Cuando un Estado redefine su vinculo con el ambiente, debe hacerse responsable de cambios estructurales en materia de seguridad, salud y economía. Sin embargo, en el contexto de un debate electoral pobre en argumentos, los sectores políticos y sus candidatos hacen de cuenta que el “medio ambiente” no tiene nada que ver con las demás preocupaciones sociales, como si la industria nacional, el desarrollo económico y la calidad de vida de la gente nada tuviera que ver con la administración del territorio y sus “recursos ambientales”.

Es más cómodo para los sectores políticos y sus candidatos tratar al tema “ambiental” como si fuese una preocupación social como tantas otras, cuando es un tema clave, estructural y todo depende de cómo se gestiona el territorio en el que vivimos y trabajamos.

Como activista y periodista ambiental encuentro pertinente realizar un análisis crítico de las propuestas ambientales de los dos partidos políticos que se disputarán el poder en las próximas elecciones: El Frente Amplio y el Partido Nacional.

Cuando uno lee y relee las “propuestas ambientales” para 2024 en principio parece que hay buenas noticias, porque en principio ambos partidos se preocupan (al menos) por tener el tema presente con varias propuestas. Además, algunas propuestas parecen interesantes, incluso para las expectativas de las organizaciones sociales y ambientales. Sin embargo, luego de varias lecturas son evidentes las contradicciones de los candidatos e intenciones poco nobles o incluso hipócritas, detrás de ciertas propuestas aparentemente “nobles” y “comprometidas con el medio ambiente”.

El tema ambiental es muy extenso, aunque como periodista me toca ser sintético, así que expondré en los próximos párrafos cuáles son las contradicciones más explícitas de ambos partidos. Finalizo el artículo llamando la atención sobre 4 consensos presentes en los programas de ambos partidos, peligrosos en cuanto a sus probables consecuencias sociales y ambientales.

Análisis crítico de la propuesta ambiental del Frente Amplio y el Partido Nacional

En el Partido Nacional lideran las propuestas de Raffo y de Delgado. Si bien Laura Raffo habla poco y nada del ambiente en su programa, plantea una reforma del modelo de desarrollo radical: Un ajuste liberal donde se apela a la “libertad responsable” de sojeros, monocultivos y multinacionales, asumiendo que las empresas privadas van a priorizar nuestra salud y bienestar a sus ganancias netas.

Además Raffo propone profundizar la privatización de la gestión energía y una liberalización del ordenamiento territorial. Por su lado Álvaro Delgado explicita sus intenciones de asegurar el agua para el monocultivo transgénico e imponer el “hidrógeno verde”, lo que se traduce en seguir profundizando la reprimarización de la economía, en el sentido que disponemos de nuestro país (sin límites) para que otros hagan negocios con nuestros suelos y agua. También apuesta a seguir “mejorando” la actuación del “Min. de Medio Ambiente” cuando el rol de esta institución ha sido la de legitimar la “sostenibilidad” de un modelo de “desarrollo” contaminante y que no ha hecho nada para poner límites a actores privados que comenten delitos socioambientales.

Por ultimo, aunque lamentable, defiende la viabilidad del proyecto Neptuno-Arazatí, aunque sin argumentos coherentes.

Si bien el Frente Amplio nos ofrece propuestas más esperanzadoras, porque se comprometen a  “ensanchar y profundizar la base de participación social y ciudadana”, participación descentralizada, un “ordenamiento territorial sostenible”, y la preservación de los ecosistemas, rápidamente encontramos contradicciones gruesas en su discurso. Al mismo tiempo que plantean “prevenir los conflictos ambientales” dejan en claro sus intenciones de promover la industria del Hidrógeno Verde a gran escala, la profundización de la privatización de los cursos de agua y la explotación del ecosistema marino. No se puede hablar de “participación social” o “prevención de conflictos” si a priori se propone continuar con un modelo que pone en riesgo la disponibilidad del agua en todo el territorio y que continuará profundizado la extranjerización y acaparamiento de tierras para usos no sustentables. El equipo de Carolina Cosse presentan a la candidata como una de las “impulsoras” del H.V.

En el caso de Yamandú Orsi, ha recibido quejas de organizaciones ambientales por la conferencia que realizo en 2022 y fue emitida por YouTube junto a Grobocopatel, el denominado “rey de la soja” de Argentina. Sabemos de primera mano la poca voluntad política de Orsi en fiscalizar los cultivos de soja en Canelones, pero su vínculo con los empresarios de la soja transgénica son realmente preocupantes. Además, Grobocopatel tiene intenciones de instalar el monocultivo de trigo transgénico en Uruguay, lo que significaría un peligro sanitario grave.

El compromiso de los candidatos del FA con la profundización de un modelo de desarrollo contaminante pone en duda las prioridades del partido.

Finalmente, señalar que ninguno de los partidos es capaz de interpretar la emergencia ambiental que atravesamos más allá del paradigma del “cambio climático”. Los desequilibrios climáticos responsables de sequías e inundaciones tienen mucho más que ver con la gestión del ambiente a nivel nacional y regional, y el cambio climático aparece como chivo expiatorio para no asumir la culpa de un manejo irresponsable del agua y el suelo por parte de actores privados, bajo la complicidad del Estado. Se proponen soluciones como intervenciones brutas a los cursos de agua con maquinaria pesada, para evitar las inundaciones, en vez de controlar el monocultivo y recuperar los ecosistemas, que serían soluciones definitivas. Para las sequías se propone aumentar la infraestructura de riego, cuando la solución es utilizar el agua de forma responsable y poner límites a los mega-emprendimientos privados que socializan las consecuencias del deterioro ambiental pero no socializan las ganancias económicas de sus accionistas. De cualquier manera, cualquier solución definitiva implica que el Estado se comprometa a cortar libertades del mercado para que la sociedad, el pueblo, la ciudadanía, gane en calidad de vida a la vez que se garantizan los derechos humanos de estas y futuras generaciones.

Paso a enumerar algunos de los consensos que explicita o implícitamente hay en las propuesta del PN y del FA.

1 – Consenso Absoluto en la imposición del Hidrógeno Verde.

El primer punto peligroso en el que Cosse, Orsi y Delgado están de acuerdo es en comenzar con un proceso que nos llevará a un punto de no-retorno en cuanto al deterioro ambiental: la extracción de aguas subterraneas del Aquífero Guaraní para la producción de “hidrógeno verde”(H.V) con todas las consecuencias ambientales y sociales ya denunciadas por las organizaciones ambientales.

El gobierno de Lacalle Pou anunció que la regulación de la industria del H.V se aprobará por decreto del poder ejecutivo. Sin embargo, el debate sobre la pertinencia del desarrollo de la industria del H.V aún no se ha dado ni a nivel social ni tampoco a nivel parlamentario, y de todas formas ambos partidos ya lo dan por hecho.

Las organizaciones sociales y ambientales tenemos bien claro que los proyectos de H.V son iniciativa de la UE a través de Alemania y que nada tiene que ver con las necesidades de nuestro país ni con ninguna estrategia de “desarrollo”, ya que lo que se plantea es continuar siendo “exportadores de agua” sin valor agregado.

Entendemos que si se quisiera abordar un debate serio sobre la “descarbonización” habría que tener en cuenta 3 factores: Primero que el uso de combustibles fósiles es una variable más que contribuye al cambio climático, pero no es la única. Segundo, que la depredación de los ecosistemas son una variable aún más relevante a tomar en cuenta y es la causa principal de los desequilibrios climáticos a nivel regional. Y tercero, que la principal responsabilidad de la emisión de gases de efecto invernadero es de los países del primer mundo y ellos son los únicos que pueden solucionar el problema. Sin embargo, la forma de entender la “descarbonización” de los candidatos está más alineada a las preocupaciones de la Unión Europea que a las necesidades de nuestro país.

La industria de Uruguay casi no utiliza combustibles fósiles, pero sí nuestro transporte.

Desde una perspectiva eco-social una solución más sensata va en un uso racional de vehículos y camiones en el marco de un ordenamiento territorial que responda al comercio de cercanía. Para eso hay que pensar un sistema de trabajo, vivienda y comercio en función del bienestar de la gente, facilitando servicios en los territorios, controlando la circulación de camiones y mejorando los servicios de transporte colectivo.

Si bien las organizaciones socio-ambientales de todo el mundo vienen señalando las consecuencias negativas de falsas soluciones como el “hidrogeno verde” o el uso de vehículos eléctricos, tanto el FA en su programa, el PN de Delgado como Cosse en su Plan País, entienden que la transición energética “justa” debe realizarse a costa del extractivismo de metales raros en países del tercer mundo, la entrega de las fuentes de agua dulce de Uruguay a empresas europeas y a la importación de tecnologías sumamente costosas.

El único candidato del FA que se atrevió a emitir una opinión radicalmente en contra del H.V fue Andrés Lima.

2 – Consenso en la explotación del territorio marítimo.

Tanto en el programa del FA, en el de Cosse y en el de Delgado se habla de la creación de “zonas protegidas marinas”. Entendemos a esta propuesta como un “greenwashing” para esconder una intencionalidad de intensificar la explotación del mar uruguayo. Mientras se impulsa “la descarbonización” el actual gobierno de Lacalle Pou, en 2023, comenzó un proceso para entregar el mar uruguayo a las grandes petroleras. En el caso del FA, explicita la necesidad de “considerar la extracción de energías fósiles”. Y ambos partidos coincidirían en organizar la explotación que impulsaría el Estado sobre territorio marítimo.

3 – Consenso en continuar con los procesos de privatización del Agua en la ruralidad.

Carolina Cosse habla de “estrategia nacional de riego” mientras que Delgado habla de un “plan nacional de riego”.

Estamos de acuerdo en que es necesario que el Estado controle a quiénes acaparan grandes volúmenes de agua con fines de lucro, midiendo cuánta agua utiliza cada actor y sector, y en que condiciones la devuelve al ecosistema, aunque esto implicaría poner límites a grandes grupos de poder. Sin embargo, parece que la inquietud de los candidatos responde a las demandas que vienen realizando los grupos sojeros, arroceros y forestales. El Frente Amplio fue el impulsor de la modificación de la Ley de Riego (2017) dando inicio a un proceso de privatización del agua en todo el territorio rural uruguayo. Y una estrategia nacional de riego implicaría que el Estado participe activamente en la generación de infraestructuras para que los sojeros extranjeros, arroceras brasileras, y multinacionales forestales puedan acaparar más agua exponiéndonos a situaciones de sequía, empeorando el panorama para el resto de la población rural y urbana.

4 – Incapacidad para proponer soluciones desde un enfoque preventivo.

En vez pensar desde enfoques preventivos, se asume que “por culpa del cambio climático” cada vez van a ser peores las inundaciones y sequías. Eso no es cierto, ya que si el Estado tiene un rol activo en el control de la mega-industria y el agro-negocio, desde un enfoque preventivo, la gente no tiene por qué sufrir las consecuencias del cambio climático de forma drástica.

En el programa del FA se habla de “adaptación”, “mitigación”, e “intervención” frente a las consecuencias de cambio climático, pero no se explica cómo. Carolina Cosse plantea que intervendrán los cauces de cañadas y arroyos para bajar los niveles de agua durante inundaciones. Raffo, en una linea similar, propone dragar los cursos de agua y “realojar familias que vieven en terrenos “inundables”. Ninguna de estas propuestas nos plantea un enfoque preventivo, con medidas efectivas para restaurar los mecanismos naturales de preservación del agua en periodos de sequía o retención de la misma en periodos de lluvias. Además, la recuperación de los ecosistemas naturales también representa una solución real frente a los impactos del cambio climático y a la prevención de desequilibrios climáticos.

Las organizaciones socioambientales venimos proponiendo desde hace años soluciones reales y científicamente demostrables para la crisis ambiental. Sin embargo, se evidencia en las propuestas de los partidos que se estarán disputando el gobiernos, que no se ha tenido en cuenta las opiniones de la sociedad civil organizada ni de la academia. Y esto solo puede ser entendido como falta de voluntad política para comprometerse a hacer lo que se debe hacer, no solo para preservar “el ambiente” como categoría asbtracta, sino que en definitiva se trata de mejorar las posibilidades de acceso a la salud, seguridad y trabajo a futuras generaciones.