Desnudos ante el poder: Si aceptamos el confinamiento y la decisión unilateral del ejecutivo de restringir libertades y de imponer formas de conducta como el distanciamiento social; si las mayorías las aplauden mientras condenan a quienes las transgreden, es porque la sociedad ha sido ablandada y modelada por décadas de políticas de seguridad.

Los institutos de opinión pública uruguayos detectaron un cambio abrupto en la percepción de la población respecto a los problemas principales que enfrenta. Así, el diario La República titula en su edición del 23 abril “La salud desplazó a la inseguridad y ahora es la primera preocupación de los uruguayos” 

La directora de Equipos Consultores, Mariana Pomiés, asegura. “Nos llevamos una sorpresa porque hace años la principal preocupación era la inseguridad y ahora se desplomó”. En su evaluación, la preocupación por la seguridad cayó del 58 al 5%, siendo desplazada por la salud y la economía, por ese orden.

La serie histórica que Equipos presentó el 14 de abril de la mano de Ignacio Zuasnábar, en canal 12, no deja lugar a dudas. Desde 2008 la seguridad y la delincuencia desplazaron a la desocupación como tema excluyente de los uruguayos. El año pasado, el 72% lo consideraron el problema principal en sus vidas.

Son datos relevantes ya que la serie histórica recorre más de una década, desde 2007, atravesando casi todo el período de los gobiernos progresistas. La seguridad es el dato central que permite explicar los resultados electorales de octubre y noviembre, o sea la derrota del Frente Amplio y el triunfo de una coalición multicolor que llevó a Luis Lacalle a la presidencia, pese a no existir nada que se parezca a una crisis económica en Uruguay, a diferencia de otros países de la región.

Aunque los datos son reales e indiscutibles, el enfoque me parece desacertado. La pandemia de coronavirus no desplaza a la seguridad como tema principal, porque se trata del mismo fenómeno social. El coronavirus es la expresión, en este período, de la preocupación ciudadana por la inseguridad, excusa para la aplicación de las políticas de seguridad desplegadas en los últimos 20 años, no sólo en Uruguay sino en toda América Latina.

Estamos ante una construcción política que está íntimamente ligada a lo que el filósofo Giorgio Agamben denomina como “estado de excepción”, devenido en el “paradigma de gobierno” en el período actual*. En su estudio sobre el origen el estado de excepción se remonta al “estado de sitio” durante la revolución francesa, ligado a la guerra contra enemigos externos que enfrentaba la Asamblea Constituyente en 1791. Posteriormente, a lo largo de los siglos XIX y XX, el estado de sitio se emancipa de la situación bélica que lo generó, “para ser usado como medida extraordinaria de policía frente a desórdenes y sediciones internas, deviniendo así de efectivo o militar en ficticio o político” (p. 29).

Insiste, mal que nos pese, en que fue la tradición democrático-revolucionaria y no la absolutista, la creadora del estado de excepción. Los “plenos poderes” que asume el poder ejecutivo supone en los hechos un vacío de derecho. Lo sucedido durante las dos guerras del siglo XX, con el ascenso del nazismo en el seno de regímenes democráticos, llevó a Walter Benjamin a decir que “el estado de excepción…ha devenido la regla”.

Agamben registra que la ampliación de los poderes del ejecutivo va mucho más allá de las conflagraciones bélicas, cuando todos los países en guerra aplicaron el estado de excepción. Bajo esa tendencia inexorable, “es la totalidad de la vida político-constitucional de las sociedades occidentales lo que comienza progresivamente a asumir una nueva forma, que quizá sólo hoy ha alcanzado su pleno desarrollo” (p. 43).

¿Cuáles son los mecanismos que llevaron a que el estado de excepción se haya convertido en el paradigma de las democracias? La mutación principal, consiste en que “la declaración del estado de excepción está siendo progresivamente sustituida por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno” (p. 44).

El filósofo sostiene, en una reciente entrevista, que el control a través de videocámaras y teléfonos celulares, “excede, por mucho, cualquier forma de control utilizada bajo regímenes totalitarios como el fascismo o el nazismo” y que las medidas que limitan nuestra libertad “nunca se habían aplicado en la historia de nuestro país”.

Si aceptamos el confinamiento y la decisión unilateral del ejecutivo de restringir libertades y de imponer formas de conducta como el distanciamiento social; si las mayorías las aplauden mientras condenan a quienes las transgreden, es porque la sociedad ha sido ablandada y modelada por décadas de políticas de seguridad.

Porque nos hemos acostumbrado a que el poder decida, con la sola aprobación de “técnicos” y “especialistas”, una gama cada vez más amplia de decisiones: quiénes son pobres y quiénes indigentes, quiénes pueden recibir ayudas y subvenciones, qué empresas están exentas del pago de impuestos y cuáles pueden vulnerar la soberanía nacional, y un largo etcétera. Hasta llegar a decidir en qué lugares debo usar tapabocas, cuántos pueden estar en un almacén y a qué distancia de otras personas debo sentarme.

¿Quién decidió que la pandemia es una guerra que debe ser enfrentada con métodos y modos militares? Los gobiernos, sin el menor debate público, argumentando la urgencia, la salvación de la población, el bien público, y otros similares. Todo ello sin que mediara el menor debate en la sociedad. Porque la fruta de la militarización de la sociedad fue madurando durante décadas de gestión de la seguridad con políticas de control policial.

El Estado/policía toma las decisiones y aplica las penas luego de marcar la falta, aunque en muchos casos el policía sea sustituido por un asistente social. La sociedad queda, de ese modo, desnuda ante el poder. Una desnudez, como dice Agamben, que es “una producción específica del poder y no un dato natural”.

* Giorgio Agamben, Estado de excepción, Adriana Hidalgo, 2004.