En Latinoamérica se ha documentado la existencia de, por lo menos, 145 mil organizaciones creadas por las propias comunidades para acceder al agua.

Cada año hacen este ritual en honor a la tierra que les da el agua. Antes de las ocho de la mañana, la gente de la comunidad sube al cerrito en donde nace el agua. Con ellos llevan velas, cacao, pinole, tortillas y un pollo que se cocina ahí mismo. El corazón del ave y las plumas se entierran en el lugar. Se adornan las cruces que se quedan en el sitio como una especie de guardianes. En esa ofrenda no puede faltar el pox, bebida tradicional de las tierras de Chiapas. Así es como la comunidad indígena tzeltal de La Unión agradece a la tierra por la lluvia y por tener vivo el manantial.

Esa ceremonia ancestral es una forma de alimentar a la tierra, porque “así como nosotros tenemos hambre, a la tierra le da hambre y necesita comer para dar agua”, explica María Luisa Gómez Pérez, habitante de La Unión y una de las personas que se encarga que todo esté listo para el ritual.

El manantial al que cada año se le hace la ofrenda dota de agua a 114 familias de La Unión, en el municipio de Sitalá, en la zona central del estado de Chiapas, al sur de México.

La llave que permitió a esas familias tener agua fue la organización comunitaria. Los habitantes del lugar negociaron con el dueño del terreno en donde está el manantial y crearon su propio sistema de abastecimiento de agua.

Desde hace tres años, María Luisa Gómez sumó más tareas a sus días. Eso fue a partir de que sus vecinos la eligieron para formar parte del comité de gestión del agua de la comunidad. Su labor consiste, entre otras cosas, en estar al pendiente de que el manantial esté limpio y en vigilar que no se dañe la infraestructura que permite llevar el agua a las casas.

El caso de La Unión no es aislado. En el municipio de Sitalá hay 35 comunidades que tienen sus comités del agua.

En toda América Latina existen, por lo menos, 145 mil Organizaciones Comunitarias de Sistemas de Agua y Saneamiento (OCSAS). Gracias a su labor, alrededor de 70 millones personas que habitan las zonas rurales de Latinoamérica pueden tener acceso al agua, de acuerdo con los datos recopilados por la Confederación Latinoamericana de OCSAS (ClOCSAS), la cual reúne a representantes de 15 países de la región.

Y aunque hoy se usa el término de OCSAS para identificarlas, en cada país reciben nombres diferentes. Son desde cooperativas de agua, juntas de agua, comités de agua o acueductos comunitarios. Al final, lo que las caracteriza a todas es que son “estructuras sociales creadas por grupos de vecinos en zonas periurbanas y rurales, donde generalmente no llega el servicio de las empresas públicas, privadas o mixtas de agua que atienen a las grandes ciudades”, como se describe en el libro Modelos de Gobernabilidad Democrática para el Acceso al Agua en América Latina, publicado en 2011 por Fundación Avina y con un prefacio de la politóloga Elinor Ostrom, una de las investigadoras más destacadas en el estudio de bienes comunes.

Valorar la acción comunitaria alrededor del agua

María Luisa Gómez recuerda que cuando la comunidad en donde vive logró organizarse para tener su propio sistema de gestión del agua, las mujeres ya no tuvieron que invertir tiempo en acarrear agua en cubetas.

En otros poblados vecinos, como Santa Bárbara o Trinidad, aún no tienen un sistema comunitario de gestión del agua y por ello, en esos lugares las mujeres y niños deben caminar hasta por una hora para conseguir agua. “Tienen que andar buscando en los pozos y luego se generan conflictos por eso. Los niños —lamenta María Luisa— ya no van a la escuela cuando tienen que ir por el agua”.

En lugares como Santa Bárbara o Trinidad, y muchas comunidades rurales de México y América Latina, el derecho humano al agua y al saneamiento que, desde 2010 es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está lejos de cumplirse. Tan solo en América Latina se estima que 219 millones de personas no tienen acceso a agua gestionada en forma segura, de acuerdo con datos de Fundación Avina.

Muchas décadas antes de que el acceso al agua se reconociera como un derecho humano, en muchas zonas rurales de América y África, las comunidades construyeron formas de hacerse del agua. “En algunos países, las experiencias de gestión comunitaria del agua tienen más de 60 años, Incluso, en naciones como México o Perú tiene una historia aún más larga”, destaca Lil Soto, del programa de acceso al agua de Fundación Avina.

En la década de los años ochenta —explica Soto— varios países en América Latina invirtieron en la creación de sistemas de acceso al agua para dejarlos en manos de las comunidades. “Les dejaron la administración y la operación del sistema sin darles un acompañamiento o capacitación. Algunas comunidades salieron adelante como pudieron; en otras, los sistemas colapsaron por falta de mantenimiento”.

A partir de las últimas dos décadas, las diferentes formas de gestión comunitaria de agua que es posible encontrar en América Latina han comenzado a ser cada vez más visibles. En especial, porque entre el 20 y 50 % de la población que habitan en la región tiene agua gracias al trabajo de las organizaciones comunitarias, de acuerdo con estimaciones de Fundación Avina.

El mapa latinoamericano de la gestión comunitaria

Si bien la gestión comunitaria del agua está presente en todos los países de América Latina, hay naciones que han sido pioneros cuando se habla de acciones desde el estado para dar el reconocimiento que se merece a estos modelos de acceso al agua.

La legislación de Honduras, por ejemplo, reconoce a las organizaciones comunitarias de sistemas de agua.

En Perú, donde hay alrededor de 28 mil organizaciones comunitarias de agua, la página en línea del Diagnóstico sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural (DATASS) permite tener información sobre la situación de los sistemas de agua.

En Ecuador, donde alrededor del 50 % de su población tiene agua gracias al modelo de gestión comunitaria, la Constitución establece que el Estado debe fortalecer a estas organizaciones. En ese país se conformó una red nacional de OCSAS.

En Costa Rica, se cuenta con el Plan Nacional de Capacitación para OCSAS, promovido como una política pública. En este país, el 30 % de la población depende de un sistema comunitario para tener agua.

Costa Rica y Ecuador destacan, incluso, porque son los dos únicos países en donde desde 2016 y 2018, respectivamente, reconocieron en forma oficial el Día de la Gestión Comunitaria del Agua, el cual celebran cada 14 de septiembre.

Hay países en donde la organización comunitaria alrededor del agua tiene una larga historia, pero en donde la información oficial sobre estas iniciativas es casi inexistente.

En México y Brasil, por ejemplo, no hay datos a nivel nacional que permitan conocer cuántas hay, cuáles son las fuentes de agua que utilizan y a cuántas personas abastecen de agua, señala Lil Soto, de Fundación Avina, una de las organizaciones no gubernamentales que desde hace más de una década trabaja en el fortalecimiento de las OCSAS.

Cántaro Azul, Centinelas del Agua y Fondo para la Paz son otras organizaciones que en México acompañan a comunidades para fortalecer su gestión del agua. Fondo para la Paz, por ejemplo, trabaja con alrededor de 76 organizaciones comunitarias de agua en los estados de Chiapas, Campeche, Oaxaca, Veracruz y San Luis Potosí.

“Esas 76 organizaciones no representan ni el 10 % de las organizaciones comunitarias del agua que hay en el país”, señala Iván Camilo Rodríguez Torres, de Fondo para la Paz.

En la actualidad, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) construye una base de datos para integrar la información de las organizaciones comunitarias de agua y saneamiento.

En México, un reconocimiento pendiente

Guadalupe Monteverde es una comunidad que se ubica en la mixteca alta de Oaxaca, una zona en donde el agua es cada vez más escasa. Los pobladores de esta comunidad indígena eligen a sus autoridades tradicionales en asamblea. Quien es seleccionado a un cargo no puede negarse a ejercerlo. Tampoco recibe un pago por el trabajo que realiza, es parte de sus obligaciones con la comunidad.

Rubén Cruz López fue elegido por su comunidad como secretario de agua potable. Durante todo un año, él será el encargado de administrar el agua del manantial que abastece a 1300 pobladores. Todos los días debe abrir las llaves del sistema de agua a las seis de la mañana y cerrarlas cuatro horas después. Parte de su trabajo es vigilar que haya agua suficiente. Si el manantial baja de nivel, él deberá tomar la decisión de racionar aún más el agua. “Es difícil, porque la gente se enoja cuando no hay agua”, dice Cruz.

En México, a diferencia de Ecuador o Costa Rica, la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992 no reconoce a los comités comunitarios de agua, pese a que históricamente han sido la respuesta de las comunidades para solucionar la falta de agua.

“Es fundamental que en la ley se reconozca su trabajo, que se les conceptualice y exista un marco para que puedan trabajar en forma adecuada… que se visibilice la importancia que tienen los gestores del agua en las comunidades”, menciona Rodríguez Torres, de Fondo para la Paz.

Para Lil Soto, de Fundación Avina, el reconocimiento y fortalecimiento de los comités comunitarios de agua en México y otros países Latinoamericanos es primordial: “Estas organizaciones son escuelas de democracia participativa, porque cuando las comunidades se organizan para resolver problemas de la gestión del agua, aprenden a resolver otros problemas. Estas organizaciones se convierten en un motor de desarrollo de la comunidad”.

Rubén Cruz confiesa que para él es un gran compromiso ser el secretario de agua potable. Durante el año en que tendrá ese cargo espera poder reunir los recursos para optimizar la olla de captación de agua pluvial que instaló el municipio en su comunidad. Durante las labores de limpieza, la geomembrana de la olla de captación se rompió. “Como cada vez hay menos lluvias, captamos menos agua y, luego, mucha se filtra porque no funciona bien la geomembrana”.

Cambio climático, lidiar con un nuevo desafío

En Santo Domingo Yanhuitlán, otra comunidad de la mixteca alta de Oaxaca, también tienen su comité de agua. Hasta 1940, la comunidad contó un pequeño acueducto que los dotó de agua. Ahora, dependen de los escurrimientos superficiales que bajan de la sierra, cuenta Alberto Montesinos, quien fue elegido en la asamblea comunitaria como secretario de obras del poblado y tiene entre sus responsabilidades dotar de agua a 1200 familias.

Durante años, esta comunidad ha solicitado al gobierno federal un pozo que les asegure el abasto de agua. Esa demanda se ha hecho cada vez más apremiante, dice Montesinos, “porque ahora duran más las épocas de secas”.

Las sequías no son el único desafío para los gestores comunitarios del agua. Las fuertes lluvias también pueden ser una amenaza, sobre todo cuando en un día puede caer toda el agua que se esperaba en un mes y eso puede provocar deslaves que destruyen la su infraestructura de abastecimiento de agua.

Lil Soto, de Fundación Avina, comenta que cuando las organizaciones comunitarias aprenden a administrar y operar sus sistemas de agua, comienzan a preocuparse por el agua para el futuro, “saben que su sistema no es nada si no hay agua y, por eso, se empiezan a involucrar en el tema ambiental”.

Por ello, no es de extrañarse que muchas organizaciones comunitarias de gestión del agua tengan entre sus prioridades mantener y regenerar las zonas boscosas. Por ejemplo, María Luisa Gómez Pérez, habitante de La Unión, en Chiapas, comenta que ellos además de darle de comer a la tierra, van a sembrar árboles alrededor de la zona en donde está su manantial.

Y mientras este 14 de septiembre, en Ecuador y Costa Rica celebrarán el Día de la Gestión Comunitaria del Agua, en el sur de México, María Luisa Gómez busca cómo conseguir un tanque que le permita a su comunidad almacenar agua de lluvia. Así podrán darle un poco de respiro a su manantial y tener una fuente más de agua.

Publicado originalmente en Mongabay Latam