El viernes pasado, los familiares de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil se movilizaron para repudiar los asesinatos de cuatro jóvenes en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires.

“Yo tengo un nene de 13 años que lo único que hacía era jugar a la pelota,
estudiar, salir con los amigos a la plaza a andar en patineta
y cantar unas canciones, porque le gustaba rapear.
¿A usted le parece? Y ahora lo tengo en un cajoncito”
(Juan Carlos Saone, papá de Danilo)

Una extensa bandera de letras negras y fondo blanco está desplegada sobre el asfalto en pleno centro porteño. El día es gris, frío, y se confunde con las paredes monumentales del Congreso de la Nación. Sobre la bandera, se puede leer “Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil”. Sobre algunas partes de las letras, sobresalen las fotos de Danilo Saone (13 años), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22), lxs cuatro adolescentes asesinadxs por la Policía Bonaerense en la madrugada del lunes 20 de mayo en la ciudad de San Miguel del Monte, ubicada a poco más de 100 kilómetros de la Capital Federal. Al cierre de esta edición, Rocío Guagliarello, de 13 años, sigue peleando por su vida en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.

El viernes pasado, los familiares de las víctimas de gatillo fácil convocaron a una movilización hasta Plaza de Mayo para reclamar justicia por los asesinatos de los pibes de San Miguel del Monte. Con la rabia a flor de piel, más de mil personas se reunieron en la Plaza de los Dos Congresos para marchar hasta Plaza de Mayo, en un trayecto que estuvo marcado por varias consignas y cantos, casi todos en contra de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“¡Los cuatro pibes de San Miguel del Monte!”, gritó una de las madres que encabezaban la movilización. “¡Presentes!”, fue la respuesta al unísono de las cientos de personas que caminaban sin vacilar en dirección a la Casa Rosada. Durante la movilización, los familiares de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil recordaron que, en la Argentina de hoy, la policía asesina a un pibe cada 23 horas. Y volvieron a reclamar la renuncia de la ministra Bullrich, como también multiplicaron sus críticas para el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Sandra Gómez habla con una voz dura y, por momentos, desagarrada. Sandra es la mamá de Omar Cigarán, un joven de 17 años que el policía Diego Walter Flores asesinó en La Plata en 2013. Sandra no vacila en salir a la calle cuando los uniformados se cobran una nueva víctima. Ella va al frente, durante las marchas, agita, grita y deja en claro que los culpables del gatillo fácil no son policías aislados o que se “excedieron”, sino que la responsable es toda la institución.

“Estamos cansadas que la policía siga matando a nuestros pibes”, sentencia Sandra unos minutos antes de comenzar a marchar. “Como mamá de una víctima de gatillo fácil, estoy bastante enojada con los dichos de Bullrich, que es una enferma. De su cabeza, solo puede salir que lo de Santiago Maldonado, lo de Rafael Nahuel y lo de Luciano Arruga es una construcción y una mentira –remarca-. Esta señora está loca, no puede hacer lo que está haciendo, porque dio vía libre para que sigan matando a los pibes. Ahora, fueron cinco pibes. Pero no olvidemos los que mueren masacrados en las comisarías, como la de Pergamino o la de Esteban Echeverría. Así ya no se puede vivir”.

En pocas palabras, Sandra desbarata el discurso oficial del gobierno: “Nos dicen que la inseguridad somos nosotros, los trabajadores, los pibes pobres, cuando sabemos que la inseguridad es la policía que mata. La señora Bullrich se tiene que dejar de joder, se tiene que ir”.

Para la madre de Omar Cigarán, a la escalada represiva que atraviesa el país hay que enfrentarla en la calle. “Hoy me tocó a mí, pero mañana le puede tocar a cualquiera –dice Sandra-. Así como salimos por los trabajadores desocupados, por los docentes cuando reclaman, por la violencia de género y la ley de aborto, todos tenemos que pedir que Bullrich se vaya y que dejen de matar a los pibes”.

Las últimas palabras de Sandra van dirigidas a los familiares de los pibes de San Miguel del Monte. Son palabras sencillas, calurosas, solidarias: “Les mando mucha fuerza y un abrazo muy fuerte. Y no se queden con que fue un accidente, esto fue una masacre. Salgan a las calles, vayan todos los días a joder al juzgado y que pidan que no investigue la propia policía que mató a los pibes”.

Ya no es extraño descifrar, en apenas unos segundos, que los grandes medios de comunicación toman la versión policial de los hechos como un mantra que repiten una y otra vez sin ruborizarse. En el caso de San Miguel del Monte, no hubo una excepción.

La alucinada versión policial de una persecución con ribetes cinematográficos contra cinco adolescentes que iban en un Fiat 147 quedó estampada en las páginas de diarios, portales de noticias y escandalosas letras en las pantallas de televisión. “Tragedia” fue la palabra más repetida. No importó que los familiares de los chicos y los vecinos de la ciudad ya estuvieran en las calles protestando; o que las incipientes investigaciones del hecho dejaran muy rápidamente de lado la versión de los policías. Aunque los uniformados dispararon al menos cuatro balazos contra el auto en el que iban los chicos, la palabra “tragedia” seguía colgada en los titulares.

Desde la Plaza de los Dos Congresos, y casi sin respirar cuando habla, Nacho Levy, de La Garganta Poderosa, se refiere a lo que sucedió en San Miguel del Monte: “Acá hay mucho más que cuatro familias destrozadas. Acá hay muchísimas familias que están pidiendo micrófonos para decir que les pasó lo mismo, pero adentro de una villa, en el conurbano profundo, que les pasó lo mismo con amigos, con hermanos, con hijos mayores de edad. Las únicas voces habilitadas para opinar desde la inocencia purísima en los medios terminan siendo nuestros niños muertos. Cuando se abre esa ventana, afloran los casos que denuncia CORREPI”.

Para Nacho Levy, es urgente “dejar de hablar de hechos aislados. El hecho aislado es tener la posibilidad de poder contarlo, de poder dar cuenta que esto sucede todos los días en los barrios, porque los policías están formados e instruidos para eso. Hoy estamos acá denunciando la realidad gracias a la instrucción popular del pueblo de San Miguel del Monte, que se encargó de juntar las vainas servidas, de pedirle al camionero que fuera a declarar, ya no solo para denunciar el accionar represivo e ilegal del gobierno, sino también la manera en que intentaron encubrirlo”.

“El ministro (de Seguridad bonaerense Cristian) Ritondo tiene que dar las explicaciones que nos permitan entender dónde está la capacitación de la que hablaba cuando patrocinó la resolución 956 para legalizar el gatillo fácil –remarca Nacho Levy.- Y si no tiene la explicación, se tiene que ir, y la tiene que dar Vidal, que es la responsable política de estos cuatro fusilamientos, por más que no la nombren ni los canales buenos ni los canales malos”.

Asesinatos policiales, complicidad mediática y responsabilidad política. A ese cóctel mortal, Nacho Levy lo resume, de manera inquietante, en unas pocas palabras: “En la provincia de Buenos Aires, ocurrieron el 51 por ciento de los asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad y no vimos a un solo periodista de un solo canal preguntándole a María Eugenia Vidal de qué manera piensa contener a la policía bonaerense”.

Cuando la movilización llega a Plaza de Mayo, una noche fría y despejada cae sobre Buenos Aires. El día fue largo, agotador, por momentos triste y confuso. Emilia Vasallo, mamá de Pablo “Pali” Alcorta, fusilado el 18 de mayo de 2013 por la policía bonaerense, es la encargada de leer una carta dirigida a los familiares de los pibes. Sus primeras palabras son “solidaridad”, “fuerza” y “amor” para quienes todavía lloran a los chicos asesinados en San Miguel del Monte.

Emilia remarca que van a seguir “denunciando las prácticas represivas en todas sus formas, denunciando al Estado y todas las instituciones: el gobierno nacional, provincial y municipal. Gobierne quien nos gobierne, el Estado nos mata, nos tortura, nos desaparece. No podemos dejar de decir que el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y todo su entorno mafioso empresarial es quien profundizó y garantizó el gatillo fácil con la doctrina Chocobar, con querer bajar la edad de imputabilidad y todas las leyes posibles para el exterminio del pobre, de la clase obrera ocupada y desocupada, por profundizar el hambre y garantizar impunidad para los asesinos”.

En la carta, los familiares de víctimas de gatillo fácil apuntan que, en el sistema injusto en el que vivimos, donde se profundiza una sociedad dividida en clases, los asesinatos policiales van a ser moneda corriente. “Nosotres seguiremos en las calles –asevera Emilia- exigiendo justicia, verdad, y apostando a una conciencia donde podamos terminar con este sistema y todas las prácticas represivas, donde nuestros pibes puedan andar por las calles libremente, sin ser estigmatizados y asesinados”.

Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, también dirige sus primeras palabras para recordar a Alejandro Cabrera Britos, saxofonista y militante por los derechos humanos fallecido el jueves pasado en un accidente automovilístico cuando viajaba a Pergamino. Mónica señala que Alejandro nunca bajó los brazos, pese a ser hostigado y amenazado por su lucha contra la represión estatal.

“A las familias de San Miguel del Monte –dice Mónica, con una voz que estremece a todos y a todas- va nuestra consideración y adhesión. Sepan que no están solos en esta lucha que les espera. Van a venir días difíciles, pero vamos a estar nosotras haciéndoles el aguante, lo que quieran organizar, ahí vamos a estar apoyando y acompañando como lo hicimos siempre”.

La voz de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora-, también está presente. Después de marchar sin parar por toda avenida de Mayo, Nora deja en claro que “nunca compramos lo que dicen los medios hegemónicos con el ‘algo habrán hecho’, porque igual, si estaban haciendo algo, no tienen por qué recibir un tiro por la espalda”. Como es su costumbre, no duda en denunciar a quienes matan al pueblo y a los más jóvenes. “Desde acá, le mandamos un abrazo a los familiares de San Miguel del Monte, sabemos que hoy deben estar inconsolables”, afirma Nora, que agrega que “vamos a seguir en las calles todos los días que sea necesario, vamos a terminar con la impunidad, vamos a parar esta situación, estoy segura, la vamos a parar estando en la calle todos los días, no hay que bajar los brazos ni un día, ni un minuto”.

Por la masacre de San Miguel del Monte, hay trece policías imputados. Desde el gobierno nacional, en todo momento, intentan mostrar que el asesinato de los cuatro pibes fue un hecho aislado, un “error de procedimiento”, una anomalía en una institución en donde el 80 por ciento de sus efectivos cumplen la ley, según lo que esgrimen funcionarios adictos a la mano dura.

El discurso oficial parece inmutable, aunque se apresuren en separar de la fuerza a los uniformados implicados no solo en los asesinatos, sino en la red de encubrimiento tejida en las primeras horas de ocurrida la masacre. Desde la Casa Rosada, perciben que liberarle las manos a los policías para que disparen sin siquiera detenerse a pensar unos segundos también genera un creciente malestar entre la población.

Todo esto en pleno año electoral, con una crisis económica que sólo disfrutan los socios del presidente y los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal ya no podrán juntarse a charlar, a contarse sus historias, a escuchar las rimas de sus canciones o relatar sus hazañas en skates. Rocío, la sobreviviente de la balacera policial, ahora pelea cada segundo para escapar de la muerte. Por estas horas, a este cuadro de dolor e injusticia el gobierno lo sigue describiendo como “un error de procedimiento”.