El uso del glifosato en agricultura y jardinería sigue siendo completamente legal en la gran mayoría de países y, en concreto, la Unión Europea aprobó en diciembre de 2017 la renovación de la autorización para utilizar productos con glifosato como principio activo hasta diciembre de 2022.
Pese a este tipo de decisiones políticas, diversos científicos, grupos políticos y organizaciones de consumidores y ecologistas en varios países siguen insistiendo en que el uso o exposición al glifosato supone riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas.

Francia, a la cabeza de las críticas
Uno de los países en los que se ha cuestionado más abiertamente el uso del glifosato es Francia, donde el gobierno ha anunciado la prohibición de algunas de las aplicaciones de esta substancia.
Entre las iniciativas sociales de oposición en Francia destaca la Campaña Glifosato (Campagne Glyphosate), “por una agricultura sin pesticidas”, que promueve un colectivo de entidades con sede en Foix (departamento de Ariege, en la región francesa de Occitanie).
Durante los últimos dos meses esta campaña ha facilitado la recogida y análisis de más de un centenar de muestras de orina de personas sensibilizadas por el debate sanitario y ambiental del uso del glifosato.

Demanda en Toulouse
Ahora, 45 de las personas que participaron en esta iniciativa han anunciado la presentación ante el Tribunal de Grande Instance (Tribunal de Primera Instancia) de Toulouse de una queja o reclamación legal por considerar que el uso de glifosato “pone en peligro la vida de otros”, supone “engaño grave” y provoca “daños al medio ambiente”.
Todas las personas dispuestas a iniciar esta reclamación judicial han mostrado públicamente los resultados de los análisis de orina, en los que se indican los niveles de glifosato detectados.
Según los responsables de esta campaña, todas las muestras de orina analizadas -más de un centenar en total- contenían, en mayor o menor concentración, restos de glifosato.

La Unión Europea rectifica
Las críticas por supuesto secretismo y manipulación de datos ha obligado a la UE a preparar nuevas fórmulas de información pública
La polémica social y científica sobre los supuestos riesgos del uso del glifosato han provoca diversos debates en el seno de las instituciones de la Unión Europea. Entre las situaciones críticas más recientes destaca la reiterada denuncia de que algunos de los informes oficiales de organismos de la UE sobre el tema del glifosato incluían amplios textos idénticos a los presentados por las compañías químicas que fabrican o comercializan el glifosato (ver en La Vanguardia ).
Además, diversas entidades y expertos han criticado el supuesto secretismo con el que han tratado en ocasiones las autoridades de la UE el debate sobre el glifosato.
En un intento de hacer frente a las críticas, el pasado martes las instituciones de la Unión Europea alcanzaron un principio de acuerdo para aumentar la transparencia en los procedimientos para autorizar sustancias como el polémico herbicida glifosato; por ejemplo permitiendo a los ciudadanos el acceso a estudios científicos relacionados con su toxicidad presentados por la industria.

Respuesta pendiente de ratificación
El principio de acuerdo -pendiente de confirmación formal por parte del Parlamento Europeo y por los Estados miembros-, responde a una iniciativa ciudadana que fue respaldada por más de un millón de ciudadanos europeos a raíz de los debates surgidos en medio del proceso de extensión de la licencia de uso del herbicida de Monsanto.
Además, de mejorar la transparencia en los procesos de autorización, el objetivo de la nueva normativa es aportar certidumbre legal a la industria alimentaria y mejorar la gobernanza y la calidad científica de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), según ha explicado en un comunicado el Consejo de la UE.

Publicado originalmente en: bloglemu.blogspot.com