En semanas pasadas la agenda política boliviana estuvo marcada por la confluencia de tres acontecimientos que, en distintas geografías del país, aparentemente se presentan de manera aislada. Uno de ellos tiene que ver con la defensa de la propiedad colectiva de un territorio comunitario, el otro con la defensa territorial frente a proyectos hidrocarburíferos y el otro con un nuevo impulso que se da a la producción de soya transgénica en el país.

Es importante entender, sin embargo, que estos tres acontecimientos no son casos inconexos entre sí, sino que hacen parte de una misma agenda política y económica que se ha venido actualizando y afianzando en torno al gobierno del Movimiento Al Socialismo  (MAS) en los últimos años. Veamos un poco más las características centrales de estos hechos.

1) Un contingente de marchistas de la Nación Originaria Qhara Qhara (situada entre los departamentos de Potosí y Sucre), llegó a la ciudad de La Paz el 18 de marzo pasado luego de más de un mes de caminata. La reivindicación de los marchistas: que se respete la voluntad de este pueblo sobre la autodeterminación de su territorio luego de que el gobierno, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), impulsara un proceso de titulación de tierras que busca individualizar la propiedad de las mismas. Ésta, que es una reivindicación y una lucha histórica de la Nación Originaria Qhara Qhara¹ –desde la colonia–, ha sido bloqueada por las instituciones del Estado que vienen impidiendo que este territorio pase a la figura jurídica de Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC), con autonomía y con un ejercicio pleno de su autogobierno. El problema es, como lo señala Silvia Rivera Cusicanqui, este intento de individualización de la propiedad de la tierra tiene que ver con ésta es muy atractiva para proyectos extractivistas, principalmente mineros y la figurar del TIOC imposibilitaría su explotación. El gobierno –incluidos ministros envueltos en casos de corrupción por tráfico de tierras– no solo minimizó la importancia de la marcha y se negó a escuchar a los representantes de la misma, sino que también la desalojó con la policía.

2) El día 21 de marzo, un contingente policial intervino por la fuerza una serie de bloqueos que comunarios de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía habían instalado para evitar el ingreso de personal y maquinaria relacionados con proyectos hidrocarburíferos. Esta reserva, donde cohabitan 22 comunidades campesinas, en los primeros años del gobierno de Morales fue catalogada como zona de interés hidrocarburífero y desde el 2011 se vienen realizando estudios por parte de corporaciones petroleras. En consecuencia, las transnacionales British Group y Petrobras, así como la nacional YPFB Chaco, se han repartido una extensión que representa el 55% del territorio de la reserva. El 2016 las comunidades que serían afectadas por estos proyectos conformaron un Comité de Defensa –impulsado principalmente por las mujeres de las comunidades–, el cual viene realizando una serie de medidas de resistencia al ingreso de estas corporaciones². El día 25 de marzo de este año debía instalarse una mesa de negociación entre comunidades y gobierno, sin embargo, la previa intervención policial violenta que acompañó a las petroleras en su ingreso a la región, rompió este acuerdo. Pese a la agresión, las comunidades siguen en pie de lucha y en proceso de reorganización.

3) El 18 de marzo –el mismo día de la llegada de la marcha de la Nación Qhara Qhara a La Paz–, Evo Morales, junto a su vicepresidente, en una amable reunión en el aeropuerto de la Ciudad de Santa Cruz con la oligarquía agroindustrial del oriente Boliviano, dio luz verde a la ampliación de la producción de soya transgénica en más de 250 mil hectáreas con el objetivo de producir biodiesel³. Esta medida hace parte de un conjunto de políticas que el gobierno boliviano viene gestionando y promocionando desde hace ya varios años para consolidar su alianza con este sector⁴. No es por nada que el representante de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) –la institución que aglutina a este grupo de poder– asevere que Morales ha hecho más por Santa Cruz que el mismísimo dictador Hugo Banzer Suárez, o que el vicepresidente García Linera recalque que el gobierno estuvo equivocado en su comprensión del “noble” empresariado cruceño.

Tres casos, un modelo de “desarrollo”: extractivismo anticomunitario

Este conjunto de hechos dan cuenta de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia y no de situaciones circunstanciales. Por un lado, pueblos, comunidades, sindicatos, barrios y organizaciones sistemáticamente agredidas y que ven amenazadas sus condiciones de vida y desconocidas sus formas de autogobierno⁵. Esto se contrapone a la relevancia cada vez mayor que los capitales transnacionales extractivistas tienen en todo el país y que se instalan en diversos rubros: hidrocarburos, minería, hidroeléctricas, infraestructura caminera, etc.; que además son de múltiple procedencia, aunque se debe recalcar la significativa escalada de los capitales chinos. Mientras que a nivel nacional es  la oligarquía agroindustrial del oriente la que, en buena parte, se ha constituido como el núcleo del bloque dominante que organiza el poder en el país.

Estas dos dimensiones son parte constitutiva de un mismo patrón de acumulación –lo que en palabras de gestión estatal se denomina como: “modelo de desarrollo”–. Es una inercia del Estado Plurinacional. A riesgo de ser redundante pero con el ánimo de puntualizar –en un ensayo por nombrar lo que sucede en Bolivia– entiendo que este patrón de acumulación extractivista y anti comunitario se caracteriza principalmente por dos cosas: en primer lugar, la configuración de una institucionalidad estatal rentista que depende cada vez más de ampliar la capacidad extractivista para sostener su dinámica de poder y su estabilidad política clientelar –más en los momentos en los que disminuyen los precios internacionales de las materias primas–, lo que conlleva convertir el territorio nacional en un extenso catálogo de recursos destinados a procesos extractivos y puestos a disposición de capitales, principalmente transnacionales. Aunado a lo anterior, el gobierno produjo las condiciones de su estabilidad política apoyándose en la oligarquía agroindustrial del oriente boliviano, los cuales, –incluso desde un lente desarrollista– tienen muy poco impacto en el apalancamiento de la economía nacional y son básicamente capitales que generan más dependencia y operan como economías de enclave.

En segundo lugar, el gobierno tiene una profunda necesidad de desarticular o subordinar las estructuras sociales comunitarias –la gran mayoría de los casos a través del ejercicio explícito de la violencia–, es decir, aquellas organizaciones –indígenas, campesinas, originarias e incluso algunas urbanas–, las cuales desde su propia forma de gobierno y de gestión quieren decidir sobre su territorio o sobre algún asunto público que les compete en relación a su subsistencia, lo que generalmente contraviene los intereses que el gobierno promueve (aquellos del párrafo anterior), por lo que se convierten en una traba para ello. O también porque fue desde esta forma de organización –centrada en un sistema propio de gobierno–, que entre los años 2000 y 2005 germinó y se impulsó la posibilidad de una transformación social mucho más profunda y radical, desde horizontes que iban más allá de la simple idea de “tomar el poder”; estas organizaciones son una amenaza para el MAS por lo que, para este partido, deben volverse estructuras paraestatales o desaparecer.