En 2008, luego de tres años de debate, el Estado uruguayo tomó la decisión de emprender la diversificación de la matriz energética e incrementar el aporte de las fuentes renovables, especialmente eólica y solar. Ese proceso ha sido presentado a nivel regional como un caso paradigmático, sin embargo, el esquema aplicado para el desarrollo de “energías limpias” no revirtió sino que por el contrario, profundizó, un modelo tarifario inequitativo, en el que pagan más los segmentos de la población que menos ingresos tienen.

Además favoreció el avance de empresas privadas en el sector eléctrico, que tienen garantizada la compra por parte del Estado de toda la energía que generan y a un precio más alto que la proveniente de otras fuentes. Ante ese contexto, la conducción de la Agrupación de Funcionarios de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (Aute) viene dando pelea por la implantación de un modelo que aborde a la energía como derecho humano y bien público y no como mercancía, y de esta manera mejorar la calidad de vida de los sectores populares defendiendo el salario real. Para dar esa batalla el sindicato encaró un proceso interno generando espacios de participación y formación desde el enfoque de la independencia de clase, y convocó al conjunto de las y los trabajadores y usuarios a sumarse a la reflexión y a la lucha.

La fundación de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), en 1912, se enmarcó en el período denominado reformismo batllista. José Batlle y Ordóñez, que ejerció la presidencia del Uruguay desde 1903 a 1915, se valió de herramientas de intervención política, social y económica para nacionalizar y estatizar empresas de servicios, y paralelamente desarrolló grandes avances en el ámbito laboral. En ese proceso las clases populares lograron cristalizar reivindicaciones que fueron de vanguardia para la región.

Gonzalo Castelgrande, pro secretario de Aute, destaca que desde el nacimiento de UTE los trabajadores y trabajadoras han tenido un fuerte vínculo con el Estado, más allá de la relación laboral de dependencia como asalariados, y que poseen un sentido de pertenencia, motorizado por el compromiso social con lo público. De allí, las profundas raíces de su lucha actual y el objetivo fundamental: mantener en manos del Estado la generación de la energía, para que siga siendo un servicio público y se garantice el acceso universal. Una bandera sostenida junto a otros sindicatos latinoamericanos, que en abril se expresaron a favor de la energía como derecho y con vistas a la “recuperación de los bienes comunes que el capital le ha arrebatado a los pueblos”.

Pobreza energética y tarifas públicas abusivas

Castelgrande afirma que sin energía eléctrica no es posible garantizar a la población el acceso a otros derechos como al agua potable, a la educación, a la salud; además destaca que si la energía es un derecho humano que actualmente no se ejerce de manera universal, es necesario medir las diferencias en el ejercicio de ese derecho para comprender el por qué. En ese sentido el sindicato ha realizado varios estudios sobre pobreza combustible o pobreza energética en el país basándose en dos variables: la asequibilidad, cuánto le cuesta al usuario pagar la energía, y en qué medida se accede a ella. A tal fin compararon dos tipos de tarifa eléctrica, la residencial y la de los grandes consumidores (empresarial), e hicieron su evaluación en términos absolutos – cuánto consume y puede pagar– y en términos relativos –cuánto le cuesta en relación a su ingreso. El resultado fue que en Uruguay el 25% de los usuarios es energéticamente pobre, es decir, tiene problemas para poder pagar y acceder a la energía.

Según Castelgrande, la tarifa eléctrica que pagan los empresarios vale la mitad que la que paga una familia trabajadora uruguaya. Por otro lado, destaca que a la familia trabajadora promedio la electricidad le cuesta entre un 4% y un 5% de sus ingresos, mientras que en los sectores más humildes, ese costo representa un 10%. Por el contrario, al sector residencial más rico del país le cuesta entre un 2% y un 2,5%, y a los grandes consumidores, es decir, los grandes emprendimientos productivos, el costo representa alrededor de un 0,4% de su valor bruto de producción. En conclusión, pagar la electricidad le cuesta diez veces a una familia trabajadora uruguaya que a un empresario.

“Están priorizando la mercancía por sobre el derecho y con estos datos se evidencia que realmente la tarifa en el país es muy injusta”, afirma el pro secretario de Aute. “La política estratégica diseñada y resuelta por todos los partidos políticos hasta el 2030 en el Uruguay –no sólo le da continuidad a estas injusticias sino que a su vez va profundizando esta mercantilización de la energía”, subraya. En el mismo sentido, en el documento Análisis de la tarifa eléctrica, elaborado por Aute en 2016, destaca que el marco regulatorio vigente del sector fomenta la concentración de los grandes consumidores, dándoles reconocimiento institucional en el mercado eléctrico y otorgándoles un poder de lobby mayor al que de por sí tenían. “Si bien hemos asistido a fuertes debates sobre la participación social de trabajadores y usuarios en la educación y en la salud, lo cierto es que poco se debate sobre la participación social en lo que hace al mercado eléctrico. Todo indica que hay una fuerte razón de fondo: una concepción clasista de la participación. Parece ser que en la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) só­ lo tienen cabida los Grandes Consumidores y los Generadores Privados y nadie critica su rol ni su accionar”, concluye el sindicato.

Electricidad en manos privadas

De acuerdo al informe elaborado por Aute, desde hace más de 30 años la política energética uruguaya se está orientando a la privatización del sector energético. “El Marco Regulatorio vigente toma como base la Ley de Electricidad impuesta en la dictadura [1977] y tiene un segundo mojón en 1997 donde culmina el diseño actual del mismo, en pleno auge de las políticas neoliberales amparadas en el Consenso de Washington de fines de los ochenta y se fundamentó en la necesidad de reestructurar el funcionamiento de la UTE y el sector eléctrico a los objetivos de competencia, fomento a la iniciativa privada y la regulación.” En oposición a la implementación de estas políticas ha habido una lucha constante de los trabajadores y trabajadoras para sostener la generación energética en manos del Estado. Según Castelgrande “las empresas públicas deben ser el motor para el desarrollo de un nuevo paradigma productivo en el país, [dado que] son las que aportan a las rentas generales del Estado mediante el superávit que obtienen. Aportan al conjunto de políticas públicas que están en manos del Estado: la educación, la salud, la vivienda. Si fueran privadas, ese superávit se iría a la casas madre o a la arcas de las empresas. Entonces para nosotros la defensa de las empresas públicas es doble, porque son estratégicas y porque permiten garantizar el acceso a los servicios”.

La propuesta de Política Energética de la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear debatida desde 2005, y presentada al Poder Ejecutivo en 2008, declara como objetivos diversificar la matriz energética, asegurar el autoabastecimiento y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Uruguay cuenta con recursos hídricos, eólicos y solares explorados muy superiores a los hidrocarburíferos, que importa en su totalidad. Considerando este potencial, los representantes de diferentes partidos políticos asumieron que el incremento del aporte eléctrico podía resolver varios problemas que presentaba la matriz uruguaya. El cambio fue planificado considerando numerosos actores sociales, entre ellos, las empresas privadas. El Estado, mediante la participación de éstas buscó transferencias de tecnología, calificación de mano de obra especializada y un aumento en las capacidades industriales. La diversificación debía ser tutelada bajo los lineamientos del Poder Ejecutivo, sin embargo, la implementación no resultó como se había planificado. De acuerdo con los testimonios de Aute, reducir la dependencia de los combustibles fósiles aumentando el aporte de energías renovables en manos empresas privadas, implicó una pérdida de soberanía.

Gonzalo Castelgrande cuenta que cuando los gobernantes uruguayos propusieron el plan, asumieron que no importaba tanto la propiedad porque, aunque la generación de las nuevas energías estuviera en manos de numerosas empresas, el Estado iba a tener el control. Sin embargo, asegura que hoy esa función la ejercen las empresas privadas. “El viento en Uruguay está prácticamente privatizado, se ha expropiado a favor de un conjunto de empresas multinacionales y el recurso está controlado, en casi un 90%, por estas empresas, que hoy representan casi un 40% de la demanda eléctrica.”

Por su parte Gabriel Soto, presidente de Aute, señaló que “en un país que tiene sus picos de consumo [eléctrico] cercanos a los 2000 MW, haber obtenido a fines de 2016, 1500 MW de energía eólica, parece una relación casi única a nivel mundial”, sin embargo destacó que esa incidencia de las energías renovables fue al costo de “un proceso de extranjerización grotesco y brutal”(1) . Según subrayó, el Estado generó el escenario material y legal de promoción de inversiones, en el marco de la licitación de parques eólicos, que implicó la exoneración de impuestos por 3500 millones de dólares a las empresas y modelos de negocio y contratos abusivos para el pueblo uruguayo.

Renovables y propiedad de las fuentes: sostener y recuperar soberanía

¿Alcanza con que el Estado controle a las empresas? ¿Deben todas las fuentes energéticas ser patrimonio del Estado? ¿Todo lo público es estatal? ¿Todo lo estatal es público? Son las preguntas planteadas al interior de Aute. “Nosotros veníamos muy tranquilos en Uruguay. Nuestra historia como trabajadores en la empresa pública venía de la mano del desarrollo del país con el Estado y el Estado con el país, y en los últimos años nos han obligado a problematizar un conjunto de cuestiones que no teníamos en la agenda”, afirma Castelgrande. Las empresas pú­ blicas en Uruguay tienen un papel fundamental, asegura, y agrega: “y hoy ya no nos alcanza con que sean estatales, estamos buscando generar las condiciones para sociabilizar las empresas”. Es decir, intenta sumar un nuevo actor a la lucha, los movimientos de usuarios; un salto político de lo sectorial a la sociedad uruguaya en su conjunto.

Sobre los avances en este sentido Castelgrande cuenta que se están formando intersociales en los barrios, donde participan vecinos/ as, cooperativistas, pequeñas/os comerciantes, estudiantes, amas de casa, trabajadores/as. “Esas intersociales nos están sirviendo como punta de lanza para la propuesta del movimiento de usuarios. Y sin duda vamos a tener que salir con una campaña grande para que esto se haga carne”, anticipa. Con ese movimiento buscan generar un desborde de los trabajadores y trabajadoras organizadas y decidieron empezar por la lucha para bajar tarifa eléctrica, como primera acción unificada. Pretenden incidir en políticas públicas tendientes al acceso a la energía como derecho humano, para que ésta pueda ser patrimonio de todo el pueblo.

En la , Declaración de Montevideo , que surgió del Encuentro Internacional de Trabajadores de la Energía, celebrado en el marco de los 68 años de la fundación de Aute, también se expresó esta necesidad de confluencia. “El involucramiento de los usuarios en el sistema eléctrico significa una vertiente más de lucha por recuperación de los bienes comunes que el capital le ha arrebatado a los pueblos”, sostiene. Y a enfatiza: “Los trabajadores de la energía debemos de desarrollar acciones consecuentes en defensa de los intereses de los usuarios, y esto no puede impulsarse sin la construcción de espacios de participación y discusión popular que promuevan el empoderamiento de los usuarios sobre las distintas aristas del servicio público de energía eléctrica. La alianza de los trabajadores de la energía con los usuarios no solamente que es necesaria sino que es de carácter estratégico”. En el documento también se expresa que para los sindicatos de la región se presenta como una necesidad histórica el incorporar a su acción programática “la participación política de los trabajadores y usuarios en la gestión de los servicios públicos”, siendo parte activa en la discusión y definiciones de rumbos estratégicos de las empresas públicas y la planificación económica.

Existen puntos a favor de esta campaña, diagnostica Castelgrande, como el hecho de que la empresa sigue siendo pública, más allá de los embates privatizadores. También remarca la relación cercana del Estado uruguayo con los trabajadores y trabajadoras, que históricamente ha generado un ambiente propicio para el mejoramiento las condiciones de vida de los sectores populares. Aunque advierte que todo intento de cambio implica una modificación de las leyes, y para ello dependen de la voluntad política del gobierno. En ese sentido, recordó que el presidente uruguayo Tabaré Vázquez anunció en el Consejo de Ministros una rebaja en la tarifa eléctrica para los arroceros y los productores lecheros porque, dijo, “les cuesta mucho la luz”. “El subsidio sigue siendo para los grandes empresarios y con esa voluntad política es muy difícil que se puedan bajar las tarifas o que se pueda elevar el acceso y el derecho a la energía del pueblo”, destacó Castelgrande.

El pro secretario de Aute afirma, por otra parte, que resulta urgente retomar el discurso de las energías renovables desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras, desnudando la ofensiva del capital por medio de las energías limpias y evidenciando las políticas de capitalismo verde. “El discurso de las energías renovables se lo han apropiado de nuestro discurso. La clase trabajadora, en conjunto con los sectores populares, ha debatido la relación de la producción [de energía] con el medio ambiente. Venimos planteándolo hace muchos años y hoy el capital se apropia de ese discurso para poder implementar sus políticas privatizadoras mediante la generación de energías limpias”, subraya.

“La disputa ideológica y política debe de contrarrestar la enajenación de recursos y patrimonio amparados en el control de las energías renovables, un camino que se presenta como sustancial a desarrollar es el de la disputa material de dicha tecnología. Para eso es necesario avanzar en iniciativas como la desprivatización de la infraestructura o incluso el fomento de experiencias participativas de cooperativización popular de la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables”, plantea la Declaración de Montevideo. Allí se resume el horizonte en el que está inserta la lucha de Aute; y en ese camino conquistar la baja de las tarifas residenciales, reafirmando siempre el carácter de derecho humano del acceso a la energía y de bien público de los recursos energéticos.

Publicado originalmente en Nº 5 de Fractura Expuesta revista del observatorio petrolero del sur, www.opsur.org.ar

(1) El testimonio de Soto corresponde a su intervención en el seminario Alternativas para la Soberanía Energética, realizado en Buenos Aires el 27 de noviembre de 2016 y organizado por el OPSur.