Uruguayos obligados a invertir en monocultivos forestales. Debatir la forestación #2
Lo queramos o no, nos parezca beneficioso o un daño a nuestras vidas y el ambiente, los uruguayos estamos obligados a invertir en monocultivos forestales, año tras año, al menos desde 1987. Hay dos formas primordiales: a través de las AFAPs, y por las subvenciones estatales a la cadena foresto-celulósica.
La inversión de las AFAPs
La seguridad social era exclusivamente de base solidaria hasta la reforma de 1996, donde se modificó transformándose en un régimen mixto. Este consiste en que los y las trabajadoras de mayores ingresos pasarán a ahorrar parte de sus ingresos jubilatorios en ahorros individuales administrados por las AFAPs. Esta forma de ahorrar para la jubilación de forma individual y mercantilizada, supuestamente para responder a la crisis del sistema solidario del BPS, es ahora administrado por empresas que cobran por administrar e invertir para “valorizar” nuestros ahorros.
Las AFAPs, sean netamente privadas, o con respaldo público como República AFAP, por su propia lógica de funcionamiento buscan invertir el dinero de sus socios en negocios estables y seguros. Los monocultivos forestales son muy atractivos en este sentido: inversiones de largo plazo (entre diez y cuarenta años) con el consenso y respaldo de todos los partidos políticos mayoritarios y las agencias internacionales.
Para visualizar cómo funciona este mecanismo de inversión forzosa podemos tomar el ejemplo de República AFAP. Además es un buen ejemplo, ya que esta empresa concentra la mayoría de los fondos de pensión en manos de las AFAPs.
Según los informes oficiales República AFAP cuenta con 582.417 afiliados, es decir, más de medio millón de uruguayos tiene parte de su jubilación siendo administrada e invertida por esta AFAP. Entre las múltiples inversiones, informan que tienen (o tenemos) dinero inyectado en 62.700 hectáreas de forestación a través de diferentes fideicomisos financieros: Fideicomisos Financieros Bosques del Uruguay I, II , III y IV; F.F. Montes del Este, F.F. Boschetto, F.F. Terraligna y F.F. Bosques de las Serranías. Los fideicomisos financieros son una forma jurídica que permite juntar dinero de diferentes inversores (personas físicas, empresas o instituciones), y ser administrada por una empresa y ejecutada por otra. En general, las empresas administradoras y gestoras, además de generar ganancia por la administración, tienen alguna parte en la propia inversión.
En el caso de República AFAP y en conjunto con las restantes (Sura, Integración, y Unión Capital) invierten en forestación en tres conjuntos de Fideicomisos Financieros:
El primero son los Fideicomisos Financieros Bosques del Uruguay I, II, III, y IV, creados entre los años 2011 y 2019, administrados por EF Assest Manegement AFISA (CPA Ferrere y Ferrere Abogados), y gestionado por Agroempresa Forestal, cuyo representante es Francisco Bonino y su coordinador de silvicultura Mauricio Otegui. Entre los cuatro fideicomisos suman unas 131.000 hectáreas en propiedad, y 80.000 hectáreas forestadas, básicamente para producción de celulosa, en los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida, Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha, Tacuarembó y Rivera.
El segundo fideicomiso es FF. Terraligna (2017), F.F. Boschetto (2020) y F.F. Montes del Este (2014); administrados por la empresa holandesa TMF Uruguay AFISA y gestionado por la forestal chilena Cambium Forestal Uruguay S.A., cuyo gerente es Simón Berti, vinculado anteriormente a las chilenas Arauco y Bio Bio SA. Según aparece en la web de una de sus asociadas “Actualmente CAMBIUM es responsable de la administración de cerca de 1.280.000 ha en Chile y Uruguay, mayormente ligadas a fondos de inversión.”, y esto incluye además la administración de los fondos de jubilaciones estadounidenses en tierras uruguayas de Global Forest Partners. Este conjunto de fideicomisos suma un total de 38.000 hectáreas en propiedad, y 24.100 hectáreas efectivamente forestadas, en los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja y Rivera.
El tercero lo comprende el Fideicomiso Financiero Bosques de las Serranías (2020), administrado por EF Assest Manegement AFISA, y gestionado por Maderas del Uruguay (Foresur y Grupo Forestal). Consiste en la compra de 11.000 hectáreas y el arrendamiento de 6.000 hectáreas; llegando a 12.380 hectáreas efectivamente forestadas para celulosa, en los departamentos de Lavalleja, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Florida y Canelones.
Cabe destacar que además de las AFAPs, las Caja de Profesionales, Caja Notarial y Caja Bancaria tienen sus propios negocios forestales, aunque en su mayoría es forestación con destino a aserrío y por tanto, tiene otro impacto en el uso del suelo y el desarrollo industrial local en relación a la silvicultura con destino celulósico.
Al observar esta realidad llama la atención algunos puntos: 1. Este formato de inversión y desarrollo de la forestación vía fideicomisos parece ser una tendencia de los últimos once años, 2. Se destaca la continua inversión de las empresas en madera principalmente para celulosa en la zona sur y este del país, siendo que muchas de ellas están a más de 200km de las plantas de celulosa y lo hace poco rentables o al menos ilógico en relación a la ubicación de las industrias actuales; 3. Estas inversiones tienden a realizarse en zonas con importante cantidad de productores familiares, y dejarla en manos de grandes empresas forestales, incluso trasnacionales, que acumulan riqueza en base a la inversión de nuestros ahorros previsionales; 4. Ninguno de los socios tenemos acceso ni voz en cómo ni porqué se invierte en forestación.
En otras palabras, con nuestros ahorros se está invirtiendo en un modelo que si bien puede ser rentable y estable actualmente, tiene importantes consecuencias en la concentración de la tierra y la profundización de la desigualdad, así como daños ambientales a mediano y largo plazo.
La inversión “indirecta” del Estado
Cuando el primer gobierno de Julio María Sanguinetti aprobó la Ley de promoción de la Forestación en 1987, incluyó en la normativa una serie de exoneraciones a las plantaciones forestales que los sucesivos gobiernos hasta el momento mantuvieron. Incluso la normativa generaba devoluciones de parte de las inversiones, hasta que esta sección de la ley fue revocada en 2005.
Las exoneraciones a los monocultivos forestales son varias y algunas difíciles de calcular con certeza, como las devoluciones de IVA y similares. Sin embargo, en base al informe anual de Estimación del Gasto Tributario en Uruguay podemos saber que la forestación le implicó en exoneraciones de IRAE e Impuesto al Patrimonio en 2020 la no recaudación de U$S34.000.000 aproximadamente.
Por otro lado, como las plantas de celulosa se encuentran en Zona Franca, están libres de todo impuesto, entre ellos al Impuesto de la Renta de la Actividad Económica, que se calcula como un 25% aproximado de la ganancia.
En el siguiente cuadro se puede ver la Ganancia Neta de UPM y Montes del Plata entre 2017 y 2020, según sus balances oficiales disponibles de manera pública en Auditoría Interna de la Nación. Se le llama Ganancia Neta a la riqueza acumulada por la empresa en un año, tras pagar todos los costos, inversiones y sueldos de su producción.
En promedio, solo por exoneraciones de IRAE a las plantas de celulosa en Zona Franca, el Estado uruguayo está evitando recaudar aproximadamente cien millones de dólares anuales. A esto se debería sumar el Impuesto al Patrimonio y el IVA a una serie de insumos y maquinaria.
Año a año todos los uruguayos estamos invirtiendo en la cadena foresto-celulósica, en la forma de exoneración de impuestos, al menos 134 millones de dólares. Esta cifra prácticamente se duplicará cuando UPM2 esté en funcionamiento.
¿Qué tan significativo es esto en el presupuesto del Estado? Basta comparar el presupuesto ejecutado en 2020 en algunos organismos para entender la relevancia: el MIDES ejecutó U$S 250.912.801; MSP U$S 94.689.938; MGAP U$S 82.046.528; UdelaR U$S 445.430.821; ASSE U$S 994.766.887. O por ejemplo, tener en cuenta que para las ollas y merenderos populares en 2021 se destinaron aproximadamente 4,5 millones de dólares, en medio de una crisis sanitaria y alimentaria profunda.
A estas inversiones “indirectas”, a través de las exoneraciones fiscales, habría que sumarle las inversiones que realiza el Estado en infraestructura hecha a medida para el funcionamiento de las plantas de celulosa, a modo de ejemplo: arreglos y ensanches de carreteras, el Tren de UPM, dragado del puerto, corrimiento del puerto pesquero a Capurro, anillo central de alta tensión etc. Estas inversiones que realiza el Estado para que las plantas puedan funcionar, son todas pagadas con nuestros impuestos. Según estimaciones de Melazzi y Yohai estas inversiones serían al menos de 4.000 millones de dólares.
Todo esto nos lleva a preguntarnos: ¿Qué posibilidad real tenemos los uruguayos de decidir sobre estas formas de inversión obligada en los monocultivos forestales? ¿Cómo permitimos que nos hagan partícipes y cómplices de la profundización de la concentración de la tierra, la acumulación de las grandes agroempresas y el desplazamiento de la producción familiar? ¿Qué relación de cuidado, habitabilidad y producción genera este tipo de negocios (como los fideicomisos) cada vez más abstractos y lejanos entre quien invierte, quien produce y el territorio? ¿Qué pasaría si esos 134 millones de dólares no recaudados pudieran invertirse en diferentes formas de apoyo a la producción familiar? ¿O en la consolidación de la agroecología? ¿Qué transformaciones produciría invertir los fondos de las AFAPs en ese tipo de producción? Si la producción forestal produce tanto valor y es tan sostenible como dicen ¿Por qué necesita tanta subvención e inversión con fondos públicos y ahorros de los trabajadores? ¿Tiene algún sentido decir que la producción familiar no es sostenible frente al “valor” que produce la forestación con la tierra, en un marco de tan brutales apoyos estatales e inversiones a partir de nuestros ahorros jubilatorios a la cadena foresto-celulósica?
Siendo que esta cadena no produce empleo, sino que incluso daña los tejidos locales y el empleo en otros rubros, ¿Cómo se justifica semejante exoneración de impuestos e incentivo?
Teniendo en cuenta el daño ambiental a mediano plazo, el uso de bienes comunes como el agua o la fertilidad de los suelos, y la profundización de las desigualdades y la desaparición de la producción familiar ¿Las ganancias para las futuras jubilaciones a través de las AFAPs, siguen siendo relevantes frente a los costos socio-ambientales de mediano y largo plazo?
Especial «Debatir la forestación»:
