Cierran las oficinas y las caras ocupadas con sus trajes diurnos desaparecen. La noche en Ciudad Vieja es casi desértica. El viento atraviesa la plaza Matriz en cualquier dirección y todavía quedan algunos artesanos con sus mantas sobre la peatonal. Senovia se persigna cuando pasa delante de la catedral. Estamos yendo hacia su casa para escaparle al frío, en un edificio que queda sobre 25 de Mayo e Ituzaingó.

En el camino cuenta que ella y su marido ya empezaron la mudanza de algunas cosas a otro lugar que consiguieron, “más abajo” por 25 de Mayo. Es otra ocupación y ellos están acondicionando una pieza. De todas maneras, van a permanecer en el edificio hasta el último momento.

Ya en el apartamento Senovia baja la guardia. Delata su orgullo cuando habla de sus hijos y de sus nietos en Perú. Ella es cajamarquina, de la sierra peruana, pero dejó su casa y a los suyos en Chiclayo, una ciudad al norte del país. Hace casi 20 años que llegó a Montevideo, pero habla de su casa en aquella ciudad como si nunca se hubiera ido.

Senovia y su marido siempre mandaron plata para que sus hijos pudieran estudiar. Ella trabaja de empleada doméstica en casas de Carrasco y Pocitos aunque, ahora está parada hace varios meses por una lesión en la pierna que la tiene a mal traer. Relata, con lujo de detalles, lo traumática que fue su primera experiencia. Una mansión de 25 habitaciones en Carrasco, donde “la señora” le hizo la vida imposible. Se quedaba a dormir, fue la única vez que trabajó “con cama”. A otros los recuerda con afecto e incluso mantiene contacto.

Siempre estuvo en Ciudad Vieja, pero vive en este edificio desde el 2006. Son tres pisos grandes donde viven 23 familias en total, la mayoría de origen peruano y algunos uruguayos. Según ella casi todos pagan luz y agua.

Desde que empezaron a llegar los cedulones de desalojo el año pasado, nadie duerme tranquilo.

El abogado Roberto Soria es integrante del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y trabaja con varias de las familias del edificio. Cuenta a Sala de Redacción que el caso es “rarísimo” porque “están corriendo tres juicios en paralelo”. El CDH actualmente se encarga de dos expedientes.

Soria explica que este tipos de juicios tienen dos etapas: una de desalojo y otra de lanzamiento. “En la de desalojo se puede contestar, oponer excepciones, ir a audiencias y hacer escándalo” pero en la etapa de lanzamiento, “solo se puede estirar con prórrogas”, aclara. Agrega que cuando es invierno y hay niños involucrados, los jueces tienen más en cuenta los pedidos de prórroga, “pero siempre hay un límite”, advierte.

Dice que el caso de este edificio ya lo “agarraron” en etapa de lanzamiento y que solo se puede conseguir más tiempo para buscar alguna solución para las familias. Además, explica que por no haber interpuesto ningún recurso en la etapa anterior, los impulsores del desalojo no están obligados a presentar los títulos de propiedad.

Por los expedientes judiciales se sabe que uno de los impulsores del proceso es Pablo Elenter Grimberg. Representado por los abogados Eduardo Gandelman y Luis Alberto Carballo Garicoits, promovió el proceso el 18 de octubre de 2016.

Por otro lado, la empresa Denoland S.A solicitó la desocupación del inmueble el 14 de junio de 2016. Según una nota publicada en La Diaria, el titular de esa empresa es Rubén Roberto Weiszman Glukman, un contador que fue indagado en la década del 90 por vinculaciones a casos de corrupción del gobierno argentino de Carlos Menem. Además, en 2012 fue procesado con prisión en Uruguay, en el marco de la “Operación Campanita”. Una millonaria maniobra de lavado de activos y ocultamiento de bienes de una organización de narcotráfico. Salió bajo fianza poco tiempo después. Javier Simonetti, el abogado de Weiszman en aquellos años, es el letrado firmante de este proceso civil en el que se alega que las unidades del 301 al 307 del inmueble pertenecen a la sociedad anónima representada.

Una de las fechas de lanzamiento fue el 20 de agosto pero hubo feria judicial y, según cuenta Soria, el alguacil decidió no poner fecha de nuevo hasta que aparezca el abogado de la otra parte. “Es una bomba de tiempo”, indica.

Ausencias

En conversación con SdR, Valeria España, abogada que también integra el CDH y es especialista en derechos de los migrantes, cuenta cómo en estos casos se cruzan la ausencia de políticas de vivienda y de políticas migratorias por parte del Estado. Según ella, esta ecuación tiene entre otros resultados posibles, los casos de desalojo forzoso.

La abogada sostiene que detrás de la gran mayoría de los desalojos se ocultan los intereses de la especulación inmobiliaria. Cuenta que la concentración de familias de origen peruano en el Centro y Ciudad Vieja, se debe al conocimiento que tienen de esta zona, donde habitan hace muchos años y tejieron sus redes sociales. “Eso les brinda seguridad”, explica. De todas maneras, advierte que esas comunidades se ven desplazadas por el proceso de gentrificación [1] creciente en los barrios céntricos montevideanos.

Otro problema para estas familias, según España, es el acceso a la Justicia. “Muchas veces a estas personas les llegan los cedulones y como no tienen conocimiento de las herramientas jurídicas, no interponen los recursos disponibles a tiempo”, dice. Y cuenta que después es muy difícil revertir el proceso. Por ejemplo, menciona el poco uso del llamado derecho de “prescripción positiva” o de “usucapión”. A saber: en Uruguay después de ejercer la propiedad por determinado tiempo se puede reclamar ser “poseedor de buena fe”. Además, la abogada menciona que a veces el asesoramiento no es el adecuado ya que muchos de sus colegas no tienen en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas para actuar en estos casos.

El éxodo

Ya no tenían a donde ir. Después del desalojo del martes, la primera parada fue un salón de baile que un vecino amigo les prestó hasta el fin de semana y el viernes la Policía ya los echaba de una casa que habían encontrado abandonada en Maldonado y Florida. Apareció la dueña. Tarde o temprano siempre aparecen.

Karina, Juan Carlos y los tres niños estaban cansados y no tenían a dónde ir. La Policía les dijo que se presentaran en la Seccional Primera por su cuenta.

Luego de una reunión en el Ministerio de Vivienda y la intervención de algún representante del Instituto de Derechos Humanos, alguien, en algún escritorio, resolvió que el siguiente destino iba a ser una pensión transitoria en la calle Pérez Castellano. Fue la tercera mudanza en menos de una semana para esta familia, un verdadero éxodo.

“Perdimos muchas cosas en el camino“, cuenta Karina. Incluso tuvo que volver al edificio de San José y Andes para ver si podía conseguir alguna de las cosas que habían quedado adentro después del desalojo. En las mudanzas los ayudaron algunos amigos y los trayectos casi siempre se hicieron a pie.

Hace dos años que había llegado el primer cedulón de desalojo. Pero el martes 12 de setiembre todo sucedió muy rápido. Llegó la alguacil, acompañada de una escribana, con una orden de desalojar el edificio en menos de dos horas. La angustia invadió a las 11 familias que vivían allí. En dos horas Karina y Juan Carlos tuvieron que ponerse al hombro el hogar que crearon pacientemente durante 12 años.

“Fue muy feo, nos sacaron a los empujones de nuestra casa”, recuerda Juan Carlos. Karina cuenta que el abogado de las familias dió pelea hasta el final y calificó a los abogados de la otra parte de “poco éticos y trato inhumano” hacia las familias que tenían hijos y estaban “tirando” a la calle. Pero la alguacil puso el candado y todos afuera.

Mientras Karina y Juan Carlos relatan su historia son interrumpidos por alguno de sus hijos para hacerles algunas preguntas sobre los preparativos de una fiesta. Hoy es el cumpleaños de su hija y lo festejan en esta misma sala, una habitación amplia de la pensión de Pérez Castellano decorada prolijamente con globos y guirnaldas.

Llegaron hace 15 años alentados por los rumores de una economía creciente por estos lados. Pero se encontraron con la crisis financiera más grave en la historia del país. Ella vino de Chiclayo y él de Lima. Se conocieron en Montevideo y acá tuvieron a sus tres hijos. Karina trabaja de empleada doméstica y Juan Carlos actualmente estudia para maquinista naval en la UTU.

“Inhumano”, también es la palabra utilizada por Karina para referirse al caso de las viviendas abandonadas en el barrio y en toda la ciudad. Para ser más precisos, dirá que es “ilógico” que con tantos lugares disponibles, ellos no puedan tener su propio techo. Por eso es que no duda en admitir que siempre buscó casas abandonadas con “bastante deuda” para meterse con su familia y ponerse al día con las contribuciones. “Nosotros no queremos vivir gratis, queremos pagar lo nuestro”, aclara. Esta última vez no tuvieron suerte.

Derecho viejo

Consultado por las soluciones que se están buscando para las familias, Soria comenta que por parte del CDH se hicieron “peticiones administrativas” a Presidencia y el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), pero no fueron contestadas. Agrega que “extraoficialmente” hablaron con algunos jerarcas y funcionarios del MVOTMA, que propusieron como alternativa tramitar garantías de alquiler para aquellas personas que se quisieran ir antes de que las desalojaran. Esto no funcionó ya que en la mayoría de los casos las familias no cuentan con los ingresos solicitados para esas garantías y optaron por seguir ocupando.

Es el caso de Senovia y su esposo. También el de Karina y Juan Carlos. Estas familias recorrieron diferentes oficinas del Estado sin encontrar alguna otra respuesta para resolver su situación habitacional. Según Soria, las garantías de alquiler son la única política que tiene el Estado para la gente que no tiene vivienda propia. Esto para España es un problema ya que la movilidad social está determinada por la vivienda, que es “una precondición para el acceso a otros derechos”.

Según el artículo 45 de la Constitución, “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.”

Varios textos de especialistas, entre ellos Roberto Soria y Valeria España, publicados en diversos medios, exponen una contradicción evidente entre el derecho a la vivienda y el “inviolable e incuestionable” derecho a la propiedad, también previsto en nuestra Constitución. En esa tensión o lucha, la balanza está inclinada políticamente, dicen ellos, pues son dos derechos de igual jerarquía. Sostienen que el derecho a la propiedad se ha visto históricamente privilegiado y protegido tanto por nuestro sistema jurídico como por sus herramientas técnicas.

Pero también dicen que el sistema jurídico es reflejo de una sociedad y como tal sufre modificaciones en el tiempo. Por eso, invitan a visibilizar y problematizar en colectivo sobre la imposición del “derecho a tener” de unos pocos, por sobre la necesidad y el “derecho a permanecer” de unos muchos.

[1] Gentrificación es un término derivado del inglés gentry que alude a la alta burguesía. Fue utilizado por la socióloga Ruth Glass en 1964 para explicar los cambios sociales en relación con el territorio urbano que sufría Londres en esa época. Es el proceso por el cual la población original de un barrio céntrico y popular, es desplazada de manera progresiva por otra de un nivel adquisitivo mayor. Esto sucede entre otras causas por el aumento de precios del suelo, derivado de las inversiones mobiliarias en la zona.

*Sala de Redacción Julio Castro (ver en el sitio).