Colombia está viviendo un contexto muy particular: además de la pandemia planetaria del COVID–19, que ha afectado gravemente la situación de la Salud Pública, el país está atravesado por una violencia generalizada desatada por las fuerzas represivas estatales y grupos paramilitares sobre la sociedad. Sobre estas situaciones se han pronunciado diferentes gobiernos europeos e incluso las Naciones Unidas. En este contexto, los obreros mineros afiliados al sindicato SINTRACARBON llevan prácticamente un mes de huelga a causa de las prácticas del deterioro de las condiciones laborales desarrollado por la empresa El Cerrejón (de capitales anglo–americanos).

El Cerrejón está ubicado al norte de Colombia en el departamento de La Guajira, una zona de fuertes intereses geopolíticos, si consideramos que es fronterizo con Venezuela y que dicha frontera ha sido objeto de la instalación de bases militares norteamericanas con el doble pretexto de custodiar los intereses de las empresas multinacionales y eventualmente preparar una intervención armada contra la nación venezolana.

Desde Zur dialogamos con Jairo Antonio Quiroz, delegado de SINTRACARBON, quién nos brindó un panorama detallado de la situación que se vuelve tensa a la vez que esperanzadora por los apoyos populares que logra la huelga, a medida que transcurre el tiempo y la empresa se mantiene intransigente.

¿Cómo evalúa la actualidad del cumplimiento de los acuerdos del llamado «proceso de paz» en La Habana con las FARC y qué perspectivas ve de cara a la negociación con el ELN?

Durante la presidencia del doctor Juan Manuel Santos, el Estado colombiano suscribió un acuerdo con las FARC fue para dejar las armas. Pero, el actual gobierno del doctor Iván Duque, no sólo ha hecho caso omiso de este acuerdo, objetándolo, incumpliéndolo, o trabando su implementación, sino que ha llevado adelante el eslogan de su partido: “hacer trizas los acuerdos de paz”. De esta manera, se ha desconocido el histórico conflicto interno vivido en Colombia, y con ello también a los miles de víctimas y a los impactos generados por la guerra.

Ante esta postura gubernamental de desconocer el conflicto armado y el acuerdo con las FARC (incluso no implementándolo), resulta muy remota la posibilidad de que este gobierno adelante una negociación con el ELN que, dicho sea de paso, ha incluido el desconocimiento de los países garantes de este diálogo (como Cuba y Venezuela). Sin embargo, si la movilización popular continúa como venía siendo antes de la pandemia, podría exigirse la implementación de los acuerdos con las FARC y la reanudación de los diálogos con el ELN.

¿Cuál es la situación actual en materia de Derechos Humanos en el departamento de La Guajira?

La población de La Guajira (más del 60 % indígena del pueblo wayuu) vive entre la pobreza y los cordones de miseria, por el olvido del Estado. Por otra parte, está el proyecto minero de gran escala “El Cerrejón”, la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, que no tiene una verdadera política de responsabilidad social empresarial. Entonces, nos encontramos en una economía de enclave totalmente dependiente de los salarios de las trabajadoras y trabajadores mineros, que lleva a que la situación de Derechos Humanos sea bastante crítica, particularmente entre los indígenas.

¿Cuál es la situación actual de la huelga adelantada por los trabajadores mineros de SINTRACARBON? ¿Qué impacto tiene en la producción y en las dinámicas regionales?

Estamos frente a una empresa arrogante que pretende desconocer y reducir los derechos convencionales, y eliminar, modificar o congelar algunos otros, mediante la implementación de un turno de trabajo 7X3 / 7X4, que hemos denominado el “turno de la muerte”. De manera arbitraria, unilateral y abusiva de la ley, la empresa “El Cerrejón” ha intentando modificar la relación laboral, y por eso los trabajadores y trabajadoras nos encontramos en huelga.

Ahora, si consideramos que en La Guajira hay una economía de enclave totalmente dependiente del proyecto “El Cerrejón”, comprendemos que la economía regional está paralizada. Sin embargo, se ha establecido una dinámica regional bastante importante, en el sentido que las comunidades han entendido la justa lucha que desarrollamos porque entienden las afectaciones que sufren con la intransigencia de las multinacionales. Por eso, en este momento, el sindicato comienza a recibir el apoyo de las comunidades, un apoyo importante a la lucha y que marcará el derrotero en los resultados finales de la misma.

Estando en zona de frontera, ¿qué riesgos encuentran ustedes de cara a una posible agresión norteamericana al pueblo venezolano?

En el departamento de La Guajira colindamos por el norte con nuestro hermano país de Venezuela, y sentimos latente una posible agresión norteamericana a este vecino país. De hecho, aquí en el departamento hay posicionadas estratégicamente algunas bases militares norteamericanas.

El sindicato en conjunto con la población guajira hemos venido rechazando esta posibilidad de agresión, porque quedaríamos en el medio de una guerra fratricida, que no es nuestra y que obedece única y exclusivamente al intervencionismo norteamericano en aras de seguir apropiándose de los recursos minero–energéticos del vecino país, como la voluminosa reserva petrolera. No podemos permitir la agresión a un país soberano, dentro de la autodeterminación como pueblo, porque también la población civil de La Guajira estaría totalmente en riesgo.

¿Qué papel cumplen los intereses de las empresas multinacionales en este conflicto latente?

Ante esa eventual intervención o agresión norteamericana a Venezuela, que en cualquier momento puede hacerse efectiva, las empresas multinacionales que operan en el departamento de La Guajira han buscado acelerar la producción y saquear más rápido nuestros recursos naturales. Por eso, en medio de la pandemia han buscado desmejorar las condiciones laborales tratando de imponer turnos de trabajo que aumentaría un 125 % la jornada laboral, afectando la vida y salud de los trabajadores y trabajadoras.

¿Cuáles son las perspectivas para el futuro inmediato en el país en términos económicos, sociales y políticos más allá del contexto de la pandemia?

En medio de la pandemia y de la crisis generada, el gobierno colombiano, encabezado por el presidente Duque, ha venido implementando un modelo fascista y corporativo, donde el Ejecutivo asuma la potestad que le da el estado de excepción para legislar por medio de decretos y establecer reformas laborales, pensionales y tributarias que benefician a los gremios económicos, las empresas multinacionales y particularmente al sector financiero (la banca). Así, ha venido desmontando derechos conquistados en importantes luchas mediante una serie de reformas totalmente regresivas. Por esto, vemos muy difíciles las perspectivas de la pospandemia para el departamento de La Guajira y Colombia.

¿Qué alternativas políticas que persigan un horizonte de transformación social existen actualmente y que viabilidad tienen hacia la construcción de un proceso emancipatorio de las comunidades oprimidas?

Para revertir esta tendencia se requiere la rápida e inmediata activación del movimiento social y popular colombiano para que actúe en unidad de acción. Debemos convertirnos en una sola persona todos los sectores: indígenas, campesinos, profesores, mujeres, estudiantes y trabajadores. La organización y la lucha son el antídoto de los intereses corporativos del gobierno, interesado únicamente en mantener la salud del sector financiero, los gremios económicos y las empresas multinacionales que hoy siguen saqueando y expoliando nuestros recursos naturales. Por eso, consideramos que nuestra huelga se convierte en un referente histórico de lucha porque defiende derechos adquiridos y permite pensar una dinámica diferente a nivel de los municipios.

En el programa Desordenando Mundos en Radio Pedal Diego Castro de Zur dialogó con el abogado y asesor sindical Francisco Ramírez Cuéllar de la conexión entre las empresas multinacionales extractivas y la violencia en Colombia.