El extractivismo es el único horizonte económico del estado boliviano, aunque las narrativas cambien según las circunstancias. En su matriz productiva y redistributiva del excedente, Bolivia hoy no guarda grandes diferencias a la heredada de la colonia, la república y, también, a la neoliberal.

Desde el año 2005 y, con mayor intensidad desde el 2010, la economía boliviana se vio fuertemente impulsada por el pronunciado incremento de los precios internacionales de los commodities, las materias primas –como petróleo, minerales, soya– que son comercializadas en, o en referencia a, mercados financieros internacionales. 

Bolivia es, aunque cada vez menos, un importante proveedor de gas natural para la región, en especial para Brasil y Argentina. Es así que cuando los precios internacionales de los commodities se incrementaron a principios de la década pasada, el valor de las exportaciones de gas pasó de 619 millones de dólares en 2004 a 6.113 millones de dólares en 2013. En otras palabras, el valor de las exportaciones bolivianas de este carburante se multiplicó por diez, aunque la cantidad exportada tan solo se duplicó en ese mismo periodo de tiempo.

Para dimensionar la importancia que tuvo este incremento de precios en una economía como la boliviana, se puede escudriñar la dinámica fiscal. Para el año 2013 –el clímax de este apogeo– la mitad de los ingresos públicos en Bolivia llegaron a depender de la exportación de gas. Fue por esos años que el gobierno, entonces encabezado por Evo Morales, comenzó a dar mucho énfasis a un discurso de izquierda de legitimación del extractivismo[1], mismo que desacredita y reduce cualquier crítica e interpelación a procesos extractivistas de depredación y despojo a una postura ambientalista simplona, seguramente patrocinada por el imperialismo.

El otro problema es que el extractivismo es adictivo. La promesa que viene desde la izquierda es que el extractivismo permitirá generar un excedente importante que será puesto a disposición del bien común. Eso, argumentan, derivará en la transformación de la matriz productiva del país, lo que permitirá dejar atrás el extractivismo. Pero la experiencia nos demuestra lo contrario. 

Un ejemplo ilustrativo es la “Proyección de inversiones del Estado Boliviano 2010-2015” –presentando en 2010 por el entonces ministro de Economía, Luis Arce, ahora presidente– que, en pleno auge de los precios de los commodities, destinó el 81 por ciento de la inversión pública a los mismos sectores extractivos o actividades vinculadas a estos. Mientras, salud, educación, desarrollo rural (no agroindustrial), ciencia y tecnología, entre otros tantos que pueden considerarse fundamentales para mejorar el bienestar social, no superaban el uno por ciento del total de la inversión pública cada uno. 

Así, cuando las materias primas tuvieron precios más elevados el objetivo parece haber sido –en palabras de un querido amigo– “llenar de huecos al país para sacar todo lo posible y rematarlo”. Esta lógica no es muy distinta que la neoliberal. Tienen en común la noción de un crecimiento económico ininterrumpido con visión de corto plazo, sin considerar las múltiples formas de despojo económico y no económico que son puestas en marcha cuando el crecimiento se vuelve un fin en sí mismo. 

Tanto gobiernos de izquierda como de derecha en la región tienen como indicador más importante para demostrar la eficacia de sus políticas, la medición anual del incremento del producto interno bruto. Y a ninguno le parece importar las consecuencias de ello.

En tiempos de crisis pasa lo mismo

Desde el año 2016, los precios internacionales de los commodities se desplomaron. Dadas las lógicas descritas arriba, eso tuvo un impacto negativo sobre la balanza comercial boliviana: las exportaciones disminuyeron dramáticamente y esta balanza se volvió deficitaria. Esto comenzó a mermar las reservas internacionales y daría pie a un mayor endeudamiento del país: de algún lado tenían que salir los dólares para mantener el nivel de las importaciones. Para el año 2019, los indicios de una recesión económica eran más que evidentes. Y, luego, la crisis política poselectoral y la pandemia del coronavirus, empujaron al país hacia una crisis económica que todavía no ha tocado fondo.

Al igual que en la mayoría de los países del mundo, el crecimiento del PIB en Bolivia fue negativo en 2020. Sin embargo, el deterioro previo de los indicadores económicos, que no solo incluía la disminución de las exportaciones, sino también el incremento del desempleo y un déficit fiscal elevado, significó que el país tuviese que incrementar su nivel de endeudamiento para afrontar la crisis. 

La deuda externa boliviana, principalmente con organismos multilaterales, ha venido aumentando sistemáticamente en los últimos años, tanto que entre 2014 y 2021 se ha duplicado, alcanzando récords históricos. Por otro lado, la deuda interna –de la cual el Banco Central es el principal acreedor– se duplicó tan solo entre 2019 y 2021, pasando de US $6 mil millones a más de US $13 mil millones, según los últimos datos publicados por la Fundación Jubileo. 

Con todo, los impactos de la crisis son de amplio espectro. Pero hay dos dimensiones que valen la pena resaltar: la que tiene que ver con la disminución de los ingresos fiscales y la otra, que tiene que ver con el incremento de la precariedad e informalidad laboral. Ambas dimensiones vienen acompañadas por la reinstalación de justificativos para dar continuidad a los procesos relacionados con el extractivismo.

La caída de los ingresos fiscales no es un problema menor para un estado corporativista. Desde el año pasado el estado boliviano ha incrementado en cientos de millones de dólares [2] los recursos para financiar la exploración de hidrocarburos en el país. En este tiempo también se viene discutiendo la posibilidad de modificar la normativa hidrocarburífera [3]para fomentar el ingreso de capitales transnacionales. Aparte de sus ya conocidos impactos ambientales, la ampliación de la frontera hidrocarburífera está atentando contra formas organizativas comunitarias indígenas y campesinas, como sucede en Tariquía, en el sur del país [4]; en el Norte Amazónico, en el departamento de Pando y en otras regiones ricos en gas natural.

Pero al estado boliviano no solo le preocupan sus ingresos. También tiene que gestionar el malestar social derivado de la crisis económica y el incremento de la precariedad laboral. Si bien Bolivia se caracteriza por ser un país con un elevado nivel de informalidad, en los últimos años se han incrementado sustancialmente las actividades informales ligadas con procesos extractivos. El estado boliviano propicia y permite las actividades extractivas irregulares que generan ingresos para sectores sociales que de otra manera tendrían dificultades para lograr ingresos económicos. 

La minería cooperativista nos brinda un ejemplo muy claro. Un conjunto de cooperativas mineras que utilizan símbolos y discursos de lucha, se han convertido en verdaderas empresas de extracción de minerales –principalmente oro– en distintas regiones del país. En contravención de la normativa minera, llenan de mercurio a los ríos bolivianos [5], y avasallan reservas naturales, como el parque Madidi, con grupos armados [6]. 

En las cooperativas mineras, además de pequeñas cúpulas que se benefician millonariamente, se encuentran empleados cientos de miles de trabajadores (no se conoce un número exacto) y que han aumentado en los últimos años como consecuencia de la crisis económica [7]. 

La agroindustria, entendida como una actividad neoextractiva[8], también ha incrementado sus operaciones en los últimos años y, por ende, también sus consecuencias. La expansión de la frontera agrícola para la producción de oleaginosas transgénicas se ha convertido en la principal causa de los incendios que cada año azotan a la región Amazónica de Bolivia. Los distintos gobiernos de los últimos años han tenido una política bastante similar al respecto: fomentar esta actividad con una normativa indulgente[9] y apoyo económico, incluso con fondos que deberían haber servido para enfrentar la contingencia sanitaria [10].  

Queda claro, así, que la depredación natural y sus consecuentes efectos socioeconómicos se están convirtiendo en un medio para gestionar la crisis económica y el consecuente descontento social. En su matriz productiva y redistributiva del excedente, Bolivia hoy no guarda grandes diferencias a la heredada de la colonia, la república y, también, a la neoliberal.

Las narrativas pueden variar según las circunstancias, enfatizando elementos del liberalismo o del progresismo, dependiendo quién está en el poder. Pero sin importar quién ocupa la presidencia, el extractivismo es el único horizonte económico del estado boliviano. Cuestionar el extractivismo de manera general es urgente y necesario: no es un cliché ambientalista, sino una crítica profunda al modo en que se construyen y se reproducen las desigualdades y jerarquías en un planeta en crisis.

Huascar integra el Centro de Estudios Populares, Bolivia

[1] Puede verse “Geopolitica del amazonas” de Alvaro García Linera.

[2] Puede verse esta nota sobre YPF en Bolivia.

[3] Puede verse esta nota de Los Tiempos sobre el plan de exploración de YPFB 

[4] Ver nota sobre los comunarios de Tariquía contra la explotación de hidrocarburos.

[5] Ver Informe CEDIB.

[6] Puede verse nota de Pagina 7 sobre minería en Maridi.

[7] Puede verse nota de Los Tiempos sobre minería en Cochabamba.

[8]Puede leerse  “Extractivismo agrario” de Ben M. Kay.

[9] Puede leerse  texto de Fundación Solon sobre la legislatura extractivista.

[10]Puede verse la nota de Pagina 7 sobre pago de deuda.