¿Qué sucedió para provocar un cambio tan drástico? La población de la región Arequipa se levantó contra la minera y el gobierno. Estaba en curso el paro de cinco días con epicentro en la provincia de Islay, donde se asienta la mina, pero con fuerte repercusión en la ciudad de Arequipa.

La huelga indefinida comenzó a mediados de agosto en el Valle de Tambo, una región situada entre el desierto costero y la cordillera andina, donde está el distrito Cocachacra, corazón de la resistencia anti-minera. El paro urbano de cinco días lo decidieron los gremios dela Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) junto a las asociaciones civiles que comenzaron la protesta el pasado lunes 5.

La paralización de la mina es uno de los mayores triunfos de la lucha popular contra la minería. El conflicto lleva ocho años en pie, pero se agudizó el 3 de agosto cuando el gobierno decidió la movilización de las fuerzas armadas en la región.

La región está en conflicto desde 2011, cuando la empresa que comenzó a gestionar la mina en 2003, presentó su proyecto de impacto ambiental. Se sucedieron paros, marchas y cortes de ruta con un saldo de siete muertos. El 2009 se realizó una consulta vecinal promovida por las autoridades distritales de la provincia de Islay y supervisada por la asociación civil Transparencia, con el resultado de que el 95% de los votantes se opusieron al proyecto.

José De Echave, investigador de CooperAcción, sostiene que un paro que comenzó a escala local en Islay, se había instalado en Arequipa, la segunda ciudad del país con algo más de un millón de habitantes. Con los días, el conflicto se fue extendiendo hacia otras ciudades, como Moquegua, y estaba a punto de hacerse carne en toda la región macro sur, cuando el gobierno decidió la paralización del proyecto.

De Echave sostiene que el marco actual para la minería “fue construido y diseñado como parte de los ajustes sectoriales de los años 90, auspiciados por el Banco Mundial”, que beneficia a las empresas y “fue reduciendo derechos económicos sociales, ambientales y culturales de las poblaciones que están en la zona de influencia directa de las actividades mineras y esoexplica la creciente conflictividad social” (https://bit.ly/2MPr1Gx). Por eso, “el Perú se ha convertido en uno de los principales productores de conflictos sociales vinculados a la minería a nivel mundial”.

El problema de fondo es que Perú es un país minero desde la conquista y la colonia, no ha desarrollado su industria pero tiene un importante sector agrícola que está siendo afectado por las explotaciones mineras. La nueva mega-minería a cielo abierto, aterrizada a base de militarización por el régimen de Fujimori a principios de la década de 1990, es una actualización del colonialismo.

Va de la mano, naturalmente, de los estados de excepción, la ocupación empresarial-policial-militar de los territorios concesionados a las mineras, y de una sostenida resistencia comunitaria indígena y campesina.

La violencia no es excepcional sino intrínseca al modelo, como señala Gilberto López y Rivas cuando la define como “acumulación militarizada por desposesión” (https://bit.ly/2KCk4pG). Es una política de muerte, porque es el único modo como el capital puede seguir acumulando en su fase de decadencia global, que el zapatismo ha definido como “cuarta guerra mundial”.

Lo verdaderamente importante, es que pese al brutal despliegue de armas y violencia que hace el sistema, se consiguen victorias tan importantes como las de Conga y Tía María en Perú, Río Blanco y Kimsacocha en Ecuador, y un puñado más en Chile, Colombia y Argentina.

Son triunfos de la pelea cara a cara con los opresores, victorias que no se consiguen tecleando “like” en la pantalla del celular ni firmando desplegados en los medios, sino poniendo el cuerpo, arriesgando la vida, como se hizo siempre.

Son pequeñas victorias que no toman en cuenta los investigadores de arriba, pero que están abriendo brechas en la dominación y creando las condiciones para la fuga de los poderosos.