Una semana después del evento, el jueves 6 de junio, las líneas telefónicas ardían. Radio, televisión, diarios, todos quieren saber sobre el inminente desalojo de los “inmigrantes estafados” por la  administradora fantasma de la pensión que no pagaba el alquiler a los propietarios de la finca. Dos días antes llegaban al Espacio de Vivienda de la Asociación Idas y Vueltas un grupo de migrantes de Venezuela y Cuba que consultaban por la orden de lanzamiento a ejecutarse ese mismo viernes. Se trataba de una casona del barrio Pocitos donde en una confusa situación formal vivían hace más de un año varias familias con niños a cargo.

Para el sistema judicial este desalojo representaba el fin de un largo proceso de negociación, acuerdos e incumplimientos. Para la Asociación significaba la necesidad de conseguir una respuesta rápida para que en la noche del viernes nadie durmiera en la calle. La experiencia de trabajo nos ha mostrado que aún teniendo el dinero para pagar, no es sencillo para los migrantes en nuestro país resolver el problema de habitación. Mujeres con niños pequeños, especialmente bebés son rechazadas en pensiones y casas de inquilinato, reproduciendo el patrón general de hostilidad hacia la infancia en nuestra sociedad. Otras situaciones complejas como problemas de salud también generan  dificultades. En todos los casos el acceso a una pensión queda supeditado a la voluntad y criterios –en muchos casos de corte racista y xenófobo– de quien la maneja. El ingreso a refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que resuelve la noche pero no el día, implica despojarse de cualquier pertenencia y para el caso de las familias separarse en refugios masculinos y refugios para mujeres y mujeres con hijos.

El primer movimiento que hicimos, ese mismo martes, fue concurrir con el grupo de casi 30 personas al Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho. El grupo de estudiantes y docentes que allí trabaja, aprendiendo y enseñando los laberintos burocráticos del sistema de justicia, es nuestro aliado para estos casos. Con ellos compartimos un presupuesto común de trabajo: la idea de que en el acceso a derechos existen textos no escritos que rigen más allá de leyes, decretos y circulares. Discursos ocultos que nos ordenan en función de clases sociales, jerarquías raciales, nacionales y de género, que deben ser tenidos en cuentas para que la justicia sea efectivamente justa. Para este caso el parte técnico fue terminante, poco se podía hacer en el proceso judicial. Los recursos formales existentes estaban prácticamente agotados y todo indicaba que el desalojo efectivamente se efectuaría; como terminó sucediendo. Sin resignarnos a abandonar los caminos formales, alentamos la posibilidad de que la Institución Nacional de Derechos Humanos intentara prorrogar por 15 días más el desalojo; pero el recurso no tuvo éxito.

Es así que una semana después de escuchar las bondades de la política migratoria del Uruguay en boca de sus supuestos efectores, la excepcionalidad de nuestra ley en el contexto regional y el orgullo que autoridades de gobierno sienten frente a la actuación de sus pares en otros organismos; nos encontrábamos con la inminencia del desalojo, esperando a que, a fuerza de llamados telefónicos y presión en los medios, la política enunciada pero jamás puesta en práctica se materializara para resolver este caso concreto. Varios desafíos eran los que teníamos por delante.

El primero de ellos era el de contactar a los responsables del tema en los diferentes niveles de gobierno. Por un lado la Junta Nacional de Migraciones (Jnm), que es el órgano rector de la política migratoria a nivel nacional pero no implementa o ejecuta programas de atención a población migrante, ni en el área de vivienda ni en cualquier otra referida a los derechos básicos garantizados por la ley de migración. Con la Junta nos comunicamos para acompañar la articulación con los ministerios que la integran: Mides, Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y otros que no son formalmente parte, pero que también tienen competencias en este caso concreto como el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio Ambiente.

En el Mides existe un departamento de Migrantes, encargado del trabajo con esta población. Iniciamos contactos con técnicos y responsables políticos buscando por un lado, el abordaje de situaciones particularmente vulnerables, familias con menores a cargo, personas con problemas de salud; por otro, agilizar la coordinación con la Jnm para resolver una situación urgente del resto de las personas que quedarían en la calle. Mientras buscábamos estas soluciones en conjunto, el propio Mides derivaba al Ministerio de Vivienda el oficio presentado por el equipo de la Facultad de Derecho. En ese oficio se pedía formalmente que el Estado se hiciera cargo por dar una respuesta a estas personas. El argumento para esta derivación fue que la competencia de ese ministerio en términos de vivienda refiere a personas en situación de calle. Si este fuera el caso de la población referida, deberían utilizar los mismos recursos que cualquier otra, solicitando el ingreso a refugios nocturnos en puerta de entrada. Así, mientras unos articulamos con un departamento específicamente orientado al trabajo con población migrante, otros recibían la respuesta de la no especificidad de la población y el argumento de un supuesto trato igualitario para nacionales y extranjeros. Pocos días antes el Mides había anunciado los resultados del censo de personas durmiendo en calle. Los datos arrojaban “solamente” 15 personas migrantes en esta situación. Estábamos a 24 horas de triplicar esa cifra por consecuencia de la inacción.

El viernes en la mañana, con el impostergable desalojo encima, y luego de una jornada y media de desencuentros telefónicos contactamos con autoridades de la Intendencia de Montevideo que derivó el caso al equipo de Políticas Sociales. En el correr de esa mañana logramos una respuesta para la urgencia. Desde la Intendencia de Montevideo se puso a disposición un espacio comunitario para el realojo transitorio de los y las migrantes, y camiones para el traslado de sus pertenencias. Podrán permanecer allí por 15 días y en ese tiempo es necesario trabajar para construir soluciones a mediano y largo plazo.

Esa noche los treinta y cuatro durmieron bajo techo. Nosotros, desde la comodidad de nuestras casas iniciamos una cansada y espontánea evaluación, proyectando vía whatsapp la situación a futuro. Todo lo que puede decirse de lo sucedido queda muy distante de los tonos celebratorios de las exposiciones que habíamos escuchado la semana anterior y de la forma en que el proceso fue referido en redes sociales por autoridades de gobierno: «Ya están en coordinación @montevideoIM @FDerUdelar @MRREE_Uruguay @midesuy @Mvotma_Uruguay e @INAU_Oficial atendiendo la situación. Se consiguió solución temporal para las personas involucradas y una vez trasladadas e instaladas se abordará la situación de fondo. (…) Sepan que estamos poniendo absolutamente todo desde la @montevideoIM y en conversación interinstitucional para encontrar una solución inmediata para estas familias y acompañarlas en este proceso. La especulación no puede ganarle al techo de las personas«.

La rapidez del trabajo realizado el viernes oculta el largo periplo por el que atravesaron estas personas, que el viernes a la mañana ya con las cosas en la calle, aún no tenían una respuesta. Opaca también el lugar central que la sociedad civil ocupa en la articulación de todos los actores, y fundamentalmente, en la presión necesaria para que el tema sea abordado por los poderes públicos. Es cierto que la ley 18.250 nos ampara en la posibilidad de salir a la búsqueda de respuestas exigiendo el cumplimiento de los derechos en ella consignado. Es posible que sin una ley como la que tenemos, fuera aún más difícil dar legitimidad a los reclamos de la población migrante y que por ello la existencia de la ley debe ser celebrada. Igual de cierto es que el accionar deshilachado de los responsables por la política migratoria evidencia la falta de protocolos de trabajo y la desresponsabilización de los poderes públicos por su actuación e inacción.