Compartimos la proclama de la Marcha por el Día Mundial del Agua

Este 22 de marzo se cumplen 30 años de la declaración del Día Mundial del Agua y volvemos a ocupar las calles en defensa de este bien común imprescindible para la vida. Somos personas de todas las edades, de todas las identidades, somos colectivos sociales, habitantes del campo, de las costas y las ciudades, somos trabajadoras y trabajadores, pequeños y medianos productores familiares, agricultores, apicultores y pescadores artesanales, estudiantes y docentes, cooperativistas e investigadores, somos presente y futuro. Somos pueblo que tenemos el derecho a participar, a decidir cuáles son los modelos de desarrollo adecuados para Uruguay. Hay límites en nuestra relación con los bienes naturales, que como humanidad ya no podemos traspasar, por el agua, por la salud, por la
vida.

¡El agua no se regala ni se vende, el agua se defiende!

No estamos solos ni aislados, esta es una lucha unida que libran los pueblos del mundo. Hoy vivimos una crisis hídrica sin precedentes en el país. Nos dicen que es sequía, pero quienes luchamos por el agua sostenemos que no es sólo sequía, ¡es saqueo!

En esta crisis en la cual varias ciudades como Minas y Ciudad de la Costa, la región metropolitana y muchas escuelas rurales están teniendo serios problemas de abastecimiento de agua potable, las autoridades de OSE y del Ministerio de Ambiente han mostrado una preocupante y permanente improvisación, creando falsas soluciones sin atender el problema de fondo, cuya gravedad venía siendo anticipada por las organizaciones sociales y la academia, por lo que podría haberse previsto.

Nos piden que no usemos el agua para regar, pero nadie controla el agua que el agronegocio sojero, arrocero y forestal convierte en ganancias. Es tiempo de cerrar las canillas al agronegocio y no a las personas que utilizan el agua para vivir y producir alimentos.

En el año 2004 el 64,7% de la ciudadanía de Uruguay votó la Reforma Constitucional que consagra el agua y el saneamiento como derechos humanos fundamentales y establece, de forma inequívoca, que los y las habitantes tenemos el derecho a participar en la gestión de nuestros bienes comunes hídricos.

Durante dos décadas, desde esta reforma, el mandato constitucional ha sido sistemáticamente violado por los gobiernos de turno. Un ejemplo de esto es la inoperancia de las Comisiones de Cuenca, donde lo que se discute no incide en la toma de decisiones sobre la gestión del agua ya que no son vinculantes. Mientras los gobiernos se encargaron de construir políticas de estado y leyes para dar garantías a empresas nacionales y extranjeras que se apropian del agua para su único beneficio engordando su capital. Los responsables de esta escalada son todos los partidos políticos que gobernaron desde 1985 atándonos a tratados y contratos llevando el país a las catástrofes ambientales que padecemos. Estas políticas de estado basadas en el extractivismo, que los gobiernos de turno aplican a rajatabla, buscan despojar al máximo la naturaleza como si fuera una fuente inagotable de materias primas, con el único propósito de lograr más ganancias sin importarles las consecuencias destructoras para las generaciones presentes y futuras. Denunciamos que los tratados y contratos de protección de inversiones, las cláusulas de
secreto y confidencialidad que solo benefician al extractivismo, nos dejan sin soberanía porque los conflictos entre el país y las multinacionales serán juzgados en cortes de justicia extranjeras, por ejemplo se puede mencionar el conocido caso de Aratirí.

Las industrias de celulosa, UPM1, UPM2 y Montes del Plata utilizan millones de litros de agua diarios para diluir los contaminantes que tiran a los ríos. Más de un millón de hectáreas forestadas con eucaliptos y pinos devoran el agua que es imprescindible para la producción de alimentos y además contaminan las aguas cercanas a sus viveros con
agrotóxicos, como el recientemente denunciado y comprobado Vivero Santana en Guichón.

Los productores familiares son víctimas no solo de la sequía por falta de lluvia, sino de la pérdida de aguas subterráneas a causa de la forestación que se traga el agua disponible. El agronegocio transgénico de soja y maíz es el principal contaminante con agrotóxicos del agua dañando la salud de la población, envenenando colmenas, destruyendo la flora y fauna nativa y la salud de la tierra. Es responsable, junto con las forestales, del vaciamiento del campo y de la concentración de propiedades de inmensas extensiones de territorio en muy pocas manos. Tala de monte nativo, relleno de humedales, acciones para desplazar la frontera agrícola y para avanzar con proyectos inmobiliarios y viales ampliando los territorios explotables en detrimento de los ecosistemas. El plan de  ordenamiento territorial de Canelones denominado Ruralidades Canarias prohíbe la plantación de transgénicos en zonas del departamento. Esto es ley, sin embargo los sojeros siguen plantando en las zonas prohibidas sin consecuencia alguna ya que no hay controles por quienes deberían hacerlo.
¡Por eso decimos no a los cultivos transgénicos!

El agronegocio arrocero envenena el agua, a las trabajadores y los trabajadores. Es el caso de la enfermedad provocada por el incumplimiento de todas las normas laborales de protección comprobado ante la Justicia por el ex-trabajador del Arrozal Treinta y Tres Julio de los Santos, quien presentará su demanda contra el estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La dramática crisis de las cuencas de nuestro país en general y en particular la del río Santa Lucía, desde sus nacientes hasta su desembocadura, demuestra cómo se sacrifica una cuenca que abastece de agua potable a más del 60% de la población en favor de un modelo productivo extractivista, depredador y contaminante, a pesar de las advertencias de la ciencia, las organizaciones sociales, colectivos organizados e incluso organizaciones del exterior del país.
La contaminación de grandes volúmenes de agua dulce por la falta de una adecuada recolección y gestión de residuos, descontaminación de aguas de la red de saneamiento, mantenimiento de cañadas, ríos y arroyos  contaminados por cientos de toneladas de residuos sólidos, químicos y metales pesados provoca la contaminación de los peces y desaparición de la pesca y su fauna autóctona en el estuario del Plata. A esto se suma la sobrepesca con técnicas depredadoras, como la pesca industrial con arrastre, provocando la desaparición de la vida acuática en océanos, ríos y arroyos, alterando dramáticamente los ecosistemas. Esto afecta gravemente el sustento de las y los pescadores artesanales, base de nuestra soberanía alimentaria. También hay una mala implementación de las vedas
pesqueras por parte del Estado y ausencia de declaración de emergencia pesquera en aguas continentales por la sequía. Si bien los Consejos Zonales de Pesca son la única herramienta de participación de las familias de pescadores artesanales del país, no son vinculantes y las autoridades optaron por su vaciamiento.

El Proyecto Neptuno-Arazatí, para tomar agua del Río de la Plata, tiene como objetivo privatizar el agua violando la Constitución. Es un gran negociado impulsado por un consorcio privado que busca rentabilidad, no asegura agua de calidad por los problemas de salinidad y presencia de cianobacterias que habitualmente presenta esta cuenca. De concretarse la sociedad uruguaya pagará más por agua de peor calidad, por un proyecto que sólo abastecería al 20% del consumo del área metropolitana, esto es un atentado contra el agua y la vida.

En OSE, el principal problema es la falta de personal debido a las malas políticas que han sido denunciadas por años. Esto ha llevado a una situación en la que la OSE no puede reparar sus propias cañerías debido a la falta de personal y a la eliminación de los cargos necesarios. A pesar de esto el presupuesto vigente de OSE sigue manteniendo la  reducción de personal impuesta por el gobierno, lo que ha destrozado la estructura de la organización y ha dejado a los trabajadores y trabajadoras sin perspectivas de crecimiento. Además, el proyecto Neptuno, presentado como la mayor inversión en agua, compromete 40 millones de dólares por año durante 20 años para beneficio del capital privado, mientras que los problemas de la OSE siguen sin resolverse y la sequía ha puesto en evidencia la pérdida de
agua y la falta de personal.

Advertimos sobre los graves efectos de los proyectos de fabricación de Hidrógeno Verde en Tambores (Tacuarembó) que se abastecerán con enormes cantidades de aguas subterráneas del Acuífero Guaraní, y también las propuestas de dos plantas más en Cerro Largo. La instalación de un centro de datos de Google en Canelones que consumirá agua
potable de OSE equivalente a 120.000 personas para su funcionamiento. Los reiterados anuncios de extraer petróleo, a través del fracking –por presión hidráulica- tecnología que contamina las aguas superficiales y subterráneas. Son todas propuestas de corporaciones extranjeras que intentan apropiarse de nuestras aguas para obtener altas tasas de ganancias.

Seguimos denunciando que la Ley de Riego es un atropello contra el derecho humano de acceso al agua porque permite embalsar agua proveniente de los cursos naturales y venderla para el uso de grandes productores privados. Hasta el momento ya se llevan realizados más de 160 embalses a partir de la aprobación de la ley. Los grandes
acaparadores de tierra son también acaparadores de agua, a los malla oro nunca les faltó el agua. Los represamientos son parte del oportunismo de privados que impiden la llegada de agua de lluvia a ríos y arroyos, reduciendo el caudal quedándose las grandes empresas con el agua que antes era de los cursos naturales.

Las aguas subterráneas son extraídas del subsuelo, como sucede en Lavalleja donde falta agua para la población, y es envasada por multinacionales que las comercializan en el país y también las exportan. A pesar de estar  científicamente comprobado que está disminuyendo el rendimiento hídrico natural de los acuíferos, esas aguas se siguen entregando al capital multinacional. Esto es contrario a la constitución, que define que el agua solo se puede exportar con fines solidarios.

Rechazamos el proyecto vial Ruta 102 de continuación del anillo perimetral entre ruta 1 y ruta 5, atravesando el área protegida de los humedales del Santa Lucía, el Parque Lecocq y los ecosistemas asociados. Compromete el ecosistema de los humedales del Río Santa Lucía afectando su función de purificación de las aguas y amenaza la soberanía alimentaria por la pérdida del suelo rural productivo.

La alteración de los sistemas dunares en las costas, la embestida inmobiliaria sobre las franjas costeras. La alteración de zonas costeras con puertos y zonas de acopio, los proyectos de hidrovía de la Laguna Merín y los puentes para transportar la producción del agronegocio y la forestación atentan contra el agua y la vida. Como desde hace más de 500 años los rapaces monopolios y el capital transnacional, con la complicidad de los gobiernos, continúan intentando apropiarse de todo: los cuerpos y los territorios indígenas, afro, mujeres y del pueblo en general, el subsuelo, nuestra agua, nuestras semillas, nuestras vidas. Por eso reconocemos y apoyamos el trabajo de cuidado del agua y los ecosistemas de las miles de personas productoras familiares, agroecológicas, guardianas de semillas criollas y nativas y huertas comunitarias. Allí están las alternativas reales funcionando día a día desde hace décadas.

Creemos que se debe generar urgentemente la transición hacia la producción agroecológica, con presupuesto y participación efectiva de las organizaciones sociales. Exigimos que la cuenca del Río Santa Lucía se declare libre de agrotóxicos y forestación industrial. Y en caso que en la transición energética se utilice agua, su gestión debe ser
completamente pública. Es momento de comprender la interdependencia, no es posible el sostén y la reproducción
de la vida cuando se afecta de manera irreversible un componente básico del ecosistema como el agua. Este es un conflicto entre el capital y la vida. Para justificar ante nosotros estas infamias inventan discursos que hablan de creación de fuentes de trabajo, de ganancias, de desarrollo y productividad. Esa película ya la vimos, no
les creemos más.

Rechazamos la criminalización de la protesta social, que pretende impedir que defendamos nuestros derechos, castigar los reclamos sociales y que nos opongamos a la explotación de nuestros territorios y de nuestras vidas. Recordamos que el 22 de marzo de 2019 se reprimió y detuvo a manifestantes queparticipaban pacíficamente en la marcha por el agua. El operativo incluyó agentes policiales vestidos de civil que detuvieron violentamente a un grupo de manifestantes. Ninguna amenaza nos hizo ni nos hará retroceder. Recientemente, el 14 de febrero último, 10 años después se acaba de condenar a 24 meses de prisión a 6 manifestantes por protestar junto a cientos de personas por un fallo injusto de la Suprema Corte de Justicia que trasladaba a la jueza Mariana Motta para proteger la
impunidad una vez más.

Escuchen bien gobernantes, escuchen bien instituciones financieras que recetan neoliberalismo, empresas y capitales especulativos que lucran con el agua, este preciado bien común que no debe pertenecer a nadie y pertenecernos a todos, escuchen bien: este pueblo es soberano y exige respeto. Tengan por seguro que estamos plantados en la defensa del agua como fuente de vida innegociable, como derecho humano fundamental en
el presente y para el futuro.

¡El agua no se regala ni se vende, el agua se defiende!

Convocan
1- CNDAV-Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
2- FFOSE- Federación de Funcionarios de OSE
3- Redes Amigos de la Tierra
4- FANCAP- Federación ANCAP
5- Balneario Arazatí- Agrupación Tucu-Tucu
6- Movimiento por la Tierra
7- Jóvenes PIT-CNT
8- FUCVAM- Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua
9- Acciones Ambientales Soca
10- Hum Pampa
11- Coordinación por el Agua
12- ATSS- Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social
13- Sindicato de trabajadores de la Vía Pública
14-.Unión Ferroviaria
15- SUNTMA- Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines
16- Frente de lucha ambiental Delia Villalba
17- Alames Uruguay- Asociación Latinoamericana de Medicina Social
18- Intersocial Oeste por Humedales de la Ruta 102
19- Comisión de vecinas/os en defensa de Laguna del Cisne y Solis Chico
20- Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía
21- Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua
22- FEUU- Federación Estudiantes universitarios del Uruguay
23- Reserva Natural Bilú Atit
24- AFUTU- Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo de Uruguay.
25- Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales
26- ADUR- Asociación de Docentes UdelaR
27- Casa de la Cultura Afro Uruguaya
28- Coordinadora de Pescadores Artesanales
29- Asamblea Pachamama
30- Clan Choñik
31- Radio comunitaria La Campana- Rocha
32- Comisión vecinos Las Vegas. Lomas del Solis
33- AFFUR -Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República
34- Plenario PIT-CNT Cerr0 Largo
35- Red Uruguaya de Comunidades
36- Radio comunitaria la Kandela de Tacuarembó
37- Radio Comunitaria Espika FM 90.7
38- SAG- Sindicato de Artes Gráficas
39- Biblioteca popular Cina Cina
40-SUMEFAC: Grupo de Trabajo en Salud y Ambiente de la Sociedad Uruguaya de
Medicina Familiar y Comunitaria.
41- Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay
42- Red de Agroecología del Uruguay
43- Ecofeminismo Río Negro
44- Colectivo La Campana Verde
45- Colectivo socioambiental Toledo en Huerta
46- Movimiento de protección ambiental de Sarandí del Yí