En el sur de Bolivia, en la Reserva de Tariquía, el estado boliviano y las petroleras no escatiman estrategias para quebrar la resistencia de las mujeres y comunidades. Planes sociales de ayuda vinculados a vivienda y alimentación, interferencia de teléfonos a las dirigentes, apoyo de las fuerzas armadas para el ingreso de la petrolera y hasta una paradójica denuncia por violencia de género. Las armas del extractivismo sobre una comunidad que resiste.

La ya conocida lucha de la Reserva de Tariquía, cuyas comunidades se oponen a la entrada de petroleras a su territorio desde que en 2015 el gobierno boliviano legalizara actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas consolidando la profundización del régimen extractivista, se enfrenta a una nueva paradoja que vale la pena analizar.

Esta se produce de la mano de nuevas acciones contra la lucha comunitaria que bloquea la entrada petrolera en el sector de Chiquiacá, y forman parte de un modo de violencia contra las mujeres y las comunidades por intermedio de la ocupación policial a su territorio.

El pasado 14 de febrero en conferencia de prensa funcionarias del Ministerio de Hidrocarburos y principalmente la Sra. Edith Condori¹ , amenazaron a tres dirigentes de Tariquía acusándoles de violencia e intimidación durante una visita realizada con el objetivo de difundir proyectos que beneficiarían a las comunidades que estén de acuerdo con la presencia de petroleras.

Las funcionarias terminaron la conferencia señalando que demandarán a los dirigentes por violencia de género amparándose en la Ley 348. Por su parte las comunidades y los dirigentes acusados entre ellos dos mujeres y un hombre, niegan el hecho y afirman que van a defenderse por medio de la justicia comunitaria. En su último resolutivo, la Subcentral campesina manifiesta que respalda a sus dirigentes por ser gente de paz, desmintiendo las declaraciones de las funcionarias del Ministerio de Hidrocarburos.

¿Qué significa que el violentador se victimice?

La paradoja se instala tras la amenaza de las funcionarias de gobierno y encubre varios hechos que hay detrás. Por un lado, la maniobra gubernamental intenta contraponer -a través de un puro mecanismo de mediación patriarcal- a mujeres contra mujeres utilizando la Ley 348 que en teoría garantiza a las mujeres una vida libre de violencias. Por otro, visibiliza que el estado hará uso de cualquier recurso -legal o no- para quebrar la defensa de la Reserva y, principalmente, enviar mensajes disciplinadores a las mujeres de Tariquía quienes en estos años han mantenido el veto impidiendo la ocupación petrolera en aquel territorio.

Vale la pena desmenuzar en qué consiste esta paradoja. Hasta ahora la historia de la lucha de las mujeres de Tariquía lleva consigo un denominador común que la asemeja a otras luchas socioambientales que también buscan defender la vida. No solo contiene la clave territorial sino que ha significado enfrentar una serie de violencias múltiples a las que las comunidades y las mujeres son vulnerables cuando deciden oponerse a los propósitos estatales y de capitales que quieren despojarles de sus medios de existencia. Esto quiere decir que el estado rivaliza y se disputa con las organizaciones tariquiyeñas el control de la riqueza social. Incluso, por el control de la forma política comunitaria territorial haciendo uso de la violencia.

En este análisis abordaremos algunas de las violencias que se han reproducido en los últimos tres años que cercan a las comunidades con el objetivo de hacerles desistir de su lucha. El estado agresor/disciplinador desde un lugar de dominación construye un falso discurso victimizándose para criminalizar a las defensoras quienes continúan movilizándose junto a sus comunidades para mantener su veto, a través del argumento de “razón de estado”. La búsqueda de legitimidad estatal ha integrado el uso de variados mecanismos que van desde las políticas públicas, las leyes o los discursos, la cooptación, la negociación y la violencia.

Desde que el gobierno boliviano abriera las áreas protegidas para las actividades hidrocarburíferas por medio de los decretos 2298, 2366 y 2400 principalmente, ha fijado nuevas reglas para procesos de consulta previa y ha modificado las normas ambientales que, en cierta medida, salvaguardaban a los parques, reservas y otras áreas.

Estas medidas implicaron un hito en la política hidrocarburífera del actual gobierno que expandió la frontera petrolera de 2,5 millones de hectáreas a 29 millones, de 2006 a 2017.

La forma cómo el gobierno ha impuesto semejante política ha sido a través de la implementación de una guerra contra cualquier comunidad que no esté de acuerdo con su régimen de acumulación. Cabe destacar que en el caso de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, el 55% del territorio está concesionado a favor del capital transnacional como Shell a través de las empresas BG Bolivia, Chaco y Petrobras².

La guerra que produce el régimen extractivista contiene una lógica intrínseca que es la violencia estatal que se encadena muy bien con los otros tipos de violencia. Contiene un tipo de pedagogía ejemplificadora³ cuyo objetivo es disciplinar a las mujeres y a las comunidades. Algunas de las formas concretas son: intimidación, amedrentamiento, insulto, persecución, chantaje, hostilidad, soborno. Acciones llevadas a cabo por representantes y funcionarios estatales y por dirigentes del espacio supracomunitario. Hechos no menores que han provocado la división entre comunidades alterando las relaciones comunales y familiares desde el 2016. Es así que desde que comenzó la lucha por la defensa de la Reserva de Tariquía no han cesado las llamadas, el boicot y las amenazas a las mujeres que están en la defensa por ser quienes garantizan la lucha a través de su trabajo reproductivo. Principalmente a las que ocupan cargos en la dirigencia.

Con el objetivo de generar desinformación el recurrente ocultamiento de datos e información sobre los proyectos o la poca claridad sobre las operaciones de exploración en la Reserva ha sido otra forma de violencia que produce incertidumbre y miedo. El miedo se constituye en violencia al ser fuente de sensación de inseguridad permanente. Es así como han vivido las familias en Tariquía en los últimos tres años. Aunque las comunidades han enfrentado el miedo con acciones de reapropiación territorial o con movilización permanente, la sensación de inseguridad sigue presente y continúa siendo combatida con tenacidad por la fuerza comunitaria.

Esta guerra también trajo consigo violencia política en los espacios comunitarios, violencia que se despliega de manera sistemática con el objetivo de anular la lucha comunitaria a través de estrategias prebendales o de amenaza directa a la vida comunitaria y a la forma orgánica de ejercer la participación política de las comunidades, lo cual ha significado un ataque directo a mujeres quienes han colocado una clave diferente y nueva de practicar en la vida sindical, resistiendo a los proyectos hidrocarburíferos.

Otra de las estrategias de división desde el estado ha sido el ofrecimiento de planes y proyectos a las comunidades y/o personas que estén a favor de la ocupación petrolera en la Reserva. Muestra de ello es la ejecución del plan de viviendas en fechas clave en la cronología de la lucha⁴ con el objetivo de fragmentar la vida comunitaria o hacer desistir a quienes se defienden. La dotación de herramientas e implementos de cocina en los programas que benefician a las mujeres ha sido otra de las denuncias importantes realizadas por las dirigentes de la Subcentral en junio de 2018. En una reunión interinstitucional las mujeres denunciaron los condicionamientos y chantajes realizados por funcionarios estatales a las mujeres que se oponen a la entrada de los proyectos petroleros excluyéndoles de la provisión de cocinas. Frente a esas medidas la dirigencia comunitaria de Tariquía de la Subcentral realizó una serie de reclamos para garantizar que los proyectos de viviendas lleguen a todas las comunidades de manera equitativa.

El control y la violencia estatal también se ha sentido sobre las limitadas formas de comunicación en la Reserva. A esa parte del territorio boliviana solo la empresa estatal tiene alcance y se ha limitado la comunicación comunitaria. El objetivo ha sido dejar incomunicada a la dirigencia al controlar la señal de la telefonía celular. El control sobre la comunicación permite bloquear cualquier acción de organización de la lucha antipetrolera por lo tanto despolitizar anulando los esfuerzos de comunicación.

El ingreso de fuerzas represivas policiales para garantizar la ocupación petrolera es otra de las formas concretas de violencia con amplias consecuencias en la represión de la lucha comunitaria, instalando el miedo. De esta forma, el estado boliviano quiere asegurarse la legitimidad para concretar su régimen.

Es en este escenario, de múltiples violencias ejercidas por el estado, dónde éste colocándose en lugar de víctima pretende criminalizar a dos mujeres y a un hombre de la dirigencia. El gobierno de Morales aprobó la Ley 348 en marzo de 2013, en un contexto de recrudecimiento de feminicidios y de violencia contra las mujeres. Diferentes grupos y organizaciones de mujeres y feministas participaron en el impulso de esta ley en medio de un sentimiento de indignación por la muerte de la periodista Hanalí Huaycho quien murió en manos de su esposo el policía Jorge Clavijo. Hanalí y otras mujeres víctimas de la violencia machista deben estar retorciéndose en su tumba al ver cómo el estado boliviano hace uso de su poder para contraponer a mujeres contra mujeres, amenazando y criminalizando a las dirigentes tariquiyeñas cuyo único delito ha sido luchar y defender la vida y su territorio

¿En qué escenario se produce la paradoja?

En las próximas líneas queremos argumentar de forma detallada los hechos que desencadenan la paradoja para ayudar a la comprensión de cómo se sigue reproduciendo la disputa.

En abril de 2018, se promulgaron dos leyes que establecen la firma de contrato del gobierno boliviano y la empresa estatal YPFB, con la empresa Petrobras, para la exploración y explotación en los bloques San Telmo y Astillero en la Reserva Tariquía. Posteriormente, una serie de eventos han marcado el recrudecimiento de la violencia estatal y empresarial contra la lucha de las mujeres y comunidades de la Reserva. Las comunidades del sector Chiquiacá, al noreste de la Reserva, iniciaron a fines de 2018 otro frente de lucha ante el ingreso de Petrobras y han unido fuerzas con la Subcentral Tariquía.

A partir de la consigna de defensa de la vida, comunidades y familias de Chiquiacá a la cabeza de Subcentral Pampa Redonda, protagonizaron dos momentos importantes de movilización en octubre de 2018 y febrero de 2019. Todo, a pesar de los mecanismos de represión, cooptación y división que la empresa y el estado dirigieron contra ellas.

Según testimonios de pobladores de Chiquiacá, la empresa y funcionarios de gobierno habían visitado la zona desde hace por lo menos dos años, tratando de que la población acepte los proyectos hidrocarburíferos. A fines de octubre de 2018, las comunidades de Chiquiacá realizan el primer bloqueo de caminos para impedir que la empresa concrete los últimos estudios que le permitirían obtener la Licencia Ambiental. A pesar de lo cual el gobierno otorgó ese mes, hasta noviembre, tres Licencias que, como uno de los hechos más preocupantes, incluyen al bloque Churumas, que está en el área núcleo de la Reserva, es decir es el corazón de ésta, donde viven especies en peligro de extinción.

Una parte de las comunidades de Chiquiacá no fueron tomadas en cuenta para la consulta que habrían hecho las autoridades en este sector en noviembre de 2018, de hecho, como narra Jenny Mesa, vicepresidenta del Comité de Defensa en Chiquiacá, la pregonada “consulta previa” fue en realidad una manera mediante la cual se procura imponer las actividades petroleras: “solo en esa comunidad donde fueron consultadas solo las autoridades y algunas personas, pero no todo el cantón ni tampoco toda la comunidad […]ellos no nos quieren tomar en cuenta, las empresas, ni el Ministerio de Hidrocarburos”.

La presencia de petroleras ha traído ya la división de las comunidades en Chiquiacá,  afectando el tejido comunitario, al haber introducido programas de “desarrollo” para las comunidades y personas que acepten el ingreso de la empresa petrolera y no así para las personas en lucha. Como afirma Paula Gareca, dirigenta de la Subcentral Tariquía: “Ya habían hecho la reunión con las empresa  y les habían obligado ya que la próxima reunión, era un día martes la reunión, y de afuerita solamente ellos tenían opción era presentar proyectos, para que se beneficien y como beneficiarios, e iba a entrar la empresa”.

La reunión del 24 de enero de 2019 entre representantes de Petrobras y personas a favor de la empresa petrolera, parecía entonces definir el destino de Tariquía. Sin embargo, la presencia sorpresiva de las comunidades en defensa de la Reserva dio un nuevo giro a la ya larga historia de lucha comunitaria. Varias personas, entre ellas las mujeres, tomaron ese día la palabra y reiteraron su rechazo a las actividades hidrocarburíferas, sin embargo Petrobras confirmó que iniciaría trabajos en diez días.

Por esto, pasados los diez días, desde el 7 de febrero de 2019, las comunidades protagonizaron un bloqueo que logró frenar el ingreso de Petrobras. Jenny Mesa relata la conversación tensa que tuvieron con los técnicos de la empresa: “ellos nos dijeron, ellos nos han desafiado, para mí es un desafío: “vamos a ver quién se va primero, ustedes o nosotros”. Entonces nosotros: “claro como el gobierno les paga un sueldo, el gobierno les paga a ustedes, ustedes tienen un sueldo, pero nosotros no tenemos un sueldo pero igual vamos a resistir y vamos a estar aquí hasta que ustedes se vayan”, al día siguiente tratan de amenazarnos, que van a venir las fuerzas armadas a levantarnos, donde nosotros no vamos a permitir compañeras, al ingreso de las petroleras.

Después del retiro del personal de Petrobras, las comunidades de Chiquiacá decidieron conformar el Comité de Defensa, se encuentran en vigilancia permanente para que la empresa no intente nuevamente ingresar a la zona.

Múltiples violencias atentan contra la lucha

Luego de haber recurrido al recurso de victimización como forma de violencia, y el establecimiento de la judicialización de luchadores comunitarios, al no haber podido cooptar a las mujeres y dirigencias de las subcentrales campesinas de Tariquía y Pampa Redonda, el estado en alianza con Petrobras, emplea fuerzas de represión. Desde el día 26 de febrero de 2019, un contingente policial resguardó al personal de la empresa petrolera permitiendo así un ingreso rechazado por más de tres años por las comunidades de la Reserva; el 28 de febrero por la mañana ingresó otro contingente para reforzar al primero.

El núcleo de la “razón de estado” se sintetiza en hechos violentos que intentan desarmar todo lo tejido con gran esfuerzo por mujeres y comunidades en tanto tiempo de lucha y resistencia. El despojo pretende imponerse mediante dispositivos patriarcales, violentos y de ocupación con amenaza de represión directa, mientras las compañeras y los habitantes de Tariquía han decidido continuar la lucha, esta vez concentrada en Chiquiacá, a través de un bloqueo de caminos frente a las fuerzas policiales.
 

Notas:

1. https://abibolivia.org/abi_/?i=421049
2. (J. Campanini, comunicación personal, 8 de abril de 2017).
3. Se podría relacionar con la noción de pedagogía de la crueldad de Rita Segato.
4. http://zur.org.uy/content/tariqu%C3%ADa-de-pie-una-lucha-campesina-en-bo…