Cuando salía de una actividad por los 21 días de activismo contra el racismo la ejecutaron. Fue la policía, o la para-policia. Marielle Franco, concejala desde hacía un año por el Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) del municipio de Rio de Janeiro, fue la quinta candidata más votada de la ciudad. Una parte importante de los votos que la eligieron, fueron de La Maré, complejo de favelas en el que se crió. Fue nombrada recientemente relatora de la comisión parlamentar que va a acompañar la intervención militar en la seguridad pública del Estado. El 10 de marzo, cuatro días antes, había denunciado la truculenta acción policial del Batallón 41 de la Policía Militar en la favela de Acarí, zona norte de la ciudad.

Durante varios años fue asesora del diputado Marcelo Freixo, y en ese marco investigó a las organizaciones criminales conocidas como “milicias”.   En 2014 como trabajo de conclusión de maestría, escribió un texto que llamó: UPP – la reducción de la favela a tres letras: un análisis de la política de seguridad pública en el estado de Rio de Janeiro. En este trabajo expresa una comprensión de la política de seguridad pública en los territorios de favelas como estrategia de contención de las masas excluidas, sobrantes, de este sistema, y su reducción a espacios ghetificados, tanto en los territorios como en las prisiones.
Durante su mandato Marielle también se ocupaba de otras formas de la opresión que le atravesaban el cuerpo de mujer negra, feminista, bisexual, madre, periférica, y en ese proceso fue abriendo espacio y ofreciéndole voz a otros y otras que como ella hacían de esas opresiones banderas de lucha. Es cierto que hay cosas que el poder no tolera que se miren y menos que digan, y no es menos cierto que hay gente a la que se le tolera menos que a otra.

“Sin hipocresía, esa policía mata gente todos los días”

Una de las palabras de orden que sonaron durante el velorio de Marielle, el jueves 15 frente al consejo deliberante de Rio de Janeiro. Es cierto que en esta ciudad la policía militar mata gente todos los días, las mata en la periferia, dentro de las favelas, lo que más mata es gente negra, pobre, mujeres negras, jóvenes negros, niños negros. El racismo de las instituciones les mata, y el de la cultura brasilera ignora que les mataron. La escusa es la guerra contra el narcotráfico, pero la efectividad de esa estrategia es nula en relación con ese objetivo.
El Batallón 41 es conocido como uno de los más truculentos de la ciudad y se le imputan varios casos de asesinato de vecinos de la región, entre los más renombrados la desaparición de 11 jóvenes en 1990, sobre los que se negoció un rescate, pero nunca aparecieron. Sus madres se organizaron para denunciar y pedir justicia ya que no tenían respuestas de la justicia institucional, dos de ellas tres años después fueron emboscadas e asesinadas. También se le imputa la masacre de Costa Barros, en 2015, en la que 5 jóvenes fueron acribillados dentro de un auto, por 111 tiros. También el asesinato de Maria Eduarda em 2017, adolescente de 13 años que fue alcanzada por un tiro en el patio de la escuela, durante una invasión del batallón a Acarí. El último dato disponible indica que entre 2013 y 2016 los autos de resistencia, que es cuando la policía mata supuestamente en legítima defensa pasaron de 57 a 117.  Se encuentran culpables para esos crímenes más tarde o más temprano, dos o tres policías, algún otro cómplice, en general gracias a la movilización de los vecinos y familiares, eso no significa que la truculencia policial acabe.

La intervención

Hace un mes, enseguida después del carnaval, en el que varias Escolas de Samba denunciaron el sistema político,  el racismo y la violencia que estructuran esta sociedad, el gobierno golpista de Michel Temer decretó una intervención militar en la seguridad pública de Rio de Janeiro. El argumento que funda la intervención insiste en la violencia que asola esta ciudad y el combate al narcotráfico. Sin embargo, en el Anuario de Seguridad Pública Rio de Janeiro es la décima ciudad en el ranking de la violencia urbana.
La intervención también es parte de una estrategia que persigue un objetivo político que se distancia de la seguridad pública. La coalición golpista que gobierna desde 2016 se propuso a introducir una serie de contra-reformas que buscan fortalecer al capital en crisis, violando y eliminando todos los derechos sociales, impulsando amplios contingentes de personas a condiciones de vida cada vez más miserables.  Se trata del proyecto de enmienda constitucional  que congela el gasto público por veinte años, conocida como PEC dos gastos , la reforma laboral y de la previdencia social. Consiguieron aprobar las dos primeras, pero la reforma de la previdencia social está empantanada. La intervención militar suspende el tratamiento parlamentar de la reforma, y les permite pilotear la crisis de hegemonía que la coalición golpista enfrenta. Funciona también como recurso preventivo que permitiría, en el caso de que no consigan un candidato de consenso, suspender las elecciones del próximo octubre.
El ejército brasilero no es novato en asuntos de represión en áreas urbanas, es por tod@s conocido el protagonismo que asumió durante la intervención de las Naciones Unidas en Haití, donde se entrenó en la represión a los movimientos populares, movilizaciones estudiantiles y operarias. Además del ejército la representación brasilera en la Minustah, fue integrada por representantes de la policía militar de Rio de Janeiro. Inclusive desarrollaron en Cité Soleil, la mayor favela de Puerto Príncipe, una tecnología de control territorial que consiste en el establecimiento de puntos fuertes dentro del territorio con delimitación de un perímetro de militarización que funcionó posteriormente como base tecnológica para el establecimiento de las UPP´s .
Las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales denuncian que, así como ocurrió en otras intervenciones, la intervención militar no redundará en una disminución de la violencia urbana y si, como ya ocurrió, en más truculencia hacia las poblaciones periféricas.

Las balas

Sabemos ahora que las balas 9 mm. con las que ejecutaron a Marielle Franco y que también alcanzaron al chofer del auto Anderson Pedro, fueron compradas por la policía Federal de Brasilia a la Companhia Brasileira de Cartuchos en 2006, pero estaban perdidas. El ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, afirmó hace dos días que las balas habían sido robadas de los Correros en el estado de Paraíba, pero el titular de los Correos Guilherme Campos Junior lo niega.
Las balas son de la misma partida de otras utilizadas en la masacre de Osasco, en el área metropolitana de São Paulo em 2015, en la que 23 hombres fueron ejecutados. Los que dispararon las balas que causaron la masacre fueron condenados a más de cien años de prisión, pero hay otros, en otro lugar, que las vuelven a disparar. Las balas “perdidas” aparecen, y por lo que parece están siempre próximas a los circuitos policiales, y permiten levantar sospechas sobre la reticularidad de los esquemas de exterminio.

Los cambios en la doctrina de seguridad pública.

Resisten en las estructuras jurídicas e institucionales algunas garantías que fueron conquistadas en otro momento de la relación entre los capitalistas y os trabajadores. El capital alcanzó tal grado de crisis que se reproduce con mucha dificultad, apelando a estrategias cada vez más letales.  Ya no hay excedente para negociar, y cada vez sobra más gente. El capital necesita una nueva ronda de acumulación primitiva, y sus propietarios están dispuestos a la violencia que ello implica. La “nueva doctrina” de seguridad busca desarticular la resistencia popular al avance de las cadenas productivo-extractivas, a la desarticulación de los marcos regulatorios del trabajo y la seguridad social, y a la destrucción del ambiente.
En el marco de esas transformaciones, otros estados se proponen la construcción de un enemigo interno que les permita militarizar los territorios. En Argentina y Chile el blanco de esa operatoria viene siendo el pueblo Mapuche. En Brasil no es necesario inventarlo, mucho menos en Rio de Janeiro, existe desde hace tiempo. El enemigo interno es encarnado por los jóvenes, en general negros, periféricos que participan del comercio minorista de drogas.  El combate al narcotráfico, centrado en el comercio minorista, funciona como recurso de retórica que permite mantener el gran comercio de drogas y armas en el que Brasil participa como territorio de tránsito, entre las zonas de producción y los territorios de consumo.

El cambio en la doctrina de la seguridad ataca directamente la institucionalidad republicana. En los ataques a la resistencia territorial Mapuche en Argentina, el gobierno nacional, representado por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, pretendió darle a los agentes de seguridad poder de invadir los territorios sin mandato judicial. Al mismo tiempo, en Brasil, el general Augusto Heleno, general que comandó las tropas brasileras en Haití, sugirió que las operaciones de la intervención fueran acompañadas por jueces que habilitaran in loco mandatos colectivos para un determinado territorio, como de hecho sucedió en Haití. Como en otros tiempos las estrategias de seguridad son regionales y se construyen de manera centralizada.

La ejecución de Marielle Franco, no es ajena a todo ese contexto. Quienes fueron? Por que lo hicieron? No hay certezas, pero tampoco muchas dudas. Esos sentidos se disputan en los medios, en las redes sociales, y también se disputan en la calle. Los medios de comunicación intentaron hacerlo aparecer como un robo producto de la inseguridad urbana, pero esa versión cayó rápidamente. La masiva reacción popular, local e internacional en las calles afirmó la certeza de que es un crimen político. Cuando no hubo mayores dudas de que la policía está involucrada, entonces comenzaron a aparecer elementos que levantan suspicacias sobre la participación de las milicias, incluso de forma tosca pretendieron vincularla a sectores del narcotráfico, y hacer aparecer un crimen político como un ajuste de cuentas. Aparece como una cuestión de policías corruptos que habrían dado un tiro por elevación contra la intervención militar que vendría a acabar con sus negocios ilegales.
Es posible que el móvil del crimen tenga algo que ver con los negocios y corruptelas de la policía local y las organizaciones para-policiales, que existen de forma profundamente imbricada. Es posible que tenga que ver con los limites potenciales que las denuncias de la concejala les ofrecía. Lo que no podemos dejar de notar es que dirigieron las balas a una representante de sectores excluidos, a la que no consiguieron “ensuciarle las manos” y que hizo de su inserción territorial, de la presencia en las calles apoyando diferentes pautas de lucha, y de los espacios de dialogo y construcción horizontal el sustrato empírico de su noción de democracia. Quienes construyeron con ella saben que la lucha institucional es apenas uno de los espacios en los que se proponía a dar la disputa.  No hay justicia posible para Marielle, condenar a los asesinos no nos devuelve su fuerza, sus horizontes de construcción y su forma de trazarlos. Nos resta asumir este dolor y transformarlo en organización y fuerza popular capaz de inventar caminos de resistencia que limiten las arbitrariedades y violencias de los dueños del capital.

Referencias

[*] Las fotos son de una movilización realizada el 18/3 en la favela da Maré

[1] Proyecto de Enmienda Constitucional de los Gastos Públicos.

[2] Unidades de Policía Pacificadora. Estrategia de seguridad pública que consiste en el control de un territorio por parte de la policía militar. Es una estrategia de control diferenciada territorialmente dentro de la ciudad y es localizada en los territorios de algunas favelas. La narrativa que sostiene su implementación es el control del narcotráfico.