Días atrás se realizó un conversatorio virtual que reunió a colectivos que desarrollan diferentes luchas territoriales por el agua en Uruguay. El intercambio allanó el camino hacia un estado del arte de la movilización social y su proyección hacia la salida de la crisis generada por la pandemia.

El evento, organizado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y Zur convocó a colectivos que trabajan en la defensa del agua y de la vida en diferentes puntos del territorio de Uruguay. Los colectivos participantes fueron la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el Arroyo Solís Chico, el Colectivo Guichón por los Bienes Naturales, la Federación de Funcionarios de OSE y la propia Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida.

En las diferentes exposiciones quedó en evidencia un punto de partida común en las diferentes regiones: se viven diferentes emprendimientos que agreden a los territorios y degradan su capacidad de producción de aguas.

Marcos Umpiérrez, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía historizó el proceso del colectivo a partir de sucesos locales de contaminación, que los han llevado a emprender recientemente un Laboratorio Popular, que están montando actualmente.

Gerardo Padilla, Nancy Espasandín y Leticia Cambre de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el Arroyo Solís Chico plantearon su proceso colectivo a partir de la afectación de la cuenca de la laguna por fumigaciones de pesticidas que llegaron a comprometer la calidad del agua con la que se abastece a una parte importante de la población de la costa del departamento de Canelones. También abordaron la problemática de la instalación de megabasureros en la zona, en particular en la cuenca del Arroyo Solís Chico.

Marcelo Fagúndez del Colectivo Guichón en Defensa de los Bienes Naturales expuso las dificultades de un proceso organizativo que se ve amenazado tanto por las fumigaciones con pesticidas de los cultivos agrícolas como por las plantaciones de árboles con destino a la producción celulósica.

Desde la Federación de Funcionarios de OSE Nicolás Ferreira y Carlos Sosa plantearon la visión de la organización sindical sobre la problemática de la potabilización del agua potable en todo el país, haciendo referencia a políticas como la denominada “tasa ambiental” que se aplica desde el año 2016 y a partir de la cual la sociedad toda financia el aumento en el costo de potabilización que se ocasiona por la degradación ambiental que generan las prácticas depredatorias del agronegocio en los territorios.

Carmen Sosa de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida realizó un balance del accionar de la CNDAV desde sus inicios en el 2002, con el logro del plebiscito de Reforma Constitucional del año 2004 y su posición crítica con respecto a los gobiernos progresistas desde 2005 con el rechazo al mantenimiento de las empresas privadas de agua potable y más recientemente con el rechazo a la Ley de Riego.

La diversidad de experiencias permite en todo caso identificar elementos comunes de las resistencias locales y estrategias generales que han llevado adelante los colectivos. Entre ellas aparecen vínculos clave con gobiernos departamentales y municipios, la Universidad de la República, el Ministerio de Salud Pública, OSE, la Dirección Nacional de Medio Ambiente , el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Institución Nacional de Derechos Humanos. El vínculo con estas instituciones ha sido fluctuante y ha dependido mucho de la fortaleza de los procesos colectivos locales, pero la posibilidad de desarrollar alternativas de protección de las diferentes amenazas que se ciernen sobre los territorios productores de agua.

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