Si bien la democracia se nos presenta a los ciudadanos como la libertad de elegir, la libertad humana tiene como condición imprescindible una potencia negativa: la libertad de rechazar lo que no queremos.

Cada vez más la política se reduce a un maniqueísmo polarizado. Y aunque es cierto que se nos proponen numerosos candidatos a los que votar, la realidad siempre se reduce a una oposición entre dos, o como mucho tres candidatos, con chances de llegar al poder. Este panorama habilita entender a la campaña política como una negación frente a lo que no queremos: en Uruguay, los partidos tradicionales unidos en coalición en oposición al “progresismo”, y a los sectores del Frente Amplio unidos contra “la derecha”. Parecería que lo que define a los partidos es más lo que “no son” y no tanto su propuesta política. Su identidad se desdibuja.

El movimiento “ele nao” (él no), ocurrido durante las elecciones políticas de Brasil en 2018, se trató de una campaña de diferentes movimientos sociales frente al ascenso de la figura de Bolsonaro. Y resulta un ejemplo evidente de una campaña con el miedo como protagonista. El movimiento se centró en la negación de este candidato, frente a la aterradora posibilidad de que siguiera en el poder, y el resultado aparente fue que se fortaleció su figura. En el caso de Argentina, el rechazo mutuo entre el kirchnerismo percibido como corrupto y contradictorio (por ser izquierda neoliberal) y la derecha entendida como represiva y anti-derechos, dio lugar al ascenso de la figura de Milei. Si bien el entonces candidato por La Libertad Avanza guardaba similitudes con el proyecto de la derecha encarnado por Mauricio Macri, Milei proponía una versión radicalizada.

Hoy se pone sobre la mesa la necesidad urgente de la clase política de reformar el sistema jubilatorio, y esto no solamente significa una pérdida de derechos de la ciudadanía porque se quitan opciones de elegir cuándo y cómo podremos jubilarnos, sino que además, implica que a medida que vayan cambiando las necesidades del mercado, se van a tener que reformar los derechos de la ciudadanía. Esto evidencia una democracia que no puede dar garantías a la ciudadanía a largo plazo, como por ejemplo, garantizar a un trabajador que durante su vida laboral no cambiarán las reglas de juego. Sin embargo, los contratos que se firman con las empresas multinacionales o con países del primer mundo, sí son respetados con seriedad y responsabilidad por el Estado uruguayo, más allá de los gobiernos de turno.

Se ha naturalizado hoy que se realicen expropiaciones de la propiedad privada de la ciudadanía para garantizar los intereses de las multinacionales e inclusive, que se destinen grandes montos de dinero público para construir y sostener la infraestructura que exijan estos actores privados.

Por definición, una democracia debe asegurar al demos (pueblo) la libertad para rechazar. Hay una consigna muy sencilla que ha popularizado el movimiento feminista: “No es no”. Consigna que ha sido utilizada también por muchos movimientos contra la minería en Argentina. Es una consigna muy fácil de explicar: la mujer tiene derecho a rechazar a un hombre, así como una población tiene el derecho a rechazar la propuesta egoísta de un empresario, de un Estado Europeo o incluso un proyecto político.

En el siglo pasado Uruguay rechazó la instalación de plantas de energía nuclear, y hace una década rechazamos la megaminería. Ahora están sobre la mesa iniciativas como el proyecto Neptuno, que es de interés de un consorcio de 3 empresarios (Bocchi, Ruibal y Kaufman), el Hidrógeno Verde que es un proyecto del Estado Alemán o la reforma jubilatoria que es necesaria para continuar con el modelo desarrollista que nos plantean las empresas multinacionales y los Estados “desarrollados”. Frente a esto, cuando el rechazo es evidente por parte de la ciudadanía, emergen movimientos sociales como el ejemplo Canelones Libre de Soja Transgénica, Uruguay Libre de Megaminería, UPM2 NO, No al Proyecto Neptuno-Arazatí. Movimientos que exigen su libertad para decir «no». El componente negativo de la libertad.

Si los proyectos que nos plantea este modelo de desarrollo no pueden ser rechazados, entonces estamos hablando de autoritarismo. Y si llegamos al punto que el mismo Estado asume que el sistema no se puede sostener si no es mediante la imposición de megaproyectos extractivistas, la perdida progresiva de soberanía nacional, la perdida de derechos y la precarización de la vida (y sus políticos lo explicitan públicamente), entonces este sistema no nos sirve y tenemos que reconsiderar el modelo de desarrollo. Porque si no tenemos libertad para decir que no, entonces estamos asistiendo al desmantelamiento de la democracia y asumiendo nuevamente una colonización de nuestro territorio.

Resulta un desafío impostergable para los movimientos y organizaciones sociales y locales, la construcción de alternativas, ya que superando al NO, se abre un mundo de posibilidades: “y si decimos no al monocultivo de Eucaliptus ¿Qué más podemos plantar?” Y sería ridículo creer que no existen opciones, porque siempre las hay.

No se trata de rechazar a la oposición en el marco de la campaña política. Depende de la sociedad civil construir el proyecto de futuro que queremos para nuestro país, para poder reconocer aquellos modelos de desarrollo que no nos convienen y rechazarlos activamente.