Tras un año de agitado debate sobre la cadena forestal en torno a la propuesta de cambio en regulación realizada por Cabildo Abierto, Frente Amplio y PERI y vetada por el presidente Luis Lacalle Pou, el silencio acerca de este eje estructurante de la producción volvió a reinar en medio de los incendios más grandes de la historia del Uruguay.

El buque insignia para el avance de la cadena forestal ha sido, desde la Ley Forestal de 1987, la creación de puestos de trabajo y mejores oportunidades en el interior profundo. Sin embargo, en las últimas tres décadas, el discurso y las políticas de promoción de la forestación y celulosa de los sucesivos gobiernos neoliberales y progresistas, se basó en consultorías privadas de empresas asociadas al encadenamiento. La información generada por dichas consultoras (CPA Ferrere, Deloitte, Exante) está atravesada por conflictos de interés. Son las propias empresas forestales a través de la Sociedad de Productores Forestales quienes financian la producción de información para el gobierno. En este sentido, es urgente contar con investigación científica libre de conflictos de interés que abone el debate público, y brinde información de calidad a la población general.

Hasta el año pasado, las consultorías se basaban en datos de acceso restringido, brindados por las propias empresas, por lo que su validez se encontraba sumamente cuestionada, al no poder ser contrastada por ningún otro investigador. En 2021 la Sociedad de Productores Forestales dio a conocer un informe de la consultora Exante, basado en datos públicos y de libre acceso de la Encuesta Continua de Hogares (ECH), donde aseguran que la cadena completa, desde viveros hasta industrias de celulosa y aserraderos, genera 17.000 empleos (2019), poniendo el foco solamente en los trabajadores formales.

Ahora bien, más allá de la cantidad total de trabajadores formales de la cadena en un momento dado, interesa saber qué pasa a lo largo del tiempo con todos los trabajadores, dato que ni el Estado ni las empresas han brindado nunca. En la siguiente gráfica(1) se visualiza la evolución de 2006 a 2019: en la línea verde se grafica el crecimiento del área forestada (existen datos desde 2007 de 821.330 hectáreas a 1.267.000 hás), en azul el total de trabajadores formales e informales registrados en la Encuesta Continua de Hogares. Asimismo, se señala el comienzo del funcionamiento de la primer planta de UPM (Ex Botnia), y Montes del Plata con líneas amarillas, donde deberían visualizarse crecimientos significativos del empleo.

Como cualquier ciudadano que use los datos públicos de la ECH puede comprobar, los puestos de trabajo formales e informales de la cadena forestal se mantienen estables, o incluso tienden levemente a disminuir: de 24.466 trabajadores en 2007(2), a 20.379 en 2019. Sin embargo, el área afectada por las plantaciones forestales aumenta 445.670 hectáreas en dicho período. En otras palabras, mientras que el monocultivo de Eucalyptus ocupa cada vez más área de nuestro campo, sustituyendo otros rubros productivos, no se generan nuevas oportunidades de trabajo. 

Esto entra en contradicción directa con lo asegurado por Botnia en 2004, cuando decía que su planta de celulosa generaría 8000 puestos de trabajo nuevos y con Montes del Plata que asegura haber generado 6000 puestos de trabajo nuevos. Luego de las líneas amarillas no se registran crecimientos importantes del empleo, sino que continúa la tendencia a la baja. Recordemos que la empresa y diversos gobernantes dijeron que UPM2 generaría 8000 puestos de trabajo nuevo; cabe preguntarse ¿En qué datos públicos se basan para asegurar semejante impacto? 

Claramente, el proceso de construcción, que lleva solamente dos años, conlleva una importante mano de obra masculina, entre 3000 y 4000 hombres, sin embargo, pasada la obra ese trabajo desaparece, quedando solo 500 trabajadores de corte técnico en la planta.

Pero además, los datos del Anuaria 2020 del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) nos muestran un importantísimo nivel de informalidad en el primer eslabón de la cadena (viveros, siembra, aplicación de agroquímicos, raleos y cosecha): 45% de los trabjadores forestales están en negro; y una extrema masculinización de los puestos de trabajo, siendo los varones 90% del total de trabajadores forestales. Si observamos los datos de la ECH para la cadena completa (incluyendo industria de celulosa, papel y aserraderos) vemos que la informalidad apenas ha mejorado, pasando de 42% de los trabajadores en negro en 2007, a 38% en 2019 (aproximadamente 800 personas en 12 años).

Diversas investigaciones sobre empleo en la forestación, realizadas por docentes-investigadores de UdelaR señalan que aunque han mejorado las condiciones extremadamente vulnerables de trabajo forestal históricas, los trabajadores de los diferentes eslabones de la cadena padecen de importantes niveles de tercerización a través de contratistas, zafralidad, trabajo temporario y pago por productividad, lo que los deja en condiciones de precariedad importante y mayor exposición a los riesgos(3).

Por último, diversas investigaciones en áreas forestadas de Paysandú, Treinta y Tres, y Cerro Largo señalan que el avance de las plantaciones de Eucalyptus aumentan la migración de las personas que habitaban la ruralidad dispersa, vaciando los campos. Esta disminución de puestos de trabajo, incluso en un contexto de continua expansión de la actividad forestal tiene al menos dos grandes causas: primero el ciclo de la forestación lleva diez años entre que se planta hasta que se cosecha, existiendo unos pocos jornales el primer año y medio, quedando absolutamente vacío de trabajo por ocho años; y segundo, el proceso de tecnificación paulatino de los últimos años ha reducido la mano de obra incluso más.  Además, señalan que el avance del encadenamiento forestal también fragiliza la producción familiar que perdura en el territorio (ganadera, lechera y agrícola), por diversos factores: encarece su producción (aumento del costo de arrendamiento para pastoreo, pago de servicios zafrales como la esquila, fragmentación de los parches de pradera, etc.), problemas de desabastecimiento de agua, plagas (jabalí, garrapatas, caranchos que atacan a los borregos) y fractura de las redes vecinales de apoyo mutuo y saberes de relevancia para los trabajos rurales(4).

Estos datos nos permiten abrir algunas preguntas para el debate:

Si la cantidad de trabajadores disminuye en un contexto de expansión forestal, ¿Qué pasaría con los puestos de trabajo si las empresas de la cadena forestal frenaran su expansión continua y se dedicaran a abastecer su demanda actual de las industrias y exportación?

En relación a las transformaciones como país: ¿En base a qué datos de empleo se toman las decisiones de los sucesivos gobiernos sobre el rumbo socio-económico de nuestro país? ¿Qué espacio real tenemos los ciudadanos para decidir sobre dichos rumbos?

¿Será el mito de la creación de empleo usado nuevamente para imponer una cuarta planta de celulosa? ¿Es pertinente y suficiente la regulación de los grandes emprendimientos (como las plantas de celulosa), que exigen un Estudio de Impacto a las propias empresas interesadas, pero no se contrastan con otras fuentes autónomas, ni se evalúa su impacto real posterior?

¿Cómo puede imponerse en el sentido común que la cadena forestal genera miles de nuevos empleos, cuando los datos públicos dicen completamente lo contrario?

¿Qué rol estamos jugando desde la Universidad de la República en la generación de conocimiento científico autónomo al servicio de las personas que habitan los territorios y los movimientos socio-ambientales? 

Notas

(1) Estos datos forman parte de un artículo académico en proceso de redacción, para ser publicado en una revista arbitrada latinoamericana. En Uruguay contamos con tres fuentes de datos públicos acerca de empleo en la cadena forestal: el censo poblacional de 2011 (desactualizado y con problemas para desagregar los trabajadores específicos de la cadena forestal respecto de otros rubros productivos primarios); el registro de BPS procesado por DGF (que solamente toma en cuenta trabajadores formales y puede sobrerrepresentar a los trabajadores zafrales);  y la Encuesta Continua de Hogares, de representatividad nacional y ejecución anual, con acceso público al microdato desde 2006.

(2) Se toma en cuenta el período 2007-2019 ya que se cuenta con datos confiables, de acceso público y contrastables por otros investigadores, para empleo y área afectada por forestación. 

(3) Pucci, F. Nión, S, y Ciapessoni, F. (2011) “Subcontratación, productividad y riesgos en la industria forestal uruguaya.” En: Reunión 2011 del grupo Trabajo, modelo económico productivo y actores sociales. Universidad de los Andes Bogotá; Pucci, F. Nión, S, y Ciapessoni, F. (2013) “La gestión del riesgo en la industria forestal uruguaya” En: Revista Laboral Volumen IX N°1 2013; Quiñones, M. (2015) Empleos verdes para un desarrollo sostenible. El caso de Uruguay; Riella, A. y Mascheroni, P. (2021) “El sector agrario uruguayo. Trabajadores transitorios y vulnerabilidad social” En Rev. Cien. Soc. vol.34 no.49 Montevideo dic. 2021; Rodríguez, N. y Heinzen, J. (2021) “Salud y trabajo forestal en el Uruguay: una aproximación participativa y cualitativa a su fase primaria.” En Revista Salud de los trabajadores volumen 29 N°1, enero 2021.

(4) Gautreau, P. (2014) Forestación, territorio y ambiente. (Trilce, Montevideo); Carámbula, M. (2015)  Territorialización de la Cadena Global de Valor Forestal en Uruguay; Santos, C. (2020) Naturaleza y hegemonía progresista; Achkar M. y Gazzano I. (2015) Conflictos de las transformaciones territoriales: Ganaderos frente a la intensificación agraria en Esteros de Farrapos Uruguay; Gonzáles, D., Quintana M., Capurro, P. y Greco, L. (2020) “Políticas de conservación y producción agropecuaria.¿Cómo se integran los sistemas socioproductivos de Paso Centurión y Sierra de Ríos? Un abordaje desde la integralidad universitaria” En Revista Integralidad sobre Ruedas, 7 (1), diciembre, 2021.

Nota de archivo Daniel Pena en Desordenando Mundos (sept. 2020)