La decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la medida de aseguramiento contra Álvaro Uribe Vélez significa ante todo una esperanza para las víctimas del paramilitarismo y los crímenes de Estado en su incansable búsqueda de justicia.

La orden judicial de medida privativa de la libertad por el presunto delito de fraude procesal y soborno en actuación penal que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte de Suprema de Justicia (CSJ), es el resultado de su propia ambición persecutoria contra la oposición política, en este caso, contra Iván Cepeda Castro, perseverante defensor de derechos humanos y actual senador del Polo Democrático Alternativo.

Esta decisión se da luego de que los magistrados consideraran que tienen los elementos materiales probatorios suficientes para inferir que Uribe podría obstruir en la investigación que se lleva en su contra, formalmente iniciada en julio de 2018. El proceso jurídico tiene un origen paradójico: Uribe denunció a Iván Cepeda en 2012 después de que entrevistara a varios condenados por paramilitarismo en sus lugares de reclusión, pero de su intento de perjudicar judicial y disciplinariamente a Cepeda, pasó a ser investigado y ahora a privado de la libertad. Cepeda celebró la decisión y manifestó la importancia de la independencia en la división de poderes para que no existan políticos intocables que pasen por encima de las instituciones, a su vez, hizo un llamado a la serenidad, contemplando el camino jurídico restante en este caso, el cual ahora pasa a la Sala de Primera Instancia de la CSJ.

Los magistrados encargados recabaron abundante material de interceptaciones telefónicas, documentos y testimonios, para considerar que el abogado Diego Cadena, quien fuera apoderado de Uribe, entregó dinero al exparamilitar Juan Diego Monsalve (testigo clave, condenado a 40 años) para que declarara contra Cepeda. Cadena, quien también es conocido por defender narcotraficantes, aceptó haber entregado dinero a Monsalve, pero como parte de una “ayuda humanitaria”. Cadena podría recibir por parte de la CSJ la misma medida que Uribe en los próximos días.

En el caso también está involucrado el congresista del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, a quien la CSJ vincula en calidad de cómplice. Prada, quien podrá defenderse en libertad, se le investiga por presionar al exparamilitar Carlos López para declarar y favorecer a Uribe y a su hermano, el ganadero Santiago Uribe Vélez, quien tiene en curso un juicio por la posible participación en la creación del grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’, al que se le adjudican unos 300 asesinatos entre 1990 y 1994 en territorio antioqueño.

La decisión es apenas un avance de una de las más de cien investigaciones contra Uribe que avanzan a paso lento entre la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes (también llamada “comisión de absoluciones”) y la CSJ. En su mayoría son indagaciones preliminares por presuntos delitos relacionados con masacres paramilitares, interceptaciones ilegales, manipulación de testigos, nexos con el narcotráfico, entre otros. La diferencia entre los dos estamentos es que en el primero están las investigaciones por delitos que podría haber cometido en el marco de sus dos periodos presidenciales (2002-2006, 2006-2010), donde aplica el fuero presidencial, y en la CSJ se encuentran las investigaciones adelantadas mientras ha sido senador. De ser condenado, Uribe recibiría una pena entre seis y doce años de prisión, según el ordenamiento jurídico colombiano.

Cabe señalar que una parte importante de los ministros de sus periodos de gobierno, así como congresistas y algunos familiares, están presos o prófugos por diferentes delitos. Uribe suele manifestar no estar enterado de nada de lo que hacen sus copartidarios, aunque generalmente caen buscando beneficiarlo. Uno de los casos demostrados fue la reforma constitucional que aprobó el Congreso para que Uribe pudiera ser reelegido como presidente en el año 2006, reforma que llevó a la cárcel a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño por aceptar las prebendas que ofrecieron para la votación de la reforma. A Uribe, por su parte, esta reforma lo llevó a la reelección presidencial.

Ahora bien, aunque el gobierno de Iván Duque asuma la pose de que todo está bien, apoyado en su multimillonaria inversión en publicidad y propaganda, en realidad está cada vez más debilitado. Las denuncias y evidencias por compra de votos en las últimas elecciones presidenciales, en alianza con narcotraficantes como “Ñeñe” Hernández, muestra la ilegitimidad del Gobierno Nacional y del partido Centro Democrático. La brutalidad policial, el asesinato selectivo de cientos de líderes sociales y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, la permanente violación de los derechos humanos a comunidades campesinas e indígenas por parte del Ejército, sumado a la perversión con la que ha gestionado la emergencia provocada por la pandemia, podría significar en 2022 la elección de una fuerza política alternativa, por primera vez.

A la impresentable defensa del presidente Iván Duque, quien antes y después del anuncio oficial de la CSJ salió a catalogarlo como su ejemplar mentor, amigo en el que creerá eternamente y “funcionario público honorable y ser humano íntegro”, sumemos los delirantes pronunciamientos de la senadora Paloma Valencia, una de las uribistas más devotas y posible candidata presidencial en 2022. Para Valencia, la medida de aseguramiento contra Uribe fue negociada en Cuba entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, además de ser, según ella, el reflejo de los deseos de Hugo Chávez, la izquierda radical y el socialismo del siglo XXI. Sería asunto de simplemente no tomar en serio, si no fuera porque bajo estos engaños y discursos de odio lograron imponerse en el plebiscito por la paz en 2016 y “ganar” las elecciones presidenciales de 2018. La representante Paola Olguín fue más lejos y se le ocurrió el disparate de convocar a la reserva activa del Ejército a rebelarse.

Estos pronunciamientos están en concordancia con el apoyo incondicional de banqueros y distintos gremios económicos, que con la ayuda solapada del periodismo corporativo, funciona como caja de resonancia del uribismo para resaltar los “logros de la seguridad democrática” y así magnificar su esencia de redentor de la patria.

La extrema derecha contrataca ejecutando su nueva estrategia para defender al jefe político, hasta ayer inmaculado, pero hoy preso en su finca de 1.500 hectáreas. La estrategia está siendo la victimización, en especial la familiar; y una arriesgada carrera por reformar el poder judicial para eliminar el funcionamiento actual de las altas cortes, es decir, una reforma a la justicia con el principal objetivo de trastocar la división de poderes para poderlo concentrar y manipular a su antojo, donde no corran los riesgos que hoy viven.

La prisión preventiva para Uribe significa un precedente positivo en materia política y penal y es apenas natural que miles celebren. Por ejemplo, algunas madres que perdieron a sus hijos a manos del Ejército no ocultaron su felicidad y la hicieron pública, así este proceso no sea por ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos). En todo caso, es sugerente tener los pies sobre la tierra y no generar falsas expectativas, pues el sistema judicial que hoy le brinda a Uribe todas las garantías del derecho, con actuaciones importantes como las del magistrado Cesar Reyes, es el mismo sistema que en todas las demás ocasiones lo ha cobijado de manera distinta, permeado por las amenazas, los asesinatos de testigos, la entrega de dádivas, la persecución política a partir de montajes judiciales y los carteles que operan en el bajo mundo de los juzgados donde se mueven millones por debajo de la mesa.

Se ha generado un debate interesante que radica en una opción que en todo caso es poco probable: si Uribe solicita acogerse a la Justicia Especial para la Paz (JEP) para obtener alguna sanción diferente a una sanción ordinaria, tendría que contribuir con el proceso verdad, justicia y reparación en el marco del conflicto armado, justamente lo que se ha dedicado a obstaculizar al considerar que la JEP significa sobre todo impunidad para las FARC.

En ese sentido, la actuación de la CSJ solo puede ser exitosa socialmente si está acompañada por la movilización masiva, lo cual no solo amenazaría definitivamente el futuro de Uribe como líder político sino también la existencia misma del Centro Democrático, al menos en su narrativa guerrerista y faceta más autoritaria. Cabe anotar que la retórica de la guerra que le dio los resultados electorales los últimos veinte años hoy significa un recurso ideológico desgastado.

Falta tiempo para que la Corte no tome una decisión final, aun así, parte importante del país celebra los avances. Quizás no sea ingenuidad ni conformismo, sino la necesidad de una alegría en medio de tanto dolor. Por ahora lo cierto es que el uribismo recibió un importante golpe moral, aunque siga vivo como fuerza política y busque refundarse para no precipitarse sobre su propia decadencia.