Llevamos 25 días sin agua potable en el área metropolitana de Uruguay. Sin embargo, gobierno y oposición solamente hablan de “medidas de mitigación” y se pasan mutuamente las culpas sobre quién debería haber gestionado mejor la crisis del agua: si debería o no estar la represa de Casupá, las pérdidas de las cañerías de OSE, la planta desalinizadora, el posible Proyecto Neptuno, la falta de previsión, el aprovisionamiento a las poblaciones más vulnerables, la promoción del cuidado del agua en los hogares, etc..

Vamos a decirlo claro: “mitigar” un problema es resignarse a que solo lo podemos suavizar, responder a la emergencia como un incendio, pero no solucionarlo de fondo. Es ponerle una curita a una herida profunda y compleja.

La genialidad del capitalismo es que convierte los problemas que genera su expansión en nuevos lucros con “medidas de mitigación”, y en ese mismo movimiento, socializa los costos y daños mientras concentra riqueza. Algunos ejemplos de esto, vinculados al agua, son: la irónica “tasa ambiental” que incrementó el costo de la tarifa de OSE en 2017 por los problemas de contaminación del agronegocio en las cuencas y las mayores dificultades para potabilizar el agua; la promoción de la Ley de Riego en 2018 por parte del exministro Tabaré Aguerre (empresario arrocero, del azúcar y ganadero de feedlot) como respuesta de “mitigación” ante la eventual falta de agua para pequeños productores (que obviamente resultó en un nuevo nicho de lucro para grandes arroceros y forestales); la actual propuesta del Proyecto Neptuno que tomaría el agua del Río de la Plata (salada, cara y con toxinas de cianobacterias) como respuesta al pésimo estado de la cuenca del Santa Lucía; la flexibilización en el uso y registro de agrotóxicos, en especial tras la denuncia del vivero de UPM en Guichón que utilizaba 14 sustancias prohibidas que luego fueron “regularizadas” a costa de la salud de trabajadores y vecinos, etc. 

Sea capitalismo salvaje, o capitalismo suavizado (con tintes social-demócratas), es capitalismo en fin, y su único objetivo es la acumulación a través de la explotación de cuerpos, emociones y territorios. Que no nos confundan: mitigar es silenciar el problema, para cuidar el “clima de negocios”, o mejor dicho, el clima de saqueo.

Pero, ¿Por qué decimos que es saqueo y no solo sequía? ¿Cuáles son los problemas de fondo que se silencian y no se quieren enfrentar?

El discurso oficial dice que la actual crisis del agua en Uruguay es solo por falta de lluvia en los últimos tres años, asociado al fenómeno de “La Niña”, y que nada tiene que ver con causas humanas (antropogénicas). Sin embargo, un conjunto de organizaciones, sindicatos, colectivos, asambleas autoconvocadas y manifestaciones callejeras multitudinarias estamos señalando que esto no es solo una sequía por falta de lluvia, es un verdadero saqueo. 

A nivel global, el cambio climático causado por el aumento de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero afecta nuestro territorio con sequías e inundaciones más intensas. A nivel regional, la destrucción de la selva amazónica para el avance del agronegocio ganadero, sojero y la megaminería daña el ciclo de los ”ríos voladores”, demostrado científicamente como fundamental para la generación de lluvias en nuestra región; sur este del continente. 

Frente a eso, por supuesto que es imprescindible que el agua potabilizada por OSE no se pierda en un 40% por el camino, que para esto hace falta más personal e inversión en la empresa pública y no más proyectos privatizadores, y que sería importante pensar colectivamente (con participación real y directa) en otras reservas más allá de la toma de Aguas Corrientes; sin embargo, nada de esto es suficiente para asegurarnos agua dulce en cantidad y calidad a mediano y largo plazo.

En nuestro país una serie de actividades productivas en manos principalmente de multinacionales acaparan el uso del agua dulce de ríos, arroyos y subterráneas, para generar inmensas ganancias que desaparecen de nuestro territorio, creando cada vez  menos empleo y empeorando las condiciones de vida en el interior profundo. Las más denunciadas son: la cadena forestal-celulósica, las arroceras, las sojeras, y las embotelladoras¹. Pondré aquí solamente un ejemplo² de cada rubro para hacer obvio el inmenso y casi incomparable uso del agua que hacen estas empresas en relación al agua potable consumida por la población. 

UPM (finlandesa) tenía una ganancia neta³ (sin su segunda planta) de 240 millones de dólares anuales, controla al menos 406.000 hectáreas⁴, y tiene un consumo de agua estimado por el crecimiento de sus monocultivos de eucalyptus y la dilución de sus contaminantes en sus dos plantas de celulosa, de al menos 12.000 millones de litros diarios. Equivalente al consumo diario de 96 millones de personas.

SAMAN (Camil SA brasilera) tuvo una ganancia neta de 18 millones de dólares en 2020, controla el 44% de la superficie cultivada de arroz en el país según el portal de INIA, y consume agua para el riego de sus arrozales y la dilución de los agroquímicos utilizados (herbicidas, fungicidas e insecticidas) estimada en 1.757 millones de litros de agua por día. Equivalente al consumo diario de 14 millones de personas.

UAG – Union Agriculture Group (Agriculture Investment Group Corp. radicada en British Virgin Islands), tuvo una ganancia neta en 2022 de 7,5 millones de dólares, controla entre 170.000 y 316.000 hectáreas⁵, y tiene un consumo mínimo de agua estimado en sus plantaciones de soja y otros granos de 2.900 millones de litros diarios. Equivalente al consumo diario de 23 millones de personas.

SALUS (Danone francesa), tuvo en 2021 una ganancia neta de 4.3 millones de dólares, tiene habilitada por DINAGUA un máximo caudal de extracción de 3,7 millones de litros de agua subterránea por día. Equivalente al consumo diario de 29.600 personas. Si tenemos en cuenta que es agua para beber, tiene habilitado extraer agua equivalente a lo que beben 1,8 millones de personas a diario.

Ninguna de estas empresas paga por el agua que usa, aunque existe legalmente un canon por uso del agua desde 1978.

Por otro lado, hace años que investigadores de Facultad de Ciencias de la Udelar y diversas organizaciones denuncian que la forestación reduce entre el 20% y el 50% de la capacidad de las cuencas por el elevado consumo de agua de los monocultivos, que las condiciones de contaminación del Río Santa Lucía son alarmantes principalmente por el uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes, que existen más de 450 embalses en la cuenca que no dejan llegar el agua al cauce del río. También es sabido en Ciencias Ambientales que las aguas subterráneas se encuentran directamente relacionadas con las superficiales, que acuíferos y napas freáticas alimentan los cauces de ríos y arroyos cuando no llueve, y al revés cuando llueve; por lo que cualquier explotación de las aguas subterráneas es un daño a nuestras reservas superficiales también. 

En otras palabras, el daño que estas empresas extractivas están generando al ciclo del agua se entrelaza con el fenómeno de «La Niña», el calentamiento global y la destrucción del Amazonas. Y es un daño a la vida de los ecosistemas como un todo, pues no solo acaparan sino también intoxican nuestras reservas de agua día a día para acumular más riquezas. Por lo tanto, es también un daño a nuestro cuerpo siendo parte del ecosistema. El saqueo que vive nuestro territorio se vive en nuestros cuerpos: ahora compuestos por agua salada, con residuos de plaguicidas, o de lo contrario, pagando con más horas de trabajo el agua embotellada extraída de las reservas subterráneas. Esta situación no es ni justa, ni sostenible, ni necesaria. 

El panorama futuro incluso parece empeorar la cuestión: el proyecto de DataCenter de Google (si se instala) consumiría 7.6 millones de litros de agua potable de OSE por día (equivalente a 55.000 personas) para evaporarla como método de refrigeración, y los proyectos de Hidrógeno Verde y metanol, en Tambores (Tacuarembó), Fray Bentos y Centenario (asociados a la logística forestal de UPM y UPM2) utilizarían importantes cantidades de agua de los acuíferos como materia prima. 

En contraste con tantas malas nuevas las calles están hablando, las organizaciones se desbordan y surgen asambleas por el agua en los barrios. Parece que al tocarnos las canillas vamos saliendo de la anestesia que requieren las grandes empresas y los gobiernos para cuidar el “clima de negocio-saqueo”. Ya el artículo 47 de la Constitución definía la gestión pública y directa de la sociedad civil en los asuntos del agua; una vez más nos estamos juntando para senti-pensar, conversar, denunciar, movilizarnos y hacer valer nuestras vidas sanas, creativas y amorosas entre humanos y con el resto de la vida. 

No alcanza con “mitigar” la crisis, debemos enfrentar la injusticia profunda que se está haciendo obvia con la falta de agua potable. Y la debemos enfrentar con un debate abierto, escuchando todas las voces (no solo a los políticos y sus expertos de preferencia en los famosos GACH), definiendo en colectivo cómo frenar el saqueo para poder habitar y cuidar nuestros territorios. 

Cuando éramos niños, las curitas se salían al mojarnos, hoy el derrame creativo en las calles está barriendo con las curitas y promesas de mitigación, dejando la herida abierta, haciendo del dolor social y ambiental una tremenda potencia colectiva.

Notas:

^[1] Sería importante estudiar a fondo la huella hídrica de los grandes ganaderos, curtiembres, malterías y cervecerías, y otros usos industriales.

^[2] Para calcular la huella hídrica me baso en los cálculos realizados por los compañeros María Noel González, Martín Sanguinetti y Carlos Santos en “El agua como subsidio ambiental del agronegocio en Uruguay ”; el valor de las ganancias Netas surge de los balances oficiales disponibles en Auditoría Interna de la Nación, las superficies y volúmenes productivos de las fuentes mencionadas, y la comparación con el agua consumida por humanos surge de los valores promedios de URSEA (15m3 por mes en un hogar de cuatro personas).

^[3] Recordamos que Ganancia Neta es el total de riqueza en dinero acumulado por la empresa luego de haber pago todos los impuestos, salarios, inversiones y demás gastos. En otras palabras, la ganancia limpia que le queda a la empresa tras el año productivo. Además de esto, la empresa puede acumular aumentando su patrimonio físico, con inversiones que hacen crecer o modernizar sus propiedades.

^[4] Ceroni, M (2022) “Los nuevos capitales agrarios del Uruguay: el caso de las corporaciones trasnacionales de la silvicultura” En Ceroni, M.,  Carámbula, M.  y Oyhantçabal, G. (cords.) El cambio agrario en el Uruguay contemporáneo.

^[5] La última nota de prensa al respecto en 2014 plantea que la empresa controla 170.000 hectáreas, sin embargo en el informe de MGAP sobre solicitud de excepción de Sociedades Anónimas para comprar tierras aparece un total de 316.000 hectáreas. Este valor no resta las tierras que dejaron de estar en manos de la empresa, sino que suma los pedidos de excepción, por lo que puede ser un estimado mayor que la realidad.