Un año después del triunfo electoral de la fórmula Alberto Fernández (AF) – Cristina Fernández de Kirchner (CFK), el gobierno ya electo anuncia el cierre de la primera etapa de la renegociación de la deuda pública del Estado argentino. El ministro de Economía Martín Guzmán (MG) indicó que el acuerdo es muy bueno y que abriría las posibilidades para la proyección de una estrategia de desarrollo pospandémica. En la misma semana anuncian la conformación de los equipos interministeriales temáticos para avanzar en ese sentido. Uno de ellos es el que deberá promover el comercio exterior. ¿Buenas noticias para nuestro Pueblo? Veamos.

 El acuerdo concretado -remotamente- en estos días sólo representa la intención verbal de una parte importante de los acreedores internacionales. Todavía hay tiempo hasta el 24 de agosto para cerrar detalles y que todos los involucrados (y aquellos acreedores que no participaron directamente de las negociaciones) firmen la documentación que dará fuerza legal a lo discutido. Durante ese período seguramente nos vayamos enterando de la ‘letra chica’ del acuerdo. De manera preocupante comienza a hablarse de la flexibilización de las cláusulas (incorporadas durante el gobierno anterior) que evitaban la acción de los conocidos Fondos Buitres. Ese cambio abriría el camino para acciones legales de estos fondos ultra-especulativos en futuros procesos de cesación de pago y renegociación que seguramente se producirán.

El acuerdo firmado solamente atañe al 20% de la deuda total del Estado nacional. Los 68 mil millones de dólares involucrados son tan sólo una fracción de los más de 300 mil millones de dólares de deuda pública nacional. El endeudamiento pendiente de renegociación incluye más de 48 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), casi 42 mil millones de dólares emitidos bajo ‘ley local’ y más de 150 mil millones de dólares de deuda emitida bajo “ley local” en pesos. En efecto, el acuerdo con BlackRock, PIMCO y otros grandes fondos de inversión internacional sólo remite a la deuda emitida bajo ‘ley extranjera’. Este endeudamiento fue generado con una inaudita cesión de soberanía, pues cualquier diferendo debería resolverse en las cortes de países imperialistas (como los juzgados de Nueva York, donde atendía el conocido Juez Griesa allá por 2015). Los nuevos títulos resultantes de esta renegociación serán emitidos nuevamente en esas jurisdicciones, ratificando la condición dependiente del Estado argentino.

Por otro lado, el acuerdo olvidó parte del discurso oficial al inicio de la gestión. La deuda sería auditada y estudiada, se votó una ley para eso; borraron con el codo lo que prometieron. Al no frenar los pagos e investigar (como propone la Campaña por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública externa y por una Auditoria Integral y Participativa), el gobierno pretende (como intentaron hacer los gobiernos anteriores) borrar nuevamente la genealogía de una deuda odiosa, contraída a espaldas del Pueblo y con innumerables irregularidades ampliamente documentadas, para alimentar la reproducción ampliada de la explotación en la Argentina.

Yendo a los detalles técnico-financieros del acuerdo, la información disponible indica que el capital de la deuda renegociada se reduce en menos del 2%. En comparación con las quitas superiores al 50% de las renegociaciones de 2005 y 2010, la discusión actual garantiza casi por completo el valor del capital adeudado. Además, lo acordado se encontraba bien por encima del valor de mercado de los títulos en ‘default virtual’, de manera tal que muchos de los fondos de inversión involucrados realizaron pingües ganancias inmediatas con el acuerdo.

La propuesta oficial que prácticamente no reduce el capital adeudado va a contramano de la idea del propio FMI que hace poco indicaba que la deuda argentina debía reducirse entre 55  y 85 mil millones de dólares para hacerla ‘sostenible’ (aunque es justo señalar que, en la propuesta fondomonetarista, esa reducción podría incluir la baja en la tasa de interés y, por lo tanto, el flujo de intereses futuros a pagar). En cualquier caso, en el marco de un capitalismo en crisis profunda, donde los niveles de sobreendeudamiento de los países está poniendo en riesgo la estabilidad sistémica, un acuerdo sin quita de capital parece una oportunidad perdida. Una sobreactuación para ganarse el cariño de los acreedores, para que -en poco tiempo más- estén dispuestos a volver a financiar al capitalismo argentino con más deuda.

La reducción en la tasa de interés a pagar en los nuevos títulos es el punto fuerte de un acuerdo débil. El acuerdo sugiere que la tasa de interés se reducirá casi un 60%, a un valor promedio en torno a 3% anual. Sin embargo, en un contexto internacional donde la tasa de interés ronda el 0%, ese valor no parece tan bajo. Además, la baja tasa de interés en los primeros años es compensada con una tasa mucho más elevada a partir del siguiente lustro. Mientras el gobierno proyecta tasas de crecimiento de la economía del 2% anual promedio en las próximas décadas (muy baja), la tasa de interés creciendo hasta más allá del 3% anual es claramente insustentable, preanunciando futuras crisis y ajustes.

De cualquier modo, la reducción en el pago de intereses abre para el gobierno una ventana de oportunidad, al igual que lo hace la postergación de los pagos de capital. En efecto, el tercer punto clave del acuerdo es la postergación de una parte importante del flujo de pagos de capital e intereses. Si bien está lejos de la propuesta oficial inicial que proponía varios años de gracia, el Estado argentino reduce sus obligaciones inmediatas en varias decenas de millones de dólares. Este acuerdo sólo posterga unos años un problema sin solución en el marco político elegido por el gobierno de AF: una deuda equivalente a más de 90% del PBI, sin dudas impagable.

Si el acuerdo se firma finalmente abre el camino a una negociación tanto o más dura con el FMI. El lugar del organismo es diferente al de los acreedores externos privados. Estos quieren cobrar, más temprano que tarde. Por el contrario, el FMI no discute que va a cobrar (no acepta ningún tipo de quita de capital o intereses, a lo sumo postergación en los pagos), sino que asume que su rol es crear las condiciones macroeconómicas para la sostenibilidad de la deuda y la permanencia del país en el sistema de deuda global. En pocas palabras: la negociación con el FMI es la negociación por los términos del ajuste estructural. Los lineamientos de la discusión propuestos por el ministro Guzmán ya explicitaban parte del ajuste en vistas: una reducción sistemática del déficit fiscal primario, tendiendo a presentar un superávit a inicios de la próxima gestión de gobierno en 2025. En este plano, el punto de partida es -nuevamente- la reforma previsional. El gobierno de AF ya inició el proceso suspendiendo la ley vigente, y estableciendo actualizaciones unilaterales muy por debajo de las que esa normativa garantizaba. Para adelante, el gobierno busca una fórmula de actualización que limite la mejora en las jubilaciones, pensiones y planes sociales asociados, a las ‘posibilidades’ recaudatorias de un sistema previsional quebrado por la precarización extendida del mercado de trabajo.

El par del ajuste se completará con políticas que garanticen un crecimiento exportador compatible con generar un superávit externo suficiente para el repago de la deuda renegociada. Los ‘lineamientos’ de Guzmán proponen algo casi incompatible con el crecimiento económico en una economía dependiente como la Argentina: un superávit comercial sostenido en el tiempo en torno del 2% del PBI. Es más, ese valor no alcanza para hacer frente a los pagos de intereses de la deuda renegociada, si agregamos (algo que no está en discusión en el marco del plan de AF) la necesidad de sostener la remisión de utilidades de las transnacionales y la fuga de capitales. Es decir, la sustentabilidad financiera de la deuda sigue teniendo como condición de posibilidad (bajo la actual estructura económica), seguir aumentando el endeudamiento a futuro.

¿Pero cómo se plantea conseguir ese superávit de dólares que garantice -según Guzmán- la sostenibilidad de la deuda? Pues ampliando las condiciones para la insustentabilidad de nuestras vidas. En efecto, el acuerdo con el FMI incluirá aquellas políticas que creen condiciones favorables al capital para la superexplotación del trabajo remunerado y no remunerado (de reproducción y cuidados), y para la superexplotación de la naturaleza. Reforma laboral (de hecho si no de derecho) y capitalismo verde dit sustentable serán los ejes de ese programa. Por las dudas, para que nadie diga que es una imposición externa, el gobierno ya ha constituido un gabinete transversal, temático, para promover el comercio exterior. Claro que exportar más significa extraer un mayor volumen de nuestros bienes comunes en sus diversas formas y convertirlos en recursos naturales mercantilizados: Vaca Muerta, litio, soja y, ahora también, chanchos para vender a China, son parte de ese combo letal para nuestras vidas y territorios.

La naturaleza, la vida humana y no humana, son la fuente de energía esencial que alimenta este sistema de muerte. En territorios dependientes, aun en el siglo XXI, ese proceso es un proceso de superexplotación. Producir capitalismo dependiente es negar el derecho al trabajo y la vivienda dignos a millones. Garantizar la sustentabilidad de la deuda supone ampliar sin cesar nuestra jornada de trabajo en fábricas y oficinas, pero también en nuestras casas y barrios, hasta niveles incompatibles con la dignidad humana. Reproducir el sistema de deuda conduce a destruir la naturaleza y a convertir la vida en su conjunto en parte de un proceso industrial, sanguinario y cruel, que sacrifica la biodiversidad y pone en riesgo la reproducción vital a escala planetaria.

El camino de renegociar una deuda odiosa es el camino a un nuevo pacto neocolonial, que sólo puede reproducir las condiciones para una vida con millones de excluidas y excluidos. Los costos sociales, ambientales y políticos de pagar la deuda ilegal e ilegítima no se compensan con políticas sociales compensatorias ni con planes de más desarrollo capitalista para garantizar el programa extractivista. Es tiempo de sacar los pies del plato.