Continuamos compartiendo los contenidos del libro «América Latina en tiempos revueltos. Claves y luchas renovadas frente al giro conservador» editado por Libertad Bajo Palabra (México), Excepción (Bolivia) y Zur (Uruguay). En esta oportunidad el aporte de Huáscar Salazar sobre Bolivia.

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Los hechos, como siempre, acorralan las palabras

Lo que no tiene nombre, Piedad Bonnet

 

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Asistimos a los tiempos de la decadencia y agotamiento del progresismo en América Latina. Aquello que reconocimos como el “ciclo progresista” y que se inició en 1999, cuando Hugo Chávez asumiera la presidencia de Venezuela y al que prontamente se sumarían Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, entre otros; ahora se convierte en un conjunto de procesos descompuestos o interrumpidos en que los hechos alcanzaron y acorralaron las tan airadas palabras de los gobernantes. Palabras mágicas –diría Silvia Rivera Cusicanqui– que llegaron a “tener ese efecto de fascinación e hipnosis colectiva, al punto de acallar por una década nuestras inquietudes, aplacar nuestras protestas y hacer caso omiso de nuestras acuciantes preguntas” (Rivera, 2018: 95).

A la sombra del conservadurismo radical de Bolsonaro en Brasil, del neoliberalismo recargado de Macri en Argentina, del retorno de la derecha uribista en Colombia –país que nunca fue progresista pero que ahora asume protagonismo en este proceso regional–, del confuso proceso de la Revolución Ciudadana en Ecuador; los horizontes emancipatorios se nos aparecen opacos, incluso más que en aquellas épocas en las que el Consenso de Washington se regodeaba por los pasillos de la mayoría de los gobiernos, congresos y gran parte de las instituciones de la región.Asistimos a los tiempos de la decadencia y agotamiento del progresismo en América Latina. Aquello que reconocimos como el “ciclo progresista” y que se inició en 1999, cuando Hugo Chávez asumiera la presidencia de Venezuela y al que prontamente se sumarían Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, entre otros; ahora se convierte en un conjunto de procesos descompuestos o interrumpidos en que los hechos alcanzaron y acorralaron las tan airadas palabras de los gobernantes. Palabras mágicas –diría Silvia Rivera Cusicanqui– que llegaron a “tener ese efecto de fascinación e hipnosis colectiva, al punto de acallar por una década nuestras inquietudes, aplacar nuestras protestas y hacer caso omiso de nuestras acuciantes preguntas” (Rivera, 2018: 95).

En parte ello tiene que ver con que los discursos progresistas fueron alcanzados por una realidad que nunca fue lo que se pregonaba, pero también porque nos quedamos sin palabras –y sin capacidad para producir sentidos disidentes– para nombrar lo que venía pasando y lo que ahora se nos muestra como un presente que nos eriza la piel; en el que pareciera, con palabras de Benjamin, que el “enemigo no ha cesado de vencer”.

Las dos preguntas que frente a ello me surgen son: ¿será que de lo que se trata es de mirar a este pasado reciente del progresismo como un horizonte deseable al que debemos aferrarnos e intentar actualizar?, pero la pregunta que más me preocupa y me ocupa en este texto es la siguiente: ¿este momento de derechización en la región puede entenderse como victoria de las fuerzas conservadoras sobre el progresismos (discurso oficial) o puede, también, comprenderse como un proceso articulado y en buena medida resultado del progresismo?

En un libro de varios autores que fue coordinado por Emir Sader titulado –en una desafortunada alegoría a la obra de Galeano– Las vías abiertas de América Latina, un conjunto de intelectuales del progresismo abordan la siguiente pregunta: ¿fin de ciclo o repliegue temporal?^[3] Más allá de la retórica del documento, que tiende a caracterizar el momento progresista como la “década dorada o virtuosa” y que finalmente aduce que lo que sucede tiene más que ver con un repliegue temporal y no con un agotamiento del mando político progresista, lo más llamativo del documento es el tono de la autocrítica.

En su texto, el vicepresidente de Bolivia argumenta que si bien la mayor parte del retraimiento del progresismo tiene que ver con el despliegue de las fuerzas contrarrevolucionarias, plantea como necesario reconocer ciertos “límites o contradicciones” que los gobiernos de este tipo no lograron subsanar: 1) algunos progresismos no realizaron una buena gestión económica; 2) no se ha producido una revolución cultural en la que los sectores subalternos modifiquen el sentido común necesario para entender los cambios que se vienen promoviendo; 3) no se ha realizado una reforma moral que ponga freno a la corrupción; 4) no se ha hecho suficiente para eliminar las trabas que la democracia formal impone a los “liderazgos históricos” al reglamentar límites de mandato para la elección de autoridades; 5) no se ha podido avanzar en una integración económica progresista más fuerte en la región (García, 2016). Más allá del debate que estas autocríticas podrían generar –como la sórdida infantilización de la sociedad boliviana–, es importante anotar que hay un elemento que está totalmente ausente de la “autocrítica” y que es fundamental para comprender el devenir de la historia reciente en la región: el rol desorganizador de lo social –y lo comunitario en particular– que, de manera sistemática, el progresismo ha asumido como política de gobierno en la mayor parte de los países que pueden catalogarse como tales, lo que a su vez se ha relacionado con un importante impulso a la ampliación capitalista en su versión más rapaz.

Queda claro que la intelectualidad progresista no va a reconocer esto último –hacerlo sería eliminar una forma aparente que recrea un particular modo de ejercicio del mando político y de su articulación con un sistema dominante–. El entender esta función desorganizadora permite dar cuenta no solo del agotamiento del progresismo como un modelo de gobierno con un fin determinado, sino, principalmente, entender la articulación y continuidades que existen entre el momento progresista y el momento conservador, en los cuales, como veremos, se hacen cosas muy parecidas.

Sin ánimo de generalizar, aunque sí con la intención de presentar un conjunto de claves interpretativas para la discusión, en este artículo se realiza un intento por caracterizar la configuración del Estado Plurinacional de Bolivia y cómo, a partir de su consolidación, se modifica la relación Estado-sociedad de una manera tal en la que se instala una inercia política que impulsa la ampliación de un capitalismo depredador en el país. Al mismo tiempo inhibe, neutraliza y desarticula otras formas de organización política que, en realidad, fueron las que desde la lucha interpelaron al Estado neoliberal. Es la instalación y consolidación de esta inercia lo que permite que el Estado Plurinacional de Bolivia requiera cada vez menos quedar encadenado a una forma específica de gobierno –de izquierda o derecha–, lo que importa es que la inercia se sostenga.

Es por este motivo que, frente al agotamiento del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y su particular forma de gobierno, en el presente se abre la posibilidad de un momento conservador o un retorno de las élites políticas neoliberales sin que ello vaya a generar un cambio sustancial en las estructuras e inercias instaladas a partir del Estado Plurinacional. Es por eso que este Estado –como estructura política de dominación– va más allá del MAS, el cual se convierte en un partido desechable para las élites del país una vez que ya cumplió su función de disciplinamiento de la sociedad –una función alcahuetera si se la nombra en términos coloquiales–.

El texto se presenta de la siguiente manera: en primer lugar se realiza una breve caracterización de la manera en que se instala esa doble dinámica a la que denomino condición anti-comunitaria del Estado Plurinacional. En segundo lugar, el anterior argumento es reforzado con información y datos que permiten caracterizar el gobierno de Morales en el presente. Finalmente, el documento concluye con una breve reflexión sobre la relación: momento progresista y momento conservador, así como el problema de la organización crítica en ese contexto.

La condición anti-comunitaria del Estado Plurinacional

Bolivia vivió entre 2000 y 2005 un gran momento de efervescencia social que interpeló y constriñó seriamente el avance del modelo neoliberal, aquel que se venía implementando desde mediados de la década de los 80. La Guerra del Agua inauguró ese ciclo rebelde y posteriormente se sucedieron un conjunto de levantamientos que habrían de derrocar dos presidentes, pero que principalmente impondrían una agenda nacional de transformación social, sostenida en la recuperación de prerrogativas desde ámbitos no estatales de organización política, estableciendo una serie de límites a la forma estatal de gestión de lo público. Una de las estrategias que este conjunto de luchas impulsó en aquellos años y que, luego de que el MAS ganase las elecciones se buscó concretar, fue la realización de una Asamblea Constituyente.^[4]

Se suele asumir que el proceso constituyente boliviano fue impulsado por el partido de Evo Morales, sin embargo “la Asamblea Constituyente no fue parte de la plataforma original del MAS” (Postero, 2017: 44). Si bien este gobierno participó activamente del proceso, su función acabó siendo la de gestionar el límite de concesión dominante; i.e. la producción de acuerdos llevados al plano de la política estatal que, dada una situación de crisis en el que el orden dominante ve mermada su capacidad de producción hegemónica y coercitiva, un determinado actor –en este caso el MAS– gestiona y media las situaciones más conflictivas, disminuyendo el alcance de los horizontes y la capacidad de despliegue de la fuerza social que se enfrenta al Estado, conteniéndolos en un límite máximo que las clases dominantes están dispuestas a aceptar de manera transitoria, con tal de reinstalar un frágil y aparente equilibrio en torno al Estado de Derecho como síntesis liberal de la política y que, para nuestro caso, permitía al MAS continuar como partido de gobierno con cierta estabilidad política.

Esto sucedió, por ejemplo, cuando el MAS promulgó la Ley 3364 de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, en la que toda participación en esta instancia fue traducida a un formato liberal electoral y partidario, además de otorgar una sobre-representación a la derecha tradicional (Martínez y Linsalata, 2011; Escárzaga, 2012). Esto volvió a suceder cuando el gobierno gestionó una negociación –pese al desacuerdo de varias organizaciones– para la resolución del conflicto que trabó durante siete meses la constituyente, mediante la cual se concedió al bloque de oposición –la derecha más conservadora del país– el hecho de que las decisiones de la Asamblea Constituyente debían contar con 2/3 de la votación y no serían aprobadas por simple mayoría absoluta (Schavelzon, 2012) –como esa derecha estaba sobre-representada, tenía más de 1/3 para bloquear decisiones fundamentales de transformación–.

Empero, la concesión más grande fue la propia Constitución.

A pesar de todas las contradicciones al interior de las organizaciones y en la relación de éstas con los delegados que tenían en la ciudad de Oruro, el 8 de diciembre de 2007, en un clima enrarecido y muy tenso (La Patria, 10 de diciembre de 2007), la Asamblea aprobó la propuesta del nuevo texto constitucional que debía ser refrendado en un acto electoral nacional.

Dicho referéndum no sucedió durante todo el año 2008 debido a que el MAS no contaba con 2/3 en el congreso, lo que permitía a la oposición bloquear la posibilidad de convocar a dicho plebiscito. Frente a ese escenario, en septiembre de 2008 las organizaciones sociales decidieron sobrepasar al gobierno e iniciar lo que se denominaría como el “Cerco a Santa Cruz”, una movilización masiva del Pacto de Unidad^[5] y otras organizaciones afines a la propuesta constitucional, las cuales tomaron los alrededores de la ciudad de Santa Cruz, núcleo simbólico y efectivo del poder opositor y que además de la viabilidad del referendo constitucional reclamaban el esclarecimiento de la Masacre del Porvenir.^[6]

Luego del establecimiento de un Estado de sitio en el departamento Pando y la desarticulación de la dirigencia dominante de esa región como respuesta a dicha masacre –lo que quedaría como una demostración de fuerza del MAS–, el gobierno modificó el escenario político nacional de la siguiente manera: I) desarticuló, bajo el argumento de destrabar el proceso constituyente, el cerco a Santa Cruz a partir de una decisión unilateral, subordinando a las cúpulas dirigenciales de las organizaciones –lo que generó gran descontento en las respectivas bases sociales– (Los Tiempos, 24 de septiembre de 2008); y II) estableció un diálogo directo con los sectores dominantes del país y organismos financieros internacionales, a través del cual se acordó la modificación de 146 artículos de la propuesta de texto constitucional vía parlamento, desconociendo la autoridad de la Asamblea Constituyente.

Esta modificación trastocaría radicalmente el sentido de la carta magna, restituyendo una serie de prerrogativas estatales y resguardando los intereses de las clases dominantes del país, además de negar, banalizar o folclorizar las reivindicaciones de las organizaciones sociales.^[7] Desde la liberalización de toda forma democrática estatal, constitucionalización del latifundio, desconocimiento de prerrogativas políticas, jurídicas y territoriales de los pueblos indígenas, y otras muchas más fueron las aspiraciones que quedaron canceladas en esta negociación (Garcés, 2010; Valencia y Égido, 2010), que más que un pacto provisional se constituirá en una alianza de clase que dará cuerpo a la relación Estado-sociedad civil y, junto a aquella, la desmovilización inducida de organizaciones sociales, se transformará en una condición –y modus operandi– de la nueva estructura estatal.

Evocando a la teoría política más clásica, se podría argumentar que en el momento de cierre de la Asamblea Constituyente actuó la razón de Estado, que no es otra cosa que la decisión de los gobernantes para conservar su propio poder en el marco de un orden estatal. En este caso la decisión pasó por reducir o eliminar el factor de inestabilidad promovido por las luchas sociales, apostando para ello a la alianza con las clases dominantes –las que sí necesitan un orden político estatal estable para reproducirse en el tiempo–, lo que permitió restituir una síntesis social centrada en el Estado de mediación capitalista.

Esta decisión en clave schmittiana –i.e. una decisión en búsqueda de recuperar “soberanía” política para sí, más allá de las consecuencias y sin tomar en cuenta la voluntad de los demás actores^[8] (Schmitt, 2004)– es una clásica decisión política estatal que opera de manera escindida de otras formas de producción de decisión en la sociedad. De ahí que si bien pueden reconocerse una serie de rasgos estructurales que condicionaron el devenir de los hechos durante los primeros años del MAS, también existió una dimensión de agencia definitoria que operó en aquel momento, en contra de las organizaciones, sus horizontes y sus posibilidades de trans-formación social, utilizando para ello –y actualizándo– la estructura de poder existente en el país. El MAS debilitó la capacidad organizativa de las formas políticas no estatales que ponían en crisis lo estatal y, paralelamente, se mostró como potencial mediador de las clases dominantes –luego de haber desplegado su poder en Pando–, las cuales podrían conservar su fuente de poder económico siempre y cuando aceptaran la dirigencia política del MAS.^[9]

Si –retomando a Zavaleta Mercado– un momento constitutivo es como una fábrica del tiempo en la que se producen las determinantes de una sociedad que persistirán por periodos largos (Tapia, 2002), la Asamblea Constituyente y la manera en que ésta se resolvió a partir de esa doble determinación –alianza de clase y desarticulación de las organizaciones sociales–, puede entenderse como el núcleo configurador del momento constitutivo del Estado Plurinacional. Ambas características asumirán una dinámica inherente e incontenible en el devenir de la política boliviana de los últimos diez años y que todo apunta a que se sostendrán hacia adelante trascendiendo al propio MAS.

La dinámica política/económica que viene consolidándose en Bolivia

Lo planteado sobre cómo se acomodaron las cosas cuando se cerró la asamblea constituyente y esta doble dinámica que se instala debe comprenderse como una inercia; es una marca que acompaña a la configuración de la consolidación del Estado Plurinacional y no solo un problema temporal que podría considerarse como una concesión transitoria e instrumental, como desde el discurso oficial se suele referir.

A continuación se presenta alguna información que, de manera general, permite delinear ciertos rasgos del nuevo carácter de la dominación en Bolivia y del patrón de acumulación del Estado Plurinacional.

Se afianza el modelo de extractivismo primario exportador

En contra del argumento gubernamental de que es necesario el extractivismo para salir del extractivismo, lo que se puede observar es que esta actividad no ha dejado de ser central para la economía del país y que el progresismo para nada ha modificado la tendencia histórica extractivista, en todo caso ésta se acentuó.

En la gráfica I se puede observar el peso del sector hidrocarburos y minería en la composición de las exportaciones del país, prácticamente un 80% de las mismas corresponde solo a ambos sectores. En un plano de la economía nacional ello ha implicado que si bien el PIB ha crecido sustancialmente, la estructura económica del país no ha cambiado prácticamente en nada, incluso la importancia del sector extractivista se ha incrementado en términos relativos si es que, aparte de hidrocarburos y minería, se añaden datos de otros sectores extractivos, como la agroindustria o la construcción de mega-obras, con los cuales la participación del extractivismo en el PIB llegaría a ser de más del 20%. Esto representa un segmento muy importante del excedente nacional y que su ampliación –recurriendo a capitales transnacionales– es prioridad para el gobierno.

La depredación como forma de sostenimiento del patrón de acumulación boliviano

El peso relativo del extractivismo no se modificó respecto al conjunto de la economía, pero la economía creció, lo que en términos absolutos representa un incremento de la producción de materias primas y, por tanto, de lo que ello implica en términos de los efectos depredadores de esta particular forma de relacionarse con la naturaleza. Veamos un ejemplo concreto de ello.

En el mapa I se puede observar cómo el territorio está siendo catalogado y entregado a empresas transnacionales. Lo preocupante junto a ello es que, en este proceso de catalogación hidrocarburífera del territorio boliviano, el gobierno –de manera totalmente ilegal y en contra a todo principio de plurinacionalidad– ha venido entregando concesiones al interior de áreas protegidas y territorios indígenas, violentando todo principio de libre determinación de los mismos. Once de veintidós áreas protegidas del país están afectadas por el incremento de la frontera hidrocarburífera del país, y de esas once, se considera que seis (Madidi, Aguaragüe, Tariquía, Iñao, Pilón Lajas y Manuripi) serán desnaturalizadas, es decir que por la gran extensión de la afectación que sufrirán (entre el 55% y el 90%) pasan a convertirse de parques a zona de actividad extractivista. También serán afectados un total de 64 territorios indígenas en diversas geografías del país, tanto en tierras altas como tierras bajas (Jiménez, 2013).

A un año de que Morales llegase a la presidencia, la superficie comprometida para la actividad hidrocarburífera era de casi 3 millones de hectáreas, en la actualidad la ampliación de esa frontera ascendió a la exorbitante cifra de 24 millones de hectáreas –como ejemplo, casi cinco veces el territorio de Costa Rica–. Esto ha tenido que ver, principalmente, con una búsqueda desesperada de gas natural que el gobierno viene promoviendo a lo largo y ancho del país frente a la abrupta disminución de los precios internacionales de las materias primas.

 ¿Reforma agraria o potenciamiento de la vía capitalista agroindustrial?

Bolivia no ha dejado de arrastrar la misma estructura agraria latifundista derivada de la Reforma Agraria de 1953, tal y como se puede apreciar en la gráfica II.

Para el año 2013 el 58,9% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) tenían una extensión de tierra de entre 0,01 y 4,99 hectáreas, representando este segmento el 2,1% de la superficie total en propiedad de las UPA del país. En ese mismo año, el 3,9% de las UPA tenían una extensión de 100 o más hectáreas, representando el 79,4% de la superficie total en propiedad de las UPA. Esta altísima concentración de la tierra es muy similar a la que existía 1984, año en el que el 68.2% de las UPA tenían una extensión de tierra de entre 0,01 y 4,99 hectáreas, representando este segmento el 1,4% de la superficie total en propiedad de las UPA del país. Para ese mismo, año el 3,8% de las UPA tenían una extensión de 100 o más hectáreas, representando el 91% de la superficie total en propiedad de las UPA (Ormachea, 2018).^[10] Si bien en el gobierno de Morales se han distribuido tierras fiscales –como continuación del proceso agrario iniciado en el neoliberalismo con la ley INRA–, la gran propiedad latifundista –buena parte de ella articulada a la agroindustria– ha quedado incólume.

Pero no solo es el problema del sostenimiento de la estructura de propiedad de la tierra, sino el gran impulso que ha recibido la oligarquía agroindustrial en estos últimos años, por ejemplo:

El gobierno ha venido frenando y postergando la aplicación del proceso de verificación de la Función Económica y Social (FES) de la tierra desde el año 2008. Este proceso, incorporado en la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria de 2006 debido a la presión de las organizaciones sociales de aquel entonces, era una estrategia “legal” para una redistribución parcial de tierras en manos de latifundistas, sin embargo, la concesión de esta postergación ha sido la punta de lanza que permitió la articulación del gobierno con esa élite.

En 2006 poco más del 20% de la soya que producía el país era transgénica, pero desde hace unos años esta cifra asciende al 99% (ANAPO, 2013). Pese al marco normativo que lo prohíbe, incluida la CPE, el gobierno ha venido impulsando sistemáticamente la producción de transgénicos. Recientemente, en 2019, se dio luz verde al desmonte de 250 mil hectáreas para soya transgénica destinada a la producción de biodiesel.

La tasa de deforestación per cápita en Bolivia solo es superada en el mundo por Bostwana, Paraguay y Namibia, y es 12 veces superior al promedio mundial (De Ambrosio, 2016). Según el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, se estima que desde 1996 fueron deforestadas de manera ilegal 5,5 millones de hectáreas, de las cuales el 38% pertenecen a ganaderos, 28% a agroindustriales, 17 % a colonizadores extranjeros, 12% a campesinos y 5% a pueblos indígenas; principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, La Paz y Cochabamba. Para 2006 en Bolivia se estaban deforestando 20.000 hectáreas por año, mientras que para el año 2009 esa cifra ya se había incrementado a 140.000 hectáreas anuales (ABT-MMAyA citado en Campanini, 2013). Lo complejo es que el gobierno del MAS viene “legalizando” los desmontes ilegales con un conjunto de normativas de “apoyo a la producción”.

En diciembre de 2013 el gobierno aprobó la Ley contra el avasallamiento y tráfico de tierras (Ley N° 477). Esta ley, que criminaliza actividades como las del Movimiento Sin Tierra boliviano (MST) y la toma de tierras productivas en los latifundios, impone penas de cárcel que van desde los tres hasta los ocho años para los “infractores”, además que los inhabilita como beneficiarios de procesos de redistribución de tierras y de derechos de uso y aprovechamiento de recursos por un lapso de diez años.

¿La inversión social es “la que cuenta”?

Quizá uno de los grandes mitos del “proceso de cambio” boliviano es el que todo lo explicado anteriormente –extractivismo transnacionalizado y oligarquía agroindustrial– aparenta ser justificado por la importancia que el gobierno de Morales otorga a la inversión social. Sin embargo, en la siguiente tabla se puede evidenciar cómo la importancia relativa del sector social –que tiene como principales subsectores la salud, educación y urbanismo–, ha disminuido en 10% (de 37% pasó a 27,4%) desde la época neoliberal.^[11] En contraposición, la relevancia de la inversión pública en el sector productivo se incrementó de 13% a casi 35%, teniéndose en cuenta además que para 2017 el 80% de ese sector corresponde a minería, hidrocarburos y energía, sectores relacionados principalmente a capitales transnacionales. Esto significa que la estructura económica del Estado Plurinacional viene sistemáticamente acrecentando la importancia relativa de los sectores extractivistas en detrimento de la inversión social, lo que pone en duda que ese extractivismo estaría financiando un amplio desarrollo social, sino que, en todo caso, se confirma la idea de que en Bolivia el extractivismo simplemente está financiando más extractivismo.

Tabla I

Inversión pública promedio ejecutada por periodo (porcentaje)

Sector	2002-2005	2006-2009	2010-2013	2014-2017
Productivo	13,0%	17,9%	29,0%	34,8%
Infraestructura	43,4%	46,2%	39,0%	34,5%
Social	37,0%	31,2%	28,4%	27,4%
Multisectorial	6,6%	4,8%	3,7%	3,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: elaboración propia con datos de UDAPE.

 

La desarticulación de la fuerza comunitaria

La restitución de un equilibrio político en torno al gobierno del MAS y a las alianzas realizadas para lograrlo sólo fue posible en la medida en que las organizaciones sociales que pugnaban por la concreción de horizontes emancipatorios retirasen la presión sobre el gobierno. Es por este motivo que la contención, agresión y desarticulación de las organizaciones sociales, principalmente comunitarias, se intensificó luego del proceso constituyente. Era imprescindible frenar la crítica y renuencia que surgió desde las organizaciones al hecho de que el texto constitucional fuese negociado y pactado con los sectores dominantes del país luego de la Asamblea Constituyente, y también fue necesario desarticular toda resistencia que emergió frente a los proyectos extractivistas.

La forma más evidente fue la de la represión directa, como aconteció en el caso del TIPNIS, Mallku Khota o Takovo Mora, y los posteriores procesos de intervención represiva de las organizaciones supracomunitarias reacias o contrarias a subordinarse al MAS, como sucedió con la CIDOB en 2012 o con el CONAMAQ en 2014, además de que el gobierno impulsaría la creación de organizaciones paralelas sujetas a la estructura partidaria del MAS (Salazar, 2015; Tierra, 2012; Cristóbal Huanca, entrevista, Cochabamba, diciembre 13, 2017).

Por otro lado, también se ha desplegado un gran andamiaje de control y subordinación pasiva –como diría Rivera Cusicanqui– de las estructuras dirigenciales, a partir de procesos masivos de prebenda. Uno de los más evidentes fue el caso del Fondo Indígena, que se convirtió en mecanismo para la obtención de apoyo de estructuras político-comunitarias rurales a partir de la transferencia discrecional de recursos públicos (Zegada y Komadina, 2017; Morales, 2015), aunque la cooptación de estructuras barriales en las ciudades también suele responder a esta misma dinámica (Filmer Mamani, entrevista, Cochabamba, diciembre 18, 2017).

Una forma específica de disciplinamiento político ha sido el condicionamiento que el MAS ha promovido sobre las organizaciones de base para que éstas asuman la línea partidaria como línea política de la organización –aceptando la “vigilancia partidaria” a través de delegados del MAS dentro de la estructura de las organizaciones–, bajo amenaza de no recibir proyectos públicos en caso de no aceptar dicha vigilancia. Así mismo, dicho disciplinamiento ha pasado también por erosionar, subordinar o destruir todos los otros “instrumentos políticos” que diversas organizaciones sociales habían gestado en diversas geografías del país, de tal manera que el MAS se convierta en partido monopólico.

El debilitamiento de las formas comunitarias de organización social también ha pasado por impulsar las denominadas OECAS (Organizaciones Económicas Campesinas Indígena Originarias), que se caracterizan por asumir un rol “empresarial” dentro de las comunidades –a cambio de recursos económicos estatales–, “independizando” esta actividad de la organización comunitaria cotidiana, la cual se dedica solo a la dimensión política y ya no económica (Cordoba y Jansen, 2014; Juan Carlos Alarcón, entrevista, Cochabamba, diciembre 14, 2017).

Reflexiones finales: ¿Por qué la dominación en el Estado Plurinacional debe entenderse  más allá del MAS?

En los últimos años, buena parte de la discusión sobre la decadencia progresista ha girado en torno a la idea del fin de ciclo. Estaríamos asistiendo al final del ciclo progresista que, con algunos matices, se plantea como una crisis hegemónica de este tipo de gobierno –los cuales tendencialmente se aproximaron a los núcleos de poder de los distintos países–, y que si bien esto no necesariamente implica su desaparición, se estaría accediendo a una etapa “post-progresista” caracterizada por la proliferación de rasgos conservadores, muchos de ellos provenientes de una matriz clásica de la política neoliberal (Modonesi y Svampa, 2016; Schavelzon, 2017; Gaudichaud, 2016).

Si bien este argumento permite dilucidar el proceso de transformación de las formas políticas de gestión del mando estatal y la recomposición del poder conservador en la región, quedarnos en una lectura del fin de ciclo –o repliegue temporal– nos instala en una discusión que, por lo menos para el caso boliviano, no permite mirar más allá de la política centrada en la institucionalidad estatal y que es de corto plazo. Seguramente, en unos cuantos años –luego de catastróficas consecuencias– estaremos viviendo el fin del ciclo conservador, pero lo importante es poder comprender la articulación entre estas formas de gobierno, lo que las hace parte de una misma dinámica que finalmente sirve para desplegar las condiciones de un capitalismo cada vez más violento y depredador.

La mesa está servida no es otra cosa que una metáfora para referir a la función que tuvo el “proceso de cambio” en esta última década. Por un lado, como vimos, la expansión del capitalismo ha sido impulsada y garantizada durante estos años, pero fundamentalmente, se ha producido un proceso de despolitización o de desorganización de las tramas comunitarias y formas organizativas no estadocéntricas que eran las que finalmente tenían la capacidad de frenar el avance neoliberal.

En este sentido, un momento conservador posterior al progresismo puede entenderse no tanto como el fin de un ciclo, sino como una vuelta de tuerca a un proceso sociopolítico en curso; i.e., en la medida en que el gobierno del MAS reconstituyó un orden dominante centrado en el capitalismo extractivo, desarticuló las formas populares de organización política que otrora fueron capaces de frenar y reducir el avance neoliberal, abriendo, como resultado de ello, y del agotamiento de una forma de gobierno que cada vez más se presenta como impostación, la posibilidad de un momento conservador-neoliberal.

Esto, además, conlleva a que el fin de ciclo no sea realmente lo importante, sino aquello que más bien se consolida en este proceso. Después de los primeros años del gobierno del MAS, a diferencia de los años precedentes de lucha, el proceso ha sido de reconstitución de las condiciones para la expansión del capitalismo en Bolivia, incluso de una manera que ni el propio neoliberalismo lo logró (Salazar, 2016). Es un proceso in crescendo que –y esto es lo importante– no pareciera que fuese a sufrir grandes cambios con un gobierno de izquierda o derecha, en todo caso, un momento conservador acentuaría esta tendencia gracias a las condiciones de despolitización que se han producido en el periodo precedente.

Considero que esta es la marca constitutiva de la fábrica del tiempo que da lugar al Estado Plurinacional de Bolivia y a su devenir en el futuro. En este sentido, y por lo menos en los siguientes años, todo horizonte emancipatorio pasará por restituir la fuerza y capacidad de decisión de los ámbitos de organización política autónoma y comunitaria, antes que por cualquier apuesta que pueda ser formulada en el ámbito de la política estatal, la cual quedará entrampada en un bucle progresista-conservador de gestión del patrón de acumulación en tanto no exista la capacidad de romper su inercia desde aquella otra política, tal y como ha sucedido en reiteradas oportunidades de la historia boliviana.

 

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Referencias

ANAPO (2013). Anuario estadístico 2012. Santa Cruz: Anapo.

Campanini, Oscar (2013). “Un futuro insostenible. Una mirada desde las tierras bajas” en Petropress.

Cordoba, Diana, y Kees Jansen (2014). “The Return of the State: Neocollectivism, Agrarian Politics and Images of Technological Progress in the MAS Era in Bolivia” en Journal of Agrarian Change 14 (4): 480-500.

De Ambrosio, Martín (2016). “Bolivia con altas emisiones de gases invernadero” en SciDev.net. https://www.scidev.net/america-latina/desastres/noticias/bolivia-con-altas-emisiones-de-gases-invernadero.html.

Escárzaga, Fabiola (2012). “El gobierno de los movimientos sociales” en El primer gobierno de Evo Morales: un balance retrospectivo, editado por Tanja Erns y Stefan Schmalz, 137-64. La Paz: Plural Editores.

Garcés, Fernando (2010). El Pacto de Unidad y el proceso de construcción de una constitución política del Estado. La Paz: Programa NINA.

García, Álvaro (2010). “El Estado en transición. Bloque de poder y punto de bifurcación” en El Estado. Campo de lucha de Álvaro García, Raúl Prada, Luis Tapia, y Oscar Vega, 7-40. Buenos Aires: CLACSO.

_____ (2016). “¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?” en Las vías abiertas de América Latina. Siete ensayos en busca de una respuesta: ¿fin de ciclo o repliegue temporal? editado por Emir Sader. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.

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^[1] Este artículo fue escrito en el primer trimestre de 2019, cuando este libro era apenas un proyecto en ciernes. En ese momento Evo Morales era presidente y la pandemia de la Covid-19 ni si quiera era imaginable. A principios de 2020 este texto me pareció poco útil para este libro. Sin embargo, empezando ya el segundo semestre de este mismo año –y aprovechando el retraso de este proyecto editorial–, me parece que este texto puede aportar algunas claves, en especial para comprender los elementos de continuidad entre el anterior y el actual gobierno. El gobierno de Añez viene dando continuidad de manera agresiva y en el marco de la pandemia a las principales políticas que Evo Morales había comenzado en sus 14 años, y lo hace en un escenario de despolitización y polarización en el que la sociedad civil se ha quedado sin capacidad de respuesta, esto no puede ser explicado si no se consideran los 14 años del Movimiento Al Socialismo. Estamos siendo testigos del banquete que solo pudo ser porque había una mesa bien servida.

^[2] Economista boliviano, con estudios de posgrado en México, trabaja sobre temas relacionados con luchas comunitarias y su vínculo con el Estado. Actualmente hace parte de un proyecto para la conformación de un centro de investigación independiente en Bolivia.

^[3] El libro en cuestión: Las vías abiertas de América Latina. Siete ensayos en busca de una respuesta: ¿fin de ciclo o repliegue temporal? (Sader, et al., 2016).

^[4] Al respecto sugiero consultar el trabajo de Raquel Gutiérrez (2009): Los ritmos del Pachakuti.

^[5] El Pacto de Unidad surge oficialmente en 2004 como una supra-organización indígena originaria campesina que articuló a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia-Bartolina Sisa (FNMCB-BS), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y de manera posterior se articularía el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ). Esta organización emerge de un acuerdo para impulsar un proceso constituyente y una serie de reivindicaciones en común.

^[6] El 11 de septiembre de 2008, más de veinte campesinos e indígenas fueron asesinados en El Porvenir (Pando) por grupos armados de la élite regional en un hecho aún sin esclarecer, ni determinar el grado de responsabilidad que el gobierno tuvo (Nehe, 2016).

^[7] Los entretelones de esta negociación se encuentran detallados en el texto que fue producido por los mismos gestores de esta negociación: Del conflicto al diálogo. Memorias del acuerdo constitucional (Romero, et al., 2009). Este tipo de textos, que por lo general tienden a minimizar los alcances reales de la lucha y concentrar su atención en el Estado como ámbito privilegiado, real y “serio” para la política, tienden a considerar esta nueva constitución como “un resultado algo negociado” (Marsteintredet, 2017) y no como una negación profunda de su sentido original.

^[8] Notar que buena parte de las organizaciones sociales y sus bases no estuvieron de acuerdo con la aprobación negociada de la nueva carta magna, como lo anotaba un pronunciamiento del CONAMAQ: “No autorizamos al Poder Ejecutivo, ni al Parlamento Nacional la negociación y/o modificación del texto del Proyecto de Constitución Política del Estado aprobada en Oruro. […] El Parlamento Nacional no tiene las competencias constitucionales para revisar y/o modificar el proyecto de Nueva Constitución Política del Estado, por tanto, cualquier alteración tendría vicios de nulidad” (La Prensa, 11 de octubre de 2008).

^[9] Gran parte de la narrativa oficial del gobierno del MAS se sustenta en la idea de que, en términos gramscianos, existío un “empate catastrófico” (García, 2010) –esto es: dos fuerzas políticas, una regresiva y otra progresiva, que se enfrentan sin que ninguna de las partes venza, extendiéndose la crisis, lo que hace necesario la entrada de una tercera fuerza para resolver la crisis–. Desde una perspectiva no estadocéntrica de la política se puede advertir que el empate, en todo caso, fue una producción de esta tercera fuerza (el MAS), que produjo una situación de debilidad política para las organizaciones y de necesidad de mediación para las clases dominantes.

^[10] Estos datos no incluyen información sobre la propiedad colectiva de territorios.

^[11] Los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad no son considerados en este análisis, principalmente por considerarse mecanismos de transferencia que tienen una función paliativa y que afectan al consumo –como son los programas de transferencia neoliberales– y no generan una transformación real de las condiciones de vida de la población.