Cuando abordamos la temática de las migraciones y los más elementales derechos, nos encontramos con una cruda realidad. La que inunda a la población migrante que llega a nuestro país y pretende acceder, por ejemplo, a la vivienda digna.

Constitución de la República. Sección II. DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS. Capítulo II:

Artículo 45.- Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.

En los últimos seis años Uruguay se ha posicionado en el exterior como un país atractivo para las personas migrantes. En algunos casos, esto se debe a la facilidad para acceder a la documentación y a la legislación en materia de derechos que nuestro país posee. No nos olvidemos de la Ley 18.250 (2008) cuyo Artículo 1° reconoce como derecho inalienable el derecho a la migración, así como el derecho a la reunificación familiar, acceso a la justicia así como a la igualdad de derechos con los nacionales. Recordemos también la Ley 18.076 (2007) de Derecho al Refugio y a los Refugiados.

Pero la realidad, cuando nos aproximamos a ella y la conocemos, dista de las construcciones e imágenes idealizadas que se proyectan respecto a la temática. La visibilidad del tema permite que lleguemos, en la actualidad, con cierta agenda política respecto a la movilidad humana; aunque en algunos campos todo parecería marchar igual, sin avances, estancado y hasta resignado. La discusión que se creía laudada, la que muchos legisladores y periodistas ridiculizan y que nos convierte en la sociedad de lo “políticamente correcto” o “hipócritamente correcto”, lejos está no solo de abordarse, sino de discutirse y reflexionarse.

Mientras tanto, la población migrante carga con el estigma de lo no deseado que habilita un sinfín de vulneraciones cotidianas de derechos elementales. Dos variables, por así llamarlas: la extranjería y el color de piel, son las que operan sobre esta población. ¿Cómo? Permitiendo, día a día, que no únicamente el estado desate violencia simbólica, sino también nuestra sociedad.

Podemos ver cómo diferentes medidas están siendo implementadas para frenar y seleccionar la población que Uruguay desea recibir, y estas medidas tienen como correlato – intencional o inesperado – la vulneración de los derechos otorgados por ley.

Ley 18.250. Capítulo III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS

Artículo 8. – Las personas migrantes y sus familiares gozarán de los derechos de salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación en pie de igualdad con los nacionales. Dichos derechos tendrán la misma protección y amparo en uno y otro caso.

 Las Pensiones

Muchos sectores de la población migrante, al igual que una porción importante de las y los uruguayos, no acceden a otra oferta de vivienda que no sea la del turbio negocio de las pensiones. ¿Por qué un negocio turbio? Porque la necesidad de vivienda de aquellos más vulnerables se transforma en una oportunidad para generar un rédito aún sin cuantificar que está signado por irregularidades y lagunas legales.

No hay una forma precisa para definir estas pensiones. Podríamos decir que son como un hotel pero sin la más mínima de las garantías. Operan como múltiples propiedades horizontales que se usufructúan bajo un mismo padrón. Podríamos nadar en dulce de leche intentando compender. Son construcciones extensas, de amplias dimensiones (casas antiguas o edificios), de varias habitaciones, con espacios de uso común y servicios básicos compartidos: cocina y baño. Muchas de ellas no soportarían la más mínima inspección de habilitación comercial, de bomberos, o de quien vaya, ya que el simple hecho de conocerlas permite tomar contacto con lugares donde no se puede concebir la vida digna.

El estado de unas pocas es potable, pero una cantidad importantes de ellas no reúne las más mínimas condiciones edilicias y sanitarias. Entre las piezas, como se les denomina en la jerga, puede haber de todo; con más o menos privacidad, con o sin puertas, compartidas, individuales o por núcleo familiar. Algunas incorporan otras “comodidades”, baño privado o un espacio para poner una cocinita o garrafa.  Los precios mínimos rondan los $6.000, con una amplia predominancia de alquileres de piezas por $8.500 o $9.000 por mes. Esa tarifa puede incluir luz y agua o no. También funciona un sistema de cobro por persona en la habitación, por ejemplo $3.500 por cada uno de los que se alojen en la pieza. Los ajustes del precio suelen ser arbitrarios y depender de la ascendencia racial o la nacionalidad, así como de las simpatías entabladas con el administrador de la pensión. Recogemos testimonios que hablan de precios diferenciales por ser uruguayo u extranjero, así como de subas de tarifas repentinas. Los reclamos por condiciones dignas pueden ser un arma de doble filo. Sabemos de situaciones en las que el propietario o administrador se molestó y de buenas a primeras se resolvió un ajuste, luego de haber realizado algún reclamo, como por ejemplo eliminar las plagas (pulgas, chinches, cucarachas y ratas son cuestiones de todos los días). Estos ajustes son siempre desmedidos y no obedecen a ningún criterio o regulación. Sumado a estas constantes irregularidades nos encontramos con otra moneda de corriente circulación, la supresión o cortes arbitrarios, por parte de los propietarios y administradores, de los servicios esenciales como el agua y la luz, que muchas veces son de acceso irregular.

Los administradores de las pensiones están “colgados”, a pesar de que los servicios son cobrados a los inquilinos como si los pagos se hicieran regularmente. Siguiendo la línea de los abusos, sabemos que en muchos casos los denominados propietarios o administradores ocupan y usufructúan los recintos destinados a pensiones de forma ilegal. Cabe destacar que la presencia policial es frecuente, y en muchos casos se aplica la violencia verbal para laudar los conflictos que generan este tipo de arbitrariedades. En los procedimientos los migrantes llevan siempre las de perder. Tampoco es menor la presencia de “bocas” dentro de las pensiones, lo cual también justifica la intervención policial constante y la sumisión de los arrendatarios. Esta es la oferta predominante para una población que migra en su justo derecho y que es acogida por este país. 

La escena

En el espacio de la oenegé Idas y Vueltas, Bienvenid@s, en articulación con las colectividades de migrantes, así como con los colaboradores del NEMMPO, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es donde recibimos de forma asidua denuncias y quejas acerca de las pensiones. Podríamos decir que la problemática no es nueva y parecería ser bastante más cotidiana de lo que los casos nos muestran. Quizás sea bastante reciente para muchos, sobre todo para los que sostienen en encuentros glamorosos que la vivienda no sería un problema de urgencia dentro de la población migrante. Así lo escuchamos sobre final del año pasado en el encuentro “Entretierras” organizado por el Mides. Pero esto no es patrimonio exclusivo de un ministerio, ya que es un tema de constante reclamo, en cada encuentro y evento organizado de la comunidad migrante, donde la temática de los sistemáticos abusos en las pensiones es relevada y reservada para los minutos finales.

 ¿Será que es un tema incomodo de discutir?

El año pasado, gracias al trabajo en conjunto de las colectividades migrantes, el NEMMPO¹ e Idas y Vueltas, pudimos detectar tres pensiones donde se presentaron conflictos entre los inquilinos y los propietarios. En una de ellas el conflicto se vinculó a un desalojo, en otra a la intervención policial desmedida, luego de una disputa entre inquilinos y propietarios por haberle retirado los servicios de agua y luz, y la tercera mediante una denuncia por las redes sociales de la constante intervención policial en la pensión sin respetar noche, día o tarde, mucho menos privacidad y derechos. Todo esto opera en absoluta irregularidad.

El primero de marzo nos topamos nuevamente frente a esta historia. La “propietaria” de la pensión retiró los servicios dejando a 18 familias y al menos 10 niños sin ellos. La luz y el agua que cobra mes a mes son robados, los inquilinos jamás vieron un recibo de estos servicios, hoy supieron que están cortados por falta de pago y deudas que se arrastran desde el año 2000. Comentan también que existe una supuesta orden de desalojo, que nunca vieron, pero que se utiliza como forma de chantaje cada vez que se busca conseguir algo por parte de “la propietaria”. Nos dicen que han recibido llamadas de la Intendencia de Montevideo (IM), pero que esquiva las inspecciones aludiendo que no los puede recibir, o que no está, o lo que sea. Esta actitud fue penada por la IM con una multa cuya efectividad es relativa.

Constitución de la República. Sección II. DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS. Capítulo II:

“El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”

 Por un motivo o por otro todo sigue igual en algunas pensiones

Los inquilinos orientados por otras colectividades que otrora padecieron abusos similares, por Idas y Vueltas y los colaboradores del NEMMPO, buscan una solución y el restablecimiento de los servicios. Desde las instituciones poco se puede hacer. Afirman algunos funcionarios que “la denuncia no es policial”, aunque se trate de la privación de un servicio esencial y la violación de un derecho garantizado por el estado. “Acá no podemos hacer nada” nos derivan al organismo competente, cuya competencia caduca a la hora de visualizar la irregular situación. No importan los derechos, no importa nada. La población migrante queda sujeta y rehén de un conjunto de usureros que se amparan en la irregularidad y la ineficiencia. Los organismos, lejos de no operar, en muchos casos ni siquiera saben que hacer, aunque la situación no les sea ajena. Son frecuentes las intervenciones policiales respecto a conflictos en las pensiones, así como las denuncias que inundan y se ahogan en el camino de la burocracia estatal

Nuevamente se repite de forma sistemática la expropiación de los más elementales derechos. La denuncia policial no se pudo efectuar. En palabras del efectivo de la seccional Primera: “no podemos hacer nada nosotros”. Derivados a un lugar donde seguramente podrían obtenerse respuestas, fuimos rumbo a Defensorías Publicas, pero allí señalaron: “nosotros no podemos hacer nada, capaz que vayan y asesórense con los abogados de oficio en el juzgado de 25 de Mayo 523”. Allá fuimos. El juzgado ya había cerrado, llegamos a las 13:02 horas; de todas formas el funcionario nos explicó que «no había mucho para hacer» pero nos invitó a volver al otro día a primera hora. Nadie pudo más que aconsejarnos con buena voluntad.

La tarde fue calurosa, es imposible pensar en no tener agua, al menos para los que no somos rehenes de esta, tan ajena, situación. Ellos, atados de manos, atrapados en una situación que los priva de su derecho humano fundamental. “¿No puede la policía ir y decirles que nos pongan el agua y la luz?, hay niños”,  diría una de las muchachas.

Hoy el problema no se resolvió, nadie pudo interceder, pronto los abogados dirán que hacer, mientras tanto hay 18 familias y otras tantas que no conocemos, rehenes de una situación que se hunde en la más profunda burocracia, amén de lo que dice la legislación y de cómo operan los organismos. La población migrante sigue sujeta a la voluntad de unos pocos que les arrebatan sus derechos, ante los ojos de un estado que se pavonea. La realidad es que esta dinámica de negocio inmoral e ilegal existe ante los ojos de todos.