Europa pretende situarse a sí misma como faro del mundo, supuesto camino a seguir para alcanzar el bienestar, el cuidado del ambiente y el “desarrollo” socio-cultural. Frente al imperialismo bélico y comercial de China y EEUU, Europa intenta mostrarse como la civilización avanzada moralmente, pero para esto necesita ocultar que su nivel de consumo, infraestructura, orden, limpieza, seguridad social, patrimonio histórico-cultural y altas tasas de empleo necesitan de la riqueza (naturaleza y trabajo productivo/reproductivo) extraída, acumulada y concentrada en los Sures globales de ayer y hoy.

Y también, de los “sures” en su propio territorio. 

A continuación presento dos ejemplo de esta dinámica depredadora y explotadora que está detrás de (o sosteniendo) las “brillantes” metrópolis Europeas, en sus propios territorios negados: la expansión del monocultivo de eucaliptus sobre los minifundios de Galicia (y su prohibición), y la semi-esclavitud de migrantes africanos en los invernáculos de Andalucía.

Cincuenta años de expansión forestal-celulósica sobre el minifundio gallego

Aproximadamente desde 1970 las plantaciones de eucaliptus empezaron a expandirse por el norte español, en Galicia y Asturias, a medida que las industrias de celulosa y papel iban requiriendo cada vez más madera de este tipo, tanto por su calidad como por su velocidad de crecimiento (el eucaliptus se cosecha allí cada 16 años y el pino cada 30). El paisaje de monte nativo de la zona, muy extendido y tupido, que mezclaba pinos, robles, castaños y muchas otras especies, comenzó a verse alterado por la expansión del árbol australiano, en gran parte por la presión de las industrias de celulosa de ENCE (empresa que quiso instalarse en Uruguay antes de Botnia y cedió su negocio a Montes del Plata -Stora Enso/Arauco-).

La expansión del monocultivo fue avanzando sobre los minifundios de Galicia, aprovechando la intensa migración rural-urbana, las tierras comunales usurpadas por ricos de la zona, e incluso los planes de “concentración parcelaria” del franquismo. Donde antes habían campesinos cultivando papa, maíz, trigo, hortalizas diversas, o teniendo algunas vacas, pequeña lechería y vides, el eucaliptus se expandió en miles de micro plantaciones, o incluso avanzó como planta invasora sobre antiguas tierras de cultivo abandonadas y montes nativos. 

Al pasar las décadas la población de Galicia vio cada vez con más preocupación la expansión de este monocultivo, que alcanza hoy entre las 300.000 y las 500.000 hectáreas, por tres razones principales: el intenso consumo de agua de los árboles, la degradación del suelo y su fertilidad (y la biodiversidad en general) y la propagación de incendios cada vez más seguidos y graves (en un contexto de desertificación de la región y déficit hídrico por el cambio climático global). Esto es relatado así por varios vecinos de las localidades y pequeñas ciudades con las que conversamos sobre el tema: si bien produce rentabilidad a los dueños de los campos, estos tres impactos negativos son prácticamente de consenso.

Es así que en 1989 surgen algunas restricciones a las plantaciones con esta especie que sustituye el monte nativo, aunque inicialmente se respetaron poco. Luego en 2012, con la Ley 7/2012 se prohíbe su plantación donde se encuentran otras especies como el pino o el roble. En 2021, con la Ley 11/2021 de “Recuperación de la tierra agraria de Galicia” se define una prohibición total a la expansión del eucalipto (hasta 2025 cuando se revisará la norma) sobre montes de otras especies y sobre tierras agrícolas. Más allá de las controversias locales que el efectivo cumplimiento de la norma ha generado, hay que destacar que tras 50 años de plantaciones de eucalyptus, existe un consenso en Galicia sobre esta especie como dañina para el ambiente y el minifundio productivo gallego, que debe ser frenada, o hasta combatida, como las “Brigadas des-eucalyptizadoras” están haciendo con más de 1000 voluntarios. 

Portugal, vecino de las tierras gallegas, también generó en 2017 nuevas normas que restringen el avance del eucalyptus y pretenden la disminución de su área ocupada paulatinamente. 

Tras cinco décadas de convertir sus montes nativos en zonas de sacrificio para la celulosa, Galicia comienza a ponerle freno a esta dinámica depredadora, que (entre otros factores que se combinan) ha avasallado la pequeña producción de alimentos: granos, hortalizas, frutas, vinos, leche y quesos, etc.; y ha profundizado el despoblamiento del campo, dejando desiertas muchas aldeas. 

40.000 hectáreas de hortalizas esclavizantes

En el extremo sur de España, contra las costas del mediterráneo de Andalucía, se expanden más de 40.000 hectáreas de invernáculos de plástico en El Ejido, Carchuna, La Rábita, etc. Este “mar de plástico” no solo impacta a la vista por su inmensidad casi distópica, y a los oídos por su sonoridad de temblequeos de plásticos movidos por el viento, sin pájaros, insectos ni árboles propios de cualquier paisaje de granja hortícola; sino que esconde en sus galpones blancos y transparentes uno de los sistemas de hiper-explotación más intensos que mantienen la hortalizas baratas de Europa. 

Allí se producen tomates, berenjenas, calabazas, morrones, pepinos, melones y varios cultivos más para toda España, pero también para exportar a países como Francia, Inglaterra u Holanda, a muy bajo precio y con supuestos “altos niveles de eficiencia”.

Este sistema de producción barata esconde al menos tres grandes problemas: 1. la esclavitud de inmigrantes africanos, 2. los daños ambientales 3. la afectación a la salud pública.

La situación de las personas migrantes de África es crítica en esta zona, y forma la base “barata” de la producción hortícola: en los resultados de la investigación de 2023 de Miriam Martín sobre el Ciclo de Vida Social de los invernáculos dice textualmente: “Los inmigrantes desempeñan un papel fundamental en la economía agrícola de Almería, pero sus condiciones laborales suelen ser inferiores a las de los trabajadores españoles. Además de recibir salarios inferiores al mínimo legal, los inmigrantes, en su mayoría en situación ilegal, enfrentan jornadas interminables de trabajo, abuso físico y psicológico, y viven en asentamientos sin acceso a servicios básicos.” (Martín, 2023: 8).

En palabras de referentes de Cruz Roja de la región, con quienes dialogamos, las personas que llegan cruzando el Mediterráneo tras largas rutas migratorias (que en algunos casos alcanzan hasta los siete u ocho años), abusos, enfermedades y hambre, quedan como personas irregulares, expuestas a la dependencia extrema de trabajos hiper-precarios. 

En los invernáculos se les paga entre 4 euros la hora y 20 euros el día, es decir, entre la mitad y un tercio del sueldo mínimo nacional. Por supuesto no tienen acceso a ropa de trabajo ni equipamiento de protección frente a los agroquímicos. Pero además, estas personas viven en casas abandonadas o taperas de las propias chacras, dentro de carpas o “casas” de nylon, sin luz ni agua potable; y muchas veces pagando por usar esos espacios de las chacras que los contratan. 

Como se encuentran irregulares tienen mucho miedo de trasladarse en ómnibus, acceder a la salud o denunciar las extremas condiciones de trabajo y abuso. Incluso trabajadores de Cruz Roja que colaboran con las situaciones más críticas han sido agredidos por vecinos de la zona, reflejando episodios xenófobos que crecen año a año. 

De hecho, los relatos sobre las brutales condiciones de vida y trabajo, nombradas como esclavitud, pueden ser escuchadas directamente de parte de trabajadores/as y miembros sindicales en los reportajes de la BBC y Al Jazeera. 

Los invernáculos utilizan muy intensamente agua, en una zona con escasa precipitación (un tercio del promedio en Uruguay). La extracción continua y de grandes volúmenes de agua subterránea está sobrepasando la capacidad de recarga de los acuíferos, y esto tiene como consecuencia el ingreso de aguas subterráneas saladas del mar mediterráneo. También se ha constatado contaminación de agua y suelos por el uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes; y la inmensa producción de residuos de plástico: un estimado de 45 millones de kilos al año. El análisis de estos problemas ambientales puede encontrarse en la investigación de Tolón y Lastra (2010). 

Por último, el uso intensivo de agroquímicos viene siendo señalado como un problema de Salud Pública desde 1996, tanto por la exposición de trabajadores/as, como por la presencia de residuos de plaguicidas que exceden las normas en alimentos, en vegetales residuos que serán alimento del ganado, y en los residuos de plásticos (Tolón y Lastra, 2010). 

La problemática continúa hasta la actualidad aunque las empresas tengan un discurso de sustentabilidad: “A pesar de las regulaciones existentes en España y la Unión Europea, el uso de plaguicidas sigue siendo alto en la región de Almería, lo cual afecta la salud de los trabajadores debido a la falta de formación y equipos de protección adecuados. El uso de pesticidas no solo afecta la salud humana, sino también el medio ambiente y la biodiversidad.” (Martín, 2023: 8) 

Detrás de la “comida” barata, y del desarrollo industrial celulósico, territorios y personas son negadas y sobre-explotadas, tanto en el Sur Global, como en los propios Sures del Norte. El discurso de sustentabilidad y cuidado ambiental es contradecido por prácticas concretas de depredación y daño, que son base del modo de producir y habitar del monocultivo, la agroindustria y la “bio-economía”. 

El colonialismo sobre América-Abya Yala tiene un correlato (de dimensiones difíciles de comparar) con el colonialismo interno sobre tierras-personas gallegas y personas migrantes africanas. El reverso de las grandes capitales del consumo, turismo y “desarrollo” son los cuerpo-territorios exprimidos que les dan sostén y subvencionan sus caprichos con mercancías baratas. Más vale tenerlo en cuenta cada vez que pretendemos tomarlos como referencia del “bienestar”.