internacionales por Datacenters

Pero Uruguay no es el único ejemplo de conflictos en torno a la instalación de Datacenters por sus impactos sociales y ambientales. Los centros de procesamiento de datos se han convertido ya en un pilar del sistema tecnológico mundial (acrecentado con la Inteligencia Artificial) y su externalización a terceros países, en muchas ocasiones ajenos a las principales corporaciones que capitalizan el beneficio, amenaza distintos territorios: Chile, Países Bajos, Singapur e Irlanda son ejemplos de este tipo de conflictos.

El referente más cercano a nuestro caso, el chileno, muestra similitudes en las características propuestas para un segundo data center, en la comuna de Cerrillos: 23 hectáreas (frente a 30 proyectadas para Uruguay), a cargo de Google y con una refrigeración basada en el uso de agua. El intento, iniciado en 2019, acabó modificándose tres años después con una sentencia que obligó al proyecto a usar otras alternativas para el enfriamiento de los procesadores que no implicasen agua procedente del acuífero Santiago Central, ya tensionado por otros usos del suelo y del agua previos. El triunfo del reclamo vecinal provocó el cambió del agua por condensación de aire para la refrigeración (¿les suena?) y la desactivación de la protesta. Excepto por una vecina de la localidad, que mantuvo la denuncia. Recientemente, los tribunales han declarado la ilegalidad de la calificación ambiental otorgada inicialmente, al no considerar factores fundamentales como el cambio climático, por lo que el proyecto se encuentra en pausa.

Quizás una de las victorias de los movimientos sociales más reciente la encontramos en Países Bajos, durante la sequía que sufrió el país en 2021. La publicación de los datos sobre el agua utilizada por un Datacenter sobrepasaba cuatro veces a la declarada inicialmente por la empresa, Microsoft. El gobierno se vio forzado a establecer una moratoria de nueve meses a los nuevos proyectos de data center y a denegar la venta de terrenos destinados a este fin.

Irlanda es el mejor ejemplo de la expansión descontrolada de este tipo de infraestructuras. En 2021, sus más de 80 centros ya consumían el 14% de la energía del total nacional, cifra que podrá aumentar hasta el 30% en 2030, sobre previsiones del operador estatal de la red eléctrica, o incluso el 70%, según The Irish Time. El ente público, EirGrid, ha tenido que imponer una moratoria hasta 2028 para frenar la instalación de nuevos Datacenters en el área de Dublín. El debate público, sin embargo, en un país cimentado en una baja carga impositiva, ha tardado bastante tiempo en aparecer, y aún continúa decantándose por un modelo extractivo, pero las protestas rurales y las que ponen de manifiesto el masivo uso de energía empiezan a tomar protagonismo. 

Singapur es uno de esos grandes polos tecnológicos a los que estos conflictos, en mayor o menor intensidad, empiezan a llegar, y en consecuencia, las moratorias que paralizan los nuevos proyectos que van apareciendo y, en algunos casos, los existentes. 

Así lo plantea, para Estados Unidos, un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos (Ministerio de Defensa de España): “Alrededor del 20 % de los centros de datos en los Estados Unidos ya dependen de cuencas hidrográficas que están bajo estrés moderado o alto debido a la sequía y otros factores. A medida que surgen más centros de datos se necesitan saber cuáles son sus demandas y cuáles son los impactos en otros consumidores. Un ejemplo claro ocurrió, en 2019, cuando Google acordó limitar su uso de agua subterránea en Carolina del Sur después de una pelea de dos años con grupos locales que se mostraban preocupados porque los acuíferos se estaban agotando”. Arizona, Atlanta y Texas también viven conflictos similares.

Lo cierto es que la presión energética, hídrica y el resto de impactos producidos por los centros de procesamiento de datos están ocasionando que las corporaciones trasladen estos proyectos a otros lugares, externalizando así los daños ambientales, principalmente hacia el sur global y hacia países ya sumidos en graves crisis ambientales. Este último es el caso de España, inserto desde hace meses en una de sus peores sequías en el este y sur peninsular y, paradójicamente, destino del hipercentro de datos proyectado por Meta. El centro podrá usar en su caudal superior 5.304 millones de litros al año (504 potables y 4.800 de agua sin tratar), cerca del doble que proponía el primer proyecto presentado por Google en Uruguay. Precisamente esta paradoja que hace coincidir la instalación de grandes Datacenters con situaciones de sequía, es lo que ocurrió en Uruguay durante la crisis hídrica y social de 2023.

¿Cómo sumarme a la Campaña Ciudadana?

El proyecto está abierto a comentarios ciudadanos a través de la web del Ministerio de Ambiente hasta el viernes 5 de abril. A continuación proponemos un texto para ser enviado como comentario al Ministerio de Ambiente para que solicite al proyecto información complementaria a ser estudiada y publicada. Se puede participar desde todo el mundo.

El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, y la posibilidad de decidir qué sucede en nuestro territorio y con los recursos del estado también, hagámoslo valer llenando la casilla del Ministerio de comentarios.

Completá tus datos en este formulario, y copiá el texto sugerido en el campo “Apreciaciones”. Difundilo para que más personas envíen sus comentarios. 

Texto sugerido:

“Tras la lectura del Informe Ambiental Resumen (IAR) de la empresa Eleanor Applications SRL, subsidiaria de Google en Uruguay,  como ciudadano/a en pleno derecho de nuestro territorio, y bajo el amparo de la Ley 18.381 y el Acuerdo de Escazú, señalo las siguientes falencias y exijo que se complemente la información del proyecto con nuevos estudios cuyos resultados sean de acceso público:

Falencias detectadas en el proyecto:

1-      El documento del proyecto no deja claro cuál sería el aporte del mismo al desarrollo socio-económico del Uruguay. Según el documento del proyecto solo se generará 50 empleos estables y se ubicará en una Zona Franca (libre de todo impuesto).

2-      Uso de energía y emisiones de CO2: Al establecer el volumen del uso de energía, equivalente al de 200.000 hogares no se deja en claro que la energía eléctrica de Uruguay es producida entre un 5% y 7% anuales en base a combustibles fósiles quemados en centrales térmicas, liberando CO2 que impacta negativamente en el calentamiento global. El importante aumento de la demanda de energía del Datacenter dará lugar a un incremento de las emisiones de CO2 que afecta también los convenios internacionales de reducción de emisiones, incluso los denominados Bonos Verdes.

3-      Residuos: No existe información sobre cómo gestionará estos residuos ni el costo ambiental de degradación de este pasivo. Tampoco existe información de la etapa de clausura, el daño ambiental asociado al desmantelamiento del Datacenter, ni el tiempo estimado de funcionamiento del proyecto.

4-      Trazabilidad del origen de los materiales: No se incluye en el proyecto información sobre el origen del material tecnológico (hardware) a utilizarse en el proyecto. No se asegura que no se utilicen los denominados “minerales de sangre” sea producto de prácticas denunciadas a nivel mundial sobre daños ambientales de la minería de tierras raras, cobalto, coltán y litio, así como el continuo incumplimiento de los DDHH en las zonas de extracción, por trabajo infantil, semi-esclavo y afectación a las comunidades originarias.

5-      Calidad del aire afectada: Según el IAR se incumplirán los parámetros de PM10 y NO2 emitidos al aire, tanto en las operaciones normales como de emergencia, afectando la salud de la población de Colonia Nicolich y aledaños. Eso es inaceptable. 

 Por lo tanto, es necesario que previo a continuar con el proceso de autorización ambiental se exija a la empresa que aclare o complemente los siguientes puntos, que esas respuestas sean estudiadas y evaluadas por el ministerio de ambiente y de acceso público

1. Tipo y calificación de los empleos a crear para la operación, y estimación del Gasto Tributario, es decir, el valor de las exoneraciones impositivas estimadas anuales.
2. Análisis de las emisiones de CO2 anuales, tanto de la demanda agregada a la red de UTE, como de las operaciones de emergencia con el encendido de los motores de la propia empresa.
3. Análisis de ciclo de vida del proyecto, respecto a los residuos que generará la construcción, operación y desafectación del mismo.
4. Compromiso de cumplimiento en especial de la trazabilidad de los materiales e insumos para asegurar estén libres trabajo infantil, esclavitud o semi-escalvitud, irrespeto de los derechos de comunidades locales.
5.   Compromiso de cumplimiento de TODAS las normas ambientales, en especial debe exigirse el estricto cumplimiento de las normas de calidad del aire de modo que el proyecto no contribuya a la degradación de la calidad del aire.”