Mirarse en el espejo de la Venezuela petrolera: ¿100 años de evidencia no bastan?

A inicios del siglo XX, Venezuela iniciaba la explotación masiva de petróleo, marcada por dos grandes «reventones» petroleros, esos enormes chorros de crudo que explotan y se proyectan a gran altura, y que han sido asociados en el imaginario moderno con la frase «¡somos ricos!».

A finales de los años 20, ya Venezuela se convertía en el principal exportador de petróleo del mundo ‒y así sería hasta 1970‒, transformando aceleradamente un país de perfil campesino y agrícola, en la gran promesa de modernidad y “desarrollo” de América Latina, que encandilaba con sus nuevas edificaciones, automóviles estadounidenses y una creciente capacidad de consumo de productos importados en las ciudades.

El petróleo viene atado a ese mito de riqueza ‒el llamado “oro negro”. Así que, la historia de Venezuela es también la historia de cómo se construyó una nación en torno a ese mito. Mito que quedó al descubierto, no sólo cuando el país se estremeció en 1989 con el enorme estallido social llamado «Caracazo», en el cual los barrios populares de varias ciudades del país salieron a la calle ante tanta pobreza, exclusión y desigualdad, sino también recientemente al presenciar el derrumbe de la nueva promesa revolucionaria en el proceso bolivariano que, aunque propuso cambios políticos radicales, planteó un ambicioso proyecto fundamentado en aumentar las dimensiones de la Venezuela petrolera.

El resultado de esta experiencia progresista de los últimos años ha sido la profundización de lo que nos deja este modelo histórico: una muy alta dependencia al crudo, un país que le da la espalda a la agricultura, una cultura más cercana al consumo de productos importados que al agua y a la tierra, y una enorme devastación ambiental.

No es posible comprender la desastrosa situación que vive Venezuela en la actualidad sin señalar los efectos que produce la economía petrolera. No importa si la promesa de riqueza y progreso la ofrecen viejas élites tradicionales o progresistas revolucionarios, el petróleo, como alimento e instrumento de este sistema global de consumo y producción endemoniado –aunque los pueblos originarios lo han concebido de formas muy diferentes–, de esta economía mundial de guerra, es un adversario de los comunes (de los bienes comunes, comunidades y tejidos comunitarios).

Con ya más de 100 años de evidencia, el espejo de Venezuela es fundamental para comprender los efectos de la economía e industria petrolera y la ficción de la fantástica promesa en torno al crudo.

Defender la Reserva de Tariquía ante la reedición de la colonización petrolera

Desde hace unos tres años, las comunidades campesinas de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, área protegida boliviana de unas 246 mil hectáreas ubicada en el departamento de Tarija (al sureste del país), han llevado adelante una lucha contra la expansión de la explotación hidrocarburífera en sus territorios. Podríamos decir que se ha convertido en una de las resistencias más emblemáticas contra el extractivismo en Bolivia.

Desde el año 2015, el presidente Evo Morales se pronunciaba sobre el interés de ingresar en áreas protegidas en busca de reservas de gas, mientras que se promulga el Decreto Supremo 2366 que “permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas”. Empresas extranjeras como la Shell o  PetroBras han suscrito contratos con el gobierno boliviano, teniéndose como objetivo intervenir en Tariquía,  principalmente las zonas de San Telmo y Astillero.

A raíz de estas resistencias, las comunidades de Tariquía se han tenido que enfrentar a presiones y considerables obstáculos. En esencia, Tariquía no es diferente de las variadas poblaciones que fueron abordadas e impactadas por la expansión petrolera en Venezuela: en la cuenca del Lago de Maracaibo, en Caripito y Jusepín en el oriente del país, o más recientemente en los poblados arropados por el proyecto de la Faja Petrolífera del Orinoco. Impulso de proyectos sin consultas o con consultas amañadas, en la que prevalece la carencia de información, con contenidos sesgados, omisiones, carencia de estudios de impacto ambiental o bien estudios no independientes realizados para avalar la explotación. Estas condiciones han sido señaladas por las comunidades de Tariquía respecto a los nuevos proyectos hidrocarburíferos.

Del mismo modo, se ha señalado la cooptación de dirigentes y la división de las comunidades, lo cual ha afectado sus movilizaciones, que en sus inicios mantenía a las mismas unidas y mostraba un consenso entre ellas en relación a la oposición al proyecto.

Es fundamental también señalar que la explotación petrolera no afecta solamente el lugar donde se instala el pozo. Aunque el ministro de hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, indicara que el grado de afectación en la reserva sería apenas del 0,03%,” ya que se aplicaría la sísmica en unas pocas hectáreas, los impactos de la exploración y explotación de hidrocarburos involucran a los territorios en más amplias escalas, debido a tres razones fundamentales: la primera, tiene que ver con los impactos socio-culturales, en la medida en la que la instalación de enclaves hidrocarburíferos trastocan no sólo los modo de vida tradicionales de los pobladores sino todo el conjunto de la economía local. Estos emprendimientos suelen convertirse en los dominantes en la zona, desplazando a los pequeños productores agrícolas, ganaderos o apicultores, quienes suelen abandonar estas actividades en busca de su incorporación de algún modo a este tipo de industria, o bien en el comercio informal que se va generando en torno a ella. A su vez, el crecimiento de estas explotaciones suele acarrear un incremento de la migración hacia la zona, personas de otras partes del departamento e incluso del país, atraídos por la posibilidad de ganar dinero.

Esta es la historia, por ejemplo, de las comunidades de pescadores en la península de Paraguaná, en Venezuela, quienes vieron desarrollarse un drástico cambio en sus vidas con la posterior instalación del que se convertiría en uno de los complejos refinadores más grandes del mundo. También, en nuestros días, productores agrícolas y pescadores de las zonas del sur del estado Anzoátegui, afirman que cuando un productor (o alguno de sus hijos) se va a trabajar a los taladros de la Faja del Orinoco, no regresa más a la actividad tradicional.

A principios de los años 70, se escribiría en Venezuela un libro emblemático, que reflejaba todo este proceso de transformación socio-cultural y territorial provocado por la irrupción del petróleo en las comunidades: “La antropología del petróleo” de Rodolfo Quintero (léalo aquí). Esta transformación económica y socio-cultural, es la base de la dependencia, que en el caso venezolano abarcó a toda la economía nacional y conformó la «petro-dependencia».

La segunda razón viene derivada de la primera, y tiene que ver con la forma cómo se facilita la penetración territorial (a través de las nuevas vías, infraestructuras, instituciones que se hacen presentes), y cómo se abre posteriormente el terreno para una expansión de nuevos emprendimientos y nuevos procesos extractivos.

La tercera razón es ecológica: los impactos importantes a un ecosistema (deforestación, perturbación a las fuentes de agua superficiales y subterráneas, afectación de especies, y posteriores derrames y fugas, entre otros) no ocurren sólo de manera localizada, sino que lo afectan en su conjunto. Cuencas hidrográficas, cadenas tróficas, patrones climáticos, funcionan en escalas que no pueden ser acotadas por la delimitación de un determinado bloque o lote petrolero. La relación e interdependencia es aún más sensible y frágil si se trata de un área protegida como Tariquía, con ecosistemas de bosque nublado, importantes cantidades de agua y una formidable biodiversidad y recursos genéticos.

Lo que preocupa, adicionalmente, es que esta expansión de las fronteras hidrocarburíferas viene acompañada de una serie de nuevas normativas que otorgan facilidades, concesiones y flexibilizaciones a las empresas petroleras, lo que de facto incluye procesos que flexibilizan el propio cuidado ambiental, con el fin de ahorrar costos de operación de las corporaciones que operarían, aunque esto suponga cargárselos a las poblaciones locales y la naturaleza.

Podríamos remitir como ejemplo, los amplios impactos ambientales que ha dejado la industria petrolera venezolana en toda la cuenca del Lago de Maracaibo (convertido este en una cloaca petrolera), las afectaciones a la salud de los pobladores de Paraguaná, los recurrentes derrames en el oriente del país, o bien las carencias de agua en San Diego de Cabrutica provocada por la explotación en la Faja del Orinoco; sin embargo, parece aún más contundente señalar el testimonio de las comunidades que habitan el parque Aguaragüe (Chaco boliviano), las cuales han evidenciado importantes pasivos ambientales en esos territorios a raíz de la actividad petrolera, con contaminación de las fuentes de agua, casos de enfermedades de la piel y cáncer, además del aumento de la pobreza y la miseria en la zona.

Por último, estos proyectos suelen ofrecerse casi como una necesidad para poder impulsar políticas de asistencia social –como la construcción de centros de salud, escuelas, espacios deportivos, etc.–, y a quienes se opongan son catalogados como “enemigos” del bien colectivo. El ministro de hidrocarburos afirmó que si no se explotaban los campos de San Telmo y Astillero, el departamento de Tarija podría perder (sic) 2.877 millones de dólares por concepto de regalías petroleras. Este tipo de afirmaciones, además de recurrentes, son profundamente engañosas pues desconocen que la situación de exclusión, despojo, pobreza y devastación ambiental que sufre la gran mayoría de la población proviene precisamente de la expansión y profundización del modelo extractivista. En América Latina, por mencionar un ejemplo, los enclaves mineros son las zonas más pobres de los países. A pesar de ello, la apertura de nuevas minas es ofrecida como la panacea y la oportunidad de alcanzar el “progreso” y el “desarrollo”.

Por otro lado, este argumento chantajeador evade una discusión fundamental sobre la distribución de los excedentes económicos. ¿Por qué hace falta abrir más pozos? ¿Dónde están las rentas, regalías e impuestos obtenidos en el extraordinario período de boom del precio de las materias primas que se vivió desde mediados de la década pasada hasta 2014? ¿A qué iniciativas económicas se dirigen los subsidios y las inversiones públicas? ¿A qué tipo de formas económicas favorece y a cuáles perjudica? ¿Puede la población hacer una auditoría de las cuentas públicas? ¿No existen otras alternativas económicas para Tariquía, para Tarija, para Bolivia?

Tariquía como lucha universal y el cuestionamiento radical al extractivismo

A fin de cuentas la crítica al extractivismo no sólo es una interpelación a los emprendimientos extractivos y todos los impactos sociales, culturales, económicos y ambientales que deja en las localidades, sino también se trata de un cuestionamiento al modelo de desarrollo imperante.

El extractivismo agroindustrial, minero y petrolero avanzan en Bolivia. Mientras tanto siguen creciendo propuestas, iniciativas y publicaciones que muestran que sí existen alternativas para transitar hacia una transformación post-extractivista, pensada como una economía para la vida y para los pueblos.

La lucha de las comunidades de Tariquía es una de muchas expresiones de defensa de los territorios ante un agresivo avance hacia las fronteras de la extracción en América Latina y el mundo, hacia los últimos rincones no colonizados por el capital. Esto implica que estas son luchas de todos, son en cierta forma luchas universales.

En nuestra visita a las comunidades, el 18 de septiembre pasado, se firmó un voto resolutivo ratificando –por si quedaba alguna duda– el rechazo, junto con otras comunidades del país y organizaciones internacionales, a los nuevos proyectos hidrocarburíferos en la reserva de Tariquía, y por tanto, una reafirmación de sus modos de vida tradicionales, de la vida, en general.

Tariquía es dignidad.
NO a la expansión hidrocarburífera en Tariquía.

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y de la Red Oilwatch Latinoamérica, e integra el Grupo de Trabajo Permanente de Alternativas al Desarrollo de la Fundación Rosa Luxemburgo.