El gobierno de Alberto Fernández (AF) llegó para intentar concluir el desarrollo de la crisis transicional del neodesarrollismo e impulsar el crecimiento. El gobierno de Macri estuvo signado por la aceleración de esa crisis y la fractura de la resistencia popular. La pandemia capitalista completó un cuadro de reorganización general de las relaciones de valor en un país que todavía no logra resolver las contradicciones entre su historia y su futuro.

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Del macrismo a un nuevo gobierno de pacto social. La crisis como trasfondo.

Hace un año la economía argentina atravesaba una profunda crisis. La economía caía a un ritmo anual de 2,1% y los ingresos populares se desplomaban; la pobreza por ingresos alcanzaba a 35,5% de la población (56,3% de les niñes de hasta 14 años). La alianza liderada por AF y Cristina Fernández (CFK) llegaba a la conducción del Poder Ejecutivo Nacional buscando configurar una nueva coalición social capaz de encauzar la acumulación de capital en Argentina. En un intento renovado de pacto social interclasista, en un marco global y regional complicado aún más por la pandemia capitalista, el gobierno recién instalado no encuentra a un año de asumir la brújula que lo oriente siquiera en un rumbo que le permita al menos llegar a la segunda mitad de 2021 con alguna chance de mantenerse como primera minoría.

Renegociar la deuda con el capital especulativo: primer paso.

Uno de los principales puntos de partida del nuevo gobierno sería la renegociación de la deuda pública. El Ministro de Economía Martín Guzmán (MG) llegaba con la hipótesis de que ello debía realizarse en una negociación amable con los grandes fondos de inversión internacional. Esos acreedores eran los mismos que a inicios de 2018 cortaron de cuajo el financiamiento internacional para una economía altamente dependiente del acceso al crédito externo.

En la visión de MG, resolver el problema de la deuda externa requería patear los pagos de capital e intereses hacia el futuro, y reducir la tasa de interés de la deuda. El monto del endeudamiento, y por lo tanto su legitimidad y legalidad, no se pondría en discusión. Según Guzmán el país enfrentaba una crisis de liquidez, no de solvencia. La crisis prolongada y las tasas usurarias (especulativas) eran el problema; no el sobre-endeudamiento. Luego de varios meses de negociación, el acuerdo alcanzado con los fondos de especulación internacional concluyó sin rebajas sensibles en la deuda. El gobierno de AF despejó por varios años (al menos durante su gobierno) parte del problema: ahora debe negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ahora, el FMI

La negociación con el Fondo es, en realidad, la clave de todas las negociaciones. No solamente por el monto adeudado y la cercanía de los pagos (fines de 2021) sino, fundamentalmente, por las condiciones para poder llegar a un acuerdo. Si la deuda con el FMI se asume válida y no odiosa (injusta, ilegal e ilegítima), cualquier acuerdo supone por parte del Estado argentino una serie de compromisos cuya gravedad precisa sólo sabremos al final de esa negociación (a inicios de 2021) pero cuyos lineamientos generales conocemos porque son parte del ADN del organismo internacional. Las condicionalidades -parte intrínseca de los acuerdos con el FMI desde su nacimiento- incluyen el ajuste fiscal (con centro en la reforma previsional) y la flexibilización laboral. La sustentabilidad de la deuda y las condicionalidades del Fondo ponen en riesgo la sostenibilidad de la vida.

El gobierno de AF ha planteado que las reformas laborales no son parte de la discusión. Y, sin embargo, las hemos visto avanzar a cuenta gotas como acuerdos paritarios sectoriales, o como imposiciones patronales en el marco de la crisis. El ajuste sobre las condiciones materiales de vida y trabajo de las y los trabajadorxs ha sido tan brutal como el sostenido en los últimos años, y continúa. No es de extrañar que el propio Ministro de Trabajo Claudio Moroni (CM) acepte que los salarios mínimos legales deben acomodarse a lo que ‘puede pagarse’, que no es más que lo que el capital está dispuesto a aceptar. Un nuevo recorte en esos salarios mínimos (aumentaron muy por debajo de la inflación) y en los salarios de les trabajadorxs públicxs (que subieron sólo 7% a lo largo del año) ratifican este camino. En cualquier caso, en 2020 se consolidó una redistribución masiva de ingresos contra les trabajadorxs.

No pasó la crisis pero el ajuste vino para quedarse

Del otro lado de la negociación con el Fondo está el ajuste fiscal. El gobierno nacional enfrentó la crisis y su aceleración en la pandemia con acciones excepcionales. Sin financiamiento internacional, el gobierno de AF estiró largamente el financiamiento monetario de una serie de programas que vinieron a evitar su colapso político prematuro. Sin embargo, la voluntad de acordar con el FMI ubica al Ministro Guzmán como continuador de la política de ajuste fiscal que se proyecta desde la época de la sintonía fina (2011-2015) como tendencia. No habiendo salido de la crisis, se va al hueso reduciendo el gasto público de manera brutal. Sin el apremio de los pagos de la deuda externa en los próximos años, la decisión de cerrar el déficit se sostiene sobre la cancelación de los programas de sostenimiento del empleo formal (ATP), de transferencias (cuasi)incondicionales de ingresos (como el IFE) y la consolidación del recorte previsional. Mientras se decidió recortar 8,3% en términos reales el gasto global en las Funciones de Promoción y Asistencia Social dirigidas fundamentalmente a los sectores populares, el presupuesto 2021 plantea un incremento de 18,6% por encima de la inflación proyectada en los gastos de promoción económica (exenciones impositivas a las empresas) y un 8,6% en términos reales en el gasto en los Servicios Económicos (gasto público en subsidios e infraestructura ‘económica’), en ambos casos cuyas principales beneficiarias son las grandes empresas. Detrás de esta orientación general, avanzó e intenta profundizar el proyecto extractivista con base en la sojización transgénica extendida, la explotación del yacimiento hidrocarburífero no convencional de Vaca Muerta y el avance de nuevos proyectos megamineros. Vaca Muerta cuenta y contará con ingentes recursos provenientes de las arcas del Estado; un 25% de lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas se destinará a ese proyecto. Hoy mismo en Chubut, en el sur argentino, el pueblo resiste en las calles el intento de avanzar con la megaminería (proyecto provincial que cuenta con el aval explícito del gobierno nacional).

La pandemia como excusa, la crisis como pandemia

Claro que todo lo antedicho es el resultado de un gobierno que enfrenta la profundización de la crisis transicional por efecto de la pandemia capitalista del COVID-19. La pandemia y su efecto global claramente quemó los papeles de un gobierno que buscaba cerrar el ciclo de la crisis económica. Sin embargo, pareciera que el gobierno encontró en la pandemia la excusa para explicar los efectos de su orientación política. Por eso, si la pandemia se convirtió en la causa de todos los males, la crisis se transformó consecuentemente en pandémica.

El gobierno enfrentó la pandemia con el mismo diagnóstico con que inició su gestión. La crisis se resolvería con el acuerdo por la deuda pública. Las ofertas del Ministerio de Economía a los fondos especulativos no contemplaron a su favor el cambio en el escenario internacional. La propuesta oficial de Febrero de 2020 fue prácticamente la misma (en su contenido) que todas las posteriores. Nadie en el gobierno registró que la crisis global ha abierto una ventana de oportunidad para revisar los términos de la negociación dada la bancarrota generalizada. Cerró la negociación como si nada estuviera pasando, y la negociación con el FMI parece ir en el mismo camino. En este segundo caso, el gobierno ni siquiera muestra voluntad de aprovechar la gigantesca exposición del Fondo frente a la Argentina (47% de los créditos totales del FMI fueron otorgados al país) y los cuestionamientos legales (sin hablar de políticos y sociales) a las condiciones de los créditos recibidos.

AF y CFK llegaron al gobierno con la voluntad expresa de recrear políticas de inclusión social, algunas de las cuales fueron desmanteladas durante el gobierno anterior. Sin embargo, en lugar de usar la crisis pandémica para dar un salto cualitativo en tal sentido, la usaron como excusa para no avanzar. Las primeras decisiones, pre-pandémicas, fueron anular por decreto la ley de movilidad previsional para establecer un sistema de actualización arbitrario y por decreto. Si bien perjudicaron relativamente menos a las y los beneficiaries de menores ingresos (jubilades y pensionades con haberes mínimos), la actualización otorgada fue menor que la que correspondía según la ley anulada. Además, una fracción no menor al 30% de les beneficiaries perderán ingresos frente a la inflación.^[2] El sistema de previsión social es un mecanismo de redistribución de ingresos desde la plusvalía hacia el consumo masivo; la decisión oficial en la pandemia fue redistribuir al interior del sistema en lugar de apropiar mayores recursos desde el capital.^[3]

Frente a la pandemia el gobierno decidió, en efecto, crear un programa de subsidios a los salarios de trabajadorxs formales (el programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, ATP) y un programa para el conjunto de les trabajadorxs autónomxs o más precarizades (el programa Ingreso Familiar de Emergencia, IFE). A través del primero se pagó un salario complementario por 8 meses, que cubrió en un inicio el 50% del salario y entre 1 y 2 salarios mínimos, y reduciéndose progresivamente. El segundo programa fue pagado 3 veces y tuvo un monto de 10 mil pesos en cada cuota bimestral. Se estima que casi 2 millones de trabajadorxs llegaron a cobrar el ATP mientras que casi 10 millones fueron beneficiaries del IFE. El sesgo de género de esos programas es notable: el ATP -con transferencias muy superiores- se dirigió principalmente hacia varones adultos (con empleo formal) mientras que las beneficiarias del IFE fueron mayormente mujeres y jóvenes (precarizades y encargades principalmente del trabajo de reproducción y cuidados). En Noviembre de 2020 se tomó la decisión de terminar con estos programas, que desaparecen en el Presupuesto 2021. En los hechos el ATP subsidió a las mayores empresas de la Argentina con una monto global de más de 400 mil millones de pesos en los primeros seis meses de vigencia; ellas pudieron reducir sus erogaciones salariales significativamente. Si uno compara estas transferencias con los casi 300 mil millones que fueron derivados a través del IFE, une se pregunta quiénes fueron les privilegiades. Cuando comparamos estos programas con la recaudación proyectada para el ‘impuesto a la grandes fortunas’ (unos 400 mil millones en la última estimación), las dudas se multiplican (o no).^[4]

Para cerrar el año, el gobierno nacional avanza con un proyecto de nueva ley de movilidad previsional, para reemplazar la ley actualmente anulada. El proyecto restringe la evolución de las jubilaciones, pensiones y beneficios vinculados a su evolución a una relación en paridad entre el aumento de los salarios y el incremento de la recaudación del ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), y eliminando -en consecuencia- cualquier ajuste por inflación en los beneficios.^[5] Por un lado, las proyecciones indican que la propuesta oficial supondrá para 2021 nuevamente incrementos menores a los establecidos en la ley suspendida (no derogada). Dado que los beneficios previsionales se encuentran en la actualidad muy por debajo de las canasta familiar o aun de la línea de la pobreza, establecer un sistema que perjudique a les beneficiaries (aún si prospectivamente) es cruel; asimismo, las mujeres son quienes en mayor medida cobran las jubilaciones y pensiones mínimas. Por otra parte, incorporar la evolución de los salarios como factor de movilidad en un contexto de elevado desempleo y precariedad laboral, es garantía de proyectar beneficios que no podrán salir del piso en el que hoy se encuentran. Finalmente, vincular la movilidad (en 50%) a la recaudación del ANSES “con el objetivo de recuperar el equilibrio del sistema en función de sus fuentes de financiamiento» se poner en primer lugar la sustentabilidad fiscal y, por lo tanto, los intereses de quienes poseen títulos de deuda pública y de quienes hoy no pagan impuestos como debieran. El proyecto de ley continúa una larga tradición que -con el aval del FMI- se niega a discutir la cuestión de la seguridad social partiendo desde el único punto correcto: los derechos que la misma debe otorgar a las personas, antes que lo que “puede pagarse” con las restricciones fiscales existentes.

La crisis la pagan los de siempre

La orientación general del gobierno desde Diciembre de 2019 no fue radicalmente modificada por la pandemia. Si sobre la crisis transicional la pandemia ameritaba y propiciaba un giro en favor de las mayorías populares, la decisión del gobierno de AF fue avanzar con el programa inicial.^[6] Bajo la impronta de la unidad nacional, sobre los efectos de arrastre de la crisis local prolongada, los sectores populares recibieron en la cara el vendaval de la crisis global.

El impacto fue contundente. Los salarios reales caerán nuevamente por tercer año consecutivo. Los salarios en el sector público serán los más golpeados con aumentos nominales menores al 10% con una inflación del 37%; con excepción de las fuerzas de (in)seguridad que fueron premiadas por su papel en mantener el orden social.^[7] La tasa de desocupación superará el 13% en promedio, mientras superará ampliamente el 20% para las mujeres y jóvenes. La cara más dura de la crisis se expresa en los datos de la pobreza: más del 40% de la población tiene ingresos insuficientes para alcanzar consumos mínimos y cerca de 4 millones de personas pasan hambre en el país que supuestamente “produce alimentos para 400 millones”.^[8] El gobierno señala que sus políticas evitaron que entre 2,7 y 4,6 millones de personas cayeran en la pobreza (ver proyecto de presupuesto 2021, pg. 19); lo que no dice es cuántas están hoy empobrecidas y mal alimentadas por culpa de esas políticas.

La masificación políticas sociales, necesarias pero insuficientes, fue sucedida por un recorte inaudito en el contexto de una crisis que permanece. Los programas creados en reemplazo de los cancelados (Potenciar Trabajo o el futuro programa de urbanización de barrios populares, entre otres) son comparativamente menores (con mucho menos presupuesto y alcance). En lugar de ampliar y consolidar una red de contención social que se apoye en las experiencias organizativas del pueblo en la pandemia, el gobierno prefirió privilegiar los intereses del gran capital financiero, productivo y extractivista en el afán de salir algún día de la crisis transicional. Sin embargo, el sujeto de esa salida (los grandes capitales, la burguesía nacional y transnacional) nunca se presenta a la cita.

El gobierno se pregunta por qué más allá de los beneficios, apoyos y concesiones a los sectores dominantes, la economía apenas se recupera, y si lo hace, lo realiza sobre bases endebles. ¿Será tiempo de que mire hacia el lado del pueblo organizado para construir una salida apoyada en el único sujeto capaz de superar definitivamente esta crisis? Es una pregunta retórica que este gobierno, esa alianza política, no puede responder afirmativamente.

^[1] Agradezco a Martín Sotiru sus comentarios a una versión preliminar de este texto. La redacción fue concluida el martes 15 de diciembre de 2020.

^[2] Si bien es cierto que una parte menor de les beneficiarixs de mayores ingresos poseen las llamadas “jubilaciones de privilegio”, no se avanzó en políticas para corregir estas situaciones..

^[3] La creación de algunos programas como Remediar o Vivir Mejor que entregan remedios de manera gratuita a jubilades y pensionades son un ingreso indirecto importante, que de todas maneras no justifica ni compensa la pérdida mencionada.

^[4] Recordemos que la aprobación de este proyecto de ley de “aporte solidario” para atender la urgencia de la pandemia tardó más de 7 meses en ser aprobado en el Congreso. Recién en 2021 será implementado.

^[5] Por otra parte, mientras la fórmula propuesta fija “hacia arriba” un techo para los aumentos, nos fija ningún piso. Tampoco atiende el problema de fondo que es el bajo monto de las jubilaciones y pensiones.

^[6] El amague con la fracasada propuesta de estatizar la empresa agroexportadora Vicentin y la ‘resolución’ del conflicto por la acupación popular de terrenos en Guernica (con la expulsión de las familias con intimidaciones y represión incluida) marcan algunas de las tensiones en la alianza gobernante. Esas tensiones se han resuelto mayormente en el sentido indicado de ratificar el rumbo conservador.

^[7] Recordemos también que el aumento salarial a las fuerzas policiales en la Provincia de Buenos Aires se otorgó luego de un levantamiento de varios días por parte de los oficiales y agentes de esa fuerza de represión. Las fuerzas armadas también recibieron mejoras sustanciales en sus ingresos (en este caso, sin la necesidad de ‘acciones de intimidación’ tan evidentes).

^[8] La innovación planteada por la Tarjeta Alimentar (con cerca de 1,5 millones de beneficiarios) continúa siendo insuficiente a la luz de los resultados mencionados.