El gobierno brasileño dio un paso atrás frente a la persistencia de la acción directa en defensa de los territorios en el río Tapajós. El lunes 23 de enero, y después de 33 días de ocupación del terminal portuario de Cargill en el río Tapajós, el gobierno derogó el decreto 12600, de agosto de 2025, que privatizaba la gestión de los ríos amazónicos Madeira, Tocantins y Tapajós. Sin embargo, el progresismo brasileño, hace una pirueta y presenta este traspié como un logro del Gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, el mismo que hizo el decreto, tratando así de disimular la derrota de sus prácticas distractivas frente a movimientos que van consolidando su carácter irreductible contra la destrucción extractivista.

El objetivo de la privatización era la reducción de los ríos a la condición de “hidrovías” para transporte de granos (en especial, soja) y carne. Frente a una inminente gran zafra de soja en la Amazonía, apoyada por el gobierno con un billón de reales, transformar ríos en “hidrovías” parece ser la solución más rápida y barata para la exportación de ese volumen de granos. 

El gobierno no ha derogado el decreto como resultado de ninguna reflexión sobre la vida de los territorios. Él persiste en adherir a las demandas cada vez más aceleradas de las cadenas de acumulación. Rasga la geografía con obras de infraestructura logística y energética. Invierte en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Cada proyecto extractivo se lanza a una orgía predatoria que mata todo lo que es vivo para transformarlo en mercadería. Y cada corredor de transporte y cada usina de energía barata activan la codicia y desencajonan más y más proyectos extractivistas. Al mismo tiempo, el gobierno trata de desarmar las resistencias de los territorios con promesas y simulacros de “consulta previa” que se disuelven en los plazos implacables de las obras de infraestructura. 

En enero, y después de la publicación de llamados a concurrencia para empresas de dragado, 13 pueblos del bajo, medio y alto Tapajós, a los que se sumaron los Tupinambá y pescadores y quilombolas, ocuparon el terminal portuario de la transnacional Cargill, en la ciudad de Santarém (estado brasileño de Pará), junto al río Tapajós. Es notable el protagonismo de mujeres y jóvenes en esos 33 días. Las iniciativas comunicacionales de los jóvenes rompieron los cercos mediáticos. Entre las sorpresas, estuvo el abordaje de balsas con containers y, el viernes 20, cuando recibieron la orden de reintegración judicial del terminal portuario, accionada por la Cargill, respondieron doblando la apuesta, con la ocupación de las oficinas administrativas de la empresa, en las que no habían entrado hasta entonces. Para el martes 24 se anunciaban movilizaciones en todas las ciudades grandes y medias del país en apoyo a la reivindicación de derogación del decreto. Recién allí el gobierno halló mejor atender la derogación del decreto.

La persistencia de la lucha animó otras acciones directas. Como la ocupación, el martes 24, del Departamento Nacional de Infraestructura y Transporte en la ciudad de Marabá (también en el estado de Pará), por parte de 300 miembros de las comunidades ribereñas del río Tocantins, contra la explosión del Pedral de Lourenção. La explosión es parte de las obras de infraestructura del PAC, destinado a adaptar el río como hidrovía para el flujo de la soja a los puertos del océano Atlántico. Acciones realizadas por el gobierno federal sin ninguna consulta a pescadores, quilombolas e indígenas de la región.

En el estado de Bahía, el pueblo Pataxó avanza en la autodemarcación de la Tierra Indígena Comexatibá en la costa marítima. Ya en 2022, el cacique Mãdy, hoje criminalizado, había divulgado en un vídeo la quema de eucaliptos de las empresas de la cadena de celulosa Suzano y Veracel en ese mismo territorio. Y el cacique Mãdy fue preso.  El martes 24, la retomada fue atacada por pistoleros, probablemente de la milicia del agronegocio “Invasão Zero”, que tiene representación parlamentaria. Su accionar tiene un histórico de muertes indígenas en el estado de Bahía.