El 27 de junio se cumplen 43 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar uruguaya. ¿Cuáles han sido los avances y obstáculos principales para lograr Verdad y Justicia en la última década? ¿Cuáles son los desafíos para las organizaciones que luchan por los derechos humanos? ¿Qué relación hay entre el mantenimiento de la impunidad y hechos como el robo ocurrido en el GIAF? Responden el Observatorio Luz Ibarburu, la Mesa Permanente Contra la Impunidad, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y Comisión para la Memoria de los Fusilados de Soca.

Raúl Olivera Alfaro. Observatorio Luz Ibarburu 

¿Cuáles han sido los avances y obstáculos principales para lograr Verdad y Justicia en la última década

Dentro de los principales avances se encuentra el haber logrado el procesamiento y/o condena de algunos responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, a pesar de la falta de voluntad política y colaboración del Estado. Como principal obstáculo, claramente ha sido la ausencia en el Estado de una política de persecución criminal a los responsables.

¿Cuáles son los desafíos para las organizaciones y movimientos sociales que luchan por los derechos humanos, para mantener en el horizonte inmediato el reclamo por Verdad y Justicia en relación a los crímenes de la dictadura?

El desafío de las organizaciones es lograr que el Estado cumpla en tiempo y forma con sus obligaciones de acuerdo a las normas del derecho interno e internacional y lograr que las nuevas generaciones continúen reclamando verdad y justicia.

¿Qué relación hay entre el mantenimiento de la impunidad y hechos como el robo ocurrido en el GIAF? ¿Qué opina sobre como respondieron las autoridades frente a este suceso en particular?

Los hechos relacionados con el robo y las amenazas como el sufrido por el GIAF son parte de las políticas de amedrentamiento propias del Terrorismo de Estado, son su continuidad en regímenes de democracia. El Estado al igual que en otras áreas no tiene los reflejos adecuados de acuerdo a la gravedad de estos hechos.

Sobre el Observatorio Luz Ibarburu

El Observatorio Luz Ibarburu es una red de organizaciones sociales del Uruguay que tiene como finalidad dar seguimiento a los procesos de justicia, en relación a las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado, y democratizar el acceso a la información sobre las mismas. Brega por el cumplimiento de las políticas públicas que debe implementar el Estado, de acuerdo a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Gelman, realizando asimismo, el seguimiento de la totalidad de las denuncias radicadas en las sedes penales uruguayas en torno a esta materia. Además realiza el patrocinio de causas penales mediante su equipo jurídico.

Susana Escudero. Mesa Permanente Contra la Impunidad

¿Cuáles han sido los avances y obstáculos principales para lograr Verdad y Justicia en la última década

Los avances han estado pautados por los frutos del trabajo de las décadas anteriores en el sentido de haber generado una conciencia amplia sobre la temática, lo que se ve reflejado en la multiplicidad de organizaciones que se hacen cargo del tema como la FEUU, el PIT-CNT, en el surgimiento de espacios y organismos como el Observatorio Luz Ibarburu, que ocupa un lugar fundamental al coordinar esfuerzos legales de seguimiento y asistencia. En definitiva en haber cimentado -a través de ese trabajo mencionado- una conciencia social cada vez más amplia y profunda que se refleja en actividades prácticas. Los obstáculos han estado pautados por las complicidades del sistema político todo y de los diversos gobiernos. En la necesidad por mantener un esquema acordado en el Pacto del Club Naval para mantener el status quo a nivel social; cuyas manifestaciones más expuestas han sido -por ejemplo- el afianzar las aristas más reaccionarias del sistema de justicia estatal, eliminando las posturas disidentes, como en el caso del traslado de  la jueza Motta, o promocionando la aceptación social de las  FFAA a través de la gestión de los distintos ministros, en especial Fernández Huidobro, amparando e incluso defendiendo -a nivel social, económico y fundamentalmente político- a los torturadores, al tiempo que se criminaliza la protesta social y se opera para retardar juicios y castigos e impedir iniciativas que conduzcan a la verdad, por ejemplo la apertura total y pública de archivos o los recursos para el GIAF (por ejemplo los contratos, infraestructura, etc.).

¿Cuáles son los desafíos para las organizaciones y movimientos sociales que luchan por los derechos humanos, para mantener en el horizonte inmediato el reclamo por Verdad y Justicia en relación a los crímenes de la dictadura?

El desafío fundamental pasa por ser capaces de mantener la lucha por Verdad, Memoria y Justicia como eje ideológico y práctico de los sectores populares, fundamentalmente de las nuevas generaciones. Y más allá de lo que se pueda lograr a nivel de lo institucional, como componente de la vida social de todos/as nosotros/as, para que se comprenda como necesidad a todos los niveles que la lucha contra la impunidad no sólo atañe a una circunstancia específica de la historia, sino que se vincula en nuestro presente en la necesidad de justicia a todos los niveles: político, económico y social. En ese sentido, lograr que el tema esté presente en la educación (empezando por la primaria y en todo el sistema educativo), en las agendas sociales y políticas, entendiendo que la impunidad generada por el acuerdo del sistema político con la dictadura y sus asesinos y torturadores es la que ampara hoy toda la serie de violaciones a los derechos (sociales, laborales e individuales) que se manifiestan por ejemplo en los asesinatos de mujeres y niños, la tortura en los centros de reclusión de menores o en las cárceles, o el maltrato y el abuso de  quienes se encuentran en situación vulnerable. 

¿Qué relación hay entre el mantenimiento de la impunidad y hechos como el robo ocurrido en el GIAF? ¿Qué opina sobre como respondieron las autoridades frente a este suceso en particular? 

En el marco de la impunidad y el amparo político que tiene, el robo al GIAF es un emergente de que los impunes siguen activos, operan y no dejarán de actuar a menos que la movilización y la acción de los sectores populares lo impida. Por ello la importancia de mantener el alerta y la movilización constante en todas las formas posibles, desde las vinculadas a lo legal, a la reivindicación y el rescate de la memoria histórica, los señalamientos y escraches a los responsables del Terrorismo de Estado, (militares y civiles) y el análisis y reflexión que vincule todo esto con lo que pasa hoy. En la dirección de resistir los discursos y esfuerzos oficiales para convertir la lucha por verdad y justicia en un ajuste de cuentas con el pasado reciente, y trabajar para que se comprenda que son una necesidad del presente, pero por sobre todo, en una premisa imprescindible que reivindique a los/as luchadores/as asesinados/as, desaparecidos/as, torturados/as y perseguidos/as en su real dimensión humana, como compañeros/as que peleaban por una sociedad de justicia, solidaridad e igualdad como única garantía de futuro digno para todos y todas.

Sobre la Mesa Permanente Contra la Impunidad

Somos un conjunto de organizaciones y militantes políticos, sindicales y sociales, comprometidos en la lucha por memoria verdad y justicia. Exigimos juicio y castigo, a militares y civiles que cometieron crímenes en la última dictadura cívico- militar, ocurrida en este país y todas las que se planificaron en todo el Cono Sur. Las cuales, a pesar de los años y los cambios que se han dado, permanecen impunes. Esta injusticia sostiene sin ninguna duda nuestra bandera. No nos identificamos con partido político alguno.

Estamos decididos a llevar adelante esta lucha bajo tres principios básicos: rescatar la memoria de los hombres y mujeres que desde distintos partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales fueron víctimas de cárcel, tortura, desaparición y muerte en la última dictadura, hacer justicia y reparar a las víctimas.

En ese marco, desde nuestro surgimiento en el año 2010 hemos realizado diferentes actividades, como la colocación de placas de la memoria, generado instancias de formación e intercambio (por ejemplo con el juez Baltasar Garzón) y hemos trabajado y participado coordinando con otras organizaciones de DDHH en distintas instancias y contamos con el apoyo de organizaciones como el PIT CNT, ADUR y FANCAP.

Ignacio Errandonea. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

¿Cuáles han sido los avances y obstáculos principales para lograr Verdad y Justicia en la última década

Referente a los avances, podemos mencionar el resultado de las excavaciones llevadas a cabo por el GIAF, con el resultado de los hallazgos de los restos de cuatro compañeros detenidos desaparecidos (Ubagésner Cháves Sosa, Fernando Miranda, Ricardo Blanco y Julio Castro). El principal obstáculo es la falta de voluntad y decisión política de quebrar el silencio de los militares y la falta de sinceramiento y colaboración de la Institución Militar toda.

¿Cuáles son los desafíos para las organizaciones y movimientos sociales que luchan por los derechos humanos, para mantener en el horizonte inmediato el reclamo por Verdad y Justicia en relación a los crímenes de la dictadura?

Uno de los principales desafíos es cómo lograr incidir sobre los tres poderes del Estado para que cumplan con sus obligaciones.

¿Qué relación hay entre el mantenimiento de la impunidad y hechos como el robo ocurrido en el GIAF? ¿Qué opina sobre como respondieron las autoridades frente a este suceso en particular? 

La impunidad que se mantiene desde la dictadura cívico-militar es lo que ha permitido que hoy ocurran hechos como este lamentable atentado contra el laboratorio del GIAF y otras amenazas recibidas anteriormente hacia las personas que trabajan sobre el tema. Impunidad que se manifiesta además en el no reconocimiento de los crímenes aberrantes cometidos por la Institución Militar y que se les permita actuar en la sociedad como si nada hubiera pasado y se llegue a invitarlos en un diálogo social del cual están excluidos constitucionalmente y sobre todo moralmente. Sobre la actuación de las autoridades frente al robo al GIAF, podemos decir que la situación actual del expediente judicial lo dice todo, es decir, se encuentra en foja cero.

Sobre Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Somos un grupo de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos que desde los años 70 nos empezamos a juntar para buscarlos, aún con la esperanza de encontrarlos vivos. Provenimos de diferentes vertientes marcadas por la dictadura y el exilio. Algunos permanecimos en Uruguay, otros comenzamos nuestra búsqueda en Argentina y otros en Europa y Centroamérica. Desde la apertura democrática caminamos juntos respetando la diversidad de pensamientos que nos caracteriza pero unidos en torno a nuestros principales objetivos: Verdad, justicia, memoria y nunca más.

María Elena Bicera y Ana Pereda. Comisión para la Memoria de los Fusilados de Soca

¿Cuáles han sido los avances y obstáculos principales para lograr Verdad y Justicia en la última década

Avances, muy pocos. Se designaron comisiones desde el 2000, “Comisión para la Paz”, “Secretaría de DDHH para el pasado reciente”, “Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia”, pero no se avanza en VERDAD y JUSTICIA. No hay voluntad política para juzgar a los que desde el Estado cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Esos delitos no prescriben. Son muy pocos los criminales que han sido juzgados y condenados. Si los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial ) estuvieran de acuerdo en cumplir un objetivo común de verdad y justicia, no habría impunidad. Han pasado más de cuarenta años y el tiempo juega en contra. Se nos están yendo los familiares y los implicados. Los militares saben, no hablan, parece que tuvieran un pacto. Uno de ellos, Manuel Cordero, acaba de ser juzgado en Argentina y condenado a 27 años de prisión, en el “megajuicio” Plan Cóndor.  ¿Y acá en Uruguay? Él se fue del país, como lo hizo Tróccoli o como lo hizo Pedro Mato Narbondo, implicado en los asesinatos del Zelmar, «El Toba», Rosario Barredo y William Whitelaw y en la desaparición del Dr. Manuel Liberoff.  Están todos fuera del país y muchos cobran mes a mes sus suculentas jubilaciones que les paga La Caja Militar, en definitiva el Estado uruguayo, esto es todos los uruguayos.

¿Cuáles son los desafíos para las organizaciones y movimientos sociales que luchan por los derechos humanos, para mantener en el horizonte inmediato el reclamo por Verdad y Justicia en relación a los crímenes de la Dictadura?

Seguir trabajando la Memoria, es fundamental y no sólo acá en Montevideo, en todo el país, ya que todo el Uruguay fue una gran cárcel. Los que estamos luchando por MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA lo seguimos haciendo porque NO HAY MAÑANA SIN AYER, hasta el Papa Francisco lo dice: “La memoria no se diluye ni olvida: memoria es fuente de paz y de futuro”. Y seguimos soñando con despertar un día y celebrar la noticia de que el Poder Ejecutivo dio la orden de que todos los poderes del Estado se pongan a trabajar para que los implicados en los crímenes, desapariciones, secuestros, en el período de la Dictadura, sean juzgados y cumplan la pena, en prisión, como corresponde. 

¿Qué relación hay entre el mantenimiento de la impunidad y hechos como el robo ocurrido en el GIAF? ¿Qué opina sobre como respondieron las autoridades frente a este suceso en particular?

Esto es lo más claro. La impunidad de hoy, es producto de la impunidad de ayer. Se repite. No hubo respuesta de las autoridades. Qué, quién y  cómo ocurrieron los hechos, no se sabe nada. Como resultado de las investigaciones no se ha llegado a nada y el tiempo pasa.

Sobre la Comisión para la Memoria de los Fusilados de Soca

El 20 de diciembre de 1974, por TV, los responsables del gobierno de nuestro país comunicaron a los familiares y a todos los televidentes que habían aparecido cinco cuerpos en las cercanías de Soca, ¿qué sucedió? El Terrorismo de Estado imperaba y los criminales que lo llevaban adelante. Habían fusilado a tres  mujeres jóvenes, una de ellas embarazada, y a dos varones, también jóvenes, ellos eran: Graciela, Yolanda, María de los Ángeles, Floreal y Daniel, tres estudiantes y dos obreros uruguayos que vivían en el exilio en Buenos Aires. Los cinco fueron secuestrados el ocho de noviembre en Buenos Aires, mantenidos en tres lugares clandestinos de detención y trasladados a Montevideo, torturados permanentemente en ambos países. Desde su último lugar de detención, la Casona de Punta Gorda, fueron trasladados hasta una cuneta donde los acribillaron junto a un alambrado. Un sobreviviente, Julio, testimonió el  horror desde Buenos Aires hasta el último día en la Casona.

Nosotros, como familiares de dos de las víctimas, integramos la Comisión para la memoria de los fusilados de Soca, ésta se constituyó cuando vecinos de Canelones, de la zona de Capilla de Cela y sus alrededores, se enteraron de lo ocurrido y decidieron recuperar la memoria, comenzaron a trabajar, investigaron y pudieron saber dónde se había perpetrado el crimen. En 2008, entre todos, erigieron un memorial que recuerda a las víctimas y donde todos los 20 de diciembre, desde entonces, se les tributa un homenaje. La cuneta estaba en la Ruta 70 que hoy se denomina Camino de los Fusilados, dos placas en la plaza, frente al Liceo de Artigas, puestas una por Canelones y otra por Artigas, recuerdan a María de los Ángeles y a Daniel, matrimonio artiguense. Graciela fue homenajeada en Paysandú. En 2012, realizamos un acto en el Paraninfo de la Udelar en honor de los “5 que son 6”. En 2014, en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, se realizó un encuentro internacional, uruguayo-argentinos, para recordarlos. Hoy seguimos trabajando por la memoria y seguimos la causa judicial de los cinco crímenes. Comenzó en 1974, este año hace 42 años, y continúa en el laberinto de impunidad de la justicia uruguaya.