Para que las diversas generaciones seamos conscientes del momento histórico que estamos atravesando, no debería sonar solamente la campana de la pedagogía del agroextractivismo en el espacio público de la educación, debería escucharse también el ruido del agua.

Tal como reza el título de la película “No mires arriba” (Don’t Look Up), autoridades procuran mantener sus lugares de poder, disfrazando una realidad evidente. En el film: el apocalipsis, en el Uruguay de comienzos del 2023: las consecuencias de abandonar la principal fuente de agua dulce superficial con destino a consumo humano del país: el Río Santa Lucía. Una especie de primer “zona de sacrificio” que abastece al 60% de la población y que el país debiera empezar a cuidar para dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución de la República que considera al agua como derecho humano fundamental, problematizando los 400 embalses que cortan la circulación del líquido vital por las venas del cuerpo-territorio.

Las autoridades “miraban para arriba”…para que llueva. La lluvia iría a resolver lo que el Estado no resolvía, traería nuevamente el agua dulce a las canillas de Montevideo. Mientras 4 meses transcurrían, “mirando para arriba”, la desesperación y la falta de alternativas llevaban a “mirar hacia abajo”: al agua subterránea.

Pero también allí los principales hidrogeólogos del país señalaban que el país conocía poco sobre sus acuíferos y reservas bajo tierra. Incluso empresas, perforadoras, buscadoras de hidrocarburos y otros “recursos naturales” podrían tener más información que el propio estado.

Había que resignificar el “Mirar para abajo” ya no para remendar el problema del momento, sino para conocer y empezar a ejercer mayor soberanía sobre el agua subterránea. Quizás esta fue una de las lecciones que la falta de agua dulce para el consumo de la principal zona metropolitana dejaba, una de las pedagogías del propio “agua”.^[1]

Los movimientos sociales, también sujetos pedagógicos, alertaron tempranamente que era necesario re-significar la sequía y el saqueo. Desnaturalizar la falta de agua. Actualizar la lectura sobre un territorio conquistado-colonizado-expoliado, ya no de oro, plata o cueros, sino de materia orgánica del suelo, pastizales nativos, zonas de recargas de acuíferos, nacientes de las cuencas, biota de aguas continentales

Cierto es, que ni autoridades, ni académicos ni movimientos sociales tuvieron tanta presencia en las escuelas, como los auxiliares (funcionarios no docentes), profesores y maestros, que diariamente compartían el aula, el comedor escolar y sus canillas de agua salobre en el sur del país. Al mismo tiempo que si no hay cambios en las políticas de agua, ni en los planes de estudio, el margen de acción para la concientización ambiental cotidiana (aún de quienes están a diario en las escuelas) tiene varias limitaciones.

Así como sin recursos públicos los académicos no pueden investigar, conocer y sugerir medidas para mejorar el acceso, la calidad y la producción de agua dulce. Pero, quizás, con movimientos sociales en el agua (para no pensar solo “en las calles”), se pueda navegar esta pedagogía del agua, que des-vela una problemática que no se soluciona esperando que llueva. Movimientos sociales que desbordan los caudales de la institucionalidad para que se tome en serio aquello del derecho humano fundamental que consagró el octubre azul de 19 años atrás.^[2]

De mirar para arriba a mirar para abajo

El manejo integrado de cuencas fue una herramienta de avanzada que la legislación nacional incorporó. Hoy puede ser un punto de partida para señalar, cómo además de repartirse el agua de lluvia en cauces superficiales, se conecta con aguas subterráneas. Estudiar cómo son esas conexiones: constantes, intermitentes, nulas. Cómo se conectan las cuencas con los acuíferos y otras reservas del subsuelo. Pasar del mapa a la representación en dos o tres dimensiones que permita identificar la conexión entre el agua subterránea y la superficial, no como lo hacen las empresas del extractivismo minero o de hidrocarburos, sino desde una perspectiva soberana de los bienes  naturales, desde la agro-hidro-ecología.

Algo de esto fue señalado en diciembre de 2020 por la paleontóloga Graciela Piñeiro, en el conversatorio “Observando a UPM2”^[3] donde demostró como distintos estudios internacionales evidencian que los cuerpos de agua superficiales pueden ir desapareciendo si pierden sus conexiones con el agua subterránea. Si pensamos en las cuencas forestadas del Río Tacuarembó, sobre zonas de recargas del acuífero guaraní, podemos evidenciar la gravedad del proyecto UPM2, y sus zonas de reconcentración silvícola o “forestal”. Diversas investigaciones señalan que en épocas de sequía los caudales de zonas forestadas pueden descender hasta un 50%. Por lo tanto el eucaliptus plantado con destino maderable o celulósico se convierte en un palo en la rueda del ciclo natural del agua. Consume mucha agua, impide la infiltración natural del agua de lluvia en el suelo, compite con el campo natural por la humedad del suelo, pero además presiona a la cuenca, llevando a una conexión intermitente entre cuencas y aguas subterráneas.

En el este del país, durante 50 años la biodiversidad de la Laguna Merín (compartida con Brasil) fue sacarificada para la producción arrocera, mientras que en los últimos 20 años el Río Negro o Río Hum, se convirtió en una nueva zona de sacrifico: para la producción de soja y otros rubros agrícolas en la cuenca baja (Soriano y Río Negro), con la instalación de la planta de celulosa en la cuenca media y con la forestación masiva de eucaliptos en su cuenca alta. Legalmente el embalse más grande de este Río, el de Rincón del Bonete (de un espejo de agua de 110 mil hectáreas), quedó por Contrato de la República Oriental del Uruguay bajo la gestión de una multinacional de la celulosa finlandesa (UPM).^[4]

Para el gobierno de derecha de Lacalle Pou (2020-2025), mantener el contrato firmado por el progresismo con UPM es parte de “la marca país”, por lo que estos megaproyectos se convierten en “política de estado”, donde  la seguridad jurídica y la baja conflictividad socioterritorial seguirán tornando atractivo el Uruguay para el desembarco de inversiones extranjeras del agroectractivismo.

A la continuidad del megaproyecto de UPM2 el gobierno actual le agrega la promoción de la hidrovía binacional de Laguna Merín que (de concretarse) inducirá una nueva oleada de agriculturización entre 500 mil y 1000.000 de hectáreas principalmente en el este (cuenca de la Laguna Merín) y el noreste del Uruguay (cuenca del Río Negro) rompiendo el campo nativo restante sin estudios de impacto ambiental ni límites a la pérdida de su biodiversidad. Así como se plantea un proyecto de utilización de los acuíferos (Arapey y Guaraní) para la generación de hidrógeno y metanol con destino a la exportación por parte de la empresa alemana Enertrag, que afectaría a las nacientes del Río Queguay y de varios afluentes del Río Negro.

Agua dulce para los motores del primer mundo y agua salada para el consumo humano. Porque la solución al agua “salada” y contaminada que circuló por las canillas de Montevideo en el primer semestre de este año, es: más agua salada o  desalinizada del Río de la Plata. El Proyecto Neptuno (asesorado por la empresa israelí Mekorot), implica sacrificar el exuberante balneario Arazatí, apenas como si fuera un daño colateral para instalar una planta desalinizadora de agua.

Por lo que el gobierno no solamente plantea la retórica de solucionar a largo plazo el acceso al agua “potable” sino que también pretende ser pionero en su misión global contra la descarbonización promoviendo la “transición energética” a costa de romper el agua dulce. Algo así como salvemos al planeta (con el llamado hidrógeno verde) rompiendo el agua dulce, para no depender de los combustibles fósiles.

Salidas didácticas y cosecha de agua dulce

La pandemia de la COVID 19 reforzó las soluciones únicas (inoculación con vacunas) frente a la crisis sanitaria. Independientemente de los mecanismos de defensa naturales de los cuerpos, todos “debían” aplicar la misma técnica de prevención de agudización de síntomas. Millones de dólares gastados en vacunas, podrían haber reforzado la nutrición balanceada y natural de niños y familias con mayores vulnerabilidades de salud, la promoción de los deportes o la educación física en las escuelas rurales (ya que abrumadoramente carecen de dicho componente educativo), o la producción de alimentos sin agrotóxicos.

Si no conocemos nuestro cuerpo-territorio, ni su inmunidad, difícilmente podremos encontrar mecanismos para reforzar las defensas naturales, porque quizás hasta las ponemos en riesgo. Saber qué defensas tiene nuestro propio organismo, saber qué estamos comiendo o qué calidad de agua consumimos, forman parte del necesario cuidado responsable o de una política sanitaria basada en la prevención.

En la crisis hídrica de 2023 hubo que racionar el agua embotellada, para hidratarse o cocinar. Además de la dificultad  para regar en la zona metropolitana plantas ornamentales y huertas. Así como en la crisis del Covid 19 migrar hacia zonas rurales fue una opción, bien podría haber sido una opción la migración de la zona metropolitana (abastecida por el Río Santa Lucía) hacia otras zonas del país donde existen otras fuentes de agua dulce. Sin embargo el grado de contaminación del agua con destino a consumo humano está generalizado en las localidades del interior del país, salvo excepciones. Incluso en las escuelas rurales, por ejemplo en las mediciones realizadas en el Departamento de Tacuarembó (donde es importante la presencia del acuífero guaraní) un 25% de escuelas no cuentan en la actualidad con agua propia (de pozos subterráneos), mientras que el 12 % tienen sus propios pozos subterráneos contaminados.

Por lo tanto, no es cierto que el problema del acceso al agua potable es un problema solamente de la zona metropolitana, porque buena parte de las tomas de agua de Obras Sanitarias del Estado (OSE) están contaminadas, incluyendo las de localidades y escuelas que están sobre la superficie de acuíferos de alta calidad y cantidad. No se trata de ventajas comparativas, se trata de que el acceso al agua potable y de calidad no ha sido una prioridad para los sucesivos gobiernos que han favorecido un modelo agroextractivista sin cuidar las zonas de producción de agua dulce (potencialmente potable).

Por su parte, los campesinos conocen manantiales de los campos, donde nacen cañadas, arroyos y nacientes de los ríos. La ganadería vacuna y ovina (destinada a la producción de carne) del Uruguay presenta una lógica de “todo es pastoreo” por lo que (en general) no se limitan o excluyen áreas de los establecimientos para realizar prácticas exclusivamente de conservación de especies o zonas prioritarias en propiedades particulares. Esto tiene una explicación agroecológica, no necesariamente destructiva. El pastoreo del ganado permite que la biodiversidad del campo nativo compita con la sucesión arbustiva del campo hacia el monte nativo. Esta adaptación de la producción de carne a  cielo abierto al originario bioma pampa permite un cierto equilibrio donde se conserva la biodiversidad del campo nativo, controlando un crecimiento no deseado (para la producción de carne) del monte nativo, y al mismo permitiendo que suceda naturalmente el ciclo hidrológico de manera natural, o sea produciendo agua dulce de alta calidad.

En las luchas por el territorio, hay que ser enfáticos en la diferencia de la producción de carne a cielo abierto, porque la ganadería sobre campo natural (que ocupa seguramente menos del 55% registrado en 2011) es productora de agua dulce. No es altamente contaminante como los feedlots (encierro de ganado vacuno en su etapa final de engorde) ni la producción ganadera intensiva en base a praderas artificiales.

Dentro de la ganadería se debería valorizar a estos gestores del campo natural y productores de agua, incentivando el cuidado de manantiales y nacientes. La certificación de la producción de agua, del uso cuidadoso del campo y de la producción de carne a cielo abierto se deberían articular, y no deberían ser transferibles.

A diferencia de la especulación financiera con bonos certificados de carbono de las empresas de la silvicultura artificial en base a monocultivos, se podría certificar campos productores de agua dulce y defensores del campo natural, así como se certifica carne producida 100% a campo natural.  Mientras que los bonos certificados de carbono se transan, promoviendo perversamente el mecanismo de pagar para seguir rompiendo, la certificación agro-hidro-ecológica no puede ser transferible, no puede generar un mercado de bonos certificados porque eso desdibuja totalmente el incentivo original de prácticas amigables con el ambiente en territorios únicos.

Mientras que el estado no regule las privilegiadas zonas de cosecha de agua dulce, los movimientos sociales, las escuelas, las instituciones académicas y prácticas educativas en general ya pueden operar como “certificadoras simbólicas” de los productores de agua, y de los guardianes de los pastizales nativos. Quizás este reconocimiento social también generaría una serie de incentivos, así como el turismo rural lleva al propietario rural a acondicionar el paisaje natural, quizás visitar los mantantiales incentiven a verlos como verdaderos “monumentos” del patrimionio natural. Y como tales pueden ser cuidados (con pequeños módulos de alambrado, por ejemplo), evitando que el ganado compacte el suelo de sus orillas, o beba directamente de esas pequeñas zonas anegadas (lo que genera cierto grado de erosión y eutrofización). A su vez se pueden pensar políticas públicas que incentiven el cuidado de las nacientes y del campo nativo, para que dejen de ser “recursos sacrificables” y re-existan en alternativas de producción de alimentos y servicios ecosistémicos.

Cerrando la canilla

Desde los movimientos sociales alguien dijo “solamente cuando nos cerraron las canillas en Montevideo, nos empezamos a preocupar por la gente del campo que ya estaba quedando sin agua por la expansión de los monocultivos”. Y así los movimientos sociales despiertan la conciencia y sacuden la modorra de la sociedad. Educan.

Pero no pueden ingresar a las escuelas públicas. Las multinacionales de la soja y la silvicultura sí lo hacen con la venia oficial, con la “marca país” de respetar contratos demasiado generosos y la complicidad de los gobiernos de turnos. Pero si los movimientos sociales generan prácticas de educación ambiental pueden ser tachados de violadores a la laicidad y proselitismo.

UPM por ejemplo, ingresa con su narrativa desarrollista y ecoeficiente a las aulas y a la formación docente. La misma empresa que acaba de derramar un millón de litros de soda cáustica en el Río Negro donde tiene la planta de celulosa más grande del mundo, y que 9 meses atrás decía que el Río Negro iba a ser el “río más monitoreado del mundo”.^[5] La misma que compró la planta “Botnia” de Fray Bentos, cuya instalación fue motivo de las movilizaciones de Gualeguaychú, instaló su segunda planta en el Río Negro, que tiene un caudal 10 veces menor que el del Río Uruguay.

Frente a esta situación una pedagogía del agua desde los movimientos sociales, puede disputar el territorio escolar, para que se escuche el derecho del agua en las aulas, en los pozos, en los manantiales, en los comedores escolares, en las nacientes cercanas a las escuelas rurales.

Para que las diversas generaciones seamos conscientes del momento histórico que estamos atravesando, no debería sonar solamente la campana de la pedagogía del agroextractivismo en el espacio público de la educación, debería escucharse también el ruido del agua.

La autogestión soberana de los bienes naturales, está en nosotros.

Tacuarembó, 31 de octubre de 2023

Pablo Díaz Estévez es Docente de la Universidad de la República en el Departamento de Tacuarembó y activista social. Contacto: estudiosrurales2016@gmail.com

^[1] Si desde el biocentrismo la naturaleza es sujeta de derechos, por qué no pensar que el agua es sujeto pedagógico, quien nos enseña, con su (políticamente) alterado ciclo natural.

^[2] El 31 de octubre de 2004 la ciudadanía ejerció un mecanismo de democracia directa (por casi el 65% de los votos) consagrando en la Constitución al agua como derecho humano fundamental.

^[3] Ver: https://www.youtube.com/watch?v=UTc_BJOTVPM&t=855s

^[4] También se le otorgaron por contrato a la empresa la disposición de un caudal mínimo de 80 metros cúbicos por segundo para que pueda arrastrar los efluentes de la fábrica aguas abajo (rumbo al Río Uruguay, donde desemboca el Río Negro a la altura de Fray Bentos), disponer de 130 millones de litros de agua diarios, gestionar de la energía eléctrica de la represa estatal sobre dicho embalse y la compra de la energía térmica sobrante a precios convenientes (para la empresa).

^[5] Ver:https://carve850.com.uy/2022/12/15/giambruno-y-martinez-directores-de-upm-cuando-uno-tiene-una-empresa-que-siempre-piensa-en-crecer-el-futuro-esta-abierto/