Este artículo se propone pensar a partir de la campaña “Vivir sin miedo”, que impulsa una reforma constitucional que tiene como objetivo atacar a la inseguridad a través de medidas represivas y que es liderada por el senador y precandidato blanco Jorge Larrañaga.

El artículo consta de dos partes: En la primera, “La ira de Leviatán”, situamos a esta campaña en la historia larga de la política de la represión en Uruguay; y en la segunda, “Réquiem para el Wilsonismo”, se describe la propuesta y se tematiza la forma como el avance de ultraderecha pone en cuestión la existencia de un centro democrático.

La ira de Leviatán

Analistas y políticos no se cansan de repetir que la inseguridad, y las demandas de represión que la acompañan, son el tema más importante para la política uruguaya. Por más que parezca algo peculiar de este momento, está lejos de ser algo nuevo. La cuestión de la supremacía del Estado, y las justificaciones del uso de la fuerza para hacerla valer, tienen una larga historia en la política uruguaya, y en particular en su ala derecha, incluyendo al liberalismo autodenominado democrático. Para pensar este tema, podemos trazar una línea que va de las guerras civiles del siglo XIX hasta la dictadura y de allí al presente.

La historia republicana uruguaya comienza con largas décadas de guerras civiles, en las que el estado era poco más que una ficción, y el control de la gente y el territorio estaba en disputa entre partidos y caudillos que formaban parte de complejas alianzas internacionales. Se trataba de una sociedad cuyas mayorías se encontraban despojadas, sin acceso a las tierras después de la contrarrevolución que significó la derrota de Artigas, pero en la que la propiedad todavía estaba en disputa, y el estado naciente no era capaz de hacerla valer. La abundancia de ganado en un campo no alambrado permitía sobrevivir sin tener que subordinarse a un patrón, en una situación de guerra civil en la que los jefes de las divisas (blanca y colorada) necesitaban apoyo popular para la guerra, que los orientales sabían pelear luego de un largo ciclo revolucionario bajo banderas anticoloniales e igualitarias. La resaca post-artiguista desposeída por la contrarrevolución impuso la inseguridad en la campaña (pues la inseguridad le había sido impuesta) hasta el último cuarto del siglo XIX.

Los doctores liberales, ligados al comercio y necesitados de un estado que garantice el libre movimiento de personas y mercancías, postularon un pensamiento que oponía el orden a la anarquía, civilización contra barbarie. Surgía de allí un autoritarismo paradójico, porque se trataba de liberales y románticos, cuyo principal principio ideológico eran los ideales de libertad y república. Eso no les impedía justificar masacres, apoyar dictaduras y reclamar el sometimiento o directamente el exterminio de la población del campo, especialmente lo que quedaba de la indígena. Su horror al salvajismo de la campaña era justificación del salvajismo que ellos mismos estaban dispuestos a defender.

Para llegar a una situación lockeana, es decir un régimen liberal que respeta derechos, especialmente la propiedad, hay que haber pasado por un momento hobbesiano, capaz de cometer cualquier crimen para que se llegue al estado y a través suyo, a la paz. Una vez allí, podemos empezar a hablar de moral o de ley. Todo estado se funda en la violencia. En más de una situación crítica, la ira de Leviatán sería invocada culposamente por los liberales y la burguesía republicana cuando estuviera en juego el orden social y la propiedad. Y también para facilitar la adaptación del país a las demandas del mercado mundial y el imperialismo de turno.

La vagancia, la inseguridad y la raza estaban todo el tiempo en boca de aquellos liberales (y de estos de hoy). El trabajo, la autoridad y el exterminio de quienes no se sometan eran la solución. “Hay que matarlos a todos”, refiriéndose a los pobres de piel oscura que se postulan como agentes de inseguridad es una consigna que la derecha uruguaya enarbola desde su más tierna infancia.

Mucho tiempo pasó entre el gran disciplinador Latorre y sus herederos de la dictadura de 1973. Si bien la situación del país era completamente distinta, los ecos del siglo XIX estaban presentes en la cabeza de los militares. Nuevamente, fue un liberalismo republicano el que azuzó el autoritarismo. Las organizaciones de ultraderecha que allanaron, a partir de fines de los 50, el terreno ideológico a la dictadura se presentaban como demócratas, a través de un discurso anticomunista típico del “mundo libre” en la Guerra Fría. Narraciones nacionalistas, católicas y familiaristas se articulaban con el liberalismo anticomunista para crear, gradualmente, la que luego sería la ideología de la dictadura. Si esta llegó a ser fascista, lo hizo pasando a través del liberalismo.

Con la prolongada crisis de los 60, el avance de la política popular y revolucionaria y la creciente violencia política, comenzó a emerger en tiendas de la derecha y la ultraderecha una sensación de amenaza existencial al país, y especialmente a la supremacía del Estado, que ameritaba una intervención que pusiera orden.

En su libro de 1996, titulado justamente “La ira de Leviatán”¹ , Luis Tróccoli, un torturador prófugo en Italia que espera juicio por su participación en el Plan Cóndor, rememora la forma como los militares entendían su misión: el estado estaba acorralado, los políticos eran incapaces de defenderlo, y lo único que se mantenía en pie eran las fuerzas armadas. Las tácticas de la guerrilla hacían necesarias medidas extremas en un contexto en el que la información era vital, por lo que la tortura estaba justificada. Lo que fuera necesario para ganar la guerra estaba por arriba de cualquier otra consideración. En un libro plagado de mentiras, obscenidades y distorsiones típicas del discurso de la inteligencia militar, quizás la única verdad que se dice es la explicitación de la lógica con la que los militares justificaban y se justificaban su accionar. No resulta menor que uno de los capítulos del libro se dedique a trazar una comparación entre los “caudillos insurrectos” del siglo XIX y los revolucionarios del tercer cuarto del XX, y por lo tanto de los militares que combatieron a cada uno.

En este disciplinamiento, al igual que en el anterior, los liberales tuvieron su rol. En un artículo sobre el control de cambios en Uruguay² , Ramón Díaz, fundador del semanario Búsqueda y destacado neoliberal uruguayo (que llegó a presidir la Sociedad de Mont Pelerin), destaca el rol de Alejandro Végh Villegas, ministro de economía de la dictadura y artífice del fin del régimen de control de cambios, al punto de venerarlo como un héroe romántico que haría a Carlyle sentirse vindicado. El “contexto institucional” de la dictadura ayudaría a la aparición de este héroe, que permitiría comenzar a implantar un programa que no se proponía solamente derrotar a los intentos revolucionarios, sino también desmantelar la obra regulatoria del reformismo batllista.

Nuevas versiones de los mismos elementos se vuelven a cruzar hoy, en un contexto muy diferente pero en el que vuelven a estar en juego discursos sobre la supremacía del estado y la política liberal/reaccionaria. En un spot electoral de la campaña presidencial de Larrañaga camino a las primarias de 2009, desaparecen mágicamente de la pantalla un tractor, una bicicleta y un televisor, lo que es seguido del eslogan “Votá para que lo tuyo siga siendo tuyo”. No queda claro si se trata de una crítica a políticas impositivas progresivas o si está haciendo una referencia a los robos y la inseguridad.

El discurso de la derecha plantea una alianza entre la izquierda y los chorros, que se articula de varias maneras: te roban con los impuestos, le dan plata a los que no trabajan, no reprimen el delito, roban ellos mismos a través de la corrupción. Se articula así una narración clasista y racista (es difícil que no se escape la palabra negro o ñeri en el discurso informal de la inseguridad) que señala a las clases peligrosas, la falta de autoridad estatal y la decadencia moral como una crisis social, que se alimenta de las inseguridades, la segregación y la violencia que manan de un régimen social neoliberal que los gobiernos de izquierda no supieron revertir.

Ante la inseguridad, en toda América Latina se articula una agenda leviatánica: lucha contra el narcotráfico, control territorial del estado, persecución de la corrupción, leyes antiterrotistas, discusiones sobre el rol de las policías militares y las fuerzas armadas. En el discurso de las derechas latinoamericanas contemporáneas, se articulan varias capas de intervenciones imperiales en la región: el anticomunismo de la Guerra Fría, la guerra contra las drogas y, cada vez más, la guerra contra el terrorismo. Además, por supuesto, del neoliberalismo. El programa de ajuste es inseparable de la creciente legitimación de la represión. Es en este contexto que tiene que leerse la recolección de firmas “para vivir sin miedo”.

Réquiem para el wilsonismo

Muchos años después de enfrentar el pelotón de fotografiamiento, el senador Jorge Larrañaga, recordaría aquel momento donde habló al país y dijo que nunca volvería a subir las escaleras del directorio del Partido Nacional. Quizá la vergüenza era enceguecedora; las derrotas se subían una a una a su espalda, agarradas como podían, por ahí tapándole los ojos. Había perdido con Tabaré Vázquez, luego con Lacalle, y ahora acababa de perder con su hijo. ¿Se habría convencido de que su carrera política había llegado a su límite? ¿Habría perdido la confianza en el consuelo de los perdedores perseverantes? Cuando terminó el tiempo de lamentos, vino el tiempo de la resurrección: si no quería dar por terminada su carrera política debía cuestionar algunas verdades, leer el momento, y salir a buscar el espacio al que otros habían renunciado. La habilidad de los políticos hábiles de todos los tiempos, más que preocuparse por ganar el centro político, ha sido el de correrlo hacia sí.

La política de seguridad del Frente Amplio en el gobierno fue consistente en captar el centro político pero renunciando a definirlo en sus propios términos. Durante los últimos diez años se ha hablado de seguridad en los términos de la policía, la propiedad y la tranca. El consenso punitivo presenta medidas como la prisión perpetua como un sensato y necesario paso adelante, mientras que la idea de la abandonar la cárcel como solución es vista como una utopía trasnochada. ¿Podía Larrañaga resurgir haciendo la misma política de siempre? Consenso punitivo mediante, la mesa estaba puesta.

Larrañaga, con el objetivo de reconstruir su figura política, busca convocar a aquella base reaccionaria que consiguió movilizar Bordaberry en el plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad. Las campañas comparten iconografía, las apelaciones a vivir en paz o, en este caso, sin miedo. Al mes de mayo de 2018 ese espacio estaba vacante y fue Larrañaga quien tomó la iniciativa.

La propuesta, de ser aprobada, comprenderá:

–    Habilitar los allanamientos nocturnos.
–    Limitar o eliminar los instrumentos de reducción de penas de privación de libertad.
–    Facultar al poder legislativo a aprobar, por mayorías especiales, penas de cadena perpetua (le llaman prisión permanente revisable).
–    Crear un cuerpo militar para realizar tareas policiales.

Pero para tranquilizar de verdad, la propuesta incluye algunas disposiciones transitorias que ponen en vigor, inmediatamente después de aprobada la reforma: la creación de una guardia militar con atribuciones policiales de hasta 2000 efectivos, la eliminación de la libertad anticipada o vigilada (lo llaman cumplimiento efectivo de la pena); la cadena perpetua (prisión permanente revisable) para homicidas múltiples y por encargo, y -en un verdadero ejercicio de comunicación a través de la legislación- se establece la cadena perpetua para abusadores de menores que luego maten a esos mismos menores. ¿Demagogia castigando a los monstruos? ¿Engendro coalicionista? ¿Un mensaje a la interna del Partido Nacional sanducero de que no se les vaya la mano en las futuras casitas del parque?

Las propuestas presentadas forman parte del repertorio típico de la derecha uruguaya. La idea de meter a los militares a hacer tareas policiales (y garantizar derechos de la ciudadanía) se puso en práctica durante la última dictadura y si bien en democracia se ha optado por otras opciones, lo cierto es que es una propuesta que no baja de cartel.

El atractivo hacia estas medidas no se limita a la oposición. Ya en el año 2012 el Frente Amplio presentó un proyecto de ley para habilitarlos con la excusa del combate al narcotráfico. Al estar la prohibición de los allanamientos nocturnos consagrada en la constitución, el proyecto estaba destinado al fracaso, y necesitaría de este intento de reforma constitucional para que tenga alguna chance de suceder. Esta idea puede rastrearse hasta el intento de reforma constitucional de la dictadura, derrotada en el plebiscito del año 80.

La campaña viene con una promesa imposible de cumplir: vivir sin miedo. De alguna manera que no queda muy clara, estas modificaciones al orden jurídico junto a la creación de una guardia militar, quitaría el miedo de los huesos de la población. Esta promesa, ubicada en el terreno de las emociones, sirve de cobertura para las intenciones políticas de fondo en este planteo.

Es que de acuerdo al senador Larrañaga, el miedo (y las emociones en general) no conocen de política. No son ni de izquierda ni de derecha. No admiten la menor reflexión, solo la acción. El argumento es que la situación presente no se tolera más, y alguien tiene que venir a hacer algo, sea lo que sea.

Ya para la campaña electoral de 2009 el tema estaba instalado en la agenda como urgente. Larrañaga ya planteaba entonces la creación de una guardia nacional con efectivos militares y el Frente Amplio creaba un eje “más seguridad” en su plataforma electoral, mientras que los otros partidos también planteaban cuestiones relativas a la seguridad pública, con altísimos grados de convergencia³ , que se acentúa durante el período de gobierno de Mujica.

En la campaña de 2014 los reclamos securitarios y de mano dura encuentran su expresión electoral en el plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad. En esta ocasión, quienes se “aprovechaban” de la “benignidad” del sistema penal eran los menores de edad. Si bien la iniciativa fracasó gracias a una campaña que reunió a las fuerzas de izquierda y progresistas, y fue protagonizada por la juventud, esto no alteró significativamente el consenso punitivo existente. Los programas securitarios continuaron convergiendo y los pronósticos apocalípticos continuaron multiplicándose. Ya no vivimos en aquel apacible 2012, donde de seguir así terminaríamos como en las favelas de Río de Janeiro. 2018 es un año de duras revelaciones; si todo sigue así terminaremos como Guatemala o El Salvador. La mano dura es como una adicción; para calmar el ansia cada vez se quiere más.

Como toda iniciativa de reforma constitucional, requiere de un 10% de firmas del padrón de habilitados para ser considerada junto a las elecciones nacionales. De alcanzar las firmas (unas 300.000), se plebiscitaría, junto a la próxima elección nacional, una papeleta que diga “Sí” a “vivir sin miedo”. ¿Habrá acto más poderoso? El arco político conservador, al igual que lo hizo con Bordaberry antes de que llegara con las firmas, mira con recelo la iniciativa. Los oponentes de Larrañaga en la interna blanca no pueden darle ese changüí. Sin embargo, es claro el apoyo recibido desde filas coloradas: han firmado Pedro Bordaberry, Marne Osorio y Germán Coutinho.

Es una incógnita qué pasará con el partido de Edgardo Novick, candidato a capitalizar esta iniciativa si las firmas se alcanzaran. Después de todo, este partido es el que se encuentra en mejores condiciones para montar espectáculos securitarios. No tienen compromisos políticos con ninguna institución, no les importa incumplir las leyes electorales, y se presentan a sí mismos como outsiders a los que no les tiembla el pulso. Se han identificado públicamente como el partido que comparte sensibilidad con Bolsonaro. Limpieza, ajuste y bala.

Las medidas propuestas no parecen apuntar con precisión a un fin práctico. A ciencia cierta, no han explicado cómo es que efectivamente impactarían en los índices de criminalidad las medidas que plantean. Sus argumentos son: la disuasión (se van a asustar cuando vean a los militares); la quita de circulación (por lo menos mientras están en cana no están delinquiendo), y que usan su casa de fachada para vender drogas.

Pero el tema de fondo es moral. Dice Larrañaga que “hay una mayoría que respeta valores y normas de convivencia, y una minoría que no los comparte”. Esta gente está de viva y hay que proteger a la sociedad de ella, metiéndola en cana todo el tiempo que se pueda y cagándola a palos en cada oportunidad. Es la guerra contra los pichis para la paz de la gente de bien.

El carácter moral de las medidas propuestas queda de manifiesto cuando en la comunicación oficial de la campaña se hace explicar el detalle de las medidas a las víctimas. Mientras que el diputado Pablo Abdala se limita a decir que la prohibición a los allanamientos nocturnos es algo del siglo pasado y que un estado moderno debe poder hacer allanamientos a la hora que quiera, es Ana Paula Géres, la mamá de Brissa, una niña brutalmente asesinada por un hombre que luego protagonizó una persecución espectacular, la que explica el detalle de cómo el asesino de Brissa “se aprovechó” de “la benignidad” del sistema judicial, particularmente de la limitación de los allanamientos nocturnos para limpiar evidencia.

No por traer ideas del pasado la derecha está obsoleta. De hecho, practica constantemente y sin vergüenza el revisionismo histórico. En los vídeos de campaña es constante el paralelismo trazado entre esta iniciativa y la lucha por los desaparecidos en la dictadura. Alberto Volonté dice, con extremo cinismo, que ellos pelean por los desaparecidos de la democracia. ¿Es esto un caso de dogwhistle⁴ ? ¿Están apelando a la base reaccionaria para decirles que son de los suyos?

Parecería que esta gente solo se quedaría tranquila si el estado asume aún más capacidades represivas y se erosionan las garantías democráticas. ¿Puede una muestra de fuerza, por sí sola, tranquilizar a la población? ¿Será la imagen de vehículos militares desfilando por las calles, como la noche de la victoria de Jair Bolsonaro, la que traiga paz? ¿Cómo hay que ser de resentido para pedir la guerra en nombre de la paz?

Con el centro político corrido hacia la derecha, la geometría plantea que la derecha, si quiere ser algo distinto, solo le queda ser ultraderecha. Quitarse los pelos de la lengua y decirle a las cosas por su nombre. Abandonar sensiblerías liberales porque cuando la patria está en peligro no hay derechos para nadie, solo deberes. Rápidamente, garantías elementales tales como el hogar sagrado inviolable palidecen ante las necesidades operativas de la represión.

La ofensiva o avanzada derechista se da en varios planos distintos y complementarios. Por un lado hay una consolidación de un bloque reaccionario que adquiere cada vez más autoestima ideológica, cuya expresión política se ve sobre todo en las apariciones de Novick, en los sectores evangelistas del Partido Nacional y en las repetidas propuestas de militarizar el espacio público para combatir la delincuencia y la inseguridad. Esto es alimentado por la incapacidad del progresismo para construir un discurso de izquierda sobre la inseguridad y la violencia, mientras el gobierno sigue aumentando penas y militarizando la policía. Esto se traduce en la formación de subjetividades extremadamente conservadoras respecto a la inseguridad.

En una sociedad asustada y sociofóbica, que odia a los planchas y cada vez está más convencida de que los pobres son pobres porque quieren, se multiplican los grupos de whatsapp de vecinos en alerta para avisar de jóvenes sospechosos y los locales nocturnos aplican derechos de admisión ilegales pero aceptados (y agradecidos) por todo el mundo. Una de las claves más importantes del nuevo uruguayo apolítico y derechizado está en su percepción de la inseguridad y de las causas de la violencia social, de la que emerge un antagonismo entre trabajadores y chorros, que es el marco elegido por la derecha para ganar hegemonía sobre el campo popular.

Mientras se escribe este texto, aún quedan unos días para que Bolsonaro asuma el gobierno de Brasil y comencemos a conocer, ahora sí, el alcance de sus políticas. No cabe duda que si hay algo cierto en sus palabras, se desatará persecución hacia personas de izquierda, negras, indígenas y LGBT. Que el programa de ajuste y entrega al gran capital será acelerado y que les dará un espaldarazo a todas las ultraderechas de la región. El discurso contra la delincuencia y la corrupción ofrece explicaciones sencillas sobre el origen de los males que padece la sociedad. Si no nos robaran con los impuestos y no nos robaran los delincuentes, todo marcharía sobre ruedas.

No deja de ser llamativo que la principal expresión de esta agenda en Uruguay venga de un político históricamente asociado al wilsonismo, corriente reformista y popular antes de la dictadura, y centrista y democrática después. Crítica del pacto del Club Naval, aunque después defensora de la Ley de Caducidad. Reducida en los 90 para dar paso al neoliberalismo herrerista de Lacalle y renacida en 2004 como ala moderada y dialoguista de la oposición. El wilsonismo, que siempre se reivindicó como paladín de la democracia, hoy reclama allanamientos nocturnos, cadena perpetua y atiza al sector más extremadamente derechista del electorado.

La metamorfosis del wilsonismo es parte de un cuadro general de resquebrajamiento por derecha del orden liberal post-1985.

Guido Manini Ríos tiene cada vez más protagonismo político, desafiando explícitamente al proyecto de reforma de la caja militar del gobierno, y cosechando apoyos de la oposición. Y Julio María Sanguinetti, autodenominado socialdemócrata y artífice del pacto de transición, declara que la victoria de Bolsonaro en Brasil es “mejor que la otra opción”. El centro colapsa y se acopla a la ultraderecha, mientras de Estados Unidos a India, de Turquía a Filipinas y de Colombia a Europa derechas radicales y cada vez más autoritarias dominan la política y cuestionan directamente al concepto de Derechos Humanos.

La normalidad liberal que supuestamente comenzó después del fin de la Guerra Fría parece estar llegando a su fin. Vamos hacia una política de jueces, fiscales, milicos, mediáticos y oligarcas poniendo orden. Y también a la resistencia contra eso.

Notas:

1. La ira de Leviatán, de Jorge Tróccoli. Publicado en Montevideo en 1996. Publicado por Innomedia.

2. Artículo publicado en la revista de Ciencias Económicas de la Facultad de Montevideo en 2003, disponible en http://www.um.edu.uy/docs/revistafcee/2003/elcontroldecamiosDiaz.pdf

3. Esto se discute de manera extensa en https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2016/10/07/Derecha-y-segu…

4. Anglicismo que significa literalmente “silbato para perros”. Se trata de un artefacto que hace un sonido a una frecuencia que los perros pueden oír pero los seres humanos no. Se llama dogwhistles a los mensajes que dicen cosas no admisibles en el espacio público liberal (especialmente el discurso abiertamente racista en Estados Unidos) pero lo hacen en un código que puede no ser inmediatamente comprensible para los no racistas pero deja muy claro de que se está hablando a los racistas que saben que sus dirigentes no pueden hablar directamente.

Este artículo es uno de los productos de un proyecto de investigación más amplio, que Entre está desarrollando desde 2017. Algunas de las ideas aquí vertidas también están presentes en otros textos producidos en el marco de este proyecto.

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