El gobierno de Moreno emitió un paquete de medidas económicas que incluyen eliminación de subsidios y liberación de precios a gasolinas y un paquete de reformas laborales contrarias a los trabajadores en concordancia a las exigencias del FMI. Estas medidas afectan directa e indirectamente a las condiciones de vida de los pueblos y nacionalidades y trabajadores del Ecuador. Candidato por el correísmo en 2017, ha ido progresivamente haciendo visible su alianza con la vieja oligarquía del país y acogiendo políticas nítidamente neoliberales, avizoradas en el gobierno de Correa (privatizaciones bajo la figura de alianza publico privada, flexibiización laboral), que sin embargo, han adquirido en este régimen una claridad innegable: continuación del extractivismo, despidos de trabajadores y política anti trabajadores, profundización de privatizaciones,  auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional.

Frente al llamado “paquetazo” implementado por el gobierno y el FMI, las organizaciones indígenas y populares se están levantando con fuerza y han llamado al Paro Nacional y Levantamiento Indígena. Las movilizaciones se iniciaron desde el 3 de octubre a nivel nacional y, a la fecha prácticamente toda la sierra está paralizada por la obstrucción de carreteras por comunidades indígenas y campesinas. De igual forma, en la región amazónica la paralización es total y con fuerza en el centro norte. El movimiento indígena y popular (CONAIE, Frente Popular, Frente Unitario de Trabajadores, estudiantes, entre otros) exigen la inmediata derogatoria del “paquetazo”, rechazan la política extractivista de este y del anterior gobierno en los territorios indígenas, y la regresión de derechos laborales de toda la población ecuatoriana.

El estado ha respondido desde el primer día con una represión brutal y ha declarado el estado de excepción, e incluso ha amenazado con usar toda la fuerza necesaria. Sin embargo, el movimiento indígena y las comunidades haciendo uso de la autodeterminación y del Estado Plurinacional, ha declarado también estado de excepción en sus territorios para los militares y policías que intenten ingresar a sus territorios. A la fecha existen mas de 50 militares retenidos por las comunidades en varias partes del país y las carreteras siguen tomadas. Algunas organizaciones y comunidades de la sierra norte – Imbabura y Cayambe– y Cotopaxi –al sur de Quito– han decidido avanzar hacia la capital.

Se trata de un levantamiento y paro nacional que está alcanzando dimensiones no vistas en casi una década –a pesar de que, vale recalcar, que el movimiento indígena mantuvo la movilización en el gobierno de Correa–. Sin embargo, no es solamente el movimiento indígena –a pesar de que sigue siendo, nos guste o no, la columna vertebral de la lucha popular en el Ecuador–, se han sumado campesinos, estudiantes universitarios, trabajadores, movimientos de mujeres. Es una movilización de la sociedad entera.

El descontento es generalizado con la clase política del país, por la desigualdad social profundizada por el gobierno de Moreno, y nuevamente por la forma tradicional de manejar la política estatal y los gobiernos –corrupción, autoritarismo, engaño y populismo– que han  empobrecido a la mayoría de la gente, ahora de la mano del FMI. A pesar de que dentro de la movilización existen ciertos dirigentes correístas (producto del conflicto y la ruptura interna de Alianza País) que están tratando de llevar la movilización hacia sus intereses particulares, las organizaciones indígenas y populares han dicho claramente “Ni Moreno, Ni Correa, Ni Nebot, Ni Lasso; La lucha es del pueblo” dejando claro con eso su posición y dirección política en este momento. La salida no es volver simplemente al correísmo –como quieren hacer ver sus partidarios–, ni tampoco es ponerse del lado de la derecha tradicional neoliberal del país. La salida es la organización popular y comunitaria que luego de más de una década de represión estatal está volviendo a articularse autonomamente en contra del FMI, la clase política y sus medidas antipopulares y anticomunitarias.  Es contra una forma de gobernar que históricamente ha dejado de lado a las grandes mayorías en las decisiones importantes que afectan a la sociedad, o las ha manipulado para sus proyectos políticos particulares.

El levantamiento en marcha, y el paro nacional traen a la memoria las grandes jornadas de lucha en los largos 90s que enfrentó al neoliberalismo y que finalmente en 2006 abrió las posibilidades de una transformación histórica del Ecuador que supuso el correísmo en sus inicios y que fue desperdiciada y neutralizada por ese gobierno. Esperemos que la movilización actual logre no solamente echar abajo el paquete de medidas del gobierno sino que sirva para abrir un nuevo periodo de movilización autónoma de la sociedad, desmarcarse del populismo y de los caudillismos y avanzar a la construcción de un proyecto plurinacional que implique sobretodo la autodeterminación social no solamente de las comunidades – que de hecho la siguen ejerciendo de facto, y se ve con la declaración del estado de excepción en las comunidades–  sino también en las organizaciones de las ciudades, en los barrios, sindicatos y colectivos de mujeres, de tal forma que la sociedad en su conjunto pueda tomar su destino con sus propios cuerpos y proyectos, y desde ahí pensar el accionar frente a, con o en el estado.

Esperemos que de las lecciones aprendidas de los 90s durante las luchas contra el neoliberalismo y la clase política, esta vez logremos avanzar más allá de derrocar un paquete de medidas o un gobierno y abrir un nuevo momento de luchas que logren transformar profundamente las estructuras de dominación que nos someten, de tal forma que esta vez no digamos “ganamos, pero perdimos”.

Puebla, 7 de octubre de 2019

* Sociologo Kichwa ecuatoriano, militante del movimiento indígena.