En un escenario latinoamericano cada vez más polarizado y más lánguido (a excepción de Chile) en términos de propuestas políticas innovadoras, las elecciones en Ecuador abren  una interesante caja de sorpresas. Cuando ciertas encuestas daban por ganador en primera vuelta a Andrés Arauz, el candidato del expresidente Rafael Correa, o daban por sentado que en caso de ballotage la segunda fuerza sería la derecha oligárquica representada por Guillermo Lasso, vuelve a irrumpir con fuerza el poderoso movimiento indígena ecuatoriano, con la figura de Yaku Pérez, un reconocido dirigente indígena y ambientalista, exprefecto de la provincia del Azuay y defensor de los derechos de la Naturaleza.

Mientras Arauz se afirma en el primer puesto con un 32,22% de los votos, estamos ante el virtual empate técnico entre Pérez  (19,80%) y Lasso (19,60%), con lo cual habrá  que esperar unos días, con el recuento definitivo, para ver quien pasará finalmente a la segunda vuelta. Es notable también la elección que hizo otro joven candidato, el empresario socialdemocráta Xavier Hervás, de Izquierda Democrática, con el 16,01% de los votos.

Estos resultados provisorios permiten un primer análisis. En primer lugar, en una región marcada políticamente por una polarización tóxica entre el viejo progresismo y la derecha más reaccionaria, aparecen nuevas opciones, que buscan ofrecer una alternativa democrática a la población. Lo notorio es, además, que luego de la desastrosa gestión del presidente Lenin Moreno –un candidato puesto a dedo por Rafael Correa, que luego se distanció del mismo y se alineó económicamente con los sectores más conservadores-, la sociedad ecuatoriana, pese a las profundas e históricas divisiones regionales, vuelve a apostar mayoritariamente por candidatos que promueven diferentes visiones de las izquierdas. Así, lo que algunos consideran como una peligrosa “fragmentación” o fruto del puro “anticorreísmo”, en realidad debe ser leído como un incipiente proceso de despolarización política, que pone de relieve la existencia de esas  izquierdas, invisibilizadas, entrampadas y/o fagocitadas por la virulencia de las políticas maniqueas de los últimos años. 

En segundo lugar, ciertamente no es lo mismo que pase a segunda vuelta Pérez que Lasso. Si Lasso pasara a segunda vuelta, la polarización tóxica volvería a estar en el primer plano y el peor escenario sería que éste venciera. Si en cambio pasara al ballotage Yaku Pérez, se abriría a un escenario político novedoso e inesperado. Estaríamos frente a la disputa entre las dos izquierdas que tensaron el ciclo progresista latinoamericano, entre 2000 y 2015. Esto es, por un lado, el progresismo realmente existente, que estuvo diez años en el poder (2007-2017) con Alianza País, bajo el férreo liderazgo de Rafael Correa, que persiste en la victimización y da cuenta de una nula voluntad de autocrítica; por otro lado, la izquierda indigenista y ambientalista, que hoy aparece renovada, potenciada por el levantamiento de octubre de 2019, en alianza con nuevos sectores juveniles urbanos (y también con sectores feministas).

No es casual que esto ocurra en Ecuador, país que junto con Bolivia, al inicio del ciclo progresista, pergeñaron las constituciones políticas más innovadoras, con gran participación popular, cuyo corolario fue la ampliación de las fronteras de derechos. Categorías tales como “Estado Plurinacional”, “Autonomías Indígenas”, “Buen Vivir”, “Bienes Comunes” y “Derechos de la Naturaleza”, pasaron a formar parte de la gramática política latinoamericana, impulsadas por diferentes movimientos sociales y organizaciones indígenas y alentadas por los gobiernos emergentes. Sin embargo, ya desde el inicio, era evidente la existencia de un campo de tensión en el cual coexistían matrices políticas y narrativas descolonizadoras diferentes. Con el correr de la década, los progresismos irían consolidándose, de la mano de una política extractivista y de la personalización del poder, desplazando otras narrativas de corte descolonizador, indianistas y ecologistas, que promueven el Estado Plurinacional, la defensa de los Derechos de la Naturaleza y la salida del extractivismo. 

Así, pese a que en 2008 la Constitución de Montecristi sancionó los Derechos de la Naturaleza y apuntaba a trazar la ruta de la transición hacia el posextractivismo, al calor del boom de los commodities, todo esto pasó rápidamente a un segundo plano. Por un lado, el correísmo profundizó la expansión de la frontera petrolera (cancelando el proyecto Yasuní, que en 2007 se había propuesto dejar parte del petróleo bajo tierra) e imponiendo a “sangre y fuego” la megaminería, una de las actividades extractivas más resistidas en Ecuador. Asimismo, se valió de artilugios legales para invalidar la demanda de Iniciativa Popular, que propuso a través de la recopilación de firmas el movimiento ciudadano “Yasunidos”, luego de que el gobierno decidió unilateralmente terminar con la moratoria en el Parque Yasuní e iniciar la explotación petrolera. Por otro lado, la respuesta a la conflictividad socio-ambiental fue la criminalización y judicialización de la protesta, por la vía de juicios penales a los voceros de organizaciones indígenas, así como al retiro de personería jurídica y la expulsión de ONGs (Fundación Pachamama, 2013; amenaza de la disolución de Acción Ecológica, una de las principales ONGs ambientalistas con fuerte conexión con movimientos sociales e indígenas (en 2009 y en 2016), cancelación de visa y expulsión de consultores extranjeros ligados a dirigentes ambientalistas (en 2014 y 2015). Pocos recuerdan hoy que a fines de 2016, Correa declaró el Estado de excepción cuando indígenas shuar tomaron un campamento minero en la región de la Amazonía. El ingreso de la empresa china se realizó sin consulta previa y con militarización de los territorios. 

En pleno boom de los commodities, el correísmo consolidó un liderazgo popular y una base electoral a nivel nacional, impulsado por el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, tal como sucedió en otros países latinoamericanos. Al mismo tiempo, se fue perfilando no sólo como un gobierno extractivista sino también anti-índigena y de dimensiones autoritarias, con inocultables rasgos y prácticas patriarcales. Recordemos que desarmó el plan de prevención planificación familiar y de prevención del embarazo adolescente con criterios de salud pública, pasándolo al control de personas cercanas al Opus Dei. Y que incluso prohibió que se discutiera el tema del aborto por violación en la Asamblea Nacional sancionando a cuatro de sus compañeras que se atrevieron a plantearlo.

El daño realizado y la deriva ideológica que esto significó para el otrora movimiento indígena Pachacutik fue tal que, en 2017, en ocasión de la segunda vuelta que enfrentaría a Lenin Moreno y Guillermo Lasso, varios de sus dirigentes llamaron a votar por Lasso. Lo lamentable fue que el anticorreísmo terminó siendo tan definitorio, que este rechazo forzó posicionamientos extremos e indefendibles. Tengamos en cuenta que las heridas políticas fueron y son tan grandes que para una parte importante del movimiento indígena, Correa  no es considerado un político progresista, ni de izquierda ni mucho menos socialista.

Más allá del carácter heterogéneo del movimiento indígena, hoy la situación parece ser otra. Todo parece indicar no sólo la existencia de nuevos liderazgos sino también de alianzas con sectores urbanos ecologistas e incluso feministas. Un detalle no menor fue el llamado en las redes sociales de sectores feministas a no votar por el candidato de Correa, frente a las recientes declaraciones de éste en relación al aborto. Si bien sus posiciones arcaizantes cuentan con una larga historia, las recientes declaraciones de Correa asociando el aborto legal con una “actividad sexual frenética” dejan a cualquier persona que se considere mínimamente progresista o de izquierda sin palabras…

En tercer lugar, otro dato a tener en cuenta es que es que el 7 de febrero, junto con las elecciones presidenciales se llevó a cabo en Cuenca, la tercera ciudad del país, una Consulta Popular vinculante, preguntando a la población si está de acuerdo en prohibir la minería a grande y mediana escala, para proteger a cinco ríos. Las organizaciones indígenas y ambientalistas hicieron una fuerte campaña nacional e internacional, que colocó a los páramos y los ríos en centro del discurso, en defensa del Agua. El NO rotundo a la megamineria superó el 80% de los votos, fortaleciendo así una lucha histórica en Ecuador contra una de las actividades extractivas más resistidas en América Latina. Una votación que además abre el camino a la consolidación de los dispositivos institucionales existentes que apuestan a la participación popular desde abajo, para detener y colocar límites a un extractivisimo depredador. Un extractivismo que no solo no puede ser “motor de desarrollo”, que no sólo pone en peligro los territorios generando zonas de sacrificio, que no solo empeora el contexto de crisis climática, sino que además busca avanzar sin consenso de las poblaciones, violentando procesos ciudadanos. Sin ir tan lejos, veamos lo que ocurre en la provincia de Chubut, acá en nuestro país, donde la ciudadanía viene diciendo claramente que la minería no cuenta con licencia social. Así, las razones del rechazo al extractivismo no son solo ambientales sino también tocan el corazón mismo de la democracia, reafirmando con ello la extendida premisa “A más Extractivismo, Menos Democracia”. En fin, volviendo a la lucha antiminera en Cuenca, esta lleva más de dos décadas y expresa una creciente alianza popular campo-ciudad. Uno de los líderes principales de este proceso es el propio Yaku Pérez, pues desde su prefectura intentó tres veces realizar una consulta popular, que fue bloqueada por la Corte Constitucional. 

La diferencia de votos entre Pérez y Lasso es muy pequeña. Que Yaku Pérez pasara a segunda vuelta sería una excelente noticia, pero no hay dudas de que enfrentaría numerosos desafíos. No sólo deberá lidiar con la creciente demonización procedente del campo del progresismo hegemónico, que hará todo lo posible por mostrar que él no representa a la izquierda. También deberá probar con propuestas y hechos hasta qué punto representa a una izquierda ecológica e indianista que piensa en clave de justicia social, y hasta qué punto puede trenzar alianzas –urbanas y rurales, feminismos y otras izquierdas sociales- si es que quiere convertirse en una nueva alternativa de gobierno de izquierda.

Publicado en https://www.eldiarioar.com