Esta es la primera de una serie de entregas que Zur realizará a partir de los contenidos del Informe Anual de Derechos Humanos 2017 de SERPAJ Uruguay. En este caso -la introducción del Informe- Mauro Tomasini plantea la necesidad de repensar la ‘agenda de derechos humanos’ a las luz de las subordinaciones que establece un ‘regimen de desigualdad y un modelo extractivista’.

Desde hace veintinueve años, SERPAJ edita el Informe Anual en Derechos Humanos. En tiempos de mercantilización de los saberes y ausencia de proyectos colectivos, todavía seguimos insistiendo en la construcción de un lugar de encuentro, donde diversos actores (académicos, sociales, políticos) exponen sobre temas relevantes de la agenda pública.

Es un texto sin jerarquías que integra desde el artículo más complejo y técnico a la experiencia menos conocida y subalterna por fuera del pensamiento colonizado. Se aborda la agenda de derechos y su lado oculto. Libro de consulta obligado en temas relevantes del presente y de nuestro pasado reciente. Herramienta indispensable para entender las dinámicas actuales. Registro necesario para objetivar el avance y el retroceso en derechos. Lugar que intenta generar las preguntas necesarias para desconfiar de los pensamientos hegemónicos.

Desde hace varios años, se viene consolidando una agenda de derechos (control y regulación del mercado de cannabis, legalización del aborto, matrimonio igualitario, y otros) que muestra avances significativos a nivel normativo, aunque muchos de los logros muestren deficiencias en el impacto y la incidencia a nivel instrumental. La incapacidad del Estado para poner en práctica dichas conquistas, o simplemente otras inercias de las coyunturas, genera que se retrasen, limiten o anulen dichos avances.

Es necesario continuar en la misma senda de avances, pero también es preciso pensar qué formas de politización adquieren los sujetos que transitan y sostienen esta nueva agenda. Debemos poder sintetizar las prácticas de la micropolítica actual, fragmentada, atomizada, con enfoques sistémicos que produzcan experiencia y conocimiento para el cambio social. Sabemos que hay grandes sectores de la población que están por fuera de los derechos. Romper con la lógica de que los derechos son para los que tienen derechos es parte del desafío.

Recuperar la noción colectiva desde un campo diverso de articulación es la clave para conformar un conjunto de prácticas discursivas, deseos y anhelos, imprescindibles para volver a darle noción al movimiento por detrás de los derechos. Ser como uno es, desenmascarar los roles impuestos al sujeto, romper con el orden moral tradicional y ético son parte del cambio cultural que queremos y promovemos, no es una distracción cultural (1).

Debemos redimensionar la política, no como proyecto sacrificial, sino como lugar de tramitación de los conflictos sociales dentro de un régimen de desigualdad y de un modelo extractivista. Otorgar a todas las políticas el papel de producción de espacios para promover trayectorias vitales a sujetos y sujetas invisibilizados. Volver a poner en tensión y en discusión aquellas categorías por fuera de los aparatos discursivos que las conformaron. Clase, género, etnia, raza, opresión, explotación, se pueden fundir perfectamente en el nuevo pensamiento propio de una cultura de derechos.

Una mirada colectiva de los derechos, implica una mirada de abajo hacia arriba y del presente al pasado, analizando los campos que atraviesan y sus consecuencias en los mismos.

Pensar desde la totalidad es volver a analizar la realidad como un todo que se estructura mediante prácticas políticas que ocultan y muestran, que borran y crean (2). Es volver a vincular vulneraciones para otorgar sentido político a las demandas despolitizadas. No hay pibe chorro sin preso político, no hay imaginario punitivo sin materialidad represiva previa.

Asimismo, podemos encontrar en las nuevas irrupciones de los viejos movimientos feministas algunas claves para retomar un modelo discursivo de sublevación simbólica tan necesario en los desapasionados movimientos tradicionales.

Tenemos el trabajo de volver a tejer redes por nosotros/as, por quienes menos tienen y menos se creen. Para entender que los cambios son producto de todas y todos, y no solo de la estatización de las demandas. Los derechos son medios para construir otra tipo de relaciones sociales.

Por todo lo mencionado, creemos que las conquistas no son ni de cada país ni de cada región. Por eso este Informe tiene por primera vez una imagen de tapa que alude a la situación de otro país, más precisamente es de una concentración en Montevideo exigiendo Justicia por Santiago Maldonado (3).

La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago es paradigmática y concentra muchas de las vulneraciones que cuestionamos desde nuestra entraña. Es un dolor que volvemos a padecer sin haber todavía limpiado las heridas del pasado reciente. Muchas historias como ésta ocurrieron en democracia, pero ninguna tuvo tanta analogía con las prácticas represivas del Terrorismo de Estado. Es una forma de violencia estatal que retorna vinculada a un modelo político y económico.

Hoy exigir Justicia es sostener un relato que politiza los dolores para transformarlos en experiencia colectiva de emancipación.

(*) Integrante de SERPAJ. El texto es la introducción al Informe Anual de Derechos Humanos 2017 del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) Uruguay.

(1) Barrán, J. (2009) Militancia y Posmodernidad, Semanario Brecha, pág 17.

(2) Rodríguez Alzueta, E, (2017), Bolsos, Presa. Un decálogo del caso Milagro Sala, La Plata: Malisia, p. 56.

(3) Concentración por Justicia para Santiago Maldonado, Consulado argentino en Montevideo, 1 de noviembre de 2017.  Santiago fue secuestrado el 1º de agosto de 2017 por parte de agentes de Gendarmería de la República Argentina en un corte de ruta realizado en apoyo al pueblo Mapuche; 78 días después su cuerpo apareció a 300 metros río arriba de donde fue la represión. El Estado fue omiso en investigar a varios agentes de la fuerza y ocultó la magnitud del hecho. Aunque lo ocurrido es muy removedor, visibiliza la situación de fondo de cientos de mapuches perseguidos y hostigados por empresarios propietarios de tierra de la Patagonia en coordinación con el Estado argentino.